Zapatismo
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Todos los poderes contra la autonom�a zapatista
Tanta movilizaci�n militar en Chiapas contra las comunidades zapatistas no
se hab�a visto en muchos a�os. Ej�rcito, Polic�as y paramilitares est�n cercando
a las comunidades aut�nomas, provoc�ndolas, intimid�ndolas, fabricando
incidentes entre ind�genas y campesinos. No son hechos aislados, hay un
incremento alarmante de la presi�n armada y una notable despreocupaci�n de los
poderes responsables de detenerla. �ste es un recuento de lo ocurrido en los
siete primeros meses del a�o. Es tambi�n un llamado de alarma y la convocatoria
a una solidaridad que no baje la guardia.
Jorge Alonso *
Revista Env�o N� 317, Managua, agosto 2008
Los poderes opresores de M�xico se han propuesto impedir que la autonom�a
zapatista subsista y se propague. El poder ileg�timo presidencial panista, el
poder del ej�rcito, los poderes de los paramilitares promovidos por el gobierno,
el poder perredista estatal de Chiapas, los poderes locales -tanto pri�stas como
perredistas- y el poder medi�tico se han coaligado en una ofensiva para tratar
de arrasar con las comunidades aut�nomas zapatistas. Calculan que �se es el paso
previo y estrat�gico para aplastar al EZLN y a su proyecto libertario.
LA EMBESTIDA ACTUAL
En Env�o hemos ido dando cuenta de los muchos ataques contra los zapatistas. En
lo que va de 2008 la ofensiva antizapatista se ha vuelto m�s agresiva. Lo que
sigue no es una lista exhaustiva, s�lo algunos ejemplos de la embestida actual.
Desde principios del a�o han sido amenazados de muerte dirigentes de bases
zapatistas en varias comunidades. Tambi�n muchas comunidades han sufrido
incursiones amenazantes de paramilitares que les han robado animales y otras
pertenencias. En enero tomaron posesi�n nuevos alcaldes chiapanecos, muchos de
los cuales anunciaron que desalojar�an de sus territorios a las comunidades
aut�nomas. En Zinacant�n persiste el problema del despojo de un manantial a una
comunidad zapatista. Las comunidades zapatistas anunciaron que defender�an sus
tierras, aunque los encarcelaran o los mataran. En febrero, una brigada de la
Comisi�n Federal de Electricidad, instigada por paramilitares, dej� sin luz a
varias familias de las bases zapatistas. Polic�as municipales agredieron a
comunidades aut�nomas. Se denunci� que hab�a muerto un zapatista que hab�a sido
atropellado intencionalmente. Grupos paramilitares asaltantes de caminos
intentaron vanamente inculpar de sus fechor�as a los zapatistas. Ese mismo mes
bases zapatistas retuvieron por unas horas a una persona que se present� como
reportero y era un agente del Centro de Investigaci�n y Seguridad Nacional del
gobierno federal, apoyado en su labor de espionaje por polic�as estatales. La
Junta de Buen Gobierno "Coraz�n del arcoiris de la esperanza" denunci� que unas
mujeres que hab�an ido a ba�arse hab�an sido agredidas por polic�as estatales y
que la comunidad hab�a tenido que defenderlas. Muchas comunidades aut�nomas han
padecido constantes sobrevuelos rasantes de helic�pteros, y permanentes
patrullajes de cuerpos policiacos y del ej�rcito. Tambi�n se reiter� la denuncia
de que los programas sociales eran usados dentro de un esquema de
contrainsurgencia.
"RECIBIENDO DEL GOBIERNO CONFLICTOS Y DOLOR"
En marzo, la organizaci�n civil "Las Abejas" acus� al responsable federal de la
Comisi�n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Ind�genas y al Secretario de
Desarrollo Social de haber ingresado sin su autorizaci�n al centro ceremonial de
Acteal. "Quieren enga�arnos y comprar nuestras conciencias con migajas para
acallarnos y decir que tenemos relaci�n y confianza con el gobierno", dijo. Esta
organizaci�n se�al� que, tanto el gobierno federal como el estatal llevaban a
cabo una campa�a medi�tica para enga�ar y confundir a la opini�n p�blica. Ese
mes, el Caracol zapatista n�mero V se vio en la necesidad de emitir un
comunicado: hac�a del conocimiento de la sociedad civil los diferentes problemas
que estaban sufriendo los zapatistas por los ataques a su caminar en autonom�a.
