Raúl Zibechi

En abril de 2008 habrá elecciones presidenciales. Por primera vez en 60 años el Partido Colorado puede verse desalojado del palacio de gobierno. Comenzaría así la tan ansiada como postergada transición a la democracia en Paraguay.

Los últimos 17 años de democracia, desde el golpe de Estado que en 1989 derrocó al dictador Alfredo Stroessner, no fueron muy diferentes a los 35 años anteriores. El dictador, que gobernaba el país desde 1954, se apoyó en el mismo partido que hasta hoy gobierna el país por medio del clientelismo, la corrupción y una buena dosis de represión. Pero el 29 de marzo de 2006, la historia de este país castigado pareció dar un vuelco: más de 40 mil personas salieron a las calles de la capital, Asunción, para evitar que el presidente Nicanor Duarte Frutos pudiera presentarse a la reelección, que está prohibida en la Constitución.
El vocero de esa enorme movilización fue el obispo de San Pedro, una zona donde los campesinos protagonizan una larga lucha contra los terratenientes. Fernando Lugo se convirtió de golpe en la esperanza de cambio de una sociedad cansada de corrupción y de malos gobiernos. Todas las encuestas lo consideran el favorito y el único capaz de desplazar al Partido Colorado, que controla todos los resortes del poder: la burocracia estatal, las fuerzas armadas, la mafia y el gran empresariado.

Un modelo agotado

La situación social y económica del país es desastrosa. De los 6 millones de habitantes, el 63% son pobres (según el gobierno la pobreza es el 48%) y el 26% indigentes. Alrededor del 80%—4.5 millones—no acceden a la atención médica básica; 600 mil campesinos sin tierra deambulan por el país desde que las grandes empresas han hecho de Paraguay uno de los mayores exportadores de soya del mundo. Cien mil paraguayos emigran del campo a la ciudad todos los años o abandonan el país hacia España y Argentina: las remesas son ya el segundo ingreso del país, sólo superado por las exportaciones de soya.
El Estado paraguayo es uno de los más ineficientes y corruptos del mundo. Cuenta con 200 mil empleados públicos, de los cuales el 95% pertenecen al Partido Colorado. Pese a la escasa población, cada día mueren diez niños por desnutrición y enfermedades. El Partido Colorado, un partido de Estado, es la principal fuente de control social y de clientelismo, lo que le aseguró 60 años de poder casi absoluto, en dictadura o en "democracia". En el año 2006, los productores de soya exportaron US$450 millones y la oligarquía ganadera unos US$430 millones, pero pagan impuestos miserables: un 3% los primeros y 1.8% los soyeros. Los bancos pagan aún menos1.
El sociólogo Tomás Palau, del Centro de Investigaciones Base-Is, sostiene que el agotamiento del modelo político y económico va de la mano de la desintegración institucional de un poder oligárquico. "La percepción que tiene la gente es que el Estado paraguayo cada vez existe menos para ella, y que sin embargo existe y es muy fuerte cuando se trata de defender los intereses de la oligarquía ganadera y los intereses de la oligarquía transnacional vinculada a la soya, a la caña de azúcar, al algodón, es decir, al modelo agroexportador"2.
Lo que desde Washington se visualiza como un failed state (Estado fallido) para la población paraguaya, y sobre todo para los pobres, es una auténtica pesadilla. Un periodista paraguayo sostiene que el haber estado en el poder durante 60 años provocó al Partido Colorado un gran desgaste, que llevó al Estado a una situación de inutilidad que se expresa en "un desorden casi completo, donde los administradores del poder, los colorados, ya no pueden controlar ni controlarse en el manejo de la cosa pública: sus caudillos responden no ya al dictador o al jefe sino directamente al capo mafioso de la región"3.
Un Estado infiltrado por la corrupción, donde el poder Legislativo está integrado por corruptos y el poder Judicial es incapaz de administrar justicia, lleva a que los grupos empresariales mafiosos tengan un poder incontrolado. Estos poderes son cuatro, según el sociólogo Palau: los ganaderos con una riqueza de US$6 mil millones, cuentan con comandos paramilitares; los narcotraficantes, que producen marihuana, trafican cocaína y lavan dinero y tienen capacidad de comprar políticos; las empresas multinacionales exportadoras de soya, algodón y caña de azúcar; y, finalmente, los "seudoempresarios" vinculados a negocios legales e ilegales con el Estado, y al contrabando de electrodomésticos y cigarrillos.
En la política, esta crisis institucional y social se manifiesta en que "la compra del voto puede llegar a involucrar a un tercio de los electores y en la última contiene electoral el voto se cotizó en 100 mil, incluso 200 mil guaraníes per cápita (US$20-40)"4. Según la encuesta regional Latinobarómetro, en Paraguay sólo el 4% (frente a 40% en Bolivia) considera que es eficaz la lucha del gobierno contra la corrupción. El 40% (frente al 7% en Bolivia) cree que el gobierno de Paraguay fomenta la corrupción.

