Raúl Zibechi
La Jornada

La potente movilización de los campesinos paraguayos está desnudando serias contradicciones regionales y forzando al gobierno de Fernando Lugo a definirse en torno a la prometida reforma agraria. Con el ascenso de Lugo a la presidencia, los de abajo sintieron que llegó la hora de comenzar a resolver injusticias históricas y decidieron empezar a cobrarse la factura. Hasta hoy la represión provocó un muerto y decenas de heridos y detenidos.

Los campesinos están ocupando tierras de los grandes propietarios soyeros, gran parte brasileños, a los que se denomina brasiguayos. En Paraguay la soya ha crecido de forma exponencial, acercándose a los 3 millones de hectáreas en la campaña 2007/2008, siendo el cuarto exportador mundial. La contracara de la expansión soyera es la masiva emigración campesina. En 1989, cuando cayó la dictadura de Alfredo Stroessner, 60 por ciento de la población paraguaya vivía en el campo. Hoy no llega a 40 por ciento.

Los grandes soyeros brasileños se fueron instalando en Paraguay desde la década de 1960, atraídos por el bajo precio de la tierra y las facilidades otorgadas por la dictadura, y trajeron también a "sus" peones desde el vecino Brasil. Se calcula que hay alrededor de medio millón de brasiguayos, 10 por ciento de la población del país. En algunas zonas de los departamentos fronterizos, San Pedro, Itapúa, Alto Paraná, Concepción, Amambay y Canindeyú, se habla portugués y se comercia en reales. Aunque no hay datos oficiales, se estima que hasta 80 por ciento de los cultivos de soya están en manos de brasiguayos.

Las ocupaciones de tierras de los campesinos, en particular de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), en las que participan militantes de otros movimientos, se focalizaron en haciendas del brasiguayo Tranquilo Favero, propietario de 55 mil hectáreas y 30 silos en los departamentos de Alto Paraná y Amambay. A fines de octubre 4 mil campesinos derribaron alambradas y amenazan quemar silos. El rey de la soya y sus colegas se quejaron ante la Asociación Rural y el gobierno de Lugo, pero contaron con un poderoso aliado.

A principios de octubre el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva emitió el decreto 6.952 que reglamenta el Sistema Nacional de Movilización, con el cual el gobierno del PT pretende enfrentar una eventual "agresión extranjera". El decreto la define como "amenazas o actos lesivos a la soberanía nacional, la integridad territorial, al pueblo brasileño o a las instituciones nacionales, aunque no signifiquen invasión del territorio nacional".

El 17 de octubre, 10 mil soldados brasileños iniciaron ejercicios militares en la frontera con Paraguay. El gigantesco despliegue militar formó parte de la Operación Frontera Sur II, que durante una semana incluyó el despliegue de aviones, tanques, barcos y la utilización de munición real. La prensa de Asunción informó que la operación contempla ejercicios como la ocupación de Itaipú y el rescate de ciudadanos brasileños.

El gobierno de Lugo llevó el tema a la Asamblea Permanente de la OEA, donde insinuó que el operativo militar fue un "mensaje sobre Itaipú" y aseguró que Brasil quiere negociar paz para los soyeros por un pequeño aumento del precio de la energía que le compra a Paraguay. Los gobiernos de Lugo y Lula comenzaron una ronda de negociaciones trabadas en dos puntos clave: Paraguay quiere recuperar la libre disponibilidad de su energía y poder vender su excedente a cualquier país, y quiere recibir algo más que el precio de costo que establece el Tratado de Itaipú, cinco veces menor que el precio de mercado.

El general José Elito Carvalho Siqueira, jefe del Comando Militar del Sur, explicó a la prensa las razones del operativo: "Ya pasó la fase en que teníamos que esconder las cosas. Hoy nosotros tenemos que demostrar que somos una potencia, y es importante que nuestros vecinos lo sepan. No podemos dejar de ejercitar y mostrar que somos fuertes, que estamos presentes y tenemos capacidad de enfrentar cualquier amenaza". Una de las amenazas a las que aludió es una posible ocupación de Itaipú por movimientos sociales, ya que la represa abastece 20 por ciento de la energía que consume Brasil.

Pero fue el director de la revista militar DefensaNet, Kaiser Konrad, quien tras entrevistar al general Carvalho explicó las razones del despliegue: "La Operación Frontera Sur II quiere pasar un mensaje al gobierno de Lugo, de que los militares brasileños están atentos a la situación enfrentada por los brasiguayos, que están sufriendo con las invasiones de tierras y las amenazas de perder sus propiedades legalmente adquiridas".

Para despejar cualquier duda sobre la actitud del gobierno de Lula, el canciller Celso Amorim pidió al gobierno paraguayo, sin rodeos, que controlara los "excesos" contra los brasiguayos. En agosto un movimiento campesino quemó una bandera brasileña en un asentamiento sin tierra, reflejando un sentimiento muy extendido en Paraguay. No son pocos en el país guaraní quienes sienten que la potencia regional se comporta como si los pequeños países que la rodean fueran su patio trasero.

De forma simultánea, el gobierno de Rafael Correa expulsó de Ecuador a la multinacional brasileña Odebrecht por violar contratos, lo que llevó a Lula a salir en defensa de la empresa fundada por su amigo Norberto Odebrecht, uno de los principales contribuyentes en las campañas electorales del PT.

Paraguay atraviesa una encrucijada. Por primera vez luego de seis décadas de gobiernos colorados puede superar la tutela de Washington, realizar algunas reformas que limiten la corrupción y mejorar las condiciones de vida de la población. Pero no quiere caer en una nueva dependencia, ante un poderoso vecino que es la potencia emergente de la región.

Los movimientos están también ante un cruce de caminos. Apoyaron a Lugo porque los defendió desde el obispado y prometió reforma agraria. No están dispuestos a seguir esperando. Mucho menos van a tolerar represión, como viene sucediendo ante las ocupaciones en los dos últimos meses.