"El mal gobierno nos quiere seguir desconociendo y despojando de nuestro derecho
a vivir y a disfrutar de lo que la madre tierra nos da". Estaban en contra,
tanto del alto costo de la energ�a el�ctrica como de los impuestos sobre la
tierra, "que debe ser de quien la trabaja".
De muchos modos, las comunidades zapatistas estaban sufriendo presiones para que
abandonaran su resistencia.
El mal gobierno hab�a llenado de odio a los paramilitares para que trataran de
arrebatarles su derecho a la tierra. Recordando que la lucha zapatista hab�a
tra�do avances a todos, tanto a los ind�genas como a los no ind�genas,
reconoc�an que la lucha zapatista estaba recibiendo del gobierno "conflictos y
dolor".
En abril, en varios Caracoles se conmemor� a Emiliano Zapata con actos
comunitarios. Tambi�n se increment� la presi�n de ganaderos dispuestos a
despojar de sus tierras a los zapatistas. Ese mes, el gobierno federal decidi�
poner fin a la Coordinaci�n para el Di�logo y la Negociaci�n en Chiapas
aduciendo que era innecesaria su existencia. Pretextando proyectos de
ecoturismo, el gobierno en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) se ha
propuesto incursionar en territorio zapatista. Una comunidad zapatista se quej�
de la negligencia y racismo en un hospital regional que hab�a propiciado la
muerte de una mujer de 72 a�os. Se denunci� que la Secretar�a de Gobernaci�n
hab�a querido utilizar a ind�genas de base zapatistas para poder ubicar a
dirigentes del EZLN, lo que no logr�.
AMENAZAS, PROVOCACIONES
A finales de abril medio millar de elementos armados ingresaron violentamente en
una comunidad zapatista, pateando puertas y allanando moradas. Secuestraron a
algunos zapatistas que, despu�s de la acci�n de organismos de derechos humanos,
fueron liberados. Esa comunidad tambi�n sufri� por parte de la polic�a. Aunque
se multiplicaban las amenazas de despojo de tierras, tambi�n se incrementaban
las respuestas zapatistas para defenderlas. Las comunidades agredidas se
quejaron de tratos degradantes. Con incendios provocados trataron de da�arlos.
En mayo, varias Juntas de Buen Gobierno informaron que era tiempo de defender lo
que les correspond�a y que eso estaban haciendo. En los municipios aut�nomos
aseguraban que el proceso de autonom�a prosegu�a pese a las agresiones
contrainsurgentes. La Junta de Buen Gobierno de los Altos de Chiapas se opuso a
las maniobras de despojo de una porci�n del territorio de uno de sus pueblos. El
caso evidenci� c�mo la aplicaci�n de programas agrarios por parte de autoridades
federales creaba conflictos entre las comunidades.
Hacia finales de mayo hubo denuncias de otras incursiones policiaco-militares en
comunidades zapatistas, con sobrevuelo de helic�pteros e incursiones de varios
veh�culos de distintas corporaciones con gente que portaba armas de grueso
calibre que allanaban casas sin orden judicial. Tambi�n la organizaci�n "Las
Abejas" denunci� que el fiscal del caso Acteal estaba amenazando a sus
dirigentes. En otras comunidades, grupos pri�stas agred�an a zapatistas en torno
a la disputa de agua y luz el�ctrica. La Junta de Buen Gobierno "Coraz�n del
arcoiris de la esperanza" desminti� que los zapatistas hubieran respondido a la
agresi�n. Oficialmente se hab�a hablado de un enfrentamiento. Ellos informaron
que los zapatistas hab�an tratado de dialogar, pero los pri�stas se hab�an
mostrado intransigentes y lo que sucedi� fue una provocaci�n.