La irrupción de la sociedad civil

Este conjunto de factores de poder ha provocado el "agotamiento del Estado prebendista y clientelario al servicio del Partido Colorado y del modelo económico agroexportador". El fin de este período abrió desde los años 90 "una disputa por la hegemonía política del proceso, signada por sucesivas crisis, intentos de golpes de Estado, magnicidios, elecciones fraudulentas y no pocas movilizaciones populares"5. La sociedad civil se viene mostrando muy activa, ya que es la única forma de hacerse escuchar y de hacer valer derechos que el Estado no respeta.
La desintegración institucional y social se traduce en la multiplicación de las movilizaciones de campesinos que ocupan tierras, que son respondidos por las autoridades y los hacendados con asesinatos y más de dos mil dirigentes imputados por la Fiscalía. Pero también se refleja en la caída de la participación electoral, ya que en las últimas elecciones municipales el 65% de los votantes no acudieron a las urnas. En varias ocasiones, la población debió tomar las calles para impedir que se viole la ley.
Esta disputa tiene sus fechas y sus muertos. Marzo de 1999 fue el momento más álgido de esa crisis, con el asesinato del vicepresidente José María Argaña. El general Lino Oviedo, un militar mesiánico y autoritario que colaboró con el dictador, jugó un papel importante en el golpe de Estado de 1989 que puso fin a la dictadura. Se dice que forzó la rendición del todopoderoso Stroessner cuando le quitó el seguro a una granada y le apuntó con un fusil. Esperaba beneficiarse con la caída del dictador y en la puja por el poder habría sido el inspirador intelectual del asesinato de Argaña. En reacción al crimen, los paraguayos protagonizaron un levantamiento popular, conocido como "marzo paraguayo", donde decenas de jóvenes fueron asesinados por francotiradores simpatizantes de Oviedo.
El general debió exiliarse, primero en Argentina donde contó con la protección del presidente Carlos Menem, y luego en Brasil. Al regresar a su país fue juzgado y procesado y ahora está en la cárcel, pero el Parlamento se prepara para discutir una amnistía que podría beneficiar al Partido Colorado en su disputa con Fernando Lugo, ya que competirían por apoyos sociales similares6.
En 2002 los sectores populares ganaron nuevamente las calles para impedir la privatización de las empresas estatales y la aprobación de la Ley Antiterrorista sin consultar a la ciudadanía. El gobierno debió dar marcha atrás cuando un amplio movimiento social, en particular campesino, bloqueó las principales carreteras y paralizó el país.
La tercera irrupción del movimiento social se dio en marzo del año pasado, cuando el presidente (con la complicidad de la Suprema Corte de Justicia) intentó vulnerar la Constitución para presentarse a la reelección. En esa ocasión, se formó Resistencia Ciudadana, la confluencia de todos los sectores políticos y sociales de oposición que convocaron la mayor manifestación de los últimos años. El portavoz del acto fue el obispo Fernando Lugo, que emergió como alternativa a la crisis de los partidos. Según algunas encuestas, Lugo tiene hasta el 70% de apoyo popular.

