Tras 110 días en huelga de hambre, la comunera mapuche Patricia Troncoso
Robles decidió poner fin a la medida de presión ayer 28 de enero. El gobierno de
Bachelet accedió a sus demandas reclamadas para sí misma y para otras dos
personas (Juan Millalen y Jaime Marileo), que incluyen beneficios carcelarios
como salidas durante los fines de semana a contar desde marzo, sin evaluación
previa de la gendarmería. Varias voces al interior de Chile y a escala
internacional piden poner fin a la criminalización del pueblo mapuche y que se
busque una solución profunda para sus reclamos.
"Si mi muerte sirve para la libertad de mis hermanos, yo no voy a desistir",
escribió Patricia Troncoso el 23 de diciembre cuando llevaba 74 días en huelga
de hambre en la prisión de Angol, en el sur chileno. Luego fue trasladada a
Chillán y el martes pasado le fue suministrado, en contra de su voluntad, suero
intravenoso para mantenerla con vida. Patricia lleva más de cien días de ayuno y
su estado de salud es muy delicado.
En esta ocasión la represión no consiguió aislar la lucha mapuche. En estos casi
cuatro meses se han desarrollado movilizaciones en varias ciudades de Chile,
incluso en la capital, Santiago. El 12 de noviembre una delegación de
parlamentarios venezolanos visitó la cárcel de Angol y manifestó su preocupación
por el estado de salud de los presos. Amnistía Internacional envió una carta a
la presidenta Bachelet, el 21 de enero, pidiendo por la vida de Patricia y
recordando que en 2003 el Relator Especial de Naciones Unidas presentó un
informe de su misión a Chile en el que recomendaba que "además del otorgamiento
de títulos sobre terrenos privados, los territorios tradicionales que incluyan
recursos de uso comunitario deben ser reclamados y reestablecidos".
Una misión de diez organizaciones de derechos humanos y la central de
trabajadores (CUT) realizaron una misión de observación, a comienzos de enero,
luego del asesinato del joven mapuche Matías Catrileo, que los llevó a denunciar
"la brutalidad, el salvajismo y el terrorismo de Estado" que sufren la
comunidades. Arturo Martínez, presidente de la CUT, señaló que este conflicto no
se resuelve con balas y represión y, algo inédito en la central sindical luego
de la dictadura, dijo: "Los mapuche pueden contar con nosotros. Su derecho
sagrado a la tierra merece ser respaldado".
El 10 de enero fue difundida una Declaración de Historiadores de Chile, en la
que se denuncia "la virtual militarización del territorio histórico del pueblo
mapuche" y "la instauración de un régimen permanente de vigilancia y terror
policial". Los historiadores, entre los que figura el Premio Nacional de
Historia, Gabriel Salazar, apuntan contra la criminalización de la lucha mapuche
y la aplicación de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura militar así
como el cerco mediático que sufren. Concluyen apuntando que el Estado chileno
debe reconocer "la autonomía política de las comunidades indígenas, la
devolución de sus tierras arbitrariamente usurpadas en base al ‘derecho de
Conquista’ y el pleno respeto de los derechos humanos de sus integrantes".
En segundo lugar, la huelga de hambre –que forma parte de una nueva oleada de
movilización mapuche- promovió una mayor coordinación y articulación entre las
diversas organizaciones políticas, sociales y culturales del mundo mapuche.
Ambos hechos, la solidaridad nacional e internacional y la creciente
convergencia organizativa del universo mapuche, son los datos más esperanzadores
de la ofrenda de Patricia Troncoso.
Bajo los gobiernos de la Concertación Democrática (desde 1990) han sido
procesados 400 mapuche por la Ley de Seguridad Interior o la Ley Antiterrorista.
Esta fue la respuesta al ciclo de luchas abierto en 1997 a través del estallido
de múltiples conflictos que afectan a las grandes empresas forestales y de
energía. El movimiento desplegó iniciativas culturales, artísticas y de medios
de comunicación propios y consiguió recuperar tierras, a tal punto que los
fondos estatales de compras de tierras para las comunidades debieron pasar de
unos 5 millones de dólares en 1995 a más de 30 millones en 2001.
En el marco del clima generado por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en
Estados Unidos, se comenzó a aplicar la Ley Antierrorista. Entre noviembre de
2001 y octubre de 2003 fueron procesados 209 mapuche sólo en la región de la
Araucanía, mientras cientos son detenidos en manifestaciones, golpeados y
maltratados en lo que, según múltiples observadores, es una verdadera "guerra
sucia". Patricia Troncoso fue procesada por haber participado, en diciembre de
2001, en el incendio de cien hectáreas de pinos de la Empresa Forestal Mininco.
Cualquiera que haya visitado las comunidades mapuche del sur, puede comprobar
que están siendo arrinconadas y exterminadas por un mar de cultivos forestales
que arrasan sus tierras y les impiden seguir sembrando y produciendo su
sobrevivencia. Peor aún: las comunidades son allanadas sin orden judicial por la
policía con armamento de guerra, y existen comandos, como el "Hernán Trizano",
que realizan incursiones nocturnas con disparos mientras se instalan cámaras de
vigilancia y aparatos que interfieren los celulares. Las organizaciones de
derechos humanos aseguran que carabineros se visten de civil para realizar
incursiones y amedrentamientos. ¿Quién practica el terrorismo?
El gobierno de Bachelet tuvo todo este tiempo un comportamiento vergonzoso.
Tiene razón Patricia cuando dice en su carta: "¿Qué podemos esperar de nuestros
verdugos, si provienen de una generación que vivió todos estos flagelos y con el
tiempo se han deshumanizado al punto de olvidar el exilio, las torturas, la
persecución y la muerte de tantos seres humanos?"
Ahora que la decisión y el coraje de Patricia y de un puñado de mapuche se ha
saldado con un resonante e histórico triunfo, puede ser la hora de las preguntas
incómodas. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuántas veces tienen los del más abajo que
ofrendar sus vidas –que en definitiva es lo único que tienen- para que los de
abajo reaccionen, reaccionemos, y gritemos juntos un ¡Ya Basta! capaz de frenar
la genocida ambición de poder de los de arriba?
Raúl Zibechi