PELIGRO DE ENFRENTAMIENTO
A finales de mayo los zapatistas hac�an del conocimiento de la sociedad civil de
incursiones militares en al menos tres regiones chiapanecas. Las agresiones iban
subiendo de tono. La Procuradur�a Federal de Protecci�n al Ambiente, apoyada por
polic�a federal, hab�a desalojado a campesinos en Montes Azules. El Caracol de
La Garrucha conden� un operativo militar en su territorio. Los militares
pretextaban que buscaban sembrad�os de mariguana, pero las autoridades
zapatistas han demostrado que en sus territorios no se siembra ni se consume
droga.
A principios de junio la Junta de Buen Gobierno de Oventic previ� hechos
lamentables si segu�an las agresiones, y se quej� del incremento del
hostigamiento por parte de perredistas. Pero la estrategia de acoso sigui�, y no
se detuvieron las incursiones militares contra comunidades zapatistas. En El
Carrizal las mujeres impidieron el paso al ej�rcito. Increparon a los militares
diciendo que quer�an libertad, justicia y democracia, y no soldados. No
obstante, los militares amenazaron con volver en unas semanas. Las autoridades
zapatistas dijeron que estaban especialmente preocupadas pues se trataba de una
provocaci�n cuantitativa y cualitativamente mayor a las anteriores y que el
peligro de enfrentamiento se acrecentaba. Los zapatistas decidieron organizar
mejor la vigilancia y la resistencia ante la amenaza del regreso de los
militares a sus pueblos. Mientras tanto todos los d�as siguieron los patrullajes
del ej�rcito en las ca�adas zapatistas.
EL CASO DEL CERRO HUITEPEC
Otro conflicto grave se dio en el municipio de San Crist�bal de las Casas. En el
a�o 2007 los zapatistas declararon una extensi�n de 102 hect�reas en el cerro
del Huitepec como reserva ecol�gica comunitaria. En 2008, el nuevo alcalde
pri�sta amenaz� con desalojar a los zapatistas de esa zona. En mayo, la Junta de
Buen Gobierno "Coraz�n c�ntrico de los zapatistas delante del mundo" lanz� un
comunicado, a ra�z de difundirse la noticia de que personas "supuestamente
desconocidas" hab�an envenenado un pozo de agua que abastec�a a una colonia de
la ciudad de San Crist�bal de las Casas. La Junta de Buen Gobierno record� que
las bases zapatistas hab�an estado protegiendo la zona ecol�gica de Huitepec. No
obstante, hab�a aumentado el hostigamiento del mal gobierno, que sin
consultarlos, despu�s que ellos hab�an declarado la reserva ecol�gica, hab�a
decretado la expropiaci�n dizque para crear un �rea natural protegida. En abril,
unos pobladores de una rancher�a se hab�an quejado de que el agua que sal�a de
los pozos del cerro no se distribu�a justamente, pues ellos llevaban viviendo
ah� mucho tiempo y por ser pobres no recib�an suficiente agua, mientras los
ricos que hab�an llegado despu�s ten�an ese recurso en abundancia. La Junta de
Buen Gobierno comunic� a los pobladores quejosos que el agua estaba dentro de la
reserva zapatista y que har�an que el agua se distribuyera tambi�n a los pobres.
LA LUCHA POR EL AGUA
Mientras hac�an una inspecci�n, los zapatistas hab�an encontrado a una docena de
personas que estaban en los manantiales. Quien los dirig�a, hab�a dicho de
manera agresiva que no pedir�a permiso a la Junta de Buen Gobierno para hacer
uso de los manantiales. Los de la Junta le respondieron que no era esa la manera
de entenderse y que deb�an acudir a la Junta antes de hacer alg�n trabajo en la
reserva, que no se trataba de quitarles el agua sino de distribuirla tambi�n a
los pobres.
El portavoz del grupo que encontraron los zapatistas insisti� en que no le
importaba lo que dijera la Junta de Buen Gobierno. Los representantes de �sta se
dieron cuenta de que con esas personas no se pod�a llegar a un acuerdo.
Acudieron con la gente pobre que vive en los alrededores del Huitepec para
exhortarlos a no dejarse enga�ar, para reiterarles que los zapatistas luchaban
por la vida de los pobres y de toda la gente buena y honesta, y para orientarlos
a buscar a la Junta de Buen Gobierno para encontrar la manera de distribuir con
justicia el agua que brotaba de la madre tierra. En cuanto al envenenamiento, la
Junta de Buen Gobierno anunci� que se estudiar�a qu� sustancias hab�an sido
introducidas al agua. Al parecer, hab�a sido contaminada con herbicidas. Los
pri�stas de San Crist�bal de las Casas quisieron inculpar a los zapatistas, pero
no pudieron probar esa falsa acusaci�n. Una provocaci�n m�s.