El obispo de los pobres

En una entrevista concedida al periódico Brasil de Fato, Lugo recordó que nació en 1952 en una pequeña aldea rural de 60 familias, San Solano, y es el menor de seis hermanos de una familia que fue duramente perseguida por la dictadura de Stroessner. Su padre estuvo 20 veces en la cárcel. De niño vendía empanadas y café en las calles de la ciudad de Encarnación, donde había emigrado la familia. Tres de sus hermanos fueron apresados, torturados y expulsados del país durante 23 años.
Estudió para maestro y dio clases en un aula donde se hacinaban 100 alumnos, hasta que a los 19 años decidió ingresar al seminario en la Congregación del Verbo Divino7. "Fue la población de Hohenau, donde daba clases a los niños, la que me motivó a hacerme religioso. La gente era muy religiosa y no había sacerdote, pero igual se reunían todos los domingos y yo participaba en las celebraciones, en la lectura de la palabra de dios, en los comentarios, oraciones y cantos. En Hohenau dios llegó a mi vida"8.
En 1977 se ordenó sacerdote y viajó a Ecuador donde conoció la teología de la liberación y la iglesia de los pobres. En 1982 regresó a Paraguay y al año siguiente fue expulsado del país por sus sermones "subversivos" y por hablar mal del gobierno. Vive en Roma y regresa en 1987. En 1994 es ordenado obispo de la diócesis de San Pedro, la más pobre del país: "En 1994, cuando asumí la diócesis, hubo 112 ocupaciones de tierra. De ellas 52 fueron en San Pedro. Cuando llegué había 650 comunidades eclesiales de base, cuando salí había mil". En el departamento con mayores latifundios, la pastoral social venía organizando a los campesinos sin tierra, al igual que había sucedido años antes en Brasil, proceso que dio nacimiento al movimiento sin tierra.
Lugo dio el salto a la política en muy poco tiempo. El mismo relata el cambio: "Salgo de la diócesis en 2005 y me quedo pensando que los grandes esfuerzos que se hacen a través de la iglesia no obtuvieron el éxito deseado, y me di cuenta que los cambios reales en la economía, en lo social, vienen de la política. Entonces, empecé a reunirme con un grupo de 12 amigos, el 3 de enero de 2006—un grupo de estudio y análisis con artistas, intelectuales, campesinos, estudiantes, para pensar el país—que fue creciendo y se convirtió el 17 de diciembre en el Movimiento Popular Tekojoja (igualdad en guaraní) que pronto se convirtió en el movimiento político de mayor crecimiento"9.
Tekojoja recogió 100 mil firmas para que Lugo se presente como candidato a la presidencia. El 22 de diciembre renuncia al ministerio sacerdotal; el 4 de enero de 2007 el Vaticano no acepta su renuncia y luego lo suspende como sacerdote. El tema no es menor. La Constitución de Paraguay dice que ningún sacerdote de ningún culto puede aspirar a la presidencia. Al haber renunciado a su condición de sacerdote, Lugo considera que está en condiciones de ser presidente. Pero Duarte Frutos lo niega, lo que está provocando un duro enfrentamiento entre el gobierno y la iglesia católica. Es posible que en los próximos meses la Suprema Corte de Justicia anule su candidatura, con un argumento no legal sino teológico. En efecto, para la iglesia un sacerdote siempre será sacerdote aunque renuncie. Lugo no confía en la justicia de su país, al igual que la mayoría de los paraguayos. La Corte está integrada por nueve miembros: cinco colorados y cuatro de la oposición. El problema es que si se impide la candidatura de Lugo, una gran parte de la población lo consideraría como un "golpe" de Estado, y la reacción popular sería imprevisible.

¿Hacia una segunda transición?

