Celulosa y
forestación: dos caras de un modelo depredador
Raúl Zibechi Ecoportal.net
Sobre un escenario instalado en el centro de Montevideo, el escritor Eduardo
Galeano se dirigía en tono calmo a la multitud: "Hay decisiones que se toman
en 15 minutos pero tienen consecuencias durante siglos". Era el 27 de mayo,
cuando se realizó una movilización contra la instalación de dos grandes
fábricas de celulosa en las orillas del río Uruguay. No era la primera vez que
las organizaciones ecologistas y sociales salían a la calle a manifestar su
desacuerdo con dos megaproyectos que amenazan con contaminar el principal río
del país, que además es compartido con Argentina, pero era el primero que se
realizaba bajo un gobierno progresista o de izquierda. Por eso Galeano fue
cauteloso: "Antes de tomar una decisión que nos parece grave y que puede
implicar el envenenamiento del río y la reducción del poco humus que nos queda
en la tierra, esto que va pudrir las aguas y secar las tierras, que es la
experiencia triste que han dejado las fábricas de celulosa en Chile y
Argentina, antes de tomar una decisión… piensen mucho lo que van a hacer."
Sin embargo el gobierno de Tabaré Vázquez decidió autorizar la construcción de
las plantas de la española Ence y la finlandesa Botnia. No sólo no escuchó a
las organizaciones sociales, sindicatos, grupos ecologistas y profesionales
universitarios, que demandaban tiempo y diálogo para profundizar los estudios
de impacto ambiental, sino que tampoco escuchó al gobierno argentino, cuyo
país se verá también perjudicado por la instalación de las plantas. El
conflicto diplomático entre Uruguay y Argentina se arrastra desde hace tres
años, pero en los últimos meses generó fuertes disputas entre los gobiernos de
Néstor Kirchner y Vázquez.
El problema es que entre ambos países existen acuerdos firmados –como el
Estatuto del Río Uruguay, regulado por una Comisión Administradora binacional–
que estipula que si alguna de las partes proyecta obras que afecten la
navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a
la Comisión. Si ambos países no llegaran a un acuerdo, puede llevarse el caso
a la Corte Internacional de Justicia. Pero los gobernantes uruguayos nunca
hicieron el planteo a los argentinos, porque estaban conscientes de que la
respuesta iba a ser negativa. En todo caso, prefirieron violar los acuerdos
internacionales a dejar de lado las inversiones que prometen las empresas de
celulosa.
El 14 de setiembre, un fiscal de la justicia uruguaya presentó una demanda al
ministerio de Medio Ambiente [1] en la que exige la prohibición de la
instalación de Botnia por "la omisión en el cumplimiento de su deber de
protección del medio ambiente y que se prohíba la instalación y la operativa
de la planta." El fiscal considera que los derechos ambientales de los
uruguayos serían violados por la que será la fábrica de celulosa "de mayor
volumen de producción en el mundo." [2] Monocultivo forestal
El diez por ciento de la superficie cultivable de Uruguay está sembrada con
árboles para la producción de celulosa. El monocultivo de eucaliptus desplazó
la importante producción cerealera (trigo, cebada, lino, girasol) que llegó a
ser uno de los principales rubros de exportación del país. La fiebre
forestadora se inició hace 16 años, impulsada por el modelo neoliberal y de la
mano de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). En ese momento la tonelada de madera pulpable se cotizaba a
60 dólares en el mercado internacional y la demanda era importante. En la
visión de los organismos financieros, la tala indiscriminada de madera
pulpable, a razón de 15 millones de hectáreas anuales en el mundo, imponía la
sustitución de los bosques tropicales como insumo principal para la producción
de papel y cartón.
Uruguay fue visualizado –entre otros países del tercer mundo– como un
productor potencialmente importante de madera pulpable, y los gobiernos
nacionales, a partir de 1988, siguieron al pie de la letra las recomendaciones
de los organismos internacionales. Una de ellas consiste en los subsidios que
otorga el Estado: 50% del costo de la forestación; créditos a muy bajo interés
con una gracia de hasta diez años; exoneración de impuestos nacionales y
municipales, y realización de obras de infraestructura (puentes, puertos,
carreteras y ferrocarriles) para facilitar el transporte y la exportación de
madera. En apenas 12 años el Estado uruguayo invirtió más de 500 millones de
dólares (entre desembolsos directos e impuestos no recibidos) en apoyo a la
forestación, casi un 4% del Producto Bruto Interno (PBI) anual del país.
[3]
Los resultados de semejante inversión –que se ha hecho a costa de reducir los
gastos en educación y salud de los uruguayos– han sido claramente negativos.