�PREOCUPACI�N ECOL�GICA?
A mediados de junio, un grupo pri�sta intent� entrar a la reserva zapatista
pretextando que quer�a sembrar �rboles, pero con la intenci�n de apoderarse de
la zona. Como los zapatistas sostienen una movilizaci�n continua y rotatoria,
pese a las confrontaciones verbales y a las amenazas, los pri�stas no pudieron
ingresar al �rea protegida. En la prensa se ha demostrado que la preocupaci�n
ecologista del alcalde es puro enga�o, pues se preocupa m�s por alentar
fraccionamientos exclusivos, muchos de los cuales han atentado contra mantos
h�dricos de la ciudad. En cambio, la zona de la reserva ha sido protegida por
los zapatistas con fines ambientalistas.
En julio se difundi� que el gobierno municipal, intentar�a, con apoyo federal
desalojar de esa �rea a los zapatistas. El alcalde fue acusado de "comprar
apoyo" para despojar a los zapatistas, quienes se declararon listos para
resistir el desalojo de una tierra que es de sus antepasados.
CENTENARES DE PRESOS POL�TICOS
Durante los primeros meses del 2008 otro proceso conmocion� a Chiapas. Varias
decenas de presos en c�rceles de ese estado se pusieron en huelga de hambre para
que les restituyeran sus derechos, pues hab�an sido privados de su libertad sin
observar un debido proceso legal y hab�an sido sometidos a tortura y a tratos
crueles e inhumanos para obtener declaraciones autoinculpatorias. En M�xico y en
Europa hubo muchas movilizaciones de apoyo a los ayunantes.
A finales de marzo fueron puestos en libertad algunos de ellos y los dem�s
siguieron en su lucha. El Comit� de Derechos Humanos Fray Bartolom� de las Casas
(CDHFBC) plante� que se deb�an considerar como derecho interno los tratados
internacionales firmados por el gobierno mexicano. El caso pon�a en evidencia la
crisis penitenciaria mexicana. Se volvi� a tratar el caso de dos zapatistas
encarcelados injustamente en Tabasco por un crimen que no hab�an cometido,
calific�ndolos evidentemente como presos pol�ticos a quienes el gobierno hab�a
querido utilizar para presionar a los zapatistas. Estos presos tambi�n se
sumaron a la huelga de hambre. La Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios
denunci� que esos presos hab�an sido trasladados de Tabasco a una c�rcel
chiapaneca. El CDHFBC exigi� que fueran excarcelados. A finales de mayo
defensores de derechos humanos denunciaron el trato cruel que se daba a los
presos pol�ticos.
A principios de junio fueron puestos en libertad los dos zapatistas despu�s de
haber padecido doce a�os de injusta prisi�n. El peri�dico "La Jornada" record�
que el gobernador chiapaneco hab�a reconocido al inicio de su gesti�n que hab�a
en Chiapas centenares de ind�genas presos por causas pol�ticas, condenados en
procesos judiciales plagados de irregularidades, muchos de ellos ligados al
zapatismo. Hab�a prometido revisar cientos de expedientes que hab�an sido
identificados como casos de represi�n, pero hab�a cumplido s�lo en parte y a
cuentagotas. En julio, el CDHFBC denunci� la persecuci�n, agresi�n y amenaza de
muerte perpetrada por paramilitares contra uno de los defensores de los presos
pol�ticos.
APOYO AL "LABORATORIO AUT�NOMO IND�GENA"
Los zapatistas no est�n solos. En varias ciudades europeas se han organizado
movilizaciones de apoyo a sus comunidades. En Atenas, un encuentro internacional
zapatista se manifest� en contra de la embestida del gobierno mexicano contra
las comunidades zapatistas, exigi� que se cumplieran los Acuerdos de San Andr�s
y demand� la libertad de los presos pol�ticos. Grupos anarquistas lanzaron un
comunicado en el que se�alan que la lucha de los zapatistas "en contra del
opresivo y explotador estado de cosas, tanto en M�xico como en todo el mundo,
constituye el esperanzador ejemplo de un laboratorio aut�nomo ind�gena donde la
democracia verdadera se ejerce por todos y para todos". Consideraban la lucha de
los zapatistas como expresi�n de la guerra social global y de muchos niveles en
contra de toda forma de explotaci�n y dominaci�n y en contra de la
descomposici�n de lo humano.
