 Raúl Zibechi |
En los movimientos sociales bolivianos conviven, a
grandes rasgos, dos miradas diferentes sobre los caminos para conseguir
cambios profundos en la sociedad: quienes apuestan a que el Estado juege un
papel central y los que creen que ese papel lo debe cumplir la sociedad civil
organizada.
Raúl Zibechi
Luego de semanas en las que la realización de elecciones estuvo en duda por un
litigio en torno a las bancas parlamentarias que correspondían a cada
departamento, los bolivianos irán a las urnas el 18 de diciembre gracias a un
decreto del presidente Eduardo Rodríguez, del 1 de noviembre, que zanja el
pleito. Se trata de las primeras elecciones luego de la revuelta popular de
setiembre-octubre de 2003 que terminó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de
Lozada y puso en el centro de la escena política el tema de la nacionalización
de los hidrocarburos y la realización de una Asamblea Constituyente. Por
primera vez en la historia de este país andino, donde más del 60% de la
población se define como indígena, un indio puede ocupar al cargo de
presidente.
En las pasadas elecciones presidenciales, en 2002, el embajador de los Estados
Unidos, Manuel Rocha, intervino directamente en la campaña electoral al decir
que "su gobierno vería con malos ojos la elección de Evo Morales" del
Movimiento al Socialismo (MAS), a quien se acusó de "narco cocalero" y de
"instrumento" de Hugo Chávez y Fidel Castro. En esta ocasión, la embajada de
ese país optó por el silencio aunque no cabe duda que prefiere el triunfo de
Jorge Tuto Quiroga, ex vicepresidente de Hugo Bánzer (dictador primero,
presidente constitucional luego), o de Samuel Doria Medina, uno de los
empresarios más ricos del país, ambos representantes de la derecha neoliberal
aunque el segundo se presenta como centrista.
Un escenario muy complejo
El presidente que surja de las urnas tendrá que enfrentar un panorama marcado
por la potencia de los movimientos sociales, que desde el año 2000 vienen
poniendo en jaque a los sucesivos presidentes, al punto que dos de ellos
(Sánchez de Lozada y su sucesor Carlos Mesa) no pudieron terminar sus
mandatos. El Estado boliviano se asienta en una estrecha franja social y no
representa a la inmensa mayoría de la población. De hecho, es un Estado
colonial: mientras más del 60% de la población es india y habla sobre todo
aymara y quechua, sólo los blancos y mestizos castellanizados ocupan la
justicia, los ministerios, la cúpula de las fuerzas armadas, los principales
cargos de la administración pública y hasta hace pocos años la casi totalidad
de las bancas parlamentarias. Recién con las elecciones de 2002 ingresaron al
parlamento una cantidad significativa de representantes indios: 35 diputados y
senadores del MAS y seis del MIP (Movimiento Indígena Pachakutik).
Se trata de un Estado racista, tanto por su integración como por sus actitudes
hacia la mayoría de la población. Es muy difícil que un indio (pobre, que no
habla bien el castellano y viste a la manera tradicional) pueda ganar un
juicio en los tribunales ante un blanco que domina los códigos hegemónicos en
la administración y tiene recursos e influencias. De alguna manera, las
sucesivas revueltas desde la "guerra del agua" del año 2000 en Cochabamba,
representan la emergencia de los excluidos que pugnan por ampliar sus marcos
de expresión, por consolidar sus propios espacios y hacer valer sus derechos.
Para hacerse escuchar, han tenido que insurreccionarse, al precio de más de
cien muertos y miles de heridos.
La potencia de los movimientos bolivianos, hoy en día los más fuertes del
continente, ha forzado a las elites a dar marcha atrás y, según todos los
indicios, estarían ahora dispuestas a tolerar un gobierno presidido por un
indio. En efecto, las últimas encuestas revelan que Morales marcha al frente
de las intenciones de voto con dos a cinco putnos de distancia sobre Quiroga.
Todo indica que si el que cosecha más votos es Morales pero el parlamento no
lo consagra presidente, el país se volvería ingobernable por la presión social
ya que las mayorías se sentirían estafadas 1.
Aún en ese caso, si un eventual gobierno del MAS no consigue dar pasos rápidos
que se concreten en la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria
de una Asamblea Constituyente, la insatisfacción de la población le impediría
mantener un mínimo de estabilidad para gobernar. Este paso choca con varias
dificultades que ilustran la complejidad del escenario boliviano. La primera
de ellas es el autonomismo de Santa Cruz, el departamento más rico del país,
donde reside un sector de terratenientes vinculados al agrobusiness que
sienten a la población india como una amenaza a sus intereses. Este sector
pretende separarse del resto del país, y existen denuncias de que mantiene
grupos armados dispuestos a enfrentarse al movimiento social.