Como muchos países siguieron las recomendaciones del BID y el Banco Mundial,
la oferta mundial de madera pulpable creció y los precios bajaron a menos de
la mitad de lo que habían alcanzado en el momento en el que se promovió la
forestación masiva como negocio "seguro, rentable y confiable." Ahora, con un
precio que oscila entre 23 y 28 dólares la tonelada, muchos pequeños
inversionistas privados no han podido recuperar la inversión.
En tanto, las grandes empresas ejercen una doble presión: para que el Estado
construya grandes obras de infraestructura (al puerto de Montevideo ingresa un
camión de 45 toneladas con madera cada cinco minutos) y ahora para que se
construyan fábricas de celulosa para compensar la caída del precio de madera
en bruto. Los principales forestadores son también los que instalarán las
grandes fábricas: Weyerhaeuser, de Estados Unidos, posee 130.000 hectáreas de
monocultivo forestal, la finlandesa Botnia tiene 57.000 y la española Ence
otras 50.000.
Diversos estudios aseguran que los monocultivos forestales generan graves
problemas al país. El monocultivo forestal expulsa población rural, ya que
ocupa el último lugar en cuanto a empleo por hectárea: apenas cuatro
trabajadores cada mil hectáreas, frente a seis que ocupa la ganadería
extensiva, ocho el arroz y, en el extremo opuesto, 133 trabajadores por cada
mil hectáreas la horticultura, 165 la viticultura y 211 la avicultura. Además,
el avance de los cultivos forestales impide a los campesinos seguir cultivando
sus tierras, porque resecan los suelos que quedan inaptos para la agricultura,
y las fuentes de agua desaparecen.
Por otro lado, la Asociación de Inspectores de Trabajo del Uruguay (AITU)
realizó una investigación que demuestra que unos 6.000 trabajadores forestales
viven en condiciones de semi esclavitud. Un trabajador especializado que
maneja la motosierra, que debe pagar de su propio bolsillo, gana apenas 5
dólares diarios, siendo el salario más elevado entre los forestales. Los
inspectores concluyen: "El sistema es prácticamente de esclavitud. Pasan meses
y meses sin recibir prácticamente nada en un ciclo en el cual ellos cortan,
duermen, le mandan comida a la familia y no ven un peso. Duermen en
condiciones infrahumanas, debajo de carpas casi siempre hechas con simples
trozos de nailon y sobre el piso de tierra" [4].
En cuanto al impacto de la forestación sobre los suelos, un estudio realizado
por un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de la República establece que luego de 25 años de forestación con eucaliptos
los resultados son graves. [5] Los suelos se han vuelto más ácidos:
mientras las praderas uruguayas tienen un pH de 6,5 a 6,8, los predios que
tienen plantaciones forestales mostraron valores de 3,8 a 4. El eucalipto
extrae grandes cantidades de calcio del suelo, contribuyendo a que el pH
descienda, lo que provoca que el suelo sea menos permeable por la
proliferación de hongos y micelios, que impiden que el agua penetre en la
tierra aumentando así la erosión. Otros resultados, según el estudio, son la
disminución de la fertilidad, del contenido de materia orgánica, y cambios
irreversibles en la textura y estructura de los suelos.
Un estudio realizado en Chile demuestra que las regiones forestales son las
que más se han empobrecido. Entre 1994 y 1998 algunas zonas con alto impacto
de la forestación han registrado un crecimiento de la pobreza y la indigencia
hasta en un 29%. [6] Chile, con más de dos millones de hectáreas
forestadas, ha sido definido como el "modelo forestal" a seguir. Sin embargo,
el estudio revela que los municipios donde el aumento de la pobreza ha sido
mayor son aquellos en los que además de cultivos forestales hay plantas de
celulosa y papel, como la Comuna de Constitución y la Comuna de Nacimiento, en
el sur del país.
Por lo menos dos ministros del actual gobierno uruguayo (el de Ganadería, José
Mujica, y el de Trabajo, Eduardo Bonomi) han declarado la necesidad de poner
límites a la forestación. Mujica señaló que la forestación degrada los suelos
y se mostró contrario a seguir beneficiando a las multinacionales forestadoras
con generosos subsidios. En tanto, Bonomi denunció las condiciones irregulares
de trabajo, la "tercerización y subcontratación irresponsable" que se registra
en el sector y aseguró que el Estado va a comenzar a controlar el trabajo en
ese sector.[7] Celulosa y contaminación
Durante la campaña electoral de 2004, que llevó a la presidencia a Tabaré
Vázquez, la izquierda (Encuentro Progresista-Frente Amplio) no quiso debatir
en público sobre la construcción de las dos plantas de celulosa. Desde 1996
existe en la ciudad de Fray Bentos, donde se instarán las dos fábricas, el
Movimiento por la Vida, el Trabajo y un Desarrollo Sustentable, cuyas
principales dirigentes son mujeres militantes de la izquierda. Pese a ello,
Vázquez nunca quiso recibirlas y se negó a debatir el tema.