La Comisi�n Civil Internacional de Observaci�n por los Derechos Humanos (CCIODH)
en su sexta visita a M�xico analiz� las amenazas en contra de las comunidades
zapatistas. Sostuvo que en la masacre de Acteal hubo responsabilidad
gubernamental y, a pesar de ello, despu�s de tantos a�os no se hab�a hecho
justicia y prosegu�a la impunidad. Constat� que campesinos zapatistas hab�an
sido agredidos y torturados y al presentar el informe de su sexta visita alert�
sobre lo "extremadamente cr�tica" de la situaci�n de los derechos humanos en
M�xico. Manifest� su profunda preocupaci�n por las incursiones policiaco-militares
en comunidades zapatistas. Otras organizaciones de derechos humanos evidenciaron
que la movilizaci�n militar en Chiapas era de tal magnitud que no se hab�a visto
en a�os.
APRETANDO EL CERCO MILITAR
El Centro de An�lisis Pol�tico e Investigaciones Sociales y Econ�micas de
Chiapas (CAPISE) ha puntualizado que, ante la decisi�n de los zapatistas de
organizar la Otra Campa�a por todo M�xico para construir alternativas a la
situaci�n imperante, el gobierno hab�a respondido con mayor militarizaci�n y
ataques a las bases zapatistas. Se hab�a incrementado la ofensiva en contra de
los pueblos zapatistas y el Subcomandante Marcos hab�a vuelto a la
clandestinidad. El Ej�rcito hab�a aumentado su presencia en territorio zapatista
con el pretexto del combate a la droga y el gobierno hab�a logrado un silencio
medi�tico -a excepci�n de "La Jornada"- sobre la militarizaci�n y sobre los
constantes ataques a comunidades zapatistas.
Desde la llegada de Calder�n a la Presidencia de la Rep�blica se han establecido
79 campamentos militares en Chiapas, de los cuales 56 en territorio ind�gena, un
90% de ellos con tropas especiales que se apoyan en paramilitares. Los
paramilitares est�n conformados por ind�genas a los que se quiere enfrentar a
los zapatistas para hacer aparecer que los problemas son por conflictos
intercomunitarios. El gobierno ha lanzado operaciones militares contra
autoridades civiles zapatistas, y est� cerrando las pinzas con la construcci�n
de nuevas carreteras para apretar m�s el cerco militar sobre la zona zapatista.
En la estrategia gubernamental est� tambi�n la "pantalla" de la protecci�n al
medio ambiente. Por otro lado, las organizaciones civiles de apoyo a las
comunidades zapatistas se han desgastado en las campa�as de liberaci�n de presos
pol�ticos. Algunos se liberan, pero son apresados otros. El CAPISE ha encontrado
que el despliegue de las fuerzas castrenses se ha redefinido de manera alarmante
en contra de los zapatistas. El despliegue t�ctico-militar corresponde a una
l�gica de guerra regular e irregular, y penetra en zonas francas donde suponen
se mueve "un supuesto enemigo". El ej�rcito violenta las zonas francas, cierra
el espacio de libre movimiento que debe existir en tiempos de tregua y de paz,
obstaculiza el espacio de lucha civil y pac�fica propuesto por los pueblos
zapatistas y muestra intransigencia contra pueblos que construyen un proyecto
integral en materia de libre determinaci�n ind�gena.
As�, se est� mostrando el rostro de un gobierno impuesto que reprime y despoja
con escandalosa impunidad. La nueva ofensiva se centra de manera muy concreta en
contra del EZLN, de las autoridades civiles zapatistas, de sus bases de apoyo, y
contra la Otra Campa�a.