Por otro lado, Brasil tiene enormes intereses en Bolivia: Petrobras controla
el 25% de las reservas de gas concentradas en el departamento de Tarija,
detenta el gasoducto de exportación a Brasil y las dos refinerías de petróleo
que hay en el país, y controla cerca del 40% del negocio agropecuario de Santa
Cruz, buena parte del mismo en manos de hacendados brasileños. Alvaro García
Linera, sociólogo y candidato a la vicepresidencia por el MAS, sostiene que
"Brasil tiene muchos intereses en Bolivia, es un Estado poderoso y seguramente
va a buscar proteger sus intereses. Estados Unidos no tiene intereses
directamente en el petróleo porque no hay empresas de ese país en esa área" 2.
El comportamiento de Brasil hacia la región deja muchas dudas ya que durante
las sucesivas crisis bolivianas el asesor de Luiz Inacio Lula da Silva, Marco
Aurelio García, visitó el país en dos oportunidades para asegurarse que pese a
la situación de caos que imperaba el flujo de gas de Bolivia a Brasil no sería
interrumpido. Ese flujo es vital para una industria como la de San Pablo, el
corazón productivo del país, que depende en un 30% del gas boliviano. El mismo
Lula estuvo en Bolivia poco antes del referéndum sobre los hidrocarburos de
2004, defendiendo los intereses de la empresa estatal Petrobras. En opinión de
García Linera, a Brasil le interesa especialmente la estabilidad política de
su vecino. "Esperamos que cuando se hable de hidrocarburos haya una actitud de
no intervención, de no presión y de aceptación de la soberanía de Bolivia",
aunque en cierto momento expresó que "le tememos más a Brasil que a Estados
Unidos".
En todo caso el MAS se muestra cada vez más prudente sobre el tema: "¿Qué
hacer con Petrobras, es decir con el gobierno brasileño? Debemos ser
prudentes" 3. El objetivo , al parecer, no es la nacionalización sino caminar
hacia "una modificación de las relaciones donde la inversión extranjera
aparezca como socia minoritaria con el Estado", concluye 4. Los dirigentes del
MAS son conscientes del estrecho margen de maniobra en que se mueven: si
deciden que el Estado boliviano recupere los hidrocarburos, se enfrentarán a
las multinaciones y a las grandes potencias mundiales y regionales. Pero si no
lo hacen, la población pude volver a las calles desestabilizando incluso a un
gobierno presidido por un indio.
El Estado como sujeto de los cambios
El compañero de fórmula de Evo Morales fue miembro del Ejército Guerrillero
Tupac Katari (EGTK) en la década de 1990 y estuvo cinco años en prisión.
Consecuente con su pasado, mantiene una visión de los cambios sociales en la
cual el Estado es el principal protagonista, aunque hoy apuesta a que esos
cambios se produzcan por la vía legal y pacífica: "Después de los
acontecimientos de junio –reflexiona Alvaro García Linera-, cuando una
movilizacion social obligó a la renuncia de Mesa, el país entró en un período
de tregua y un proceso de electoralización de esta lucha por el poder, porque
Bolivia vive desde hace cuatro años una lucha por el poder. Hay una
polarización de las candidaturas que se expresa en una polarizacion de
proyectos. El de Evo Morales es una propuesta de reforma, nacionalización de
los hidrocarburos, redistribuir riquezas, tierras, darle al Estado un nuevo
papel en la economía debilitando la inversión extranjera" 5.
Considera que no se puede comparar la experiencia del MAS con la de otros
partidos del continente, porque Morales es un líder indígena en una sociedad
donde éstos siempre han sido excluidos, y su candidatura apunta a algo muy
radical como es la descolonización del Estado. La segunda diferencia es que el
MAS no es un partido sino "una coalición flexible de movimientos sociales que
ha ampliado su acción al ámbito electoral. No hay estructura, es un caudillo y
movimientos y al medio no hay nada, eso hace depender al MAS de la
movilización o del temperamento de los movimientos sociales". La tercera
diferencia es que la candidatura de Morales aparece en un momento de derrota
moral de las posiciones neoliberales.