Aunque el 60% de los uruguayos se oponen a las plantas de celulosa, la mayoría
de los habitantes de Fray Bentos (unos 23.000) están a favor ya que los 600
puestos de trabajo que crearían las dos fábricas serían un respiro a la
elevada desocupación que sufren. Sin embargo, los ambientalistas argumentan
que la contaminación afectará a las 2.000 personas que viven del turismo en la
zona, así como a la pesca artesanal en el río Uruguay. Son más que temores sin
fundamento: en Chile, el gobierno decidió el cierre de la celulosa de Arauco
al comprobar que fue responsable de la muerte de dos mil cisnes de cuello
negro que son una atracción turística en la zona.
Lo cierto es que una sola de las fábricas verterá al río 200 toneladas anuales
de nitrógeno y 20 toneladas de fósforo, además de las emisiones de dioxinas y
furanos.[8] Greenpeace Argentina ha elaborado una lista para promover
la Producción Limpia de papel, que incluye la eliminación del cloro en el
proceso de blanqueo de la pasta de papel y su sustitución por oxígeno;
eliminar los efluentes contaminantes, reciclándolos dentro del proceso;
aumentar los porcentajes de papel reciclado en los papeles en venta y exigir
la explotación sostenible de los recursos forestales.[9] Ninguna de
estas recomendaciones ha sido tenida en cuenta.
Lo que llama la atención es que pese a las evidencias, la Dirección de Medio
Ambiente de Uruguay aprobó –con algunas observaciones– la instalación de las
plantas de Ence y Botnia. Más extraño aún es que el presidente Vázquez haya
aceptado reunirse con los ejecutivos de Botnia pero nunca lo haya hecho con
los ambientalistas y los movimientos sociales que se oponen a las fábricas.
Éste es uno de los puntos clave, que muestra que los gobiernos de
centro-izquierda de la región no tienen el menor interés en dar pasos serios
para abandonar el modelo neoliberal.
Para el ministro de Economía uruguayo, Danilo Astori, los 1.100 millones de
dólares que invertirá Botnia suponen un crecimiento del 1,6 por ciento del PBI
pero, sobre todo, serán una buena señal para los inversores internacionales a
los cuales el gobierno aspira atraer para resolver la crisis económica del
país.[10] Sin embargo, por lo menos la mitad de la "inversión" total es
dinero que nunca saldrá de Finlandia ya que corresponde a la parte que se
invertirá en maquinaria.
El profesor de economía ecológica Carlos Pérez Arrarte estima que el único
"valor agregado" que aportarán las plantas de celulosa son unos 270 puestos de
trabajo cada una. En efecto, estima que el precio que las fábricas pagarán a
los cultivadores de eucaliptos será el mismo, o menor aún, que el que se paga
en el mercado internacional; que en la medida que las empresas están en "zonas
francas", no pagan impuestos; que los insumos y servicios que demandarán,
incluyendo la energía, son de origen internacional; que tampoco requerirán
servicios portuarios porque las plantas tienen sus propias terminales
portuarias. En suma, que no alimentarán otras industrias de valor agregado
para el país y, por lo tanto, "no existirán encadenamientos y dinamismos
significativos" que contribuyan a dinamizar otros sectores productivos.[11]
Por último, las utilidades serán, como suele suceder, transferidas a paraísos
fiscales o sitios más seguros que los del tercer mundo. Profundizar el modelo neoliberal
"El futuro de las plantas de celulosa está en Asia, Sudamérica y probablemente
Rusia," comentó a principios de año el director general de Stora Enso, empresa
que tiene plantaciones de eucaliptos en el tercer mundo y también plantas de
celulosa.[12] Todo indica que esa apreciación es correcta. Mientras en
los países escandinavos, por ejemplo, los salarios y los impuestos son altos y
las restricciones ambientales severas, en el tercer mundo muchos países se han
convertido en "paraísos forestales" que ofrecen muchas facilidades y escasos
obstáculos al negocio papelero. Pero así como en los países del Norte los
ambientalistas han jugado un papel destacado a la hora de imponer
restricciones a la contaminación de la industria, en el Sur están naciendo
movimientos que empiezan a cuestionar el modelo forestal.
En Brasil, la sueca Stora Enso, asociada con la brasileña Veracruz en la firma
Veracel, desplazó a miles de campesinos y a 37 de los 40 pueblos indígenas de
la zona, al comprar miles de hectáreas en el nordeste pobre y rural. En
setiembre de 2004, el Movimiento Sin Tierra ocupó terrenos de Veracel, talaron
bosques de eucaliptos y plantaron frijoles para mostrar que esos terrenos son
aptos para la agricultura. Es la opción de los desplazados por el modelo para
no verse expropiados de sus medios de sobrevivencia.