EL "OLOR DE GUERRA"
El periodista de "La Jornada" Luis Hern�ndez Navarro escribi� sobre la nueva
provocaci�n gubernamental contra el zapatismo. Aunque desde 1994 el gobierno ha
querido ligar a los zapatistas con el narcotr�fico para desprestigiarlos, no lo
ha logrado porque los zapatistas prohiben la siembra y el tr�fico y consumo de
enervantes. Ni siquiera permiten beber y vender alcohol en sus territorios.
El nuevo intento, burdo, de los gobernantes para ligar al zapatismo con el
crimen organizado quiere aprovechar la ola de resentimiento nacional en contra
del narcotr�fico tratando de erosionar las corrientes de opini�n favorables a
los zapatistas y poderles propinar un golpe definitivo. Los zapatistas han
respondido al gobierno que los deshonestos, terroristas y narcotraficantes no
est�n en zonas zapatistas, "sino enredados con el mal gobierno". El periodista
inform� que el Ej�rcito mont� una de sus m�s peligrosas provocaciones en un
sitio que acababa de ser visitado por el Subcomandante Marcos.
Desde La Otra Jovel, Eugenia Guti�rrez difundi� un art�culo que titul� "El
olfato del Subcomandante". A medio a�o de que Marcos dijera que "ol�a a guerra",
las agresiones contra los zapatistas se han agudizado en grado sumo: los
testimonios de la violencia del Estado -reportada constantemente por las Juntas
del Buen Gobierno, documentada por organismos civiles, y videograbada por
brigadistas solidarios- dan cuenta de ese olor b�lico. A pesar de esto, las
comunidades, aunque est�n a la espera de la ofensiva militar, siguen haciendo su
vida cotidiana.
UN A�O DE ATROPELLOS
En mayo de 2008 el CDHFBC public� su balance anual de los derechos humanos en
Chiapas. Abarca de marzo de 2007 a marzo de 2008. Constata desalojos forzados,
por ejemplo en Montes Azules, donde se documentaron agresiones contra
comunidades que ten�an varias d�cadas de asentamiento. Da cuenta de desalojos,
asesinatos, desplazamientos, da�os materiales, desaparici�n de poblaciones,
fragmentaci�n social de las organizaciones que ten�an la posesi�n de la tierra.
Todas, acciones perpetradas por funcionarios gubernamentales. Documenta la
criminalizaci�n de la protesta social. Anota que el engranaje institucional
promueve la inconformidad, la protesta y la resistencia, modifica la legislaci�n
penal y persigue y hostiga a los luchadores sociales violentando los m�s
elementales derechos humanos. El gobierno equipara a los luchadores sociales con
delincuentes y est� en contra de quienes defienden los derechos humanos.
La lucha de los presos pol�ticos por demostrar su inocencia ha evidenciado la
ineficacia y la politizaci�n del sistema de justicia. No obstante, el hecho de
que varios consiguieron su liberaci�n apoyados por movilizaciones c�vicas
muestra que la acci�n solidaria puede contrarrestar la criminalizaci�n de la
protesta social. El CDHFBC hizo una larga lista en donde se ve que violadores de
los derechos humanos se reciclan en nuevos puestos de poder pol�tico y se sigue
encubriendo a los responsables de la pol�tica genocida en Chiapas.
NO SON HECHOS AISLADOS
Hay una nueva ofensiva que va contra la poblaci�n con el fin de garantizar
condiciones de mayor enriquecimiento de los poderes econ�micos. La nueva clase
pol�tica traiciona la voluntad democr�tica para favorecer a unos pocos a costa
de las mayor�as en medio de violaciones a los derechos humanos.
Despu�s de su informe, el CDHFBC registr� un n�mero r�cord de incursiones
militares y policiacas en comunidades de Chiapas, que responden a una l�gica de
contrainsurgencia, donde operan de manera mixta fuerzas militares, policiales y
actores locales, en despliegues t�cticos sobre territorios donde existe una
poblaci�n civil organizada en torno a justas demandas sociales. Los testimonios
hablan de allanamientos, agresiones f�sicas y verbales. Los ya numerosos
operativos documentados muestran la agudizaci�n del plan de contrainsurgencia
mediante el desprestigio de comunidades y organizaciones con el objetivo de
ganar para el gobierno el apoyo de la poblaci�n civil, estableciendo un clima de
hostigamiento sicol�gico por medio del despliegue territorial y de
reconocimiento, lo que les permite tambi�n observar la respuesta de la que es
capaz la poblaci�n a tales operaciones. Las incursiones militares son asistidas
por actores federales, estatales y locales, no corresponden a hechos aislados y
responden a una l�gica de ofensiva a poblaciones ind�genas en resistencia.