En opinión de García Linera, Bolivia vive un cambio social y cultural muy
profundo, cuya expresión electoral consiste en que "antes los indios votaban
por no indios porque se miraban a ellos mismos como no capacitados, lo que
está produciendo un quiebre ideológico de la dominación". Pero al no existir
un partido sólido, surgen problemas inéditos. "¿Cómo se gobierna con
movimientos sociales? Un gobierno concentra decisiones y los movimientos
desconcentran la toma de decisiones. ¿Cómo conciliar Estado con movimientos?
El movimiento social apetece poder pero luego se repliega en el
corporativismo. El movimiento social no puede gestionar ni ocupar el Estado",
asegura. Este debate es central para un partido que ha sido formado
básicamente por el movimiento de campesinos productores de hoja de coca del
Chapare y recibe el apoyo de algunos de los principales movimientos del país:
los mineros cooperativistas, los campesinos "regantes" de Cochabamba que
hicieron la guerra del agua de 2000, el Movimiento Sin Tierra y una parte de
la central campesina nacional y de las juntas vecinales de El Alto.
Como intelectual, considera que el poder no es una cosa a tomar sino una
relación social que se construye en base al equilibrio de fuerzas existente.
Como político, sin embargo, defiende la centralidad del Estado en la sociedad,
al punto que no habría forma de eludirlo: "La Constitución y la ley son un
mapa de las luchas sociales, ya que había algo de nosotros en el Estado
benefactor. El Estado es a la vez dominación y resistencia. Toda lucha pasa
por el Estado; incluso la lucha contra el Estado pasa por el Estado. El
movimiento social se plantea resistencia contra el Estado y derechos en el
Estado". En sintonía con esta afirmación, el MAS se propone cambiar el
carácter del Estado boliviano, pasando de un Estado colonial a otro
democrático.
En realidad, la apuesta al Estado que está haciendo el MAS no sólo se inscribe
en las tradiciones de la izquierda latinoamericana sino también en algunas
características destacadas de la cultura occidental. "El Estado es lo único
racional en Bolivia", asegura García Linera. Pero va más lejos cuando señala
que "el porvenir de Bolivia es lo moderno, no la economía familiar. En El Alto
60 soldados mataron a 70 personas en media hora. ¿Es posible vencer en estas
condiciones? Hasta que no tengas lo moderno de tu lado no puedes triunfar. Lo
premoderno no puede triunfar. Lo tradicional y lo local son frutos de la
dominación. El elogio de lo local y lo tradicional es elogio de la dominación.
Lo local lo fomenta el Banco Mundial". Afirmaciones polémicas en un país donde
la inmensa mayoría de la población pertenece a ese sector que denomina
premoderno: economía familiar o informal.
La apuesta a la sociedad civil
Quizá la alternativa más clara a esta propueta esté surgiendo de algunos de
los actores que protagonizaron la "guerra del agua" de Cochabamba, que dio
origen al ciclo de protesta más importante desde la revolución de 1952. Oscar
Olivera, de la Coordinadora del Agua de Cochabamba, es uno de los referentes
más importantes entre quienes miran el día después de las elecciones del 18 de
diciembre. A pesar de que tanto Olivera como buena parte de sus aliados
brindan un apoyo más o menos crítico al MAS, sostiene que "las elecciones son
una maniobra de la derecha, las transnacionales y el gobierno norteamericanao
para diluir y frenar la lucha popular de estos cinco años por la
nacionalización de los hidrocarburos" 6. Pero también considera las elecciones
como "un espacio de confrontación entre las fuerzas conservadoras y las
fuerzas populares", por lo que cree necesario "participar en ellas" porque
forman parte de "un proceso de acumulación de fuerzas que debe concluir en el
próximo gobierno, esté quien esté, con la reapropiación de los recursos
naturales y el fin del monopolio de la representación de los partidos".
Sin embargo, comparte el temor de que un gobierno del MAS se limite a
gestionar el Estado, buscar una mayor autonomía frente a los organismos
financieros internacionales y poco más. "Eso sería fatal porque la gente
quiere mucho más", asegura. Para los movimientos, cree Olivera, el escenario
puede ser muy complejo, ya que en aras de la gobernabilidad Evo Morales y el
MAS pueden pretender "controlar y dirigir movimientos de gestión del agua en
El Alto y Cochabamba o las tomas de tierras". Apoya esta afirmación en que
Morales sostiene que es el úncio que puede ofrecer gobernabilidad al país por
las buenas relaciones que mantiene con los movimientos. Un segundo problema
deriva de que "empiezan a ponerle apellidos a la nacionalización". Ahora
Morales habla de una "nacionalización responsable", lo que en opinión de
Olivera hace pensar a mucha gente que nuevamente va a ser engañada y que un
gobierno del MAS se va a limitar a "administrar un aparato estatal que no
funciona, en vez de apoyar las demandas por las que desde hace cinco años se
viene luchando".
