Las comunidades ind�genas de Chiapas que se levantaron en armas el primero de enero de 1994 hab�an hecho anteriormente muchos intentos por llamar la atenci�n, en forma pac�fica, sobre su situaci�n exasperante: el desd�n oficial, la represi�n sistem�tica, el saqueo de sus tierras y sus recursos, la marginaci�n y la insalubridad y, sobre todo, la anulaci�n de su identidad por el M�xico p�blico y privado que aspiraba �la aspiraci�n sigue en pie� a ingresar al primer mundo sin reparar que muchos de sus habitantes viv�an �y aun viven� en un pa�s insensible y �spero, con elites que se encaraman en una monta�a de miseria para imitar los patrones (pol�ticos, culturales, de consumo) de Estados Unidos y Europa occidental. Durante la salvaje "modernizaci�n" salinista, y desde mucho antes, los pueblos indios del sureste se reunieron, formularon llamados a la conciencia nacional y marcharon a la capital de la Rep�blica para denunciar el ahondamiento creciente de una fractura hist�rica entre el pa�s de unos cuantos, que lo ten�a todo �y que lo sigue teniendo, hoy m�s concentrado que hace 11 a�os� y la naci�n de los m�s, que hasta la fecha no tiene nada.
No fueron escuchados. El gobierno, y con �l las clases acomodadas y un buen sector de las medias, viv�an una borrachera de modernidad que parec�a cubrir los sufrimientos esenciales de mayor�as sin casa, sin tierra, sin escuela, sin hospitales, sin voz ni voto. Esos pueblos indios decidieron jugarse, entonces, lo �nico que les quedaba, la dignidad, para hacerse escuchar por el resto de M�xico y por el mundo. Irrumpieron en plena celebraci�n por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Am�rica del Norte, para recordar que uno de los socios en ese instrumento internacional era un pa�s generoso con los capitales extranjeros, con los altos funcionarios y con los acaudalados nacionales, pero implacable y depredador con sus propios desamparados. Las autoridades respondieron, inicialmente, con una feroz represi�n militar contra los alzados, pero tras unos d�as de combates la sociedad hizo escuchar su voz y exigi� el cese de las hostilidades.
Los rebeldes, a su vez, escucharon el mensaje de la ciudadan�a movilizada, revisaron sobre la marcha sus estrategias y sus convicciones, y decidieron darle una oportunidad a la negociaci�n pac�fica. El salinismo, por su parte, no tuvo m�s remedio que detener los operativos militares e iniciar un vasto ejercicio de simulaci�n pol�tica a fin de exhibir una imagen m�nimamente presentable ante la opini�n p�blica internacional. Pri�sta al cabo, inici� negociaciones, no para atender las ra�ces del conflicto, sino para ensayar la corrupci�n y la cooptaci�n de los alzados, y acab� naufragando en su propia descomposici�n y en las pugnas entre el entonces comisionado para la paz, Manuel Camacho, y el candidato sustituto, Ernesto Zedillo.
Cuando �ste asumi� la Presidencia hizo como que continuaba las negociaciones y se dedic� a preparar, en las sombras, un golpe de mano contra la dirigencia rebelde; el 9 de febrero de 1995, mientras manten�a la ficci�n de los contactos, hizo avanzar al Ej�rcito a las comunidades zapatistas, gir� �rdenes de aprehensi�n contra la dirigencia ind�gena y a punto estuvo de hundir al pa�s en una confrontaci�n sangrienta y generalizada. La sociedad civil se moviliz� nuevamente y logr� imponer una m�nima racionalidad que se tradujo en la Ley para el Di�logo y la Negociaci�n en Chiapas y la constituci�n de la Comisi�n de Concordia y Pacificaci�n (Cocopa) del Congreso de la Uni�n. Se restablecieron las negociaciones, esta vez en San Andr�s Larr�inzar, y los representantes gubernamentales y los rebeldes lograron conformar un documento fundamental para realizar modificaciones constitucionales en materia de derechos y cultura ind�genas que, de haber prosperado, habr�a sentado las bases para sanar la fractura entre el Estado y los pueblos indios. Pero el gobierno de Zedillo volvi� a traicionar, desconoci� lo firmado por sus propios enviados en San Andr�s y se empe�� en la v�a de la contrainsurgencia: cercar a las comunidades, hostigar a sus habitantes, armar grupos paramilitares de choque, provocar a los zapatistas.