En junio, el ministro jubilado de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n
hab�a dicho que advert�a el renacimiento del delito de "disoluci�n social". En
un manifiesto p�blico de luchadores sociales y de personalidades se se�al� que
el gobierno y la derecha intentan criminalizar la solidaridad, la conciencia, el
pensamiento cr�tico y la investigaci�n social para proscribir y aniquilar una
larga tradici�n de hermandad que ha caracterizado al pueblo mexicano.
SOLIDARIDAD DEL MST
Gustavo Esteva, acad�mico comprometido con las luchas populares llam� la
atenci�n de que se ha llegado a una situaci�n l�mite: ante las agresiones a sus
comunidades, a los zapatistas no se les deja m�s opci�n que la defensa armada.
La especialista en Derecho Ind�gena Magdalena G�mez consider� que los recientes
operativos del Ej�rcito y de las diversas polic�as en el territorio ocupado por
las Juntas de Buen Gobierno zapatistas muestran la decisi�n de romper con el
espacio de gobierno ind�gena que se ha logrado construir y desde la sociedad
civil hay que cuestionarse por qu� no existen espacios de interlocuci�n a ning�n
nivel. La Comisi�n de Concordia y Pacificaci�n en el Congreso de la Uni�n es
s�lo una reliquia enmohecida. As�, no hay raz�n para que la sociedad civil se
cruce de brazos ante la embestida brutal contra las comunidades zapatistas.
A mediados de julio el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de
Brasil manifest� indignaci�n y rechazo total por las incursiones militares en
las comunidades zapatistas. Este movimiento social teme que se declare una
guerra abierta que el Estado mexicano procurar�a legitimar, pero cuyo verdadero
objetivo es la destrucci�n del Ej�rcito Zapatista de Liberaci�n Nacional.
Advirtieron que si el gobierno mexicano contin�a atacando a las comunidades
zapatistas, ese importante movimiento brasile�o utilizar� todos los medios a su
alcance para generar movilizaciones de solidaridad con los zapatistas y en
repudio a la pol�tica militar y represiva del Estado mexicano. Los Sin Tierra
brasile�os exigen al gobierno mexicano retirar las fuerzas armadas destacadas en
la zona de conflicto en Chiapas.
Tambi�n m�s de doscientos colectivos de varias partes del mundo exigieron al
gobierno de M�xico cesar sus agresiones a los zapatistas y lamentaron el
silencio c�mplice de los medios de comunicaci�n mexicanos.
En M�xico, un grupo de abogados democr�ticos entreg� en las embajadas de
Francia, Italia, Dinamarca y Alemania una carta solicitando a los respectivos
gobiernos miembros de la Uni�n Europea recomendar al gobierno mexicano que
respete la ley y deje de agredir y hostigar con el Ej�rcito a las comunidades
zapatistas. Se�alaron que se estaba violando la Ley para el Di�logo, la
Conciliaci�n y la Paz Digna en Chiapas aprobada hac�a a�os por el Congreso de la
Uni�n, as� como los instrumentos internacionales de derechos humanos.
LAS NUEVAS FORMAS DE HACER POL�TICA
Gilberto L�pez y Rivas, con larga experiencia en el estudio de las autonom�as,
ha reflexionado sobre la propuesta para una nueva democracia por medio de la
autonom�a. Est� convencido de que los zapatistas han trascendido el autogobierno
y lo han profundizado a partir del "mandar obedeciendo", de la rotaci�n de
cargos de autoridad, de la revocaci�n del mandato, de la participaci�n planeada
y programada -en donde intervienen mujeres y j�venes y no s�lo los adultos
varones-, de la reorganizaci�n equitativa y sustentable de la econom�a, de la
adopci�n de una identidad pol�tica anticapitalista y de la b�squeda de alianzas.
Los zapatistas han realizado un cambio cualitativo de las autonom�as
apropi�ndose de su territorio al extender el poder desde abajo. Esto ha
implicado una ruptura con las viejas formas de la pol�tica.
