 Raúl Zibechi |
Cooperativas de vivienda de Uruguay: Los sin tierra urbanos
Raúl Zibechi
Las casi 500 cooperativas de vivienda agrupadas en FUCVAM, son el resultado
de tres grandes oleadas de lucha por la tierra, que se tradujeron en la
construcción de algo más de 20 mil viviendas. Entre 1970 y 1972, más del 40% de
los recursos estatales para vivienda se destinaron al financiamiento de las
cooperativas. La federación fue creada el 24 de mayo de 1970 en la inauguración
de la primera cooperativa, en la pequeña localidad de Isla Mala en el interior
del país. En ese período se crean gran cantidad de cooperativas a partir de los
sindicatos, que construyen complejos habitacionales que en algunos casos superan
las 800 viviendas. Nacen unas 150 cooperativas y FUCVAM se extiende a casi todo
el país.
El segundo salto del movimiento se registró en 1989. Era un año electoral y la
presión por vivienda había sido postergada por la dictadura (1973-1985), al
punto que a comienzos de esa década se multiplican los asentamientos urbanos
ilegales donde viven desocupados e inmigrantes rurales. En julio de ese año,
luego de una masiva asamblea, cuatro cooperativas ocupan tres terrenos. En
noviembre Tabaré Vázquez gana las elecciones en Montevideo y crea una "cartera
de tierras" fiscales que comienzan a ser negociadas con el movimiento
cooperativo.
En los siguientes años unas 250 cooperativas acceden a la tierra y muchas
comienzan la construcción de las viviendas, en una década plagada de
movilizaciones, entre las que destacan ocupaciones a los ministerios de Vivienda
y Economía. En estos momentos unas dos mil familias de unas 30 cooperativas
están construyendo.
Las ocupaciones del 1989 son sentidas como un parteaguas por los miembros del
movimiento. "La ocupación de tierras era hasta ese momento un fenómeno
básicamente espontáneo", que se desarrollaba con "un bajo perfil, con poca
visibilidad, evitando la notoriedad del hecho 'ilegal'1.
FUCVAM optó por el camino inverso: había que ocupar para hacerse visible. De
alguna manera la cultura 'obrera', fundacional del movimiento cooperativo
comenzaba a fusionarse con las medidas que los movimientos de nuevo tipo
comenzaban a implementar en América Latina". En ese período acuñaron el concepto
de considerarse "los sin tierra urbanos".
El tercer impulso se registró el año pasado, bajo el actual gobierno. La presión
por vivienda, luego de una década de ajuste estructural y de la crisis de 2002,
se reflejó en la creación de un centenar de grupos cooperativos luchando por
conseguir tierras. Para desbloquear la situación, decidieron ocupar en octubre
de 2006 un predio de la empresa estatal de ferrocarriles abandonado desde hace
40 años. En las negociaciones consiguieron 20 predios en los que se instalaron
40 cooperativas.
"Todavía tenemos 30 cooperativas sin tierra", dicen en la federación. En casi 40
años el movimiento construyó viviendas para 22 mil familias mientras unas cuatro
mil esperan acceder a tierras para comenzar los trámites.
Cárcel a los ocupantes
En abril el Parlamento aprobó una ley que establece penas de cárcel desde
tres meses a tres años a quienes ocupen tierras. La sorpresa es que todo el
Frente Amplio apoyó la nueva ley pese a que el Ministro de Vivienda, Mariano
Arana, se mostró contrario a lo decidido por los diputados oficialistas.
En FUCVAM están dispuestos a desafiar la ley. El 28 de julio, junto a
trabajadores rurales (cañeros, cortadores de caña del norte) que ocupan un
predio de 32 hectáreas, realizaron un acto en Montevideo y una marcha hasta el
palacio de gobierno. Rechazan una ley que, en su opinión, "criminaliza" las
ocupaciones. De Souza, el secretario general, dijo que en septiembre comenzarán
las ocupaciones que se harán "en forma organizada", "no anárquica". Otros
dirigentes aseguraron que desde el gobierno buscan "criminalizar la protesta, la
capacidad de movilización de los sectores populares que son, en última
instancia, la única garantía de hacer alguna transformación sobre esta
estructura tan injusta que tenemos de la riqueza".
Pero el problema de fondo no parece ser el legal, sino el modelo económico.
FUCVAM asegura que de las 14 mil viviendas prometidas por el gobierno sólo se
van a construir unas tres mil por año en estos cinco años. De no cambiar el
modelo, "va a seguir la emigración del campo a la ciudad y cuando llegan acá y
no tienen trabajo son doblemente expulsadas a la periferia", dicen los
cooperativistas.
Problemas con el gobierno progresista
El Ministerio de Vivienda elaboró un Reglamento de Cooperativas que mereció
duras críticas de la federación. El objetivo del ministerio es ordenar y mejorar
el sistema de acceso al crédito, y así poder planificar en mejores condiciones
el uso adecuado de los recursos. El nuevo reglamento establece que las
cooperativas de vivienda podrán solicitar financiamiento del Estado únicamente
en ocasión de los llamados a Postulación de Proyectos Cooperativos que se
realizarán una vez al año.
Según el arquitecto Benjamín Nahoum, asesor de FUCVAM, el nuevo reglamento
"puede significar un serio obstáculo para el desarrollo del sistema cooperativo"
Un movimiento urbano diferente