Como forma de seguir potenciando el movimiento social, considerado como la
clave del futuro de Bolivia, los sectores agrupados en la Asociación Nacional
de Regantes y Comités de Agua potable, convocó para principios de diciembre al
primer Congreso del Frente Nacional de Defensa del Agua y Servicios Básicos y
de la Vida. Esta articulación de movimientos –cuya expresión más conocida es
la Coordinadora del Agua de Cochabamba- agrupa ahora a algunos de los
movimientos más dinámicos: la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE),
la Coordinadora de Juntas Vecinales de barrios periféricos de Oruro, las
Cooperativas de Agua y Alcantarillado periurbanas y rurales de Santa Cruz,
además de organizaciones vecinales, de regantes y cooperativas, así como
comités de agua, de electricidad y de defensa de los servicios básicos de casi
todos los departamentos.
Esta articulación reúne algunas de las experiencias de gestión colectivas más
interensantes, aunque no han tenido difusión mediática: la de Oruro y la de
Santa Cruz, la primera es una tradicional ciudad minera y la segunda es el
centro económico más dinámico del país, donde se registra una fuerte
emigración rural e indígena. En ambas ciudades el Estado no cubre los
servicios mínimos de la población más pobre.
La coordinadora de juntas vecinales periurbanas de Oruro es la fuerza social
más importante del Altiplano, según Olivera, "que ha creado formas autónomas
de gestión para dotarse de agua y recoger basura y eliminar los deshechos al
margen del municipio, conectan la electricidad legítimamente y ejercen
autonomía. Esto es algo nuevo, que han realizado sin asesores ni expertos,
diría que es una experiencia más profunda que en El Alto, aunque no tan
politizada". Las organizaciones de base de Oruro estructuran una nueva forma
de relacionamiento social y de relaciones económicas, en barrios periféricos
donde el Estado está ausente. Con el nombre de Coordinadora, emulan la
experiencia de Cochabamba y a su vez establecen una fuerte relación con las
que ahora confluyen en el Frente Nacional.
En la zona de Oriente, existen desde hace décadas en la ciudad de Santa Cruz
cooperativas de agua de barrios periurbanos que hicieron sus pozos
colectivamente. A diferencia de Cochabamba, donde cada cooperativa tiene
decenas o unos pocos cientos de familias, en Santa Cruz oscilan entre las 6 y
las 15 mil conexiones, abarcando casi un millón de usuarios. Ahora decidieron
luchar no sólo por el agua sino también por los servicios básicos como la
energía eléctrica, el gas, la basura y la contaminación de los ríos. En
Bolivia, constata Olivera, "existe todo un modelo de gestión del agua
descentralizado gestionado por los vecinos. Ese modelo se está expandiendo.
Esas viejas cooperativas de hace 20 años en el Oriente, en las zonas
perirubanas de Santa Cruz, han generado un cambio muy fuerte en las relaciones
sociales en esa ciudad y en la región. A tal punto que una de las bases más
importantes del Frente Nacional está en Santa Cruz".
La idea de articular todas estas experiencias de gestión colectiva y
comunitaria surgió un año atrás y está centrada en las alternativas al modelo
público y privado (ambos tiene en común su carácter centralizador que niega la
participación social), que en los hechos ya están funcionando. En casi todos
los casos tienen demandas políticas, como la de no pagar algunos impuestos
como hacen las cooperativas del Oriente, en tanto otros piden gas domiciliario
y en casi todos exigen cambiar las leyes de electricidad y agua potable. "Le
estamos diciendo al próximo gobierno que estamos creando un movimiento, un
frente politico social no partidario que recoge las necesidades más vitales de
la gente, en la perspectiva de una transformación muy profunda en las
relaciones de poder , en las relaciones sociales y la forma de gestión del
agua, la luz, la basura", concluye Olivera.