Esa estrategia criminal dio por resultado el desplazamiento de pueblos enteros que hubieron de internarse en la selva a pasar hambre y enfermedades, la violaci�n de innumerables mujeres por efectivos militares y parapoliciales, la destrucci�n de viviendas, el robo de las escas�simas pertenencias de las comunidades, el acoso permanente. La pol�tica zedillista hacia los insurgentes culmin� con la matanza de Acteal, organizada y dirigida por mandos policiales y militares, y cuyos principales responsables pol�ticos son Zedillo y su secretario de Gobernaci�n de entonces, Emilio Chuayffet. La paciencia de los alzados no se agot� ni siquiera con el asesinato de mujeres embarazadas ni con el allanamiento y la destrucci�n de sus comunidades por la tropa ni con la falta de palabra del Ejecutivo federal. Se mantuvieron fieles a la demanda de paz de la sociedad y esperaron tiempos mejores.
Vicente Fox lleg� a la Presidencia precedido por su promesa demag�gica y absurda de que resolver�a "en 15 minutos" (as� lo dijo) el conflicto de Chiapas. En los primeros tiempos de su gobierno las condiciones para avanzar en una soluci�n real al problema parecieron propicias. El mandatario envi� al Congreso, como iniciativa propia, la propuesta de reformas legales elaborada por la Cocopa con base en los acuerdos de San Andr�s. En se�al de buena voluntad, los zapatistas enviaron a la capital a una parte de sus dirigentes. Pronto pudo percibirse que la clase pol�tica del pa�s no estaba a la altura de las circunstancias. Hubo voces racistas escandalizadas por la posibilidad de que los representantes ind�genas usaran la tribuna del Palacio Legislativo de San L�zaro. Se hizo evidente que Fox no hab�a realizado ning�n trabajo pol�tico antes de enviar la iniciativa legal y que, as�, la condenaba al fracaso. Finalmente, los legisladores aprobaron una vergonzosa parodia de lo acordado en San Andr�s y la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n desech�, una a una, las inconformidades interpuestas contra el engendro de modificaciones legales. El titular del Ejecutivo, por su parte, dio por culminados los "15 minutos" y declar� que el conflicto estaba resuelto. Desde entonces (2001) parece creerlo as�.
La contrainsurgencia se ha disimulado, pero no ha cesado. En fechas recientes se ha sabido de la reactivaci�n de grupos paramilitares orientados y financiados por la oligarqu�a chiapaneca tradicional, por las autoridades locales y las federales. La esfera pol�tica del pa�s ha confundido la prudencia de los zapatistas con la extinci�n de su alzamiento y de las causas que le dieron origen. El desprecio del M�xico oficial a los indios alzados ha llegado a tal punto que los supone inexistentes.
El empecinamiento �de los tres poderes de la Uni�n, de los partidos, del gobierno estatal, de los emporios medi�ticos� por volver invisibles a los ind�genas chiapanecos dura ya m�s de cuatro a�os, pero todo tiene l�mite.
Las causas de la rebeli�n de 1994 est�n presentes y vigentes, aunque no aparezcan en los noticiarios, con el agravio a�adido del tiempo: cuatro a�os m�s de miseria, ninguneo, provocaciones, cancelaci�n de esperanzas personales y colectivas de dignidad, justicia, democracia, educaci�n, salud y desarrollo respetuoso. Nadie puede reprochar a los zapatistas que no hayan tenido paciencia, contenci�n y voluntad de paz. No son ellos, sino el M�xico oficial, el que alienta, con su insensibilidad, su ceguera y su falta de sentido, la desestabilizaci�n y la amenaza de la violencia. Tal vez el sureste del pa�s est� pr�ximo a una nueva explosi�n indeseable y de consecuencias impredecibles pero necesariamente graves. Es posible que la sociedad deba salir de nueva cuenta a las calles a despertar a las autoridades de su prolongada siesta sexenal, a decirles que en Chiapas se gesta un nuevo estallido y que la responsabilidad corresponde, una vez m�s, al gobierno.