Ra�l Zibechi

Ra�l Zibechi
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Luego de 109 d�as de huelga de hambre Patricia Troncoso consigui� doblegar al insensible gobierno de la Presidenta Chilena Michelle Bachelet, al aceptar salidas de fin de semana y que cumpla su pena en un centro de trabajo y estudio. Los beneficios alcanzan a otros dos presos.

"Desde este lugar quiero animarlos a seguir defendi�ndonos de este sistema econ�mico depredador, de la poca naturaleza que nos queda, inhumano porque cualquier proyecto econ�mico en nuestro territorio mapuche vale m�s que nosotros, e inmoral porque nos ha dejado como �nica meta humana el dinero y el consumismo". As� comienza la carta de Patricia Troncoso del lunes 22 de enero, al cumplir 106 d�as de huelga de hambre en el hospital de la sure�a ciudad de Chill�n1.
Patricia es una de los cinco presos mapuche que iniciaron la huelga de hambre el 12 de octubre de 2007. Los otros cuatro, Jaime Marileo, Juan Millalen, Jos� Huenchunao y H�ctor Llaitul, abandonaron a lo largo de diciembre por su mal estado de salud. Pero ella decidi� seguir adelante, ya que entre los mapuche hay clara conciencia de que no tienen otra forma de hacer valer sus derechos que tomar este tipo de medidas, a�n con el riesgo de morir.
La dirigente mapuche es acusada de haber incendiado, en diciembre de 2001, un predio de cien hect�reas de la Empresa Forestal Minico y fue condenada a diez a�os de prisi�n al aplic�rsele la pol�mica Ley Antiterrorista heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Los huelguistas demandan la no aplicaci�n de esa ley para resolver conflictos sociales y la desmilitarizaci�n de sus comunidades. Por primera vez desde el fin de la dictadura, la lucha mapuche est� cosechando simpat�as y apoyos en todo Chile y en el mundo.

Una nueva oleada de movilizaciones

El historiador V�ctor Toledo Llancaqueo, sostiene que el movimiento mapuche que emerge en los a�os 80, en la etapa final de la dictadura de Augusto Pinochet, "ha protagonizado por lo menos tres grandes ciclos de movilizaciones por sus derechos"2. El primero se registr� bajo la dictadura con el objetivo de defender las tierras comunitarias.
Luego, al comienzo de la transici�n democr�tica, en 1989, se firm� el acuerdo de Nueva Imperial por el cual la Concertaci�n Democr�tica se comprometi� a impulsar una nueva ley ind�gena a cambio de que los mapuche renunciaran a la movilizaci�n. Muchos tem�an, se�ala Toledo, que se repitiera el proceso de tomas de tierras masivas de los a�os 1970-1973 durante el gobierno de Salvador Allende.
En respuesta a la cooptaci�n que supuso ese acuerdo, naci� en 1990 el Consejo de Todas las Tierras exigiendo autonom�a y participaci�n pol�tica y realizando tomas simb�licas de tierras. En 1992, el gobierno detuvo a 70 comuneros y los acus� de "delincuentes", y la justicia proces� a 144 mapuche por "usurpaci�n" y "asociaci�n il�cita". El proceso estuvo plagado de vicios y fue considerado una aberraci�n jur�dica.
Hacia 1997 se abre un nuevo ciclo a trav�s del estallido de m�ltiples conflictos que afectan a las grandes empresas forestales y de energ�a. El Estado, aliado incondicional de las empresas, vio desbordada su pol�tica ind�gena ya que las dos organizaciones estatales de asistencia (la Corporaci�n Nacional de Desarrollo Ind�gena y el Fondo de Tierras y Aguas Ind�genas) colapsaron al no poder responder a las demandas de las comunidades. Sin pol�tica y sin querer conceder derechos, el gobierno endureci� la represi�n.
El caso Ralco (1997), un megaproyecto energ�tico en tierras mapuche en el Alto Bio Bio, supuso un parteaguas ya que el gobierno viol� la legislaci�n para echarlo a andar. "El murall�n de Ralco levant� una frontera pol�tica entre los mapuche y el Estado", asegura Toledo. Ese mismo a�o, el caso Lumaco, dos millones de hect�reas de plantaciones forestales artificiales y una planta de celulosa, se convirti� en "un enclave que ha transformado la geograf�a y el poder en el sur del pa�s, alterando el medio ambiente y empobreciendo a las regiones".
Forzado a la movilizaci�n ante la inexistencia de v�as legales para el pueblo mapuche, el movimiento se fortalece y despliega iniciativas culturales, art�sticas y de medios de comunicaci�n propios. Surgen nuevas organizaciones territoriales como la Coordinadora Arauko Malleko y la Asociaci�n Nankucheo de Lumaco. Fruto de la movilizaci�n se recuperan tierras, a tal punto que los fondos estatales de compras de tierras para las comunidades pasan de unos cinco millones de d�lares en 1995 a m�s de 30 millones en 2001, bajo el gobierno de Ricardo Lagos.
Nuevamente la respuesta a esta nueva oleada de movilizaciones fue la criminalizaci�n de la protesta. Se abrieron procesos ante la Justicia Militar durante los a�os 2000 y 2001, hasta que a fines de ese a�o se comienza a aplicar la Ley 18314 o Ley Antiterrorista, en el marco del clima generado por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Se combina represi�n con labores de inteligencia y cooptaci�n de la intelectualidad ind�gena.
Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 son procesados 209 mapuche s�lo en la regi�n de la Araucan�a, mientras cientos son detenidos en manifestaciones, golpeados y maltratados. Seg�n Toledo, se trata de una verdadera "guerra sucia". En total, m�s de 400 mapuche han sido procesados desde que la Concertaci�n Democr�tica lleg� al gobierno en 1990.
En noviembre de 2004 los mapuche ganaron una batalla jur�dica en un terreno en el que no cosechaban m�s que derrotas. Uno de los pilares de la criminalizaci�n de la protesta se desmorona ante la estrategia de los defensores que demuestran que "terrorismo" no son da�os a bienes sino "desprecio de la vida humana, o poner en peligro el orden constitucional". Los incendios y lanzamientos de artefactos, que son los medios que utilizan las comunidades, no pueden ser considerados terrorismo. Los acusados son absueltos.

