 Raúl Zibechi |
Crece oleada contra modelo extractivo
Raúl Zibechi
La Jornada
La reacción de los pueblos contra el modelo extractivo es cada vez más intensa y se está conformando una alianza de hecho entre diversos sectores sociales. Hace pocos meses fueron los obreros que construyen la central hidroeléctrica de Jirau, sobre el río Madera, en el estado brasileño de Rondonia, los que se levantaron contra las pésimas condiciones de trabajo. Hace dos años fueron los indígenas amazónicos de Bagua, en Perú, los que enfrentaron las concesiones petroleras, con un saldo de más de 30 muertos.
En junio el levantamiento fue en el sur peruano, abarcó buena parte del departamento de Puno y se dirigió contra proyectos mineros e hidroeléctricos. Desde hace varios años la resistencia a la minería viene creciendo en toda la región. Tambogrande y Ayavaca se inscribieron en los últimos años en la historia de la resistencia a la minería, ambos en el norte peruano. Hace dos meses, en Cocachacra, en el sur del país, la población consiguió frenar el proyecto minero Tía María. Allí donde la población puede expresarse, lo hace masivamente contra la minería trasnacional.
El reciente levantamiento en Puno tiene algunas particularidades que muestran un camino. En primer lugar, fue una lucha extensa e intensa: 45 días de paros, en los cuales hubo seis muertos y 30 heridos por la represión ordenada por el presidente Alan García Pérez, que en pocos días dejará el gobierno. Por dos veces los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de Juliaca, la principal ciudad del departamento, con unos 300 mil habitantes. Lo consiguieron, pero la represión se cobró cinco muertos. Palos y hondas contra fuego real.
Desbordando la contención policial, las multitudes sitiaron la ciudad, quemaron la comisaría de Azángaro y destrozaron locales de varias trasnacionales en Juliaca, según informa el mensuario Lucha Indígena, dirigido por Hugo Blanco. Las principales formas de lucha fueron los paros indefinidos, con masivos cortes de carreteras y marchas de varios días hasta las ciudades, que llegaron a reunir hasta seis comuneros.
En segundo, fue una lucha masiva en la que participaron comunidades aymaras y quechuas, campesinos, trabajadores urbanos, comerciantes, estudiantes y profesionales, y contó por momentos con el apoyo de autoridades locales. Se consiguió tejer un vasto frente social. El Frente de Defensa de los Recursos Naturales del sur de Puno fue uno de los referentes principales, pero no el único, ya que se trató de una amplia convergencia, en la cual participan organizaciones locales y de base, y otras que integran la Conacami (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería).
En tercer lugar, no fueron acciones locales ni contra una empresa. La resistencia se focalizó contra el proyecto hidroeléctrico Inambari, un conjunto de cinco represas para proveer de energía a Brasil, que viene siendo cuestionado desde hace varios años porque desplaza miles de campesinos y afecta los ecosistemas. Pero también contra la explotación minera Santa Ana de la canadiense Bear Creek Mining. Además, se unieron a la lucha las comunidades que quieren la limpieza del río Ramis, contaminado por minería formal e informal, y los que rechazan otros emprendimientos mineros en uno de los departamentos más pobres del país.
En cuarto lugar, los sucesos de Puno muestran que la oleada contra el modelo extractivo en Perú se expande desde las iniciativas puntuales, en general contra la minería, hacia confluencias entre luchas de diversos departamentos. A finales de junio, mientras ardía Puno, se realizó un encuentro en Islay (sur de Arequipa), donde se registró la resistencia a la mina Tía María en Cocachacra, en el que participaron comunidades afectas de Tacna, Moquegua, Puno, Cusco y Arequipa.
La tendencia viene siendo a la generalización del conflicto en toda la sierra andina y parte de la selva amazónica. El gobierno deja 227 conflictos sociales y ambientales no resueltos, tres veces más de los que encontró García hace cinco años cuando ocupó el Palacio de Gobierno. Su sucesor, Ollanta Humala, anunció que aumentará los impuestos a la minería y el agronegocio para poder cumplir sus metas sociales, entre ellas pensiones vitalicias a los mayores de 65 años y construcción de colegios y hospitales.
Es poco probable que esas medidas consigan frenar la actual oleada andino-amazónica contra el modelo extractivo, que viene creciendo desde las profundidades de la sociedad peruana desde hace más de una década. La población del sur y de las regiones donde se asientan los más resistidos proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros ha votado masivamente por Humala. En Puno, alrededor de 80 por ciento en varios distritos. Sin embargo, no esperaron que asuma el nuevo presidente para que resuelva sus problemas.
Todo indica que no habrá tregua, aunque un descenso significativo de la represión conseguirá desdramatizar los conflictos. Hay dos hechos que hacen pensar que la resistencia al modelo seguirá su curso. La primera es que existe plena conciencia que se trata de una tregua, ya que los proyectos han sido aplazados pero en modo alguno anulados. El capital trasnacional no va a permitir que el Estado peruano incumpla sus compromisos y multiplicará sus presiones.
En el caso de la hidroeléctrica Inambari, Brasil está muy interesado en asegurar y diversificar sus fuentes de energía. Los gobiernos de Lula y García firmaron en 2010 un acuerdo para el suministro de hidroelectricidad. Humala pudo llegar a la presidencia, entre otras razones, por el apoyo del gobierno brasileño que se concretó en la presencia directa de dos asesores personales de Lula.
La segunda es que hay cada vez mayor conciencia de que no se derrota el modelo a escala local ni por caminos legales. El poder del capital trasnacional es tan fuerte, tan densa la malla legal que lo protege, y tiene tanta capacidad de corromper, que sólo será posible ponerlo en fuga con levantamientos simultáneos en las más diversas geografías. Quizá estemos asistiendo a los primeros pasos en esa dirección.
