 Raúl Zibechi |
De la emergencia a la inclusión
Raúl Zibechi
A todo o nada. La apuesta por dejar atrás la "emergencia social" y dar paso a la
integración de los pobres supone tanto un salto cualitativo como la ambición de
insuflar nueva vida al descascarado Estado benefactor que durante cuatro décadas
se fue erosionando hasta casi desaparecer.
ES UNO DE LOS PROYECTOS más ambiciosos del actual gobierno. El Plan de Equidad
supone que "nunca más" habrá orientales de segunda, excluidos o marginados,
pobres que son apenas objeto de la caridad pública, estatal o privada. A grandes
rasgos, el Plan de Equidad que se pondrá en marcha el 1 de enero de 2008 implica
dejar atrás la situación de excepcionalidad que atiende el PANES hasta fines de
este año. Pero sobre todo se trata de coordinar políticas sociales que apuntan a
la equidad de género, de oportunidades e intergeneracionales.
En setiembre del año pasado, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) creó una
comisión de técnicos para perfilar el plan que si bien será monitoreado desde
ese ministerio involucra a todo el gobierno. Sus objetivos son resumidos por el
presidente de la República cuando señala que se orienta la gestión de gobierno
hacia "un país productivo con justicia social". El Plan de Equidad va mucho más
allá del Plan de Emergencia, diseñado para abordar situaciones puntuales que,
según la convicción dominante en el Ejecutivo, serán definitivamente resueltas
con base en el crecimiento económico del país y la distribución más equitativa
de la renta.
Universalizar derechos
Las políticas compensatorias o focalizadas para combatir la pobreza fueron
diseñadas por los organismos financieros internacionales, y muy en particular
por el Banco Mundial, para abordar los problemas sociales planteados por el
modelo de crecimiento asentado en la financiarización y la desregulación de las
economías. El punto de partida de estos planes es que los rumbos que comenzó a
tomar la economía global a partir de la crisis de 1968/73 no son ya capaces de
ofrecer empleo –o un simple lugar digno en la nueva economía- a amplios sectores
de la población trabajadora.
El mismo concepto de "ejército industrial de reserva", acuñado por algunos
economistas para dar cuenta de las oscilaciones del empleo y la desocupación
según los vaivenes de los ciclos económicos, dio paso a los conceptos de
"marginación" primero y de "exclusión" más tarde.
Qué hacer con esa porción de personas que los estados y los mercados ya no
pueden atender es el objetivo de los planes focalizados como Bolsa Familia en
Brasil, Jefes y Jefas de Hogar en Argentina, y Plan de Emergencia en Uruguay.
Pasar de "compensar" la pobreza a incluir a toda la población como sujeto de
derechos –de salud, educación, vivienda, empleo, etcétera– es tan ambicioso que
representa casi una revolución social y cultural. Las políticas focalizadas son
criticadas, con razón, por abrir las puertas a actitudes clientelares y
subordinar los beneficiarios a las iniciativas estatales. Con la
universalización de los derechos, esos problemas quedarían superados.
La actual administración busca a través del Plan de Equidad eliminar a mediano
plazo la pobreza estructural. Hasta ahora el Ingreso Ciudadano, que no es sino
un subsidio monetario, era el soporte principal del Plan de Emergencia. Ese
papel lo jugarán a partir de 2008 las asignaciones familiares y las pensiones a
la vejez. En paralelo, con el Trabajo Protegido se busca insertar a los
desocupados en el mercado de trabajo formal. Con el correr de los años, se
espera no sólo una brusca disminución de la pobreza sino sobre todo revertir los
componentes estructurales de la exclusión. La reforma del sistema de salud, que
hará posible que una mutualista y un hospital ofrezcan servicios de similar
calidad, será uno de los mejores ejemplos para ilustrar de qué se trata la
"igualdad de oportunidades".
Dudas y dificultades
La voluntad política parece un dato elemental para superar la exclusión. Parece
difícil que sea suficiente si el país no remonta una serie de desventajas que
viene acumulando en los últimos años: desde la pirámide de edades y la
emigración hasta su irresuelta inserción en el mundo y, sobre todo, en la
región.
Las preguntas y las incertidumbres se acumulan. Remendar el tejido social supone
la continuidad en el largo plazo de políticas como el Plan de Equidad. Ello
supone que se mantenga en pie más allá de los cambios de gobierno y, más difícil
aun, de las inevitables crisis económicas. En este punto, se impone una doble
reflexión. El Uruguay integrado que conocimos a mediados del siglo pasado fue
producto del proceso de sustitución de importaciones (desarrollo endógeno) y de
un largo período de crecimiento económico. Aquel país se comenzó a evaporar con
el estancamiento de fines de los sesenta y la reestructuración económica que
promueve un desarrollo "hacia afuera". ¿Existen condiciones para revertir ambos
aspectos y sostenerla en el tiempo?
Una segunda duda surge a la hora de observar el comportamiento de los sectores
sociales que deberán ceder privilegios para que sea posible reconstruir la
sociedad. Según la encuesta sobre Percepción de Exclusión Social y
Discriminación, la mitad de los montevideanos que viven en los "once barrios"
más ricos lo que menos desean es tener cerca a una persona que viva o haya
vivido en un asentamiento. ¿Por qué los empresarios, que se reclutan en esa
franja, habrían de quererlos en sus empresas? ¿Será suficiente un subsidio
temporal para que cambien su actitud y su modo de percibir a los otros?
Nadie tiene las respuestas a mano. Crece, sí, la convicción, como lo muestran
los adelantos del Plan de Equidad, de que la exclusión no es sólo una cuestión
económica sino una cultura que provoca acumulación de riqueza y desposesión en
los polos opuestos. Deberán pasar unos años para poder constatar si ha sido
posible empezar a revertirla.
Plan de Equidad: Datos mínimos
Se busca conformar un solo sistema de Asignaciones Familiares que beneficie a
490 mil menores pobres. Las familias con niños menores de 12 años percibirán 700
pesos por cada uno y mil pesos por adolescente de 13 a 18 años que asista a
escuela o liceo.
Se otorgarán unas siete mil pensiones a la vejez a mayores de 65 años pobres, lo
que significa una expansión del 30 por ciento en el número de beneficiarios.
Los CAIF y jardines de Primaria abarcarán a 52 mil niños de 0 a 3 años, lo que
prácticamente dobla la cantidad actual.
A través de maestros comunitarios se busca mejorar el rendimiento de 30 mil
niños y reducir la deserción liceal de 20 mil adolescentes a través del programa
de aulas comunitarias.
Las políticas de promoción de empleo buscan llegar a 10 mil personas cada año,
en tanto la tarjeta magnética (para compra de alimentos y artículos de higiene)
llegará en 2008 a 92 mil hogares.
- Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha de
Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la
Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales.
