Raúl Zibechi

Raúl Zibechi
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Luego de 109 días de huelga de hambre Patricia Troncoso consiguió doblegar al insensible gobierno de la Presidenta Chilena Michelle Bachelet, al aceptar salidas de fin de semana y que cumpla su pena en un centro de trabajo y estudio. Los beneficios alcanzan a otros dos presos.

"Desde este lugar quiero animarlos a seguir defendiéndonos de este sistema económico depredador, de la poca naturaleza que nos queda, inhumano porque cualquier proyecto económico en nuestro territorio mapuche vale más que nosotros, e inmoral porque nos ha dejado como única meta humana el dinero y el consumismo". Así comienza la carta de Patricia Troncoso del lunes 22 de enero, al cumplir 106 días de huelga de hambre en el hospital de la sureña ciudad de Chillán1.
Patricia es una de los cinco presos mapuche que iniciaron la huelga de hambre el 12 de octubre de 2007. Los otros cuatro, Jaime Marileo, Juan Millalen, José Huenchunao y Héctor Llaitul, abandonaron a lo largo de diciembre por su mal estado de salud. Pero ella decidió seguir adelante, ya que entre los mapuche hay clara conciencia de que no tienen otra forma de hacer valer sus derechos que tomar este tipo de medidas, aún con el riesgo de morir.
La dirigente mapuche es acusada de haber incendiado, en diciembre de 2001, un predio de cien hectáreas de la Empresa Forestal Minico y fue condenada a diez años de prisión al aplicársele la polémica Ley Antiterrorista heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Los huelguistas demandan la no aplicación de esa ley para resolver conflictos sociales y la desmilitarización de sus comunidades. Por primera vez desde el fin de la dictadura, la lucha mapuche está cosechando simpatías y apoyos en todo Chile y en el mundo.

Una nueva oleada de movilizaciones

El historiador Víctor Toledo Llancaqueo, sostiene que el movimiento mapuche que emerge en los años 80, en la etapa final de la dictadura de Augusto Pinochet, "ha protagonizado por lo menos tres grandes ciclos de movilizaciones por sus derechos"2. El primero se registró bajo la dictadura con el objetivo de defender las tierras comunitarias.
Luego, al comienzo de la transición democrática, en 1989, se firmó el acuerdo de Nueva Imperial por el cual la Concertación Democrática se comprometió a impulsar una nueva ley indígena a cambio de que los mapuche renunciaran a la movilización. Muchos temían, señala Toledo, que se repitiera el proceso de tomas de tierras masivas de los años 1970-1973 durante el gobierno de Salvador Allende.
En respuesta a la cooptación que supuso ese acuerdo, nació en 1990 el Consejo de Todas las Tierras exigiendo autonomía y participación política y realizando tomas simbólicas de tierras. En 1992, el gobierno detuvo a 70 comuneros y los acusó de "delincuentes", y la justicia procesó a 144 mapuche por "usurpación" y "asociación ilícita". El proceso estuvo plagado de vicios y fue considerado una aberración jurídica.
Hacia 1997 se abre un nuevo ciclo a través del estallido de múltiples conflictos que afectan a las grandes empresas forestales y de energía. El Estado, aliado incondicional de las empresas, vio desbordada su política indígena ya que las dos organizaciones estatales de asistencia (la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas) colapsaron al no poder responder a las demandas de las comunidades. Sin política y sin querer conceder derechos, el gobierno endureció la represión.
El caso Ralco (1997), un megaproyecto energético en tierras mapuche en el Alto Bio Bio, supuso un parteaguas ya que el gobierno violó la legislación para echarlo a andar. "El murallón de Ralco levantó una frontera política entre los mapuche y el Estado", asegura Toledo. Ese mismo año, el caso Lumaco, dos millones de hectáreas de plantaciones forestales artificiales y una planta de celulosa, se convirtió en "un enclave que ha transformado la geografía y el poder en el sur del país, alterando el medio ambiente y empobreciendo a las regiones".
Forzado a la movilización ante la inexistencia de vías legales para el pueblo mapuche, el movimiento se fortalece y despliega iniciativas culturales, artísticas y de medios de comunicación propios. Surgen nuevas organizaciones territoriales como la Coordinadora Arauko Malleko y la Asociación Nankucheo de Lumaco. Fruto de la movilización se recuperan tierras, a tal punto que los fondos estatales de compras de tierras para las comunidades pasan de unos cinco millones de dólares en 1995 a más de 30 millones en 2001, bajo el gobierno de Ricardo Lagos.
Nuevamente la respuesta a esta nueva oleada de movilizaciones fue la criminalización de la protesta. Se abrieron procesos ante la Justicia Militar durante los años 2000 y 2001, hasta que a fines de ese año se comienza a aplicar la Ley 18314 o Ley Antiterrorista, en el marco del clima generado por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Se combina represión con labores de inteligencia y cooptación de la intelectualidad indígena.
Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 son procesados 209 mapuche sólo en la región de la Araucanía, mientras cientos son detenidos en manifestaciones, golpeados y maltratados. Según Toledo, se trata de una verdadera "guerra sucia". En total, más de 400 mapuche han sido procesados desde que la Concertación Democrática llegó al gobierno en 1990.
En noviembre de 2004 los mapuche ganaron una batalla jurídica en un terreno en el que no cosechaban más que derrotas. Uno de los pilares de la criminalización de la protesta se desmorona ante la estrategia de los defensores que demuestran que "terrorismo" no son daños a bienes sino "desprecio de la vida humana, o poner en peligro el orden constitucional". Los incendios y lanzamientos de artefactos, que son los medios que utilizan las comunidades, no pueden ser considerados terrorismo. Los acusados son absueltos.