Los zapatistas han visto a la pol�tica como algo tan serio que no puede ponerse
en manos de los pol�ticos profesionales y han creado otra forma colectiva de
hacer pol�tica. Impulsan una red multi�tnica de comunidades, regiones y pueblos
diversos. Se preocupan por ir m�s all� de los conflictos intercomunitarios por
linderos y recursos, dando respuestas unidas ante los embates de los estados y
de las organizaciones capitalistas. Van conformando un sujeto auton�mico que
garantiza la cohesi�n interna por medio de la construcci�n de consensos, de una
aut�ntica democracia verdaderamente participativa, tratando de superar
divisiones �tnicas y pol�ticas, luchando contra la corrupci�n y los intentos de
cooptaci�n por parte del Estado. Este nuevo sujeto impulsa la movilizaci�n de
pueblos y comunidades en la defensa de sus derechos y de sus demandas.
L�pez y Rivas enfatiza que este tipo de autonom�a est� lejos de los estereotipos
de autarqu�a que se les ha querido endilgar. Los procesos auton�micos producen
cambios sustanciales, rechazan la aculturaci�n modernizante y el repliegue
tradicionalista y defienden de veras el bien com�n, la solidaridad y el respeto
a la naturaleza, trasponiendo los l�mites de la etnicidad. Es �sa la autonom�a
que los poderosos, con el Estado mexicano a la cabeza, quisieran destruir
completamente atacando a los zapatistas.
ZAPATISTAS: CONSTANTES EN LA V�A PAC�FICA
El fil�sofo Luis Villoro ha insistido en que la democracia que quieren los
zapatistas es una en la que no quepa la violencia ni la represi�n. Y
efectivamente, han ido consolidando un proyecto de construcci�n de un mundo en
el que quepamos todos. Con el grito "Ya basta" irrumpieron militarmente en 1994,
pero pronto aceptaron el llamado de grandes sectores de la sociedad civil
nacional e internacional para que en lugar de hacer hablar a las armas dieran
espacio al intercambio de las palabras. Emprendieron el camino del di�logo,
consiguieron la firma de los Acuerdos de San Andr�s en 1996, pero fueron
traicionados por el gobierno. Intentaron todas las v�as institucionales hasta
que en 2001 el Estado mexicano en su totalidad -con el acuerdo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial- los ignor� con la tramposa Ley Ind�gena, que
daba la espalda a lo fundamental de los acuerdos de San Andr�s.
Desde entonces optaron por construir por su cuenta espacios de autonom�a. Fuera
de las primeras semanas de enero de 1994, todo su caminar ha sido en la v�a
pac�fica. Su decisi�n ha sido radical en cuanto a la construcci�n de una nueva
convivencia social, en donde se respete la dignidad, haya participaci�n de
todos, se consiga una democracia de fondo y se busque la justicia.
Los zapatistas han sido heroicos en la adopci�n de la v�a pac�fica. Pero todos
sabemos que existe la leg�tima defensa. Los poderes opresores los han estado
agrediendo con la finalidad de arrinconarlos a la �nica salida de la leg�tima
defensa. La situaci�n es muy cr�tica. Pero todav�a podemos impedir que se
arranque de la tierra esa vital planta que es el zapatismo.
ES URGENTE, EL TIEMPO SE ACABA
Todo este recuento ha tenido por objeto sensibilizar a quienes est�n interesados
en los derechos humanos y a quienes se preocupan porque no se conculque la
dignidad humana para que encuentren las formas de detener las graves agresiones
que injustamente est�n padeciendo las ejemplares comunidades zapatistas.
Si fueran masacradas, el retroceso hist�rico ser�a muy severo y se abrir�a el
camino para que los intentos de b�squeda de una vida mejor para la mayor�a de
las personas sean cruelmente reprimidos. Hay que impedir el proyecto depredador
de los poderes opresivos levantando la voz, exhibi�ndolos mundialmente, e
imaginando y poniendo en acci�n medidas que garanticen la expresi�n pac�fica de
la autonom�a zapatista. Y hay que apurarse porque el tiempo se acaba.
* Investigador, corresponsal de Env�o en M�xico