Un futuro incierto
El debate sobre las opciones de largo plazo de los movimientos sociales cobra
especial importancia ante la posibilidad de que Morales se convierta en
presidente. Según todos los pronósticos, será un gobierno maniatado cuya
gobernabilidad estará cuestionada ante cada paso que intente dar. El Senado
estará en manos de la derecha, en la cámara de Diputados deberá hacer alianzas
y es muy problable que no consiga ninguna de las nueve gobernaciones en juego.
Ante este panorama, el director del CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos e
Investigaciones Sociales) de Santa Cruz, Carlos Romero, reflexiona que "quien
controle el poder político desde las regiones, con demandas autonómicas en
varias de ellas, puede inviabilizar la gestión del gobierno central,
especialmente si gana el MAS, implementando una suerte de cerco regionalista
sobre el poder central" 7.
La opción político-electoral del MAS fue darle gran visibilidad a Evo Morales
a costa de bajar el perfil de todos los demás candidatos, "descuidando
prefectos (gobernadores) y diputados uninominales, y este error se hace
patente en cada rincón del país", sostiene Mario Ronald Durán, ex dirigente
universitario 8. Ante este sombrío panorama, se pregunta: "En estas
condiciones, ¿es prudente que el MAS sea gobierno?". El cuestionamiento no es
ocioso, toda vez que la experiencia regional, muy en particular la del PT y
Lula en Brasil, muestra los costos de ser gobierno sin apoyos institucionales
sólidos. Pero en Bolivia esto es mucho más grave aún, ya que a diferencia de
lo sucedido con el PT y el Frente Amplio de Uruguay (que llegaron a la
presidencia luego de haber gobernado los más importantes municipios y estados
del país), el MAS no cuenta ni siquiera con experiencia en el manejo de los
asuntos institucionales, en un Estado donde los funcionarios serán una pesada
carga colonial capaz de neutralizar cualquier decisión del poder Ejecutivo.
Si el profundo ciclo de protesta que se registró en Bolivia entre 2000 y 2005
(cuyo pico fue octubre de 2003) ha llegado a su fin, la apuesta por reagrupar
fuerzas en y desde las bases que formula Olivera, parece la más realista y
acertada. En estos años los movimientos han sido capaces de desestructurar
aspectos esenciales del orden dominante, pero su "energía estructurante" se
limita a espacios acotados en algunas regiones como la aymara, y quizá otras,
así como en sectores urbanos de ciudades como El Alto 9. Sin embargo, el
despliegue de esa capacidad de hacer de los movimientos, que ha sido
suficiente para derribar gobiernos e impedir decisiones antipopulares, no fue
capaz de darle forma a alternativas de gobierno que abarquen todo el país.
Así las cosas, lo importante para los movimientos parece consistir en cómo
seguir creciendo en una situación muy adversa, que puede oscilar entre los
intentos de cooptación y división desde el Estado hasta formas diversas y
complejas de represión, ya sea desde el mismo Estado o desde organizaciones
civiles como las de la derecha autonomista de Santa Cruz. En todo caso, ese
crecimiento pasará –como ya lo están mostrando las experiencias que se
articulan en el Frente de Defensa del Agua, los Servicios Básicos y la Vida-
por el interior de los nuevos actores; una suerte de "crecimiento interior"
que busque profundizar experiencias de control colectivo de la producción y
reproducción de la vida. Este fue el camino que le permitió al movimiento
social boliviano, a fines de los años 90, dar un espectacular salto adelante.
Pero es, sin embargo, un proceso que –como la construcción de la autonomía
zapatista o el "viaje" a las ciudades de los sin tierra brasileños- transcurre
fuera de la visibilidad de los grandes medios.
Notas
1. En caso de que ninguno de los candidatos alcance el 50% de los votos,
corresponde al parlamento elegir al presidente entre los dos más votados.
2. Entrevista personal a Alvaro García Linera, Niteroi, 15 de octubre de 2005.
3. Maurice Lemoine, Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, noviembre de 2005.
4. Entrevista a Alvaro García Linera.
5. Idem. En adelante todas las citas pertenecen a esta entrevista.
6. Entrevista personal a Oscar Olivera, Montevideo, 27 de octubre de 2005. En
adelante las citas pertenecen a esta entrevista.
7. Pablo Stefanoni en Le Monde Diplomatique, La Paz, noviembre 2005.
8. "Evo y la gobernabilidad" en www.rebelion.org
9. Sobre el tema, Raquel Gutiérrez Aguilar, "Bolivia: reflexiones para y desde
el porvenir", 2005, inédito.
* Raúl Zibechi es colaborador con el IRC Programa de las Américas
