La decisión del gobierno de Evo Morales de tomar posesión de dos refinerías
propiedad de la brasileña Petrobras, en el marco de la nacionalización de los
recursos hidrocarburíferos decretada el 1 de mayo pasado, disparó una serie de
actitudes del gobierno de Brasil que revelan, cuando menos, una injerencia en
los asuntos internos de su vecino.
Petrobras cuenta con dos refinería en Bolivia, adquiridas en 100 millones de
dólares en 1999, que procesan el 90 por ciento de la gasolina que se vende en
ese país. Además, la petrolera brasileña controla el 46% de las reservas
probadas de gas y el 39,5 % de las de petróleo. Sus inversiones en el país
andino ascienden a poco más de 1.100 millones de dólares, controla el 20% del
PIB boliviano, representa la mitad de los impuestos recaudados en Bolivia, y
responde por el 57% del gas boliviano.
Para el gobierno de Evo Morales recuperar los derechos de Bolivia sobre sus
recursos naturales no es un negocio sino una cuestión de sobrevivencia nacional
y, por lo tanto, política. Fue el pueblo boliviano que, en las jornadas de
setiembre y octubre de 2003, "decidió" la nacionalización, pagando un precio de
más de 60 muertos. Decisión que confirmó en las movilizaciones de 2005 que
provocaron la renuncia de Carlos Mesa y abrieron las puertas al proceso
electoral que llevó a Evo Morales a la presidencia con más del 50% de los votos.
El actual gobierno no tiene opción: o nacionaliza o enfrenta una crisis política
por distanciarse del movimiento que lo llevó al poder. Además, es la única forma
de garantizar la sobrevivencia de la población de uno de los países más pobres
de América Latina: en este sentido, la recuperación de los hidrocarburos es un
imperativo ético y de compromiso con los bolivianos pobres.
Por ello, la reacción del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva es insostenible
desde una posición de izquierda. Apenas se conoció el decreto del 12 de
setiembre por el que la estatal boliviana YPFB se hacía cargo de la
comercialización interna y externa del gas, Brasilia comenzó una cadena de
presiones que incluyeron al propio Lula, a su asesor Marco Aurelio García y al
presidente de Petrobras, Sergio Gabrielli. No es la primera vez que Brasil
presiona a Bolivia. Cada vez que en La Paz suceden hechos que el gobierno de
Brasil considera que lo afectan, se despliega la tradicional diplomacia de
Itamaraty, de bajo perfil pero de contundente efectividad. Cuando en Bolivia se
registraron crisis políticas a raíz de movimientos populares insurreccionales,
hasta allí viajó García para "defender" los intereses de su país, que pasan por
la estabilidad política andina. Incluso Lula intervino directamente en Bolivia
durante el tramo final del plebiscito sobre los hidrocarburos, convocado por
Mesa en 2004.
Es cierto que Petrobras no es una empresa totalmente brasileña. En los 90, bajo
el gobierno de Fernando Henrique Cardoso se privatizaron áreas fundamentales, al
punto que hoy el Estado brasileño controla apenas el 37% de las acciones de la
empresa, en tanto el 49% están en manos de estadounidenses y el 11% en manos de
testaferros en Brasil. Eso lleva a que la empresa deba atender la demanda de los
especuladores en la Bolsa de Nueva York, incluso por encima de los intereses del
Estado brasileño. Así, el presidente de Petrobras amenazó a Bolivia con llevarla
al Centro Internacional para Arbitraje del Banco Mundial.
Con la nacionalización, el gobierno boliviano recuperó unos 200 mil millones de
dólares en reservas de gas y petróleo, que hasta ese momento se las anotaban las
multinacionales petroleras en las bolsas de valores como si fueran suyas, según
señaló el ex ministro de Energía e Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada. Al caducar
los contratos por la nacionalización, se fijó un plazo de 180 días para firmar
nuevos acuerdos que, necesariamente, deben volcar recursos suficientes en las
arcas del Estado boliviano como para refundar el país y abrir el proceso de
descolonización que procura la Asamblea Constituyente.
El camino que tiene por delante el gobierno de Evo Morales es muy arduo: debe
negociar nuevos precios por la venta del gas con Brasil (acuerdo que ya cerró
con Argentina); la refundación de YPFB privatizada durante el período
neoliberal; la estatización de las petroleras Chaco (Panamerican Energy), Andina
(Repsol) y Transredes (Shell), además de poner en pie equipos de técnicos con
los que no cuenta el país en abundancia. El punto clave de la nacionalización
son las negociaciones por nuevos contratos con las multinacionales. Es en este
punto donde se despliegan las mayores presiones. El canciller brasileño Celso
Amorim, dijo durante la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, en La
Habana, que es posible que Petrobras deba abandonar Bolivia si sus negocios se
ven perjudicados. Una cuenta más en el rosario de presiones. Según La Paz,
Petrobras ha ganado 320 millones de dólares más que lo permitido por la
legislación.
El aspecto esencial es que se trata de relaciones asimétricas, de poder. Brasil
es la gran potencia de Sudamérica y Bolivia es un país pobre y esquilmado que
intenta ponerse de pie. No podrá hacerlo si hasta gobiernos que se proclaman de
izquierda ponen palos en la rueda. En los hechos, el gobierno de Evo Morales
sufre un triple hostigamiento: de los Estados Unidos que enarbola la política
antidrogas para desestabilizar; de las empresas multinacionales y sus gobiernos
(en particular el español y el brasileño); y de las oligarquía de Santa Cruz,
que con la excusa de la autonomía regional se resiste a perder privilegios.
Estas fuerzas presionan en la misma dirección y, en los hechos, de modo
convergente, para debilitar al gobierno boliviano.
Que Lula se sume a esta andanada, coloca a Brasil y a la izquierda petista en
pésima posición. Uno de los argumentos esgrimidos, en el sentido de que las
medidas de Bolivia se producen en plena campaña electoral y eso puede perjudicar
las chances de Lula para conseguir la reelección, no son de recibo. Otro de los
argumentos manejados por el presidente de Brasil, que se trata de medidas
"unilaterales", olvida que la autonomía y la soberanía nacional son, siempre y
en cualquier caso, decisiones que las toma una nación por cuenta propia.
Raúl Zibechi