Los partidos políticos viven una aguda crisis de representación y de legitimidad. La oposición parlamentaria se ha unido en lo que se denomina Concertación Democrática, integrada por los partidos PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico), UNACE (Unión Nacional de Ciudadanos Eticos), Patria Querida, Encuentro Nacional y País Solidario. La mayoría son neoliberales y profesan lo que podríamos llamar como "vieja cultura política", siendo el PLRA el único que cuenta con una estructura importante en todo el país capaz de competir con el Partido Colorado.
Por otro lado aparecen los movimientos sociales y políticos. A lo largo de 2006, para proyectar y apoyar la candidatura de Lugo, que no cuenta con ninguna estructura, se crearon por lo menos tres grandes sectores. El Bloque Social y Popular está integrado por la cinco centrales sindicales, un sector del movimiento campesino, la democracia cristiana, el Partido Febrerista y el Partido de los Trabajadores. El segundo grupo es País Posible, liderado por el hermano de Lugo, que tiene una trayectoria de resistencia dentro del Partido Colorado y busca captar ese voto. Y, por último, el Movimiento Popular Tekojoja que es el más cercano a Lugo y participa también en el Bloque Social y Popular.
Los grupos de izquierda, muy vinculados al movimiento campesino, crearon una Coordinadora de Movimientos Independientes que logró presentar candidatos en 10 de los 221 municipios del país. Fue la primera vez que una parte significativa del movimiento campesino impulsó la participación electoral, lo que supone un cambio respecto a períodos anteriores. Esta confluencia formó el Frente Social y Popular, que desde fines de 2006 viene intentando crear una amplia alianza con Tekojoja y el Bloque Social y Popular para contrarrestar el peso de la Concertación en el proyecto de Lugo10.
Lugo tuvo que escoger entre lo tradicional y lo nuevo, entre el Bloque y los movimientos sociales y la Concertación. Fue una elección entre la izquierda social y la estructura, entre el programa de cambios y la seguridad que le otorgan los aparatos para derrotar al Partido Colorado. Finalmente se presentará como candidato de la Concertación, siendo su vicepresidente un miembro del PLRA. Poco antes de tomar su decisión explicó de forma clara de qué se trataba: "La Concertación Nacional unida podría asegurar el control electoral. Son partidos con representación parlamentaria que pueden ofrecer dos cosas: garantizar una correcta fiscalización del proceso electoral y también gobernabilidad porque tienen muchos parlamentarios. El grupo Bloque Popular es irreconciliable con la Concertación Nacional"11.
Según el integrante del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Orlando Castillo, el paso dado por Lugo le puede garantizar el triunfo electoral pero puede atarle las manos a la hora de los cambios: "Lugo busca una estructura que le pueda sustentar su candidatura, porque además de tener una buena fama no posee estructura, experiencia, dinero para una campaña electoral. Pero con la Concertación se está metiendo en problemas. Si llega al gobierno corre el riesgo de no poder gobernar. El Partido Colorado en la oposición puede ser muy peligroso ya que tendrá mayoría en el parlamento y la segunda bancada serán los liberales. La izquierda casi no va a tener representantes"12.
Según este análisis, una vez en el gobierno los liberales podrían unirse a los colorados para hacer un juicio político a Lugo y desplazarlo del poder. Recordemos que los liberales convivieron siempre con el Partido Colorado, incluso con la dictadura, y son un partido neoliberal que practica la misma política clientelista y corrupta que domina en Paraguay. La única diferencia es que nunca estuvieron en el poder y pretenden utilizar a Lugo para llegar a palacio.
El clima político es tenso y confuso. Las ambiciones de poder son muchas. Desde que Lugo decidió presentarse con la Concertación y con un vicepresidente liberal, se han producido varios movimientos que tienden a la ruptura de esa alianza. Patria Querida salió de la Concertación porque quiere un candidato propio a la presidencia. UNACE está buscando una amnistía para el militar golpista Lino Oviedo, para presentarlo como su propio candidato.
Dentro del Partido Colorado hay dos corrientes muy fuertes, que permanentemente están chocando. El 3 de mayo de este año, la cámara de diputados había aprobado un proyecto de Ley Antiterrorista impulsada por Washington. Según la oposición y los organismos de derechos humanos, no establece claramente los límites de lo que se considera terrorismo, vulnera los derechos humanos y criminaliza la protesta social13.
El 9 de agosto la cámara de senadores rechazó la ley aunque decidió introducir algunas modificaciones al Código Penal que benefician a los grandes propietarios de tierras y perjudican a los movimientos campesinos. El Partido Colorado votó en contra, como forma de advertir al gobierno de George W. Bush que apoye la reelección de Duarte Frutos y no siga promoviendo la candidatura del vicepresidente Luis Castiglioni, amigo personal de Donald Rumsfeld.
Para el movimiento social, entusiasmado con Lugo porque promueve la reforma agraria y la autonomía del país, el panorama es más complejo aún. Según Castillo, "los movimientos siguen esperando que Lugo se vuelque hacia ellos. Por un lado, es la única alternativa. Por otro, corren un riesgo muy grande. Se han formado 14 partidos para apoyar a Lugo pero en realidad todos quieren llegar al parlamento. Corren el riesgo de perder la credibilidad que han ganado en tantos años de resistencia"14.

Notas
Arístides Ortiz, ob. cit.
Idem.
Idem.
ALOP, ob. cit. p. 7.
Hugo Richter, ob. cit. p. 60.
Pablo Stefanoni, ob. cit. p. 8.
Entrevista en Brasil de Fato .
Idem.
Idem.
ALOP, ob. cit. p. 21.
Entrevista Brasil de Fato.
Entrevista a Orlando Castillo.
Orlando Castillo, ob. cit. p. 2.
Entrevista a Orlando Castillo. 

Fuente: lafogata.org