Raúl Zibechi
La Jornada 

El 6 de marzo los movimientos sociales y políticos de Colombia consiguieron abrir una brecha en un escenario marcado por el militarismo, la polarización y la guerra. En más de 20 ciudades, miles de personas salieron a las calles convocadas por un abanico de organizaciones entre las que destaca el Movimiento Nacional de Víctimas de los Crímenes de Estado (Movice), en homenaje a los asesinados y desaparecidos por los paramilitares. Sólo en Bogotá fueron más de 200 mil.

No fue sencillo. El 4 de febrero millones de colombianos habían repudiado a las FARC, convocados por el gobierno de Álvaro Uribe, quien utilizó toda la maquinaria del Estado para alentar la convocatoria, pero también autoconvocados por el cansancio con una guerra que dura ya seis décadas, desde el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. Se estima que sólo en los primeros años de La Violencia, como se denomina en Colombia la guerra entre conservadores y liberales que se desató el mismo día del magnicidio, murieron 200 mil personas. A partir de 1960 la guerra fue escalando a niveles desconocidos en un continente atravesado por conflictos sociales que las elites se empeñan en militarizar.

Colombia ostenta el segundo lugar del mundo en cantidad de población desplazada por la violencia: 4 millones, 10 por ciento de la población. Según Iván Cepeda, dirigente del Movice, cuyo padre fue asesinado por paramilitares en 1994 por el "delito" de pertenecer al partido legal Unión Patriótica, unos 20 mil colombianos fueron enterrados en fosas clandestinas en las dos últimas décadas. Entre ellos figuran 2 mil 550 sindicalistas y mil 700 indígenas, además de 5 mil miembros de la UP. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3 mil 500 masacres y robaron 6 millones de hectáras. Desde 2002, luego de la desmovilización, asesinaron a 600 personas cada año y llegaron a controlar 35 por ciento del Congreso, según denuncia del Movice.

Aunque todos los actores de la guerra –fuerzas armadas del Estado, paramilitares y guerrilla– violentan y asesinan a la población civil, los paramilitares gozan de impunidad gracias a los acuerdos de desmovilización pactados con el gobienro de Uribe. De acuerdo con organismos de derechos humanos, la supuesta desmovilización paramilitar es un amplio operativo de impunidad, toda vez que la Fiscalía tiene registradas 121 mil 547 víctimas de delitos de los grupos paramilitares que están quedando sin castigo. Hasta ahora sólo 55 dirigentes paramilitares han sido llevados a la cárcel, entre ellos una veintena de parlamentarios oficalistas. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia investigan a un centenar de estrechos colaboradores del presidente Uribe por sus conexiones con los paramilitares.

Estos hechos y la denuncia de Newsweek sobre las relaciones que el propio Uribe mantuvo con los paramilitares permiten a analistas considerar que se está produciendo la paramilitarización del Estado. Siguiendo el modelo que se implementa en Afganistán e Irak, en las zonas donde el ejército consigue erradicar a la guerrilla se procede a una restructuración del poder "que fusiona las instituciones y la sociedad civil en un marco cívico militar", señala Cepeda. Corresponde a las fuerzas de seguridad aplicar la Doctrina de Acción Integral, por la cual los uniformados se encargan de los servicios básicos, acciones sociales y humanitarias, sustituyendo al Estado nacional decrépito. En una sociedad de ese tipo no existe espacio para movimientos sociales autónomos, acusados de terroristas.

Estas prácticas son hijas de la guerra y contribuyen a militarizar la sociedad a través de un rígido y estricto control vertical. Pero no son un fin en sí mismas; el control de la población se pone al servicio de la dominación de los territorios de los que fueron expulsados los campesinos. En Colombia, las 6 millones de hectáreas usurpadas en las dos últimas décadas y las zonas de frontera donde pretenden avanzar los paramilitares son territorios de las comunidades afrodescendientes e indígenas en los que se están asentando las multinacionales con proyectos de minería y cultivos para la producción de agrocombustibles. La guerra es un negocio exitoso para el capital, que le permite conquistar y controlar territorios para ampliar su proceso de acumulación.

En ese clima, la marcha del 6 de marzo fue estigmatizada por el gobierno de Uribe. Varios ministros dijeron que era a favor de FARC, aserto que desmintieron los rehenes recién liberados por esa guerrilla al acudir a la convocatoria. Es la primera vez que una acción tan masiva de la sociedad civil consigue abrirse paso en medio de la guerra. Hasta ahora las acciones masivas contra el conflicto habían sido de carácter local y protagonizadas por actores regionales, destacando la Minga por la Vida, marcha a Cali de las comunidades indígenas del Cauca en setiembre de 2004.

Es probable que la jornada del 6 de marzo se convierta en un parteaguas para los movimientos y la sociedad civil colombiana. En diciembre, en el coloquio en homenaje a Andrés Aubry celebrado en San Cristóbal de las Casas, el subcomandante Marcos señaló que la guerra es una forma esencial "por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia". Agregó que "es en la paz donde es más difícil hacer negocios", para concluir: "Por eso la paz es anticapitalista".

El 6 de marzo, el Consejo Regional Indígena del Cauca, bajo el lema Ni imperio, ni guerra, ni FARC, señaló en un comunicado: "La guerra es un medio hacia un fin, la anexión de territorios y el sometimiento de pueblos con fines económicos. Nada hay más subversivo y antimperialista que una paz digna que garantice la soberanía de los pueblos y nuestro derecho a definir y seguir nuestra agenda sin que nos la impongan imperios y ejércitos". Al parecer, desde los sótanos de nuestras sociedades las cosas se ven con otra luz.