Huelga y solidaridad

La huelga de hambre buscaba la libertad de la generaci�n de dirigentes que particip� en el ciclo de protesta abierto en 1997. Se trata de unos 18 presos mapuche que siguen siendo tratados por el Estado como terroristas. Troncoso pertenece a esa generaci�n mapuche que fue a las ciudades, estudi� y regres� a sus comunidades por compromiso con su pueblo.
La huelga de hambre, en la que los presos ingieren s�lo l�quidos, exig�a adem�s la desmilitarizaci�n de las comunidades. Un reciente comunicado de la Asociaci�n Nacional de Mujeres Rurales e Ind�genas (Anamuri), una de las m�s importantes organizaciones sociales de Chile, dice: "Estamos conmocionadas ante la indiferencia del gobierno que usted preside, el que ha instaurado un verdadero terrorismo de Estado en los territorios mapuche, generando un clima de guerra similar o peor a lo vivido en tiempos de dictadura"3.
La movilizaci�n se intensific�, en Chile y en el mundo, luego del 3 de enero, cuando la polic�a dio muerte al comunero mapuche Mat�as Catrileo que estaba participando en la ocupaci�n pac�fica de una hacienda. Esa muerte hizo que la indignaci�n traspasara las fronteras del territorio mapuche. Una delegaci�n de diez organizaciones de derechos humanos viaj� al sur para constatar sobre el terreno las violaciones a los derechos humanos y la militarizaci�n de las comunidades mapuche.
Las iglesias cat�lica y evang�lica, la central sindical CUT, los movimientos feministas, de gays y lesbianas, los grupos de derechos humanos, asociaciones barriales y vecinales, grupos de historiadores, antrop�logos y estudiantes, y una amplia red de solidaridad de base, incluso algunos parlamentarios del gobierno, apoyan su causa. En las ciudades las manifestaciones pac�ficas son brutalmente reprimidas por los carabineros.
Anamuri refleja en su carta la realidad, sin la menor exageraci�n. "El actuar de la justicia y gendarmer�a�en particular�son propios de un sistema de dominaci�n perverso, patriarcal sexista, de una gran insensibilidad y subordinaci�n a los intereses del capital", dice su carta. Pide a la presidenta que evite la muerte de Patricia para que no "marque un estigma en un gobierno dirigido precisamente por una mujer que luch� por los derechos humanos hace unas d�cadas en nuestro pa�s".
El exitoso desenlace de la huelga de hambre fue anunciado por el presidente de la Conferencia episcopal Alejandro Goic. Una carta del gobierno acept� que los beneficios que Patricia hab�a solicitado para ella y para los presos Juan Bautista Millalen y Florencio Jaime Marileo, fueran concedidos a partir de marzo.
El triunfo de la huelga m�s larga de la historia de Chile se debe en primer lugar a la fortaleza �tica y el coraje del pueblo mapuche y de personas como Troncoso. Luego, a la amplia solidaridad recibida por los movimientos de Chile, entre los que cabe destacar la solidaridad de g�nero. Por �ltimo, la iglesia cat�lica jug� su papel destacando el obispo de Chill�n, Carlos Pellegrin, quien dijo: "Mientras estas injusticias persistan, el pueblo mapuche va a estar herido, por lo tanto, es una deuda que hay que saldar, y este es el momento adecuado para hacerlo, ahora que estamos en democracia".
Se abre ahora un nuevo cap�tulo en la larga lucha mapuche. Como ha sucedido tantas veces en la historia de los oprimidos y las oprimidas, el coraje de pocos y pocas logra derribar los muros de la indiferencia y abrir las compuertas por las que pueda caminar la solidaridad que, como escribi� el poeta chileno Pablo Neruda, es "la ternura de los pueblos".
 
Notas
En www.mapuexpress.net.
V�ctor Toledo Llancaqueo, "Prima ratio. Movilizaci�n mapuche y pol�tica penal", en revista OSAL No. 22, Buenos Aires, setiembre de 2007.
"Carta abierta a Bachelet", Anamuri, 23 de enero de 2008.
 
Recursos
www.mapuexpress.net
www.mapuche-nation.org
www.azkintuwe.org
http://redchem.entodaspartes.org
www.tribunadelbiobio.org
Ra�l Zibechi "La larga resistencia mapuche", Programa de las Am�ricas, 17 de mayo de 2007.
V�ctor Toledo Llancaqueo "Prima ratio. Movilizaci�n mapuche y pol�tica penal. Los marcos de la pol�tica ind�gena en Chile 1990 2007", en OSAL No. 22, Buenos Aires, setiembre de 2007.

Fuente: lafogata.org

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