El gobierno uruguayo se apresta a recibir más inversiones vinculadas a la
celulosa, como acaba de señalar el ministro de Industria luego de la reciente
Cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York. En efecto, la firma
estadounidense Weyerhaeuser, que ya posee 130.000 hectáreas forestadas, piensa
invertir hasta 1.000 millones de dólares en la ampliación de sus negocios en
Uruguay. Sólo la finlandesa Bornia producirá en 2007 un millón de toneladas,
una cifra que supera la producción anual de las 60 plantas de celulosa
existentes en Argentina. [13]
A fines de enero, en el Foro Social Mundial celebrado en Porto Alegre, Galeano
y el premio Nóbel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, encabezaron
una carta colectiva dirigida a Tabaré Vázquez en la que afirmaban que el
modelo de monocultivo forestal "ha profundizado la exclusión social, la
concentración y extranjerización de la tierra y la degradación del ambiente."
Agregaban que la construcción de las fábricas de celulosa consolidará ese
modelo y "desplazará fuentes de trabajo locales en los sectores agropecuario,
turístico y de la pesca, así como también impactará sobre la salud de la
población local uruguaya y argentina". Aunque parezca una ironía, tal vez los
gobiernos progresistas –que fueron elegidos para salir del modelo neoliberal,
que ha sido deslegitimado por la protesta social- sean los encargados de
profundizarlo, como parece demostrarlo la política forestal, por lo menos en
Uruguay. Uno de los dramas que enfrenta el movimiento social es su enorme
soledad. Ante la falta de empleo, la población tiende a apoyar la instalación
de cualquier fuente de trabajo sin importar demasiado las consecuencias a
medio plazo. Además, y este punto es especialmente delicado, la llegada de
nuevos gobiernos sensibles a los problemas de la gente, crea más y más
dificultades a movimientos pequeños y de arraigo local.
Hasta ahora, como señala Greenpeace, "los gobiernos de ambos países
prefirieron apostar a que la polémica se diluyera y bajara su intensidad. Ésa
parece ser la política ambiental más popular: apostar a que la gente no se
entere o no se movilice." [14] Pero a fines de abril, unos 40.000
uruguayos y argentinos protagonizaron la mayor movilización contra las
papeleras: un "abrazo" que unió las dos márgenes del río Uruguay en el puente
que une la localidad de Gualeguaychú y la de Fray Bentos, a poca distancia del
emplazamiento de las papeleras. Al parecer, éste es el único lenguaje que
entienden los gobiernos, tanto los de derecha como los progresistas. * Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha de
Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la
Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos
sociales. Es colaborador mensual con el IRC Programa de las Américas www.ircamericas.org.
- Publicado en Programa de las Américas del International Relations Center (IRC)
Recursos
Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (Argentina):
www.noalapapelera.com.ar Brecha , "Uruguay país forestal: Un modelo en rojo", Claves de Brecha,
19 de noviembre de 2004, en
www.brecha.com.uy
CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social):
www.ambiental.net/claes/
Greenpeace Argentina:
www.greenpeace.org.uy
Grupo Guayubirá: www.guayubira.org.uy
Movimiento Mundial por los Bosques:
www.wrm.org.uy
REDES-Amigos de la Tierra:
www.redes.org.uy
UITA (Unión Internacional de Trabajadores):
www.rel-uita.org Sitios gubernamentales:
División Nacional de Medio Ambiente (DINAMA):
www.dinama.gub.uy
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA):
www.mvotma.gub.uy
Referencias
Su nombre completo es Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente. Búsqueda, 15 de setiembre de 2005, p. 112. Brecha, 19 de noviembre de 2004. Carlos Amorin, "Trabajo esclavo en las plantaciones forestales", en www.brecha.com.uy Grupo Guayubirá, "Comunicado de prensa, 5 de mayo de 2005", en www.guayubira.org.uy "Chile: forestación y celulosa generan pobreza e indigencia", en www.wrm.org.uy Grupo Guayubirá: "Trabajo forestal: algo ha empezado a cambiar", en www.guayubira.org.uy Carlos Amorin, "¿Quién necesita a Botnia?", en www.brecha.com.uy Greenpeace Argentina: "Plantas de celulosa sobre el río Uruguay. Nueva
amenaza de una industria sucia", en www.greenpeace.org.ar Sergio Israel, "Visiones del desarrollo", en www.brecha.com.uy Carlos Pérez Arrarte, "¿Cuánto valor agregado suman a la vida nacional", en
www.brecha.com.uy Albérico Lecchini, "Un futuro latinoamericano", en www.brecha.com.uy Paula Bustamante, "Las papeleras plantean un dilema a América del Sur",
AFP, 8 de setiembre de 2005. www.greenpeace.org.ar
Raúl Zibechi