Huelga y solidaridad

La huelga de hambre buscaba la libertad de la generación de dirigentes que participó en el ciclo de protesta abierto en 1997. Se trata de unos 18 presos mapuche que siguen siendo tratados por el Estado como terroristas. Troncoso pertenece a esa generación mapuche que fue a las ciudades, estudió y regresó a sus comunidades por compromiso con su pueblo.
La huelga de hambre, en la que los presos ingieren sólo líquidos, exigía además la desmilitarización de las comunidades. Un reciente comunicado de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), una de las más importantes organizaciones sociales de Chile, dice: "Estamos conmocionadas ante la indiferencia del gobierno que usted preside, el que ha instaurado un verdadero terrorismo de Estado en los territorios mapuche, generando un clima de guerra similar o peor a lo vivido en tiempos de dictadura"3.
La movilización se intensificó, en Chile y en el mundo, luego del 3 de enero, cuando la policía dio muerte al comunero mapuche Matías Catrileo que estaba participando en la ocupación pacífica de una hacienda. Esa muerte hizo que la indignación traspasara las fronteras del territorio mapuche. Una delegación de diez organizaciones de derechos humanos viajó al sur para constatar sobre el terreno las violaciones a los derechos humanos y la militarización de las comunidades mapuche.
Las iglesias católica y evangélica, la central sindical CUT, los movimientos feministas, de gays y lesbianas, los grupos de derechos humanos, asociaciones barriales y vecinales, grupos de historiadores, antropólogos y estudiantes, y una amplia red de solidaridad de base, incluso algunos parlamentarios del gobierno, apoyan su causa. En las ciudades las manifestaciones pacíficas son brutalmente reprimidas por los carabineros.
Anamuri refleja en su carta la realidad, sin la menor exageración. "El actuar de la justicia y gendarmería—en particular—son propios de un sistema de dominación perverso, patriarcal sexista, de una gran insensibilidad y subordinación a los intereses del capital", dice su carta. Pide a la presidenta que evite la muerte de Patricia para que no "marque un estigma en un gobierno dirigido precisamente por una mujer que luchó por los derechos humanos hace unas décadas en nuestro país".
El exitoso desenlace de la huelga de hambre fue anunciado por el presidente de la Conferencia episcopal Alejandro Goic. Una carta del gobierno aceptó que los beneficios que Patricia había solicitado para ella y para los presos Juan Bautista Millalen y Florencio Jaime Marileo, fueran concedidos a partir de marzo.
El triunfo de la huelga más larga de la historia de Chile se debe en primer lugar a la fortaleza ética y el coraje del pueblo mapuche y de personas como Troncoso. Luego, a la amplia solidaridad recibida por los movimientos de Chile, entre los que cabe destacar la solidaridad de género. Por último, la iglesia católica jugó su papel destacando el obispo de Chillán, Carlos Pellegrin, quien dijo: "Mientras estas injusticias persistan, el pueblo mapuche va a estar herido, por lo tanto, es una deuda que hay que saldar, y este es el momento adecuado para hacerlo, ahora que estamos en democracia".
Se abre ahora un nuevo capítulo en la larga lucha mapuche. Como ha sucedido tantas veces en la historia de los oprimidos y las oprimidas, el coraje de pocos y pocas logra derribar los muros de la indiferencia y abrir las compuertas por las que pueda caminar la solidaridad que, como escribió el poeta chileno Pablo Neruda, es "la ternura de los pueblos".
 
Notas
En www.mapuexpress.net.
Víctor Toledo Llancaqueo, "Prima ratio. Movilización mapuche y política penal", en revista OSAL No. 22, Buenos Aires, setiembre de 2007.
"Carta abierta a Bachelet", Anamuri, 23 de enero de 2008.
 
Recursos
www.mapuexpress.net
www.mapuche-nation.org
www.azkintuwe.org
http://redchem.entodaspartes.org
www.tribunadelbiobio.org
Raúl Zibechi "La larga resistencia mapuche", Programa de las Américas, 17 de mayo de 2007.
Víctor Toledo Llancaqueo "Prima ratio. Movilización mapuche y política penal. Los marcos de la política indígena en Chile 1990 2007", en OSAL No. 22, Buenos Aires, setiembre de 2007.

Fuente: lafogata.org