Magdalena Gómez
La Jornada

A cuatro años de la contrarreforma indígena de 2001 encontramos que no sólo tuvimos razón en nuestra crítica, sino que nos quedamos cortos en cuanto a sus alcances. El acceso al uso y disfrute de recursos naturales fue el tema central del rechazo; sin embargo, lejos de quedar estática una reforma sin legitimidad encontramos ahora que se ha caminado en su fortalecimiento por una suerte de "esquizofrenia jurídica", pues se ha legislado sobre la materia y no sobre el sujeto de derecho al cual se le ha convertido en frase hueca y sin sentido que sirve para justificar que se "toma en cuenta" a los pueblos indígenas y cerrar la pinza ya no sólo contra la autonomía de los pueblos, sino contra su existencia misma al sentar las bases para que sean privados de los territorios de que aún disfrutan. Se trata de "hacer como que se les reconoce y como que se les respeta".
Es el caso de Ley de Biodiversidad de Organis-mos Genéticamente Modificados que en materia indígena declara dentro de los principios en su artículo 9º que "El Estado Mexicano cooperará en la esfera del intercambio de información e investigación sobre los efectos socioeconómicos de los OGM, especialmente en las comunidades indígenas y locales". O en la ley minera que los coloca en situación de "preferencia" frente a las personas físicas siempre y cuando cumpla los requisitos para que le otorguen una concesión de explotación; mas la generosidad no queda ahí, pues también tienen el "derecho" de mejorar la oferta económica.
En las nuevas leyes se mete a todos "los sujetos" en la misma canasta con la esperanza de que opten por dividirse y no reivindicar al pueblo, al fin que da lo mismo presentarse como ejido, comunidad agraria, pueblo o comunidad indígena, pues las leyes los mencionan en el mismo plano para gozar de "preferencias" en las concesiones y contratos que están a la orden del día.
Asistimos al reforzamiento de la privatización mediante leyes centradas en la biodiversidad y se perfila paulatinamente la desaparición del espacio propio del derecho público para dejar todo el espacio jurídico sujeto a las leyes del mercado. Lo que se observa es la continuidad con la también contrarreforma del artículo 27 constitucional.
No deja lugar a dudas al respecto la declaración que hiciera el presidente Vicente Fox al finalizar la Cumbre de Monterrey: "debemos aceptar la restricción de la soberanía de nuestros estados sobre ciertos bienes de provecho para la humanidad como los bosques y la biodiversidad" (marzo de 2002).
Por otra parte, el Senado ha remitido a la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre consulta en la que nuevamente observamos la resistencia al reconocimiento de los pueblos indígenas y la abierta violación al respeto a sus formas propias de organización social y política. Basta detenernos en la definición que se encuentra en el artículo 2: "Para los efectos de la presente ley se entenderá por consulta al procedimiento en el que se establece un diálogo intercultural con los pueblos y comunidades indígenas con el propósito de darles a conocer iniciativas legislativas que les competen directamente, a través de la que manifiestan su opinión y formulan propuestas respecto de las mismas, por métodos de entrevistas técnicamente apropiados". Pero no se queda ahí y más adelante oficializan los foros en suplantación de las formas propias indígenas. Lejos quedan los criterios de la OIT relativos a que las consultas deben buscar un acuerdo.
En otras leyes, como la de vida silvestre o la de desarrollo rural sustentable, hacen intervenir a la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en suplencia de los derechos de los pueblos indígenas que ya vemos tienen su autonomía de papel.
Queda así un andamiaje jurídico que hace principalmente de la Secretaría de Medio Ambiente la administradora general del remate de recursos estratégicos. Ciertamente preocupa que ante la opinión pública -insistimos y lo hacen los sindicatos en la no privatización del petróleo y la electricidad- está oculta esta cara de la privatización: la de recursos genéticos, la del camino para patentar los recursos de los territorios indígenas.
En este escenario los migrantes indígenas han salido de sus pueblos ante la crisis en sus medios tradicionales de subsistencia, dejando en ellos sus símbolos, su cosmovisión, su identidad y sus familias, a las que envían recursos que hoy forman parte de los signos de "vitalidad" de la economía nacional. ¿Cuál puede ser el incentivo para volver si ya ni el maíz está seguro, pues es sustituido por transgénicos o por plantaciones que fueron "contratadas" a las comunidades bajo el pago de "servicios ambientales"? Estos son los saldos de los "festejos" que hace 13 años hicieran los estados sobre el llamado quinto Centenario.