El pasado 30 de julio, como a eso de las 6 de la tarde, nos enteramos de que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, estaba notificando a los seis ciudadanos vascos ­Félix Salustino García Rivera, Asier Arronategi Dualde, (naturalizado mexicano), María Asunción Gorrotxategi Vázquez, Juan Carlos Artola Díaz, José María Urkijo Borde y Ernesto Alberdi Elejalde, que estaba de acuerdo con el punto de vista de José César Flores Rodríguez, juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en el sentido de que eran extraditables al Reino de España.
Aquí expongo un punto de vista que se deriva de las anomalías y quebranto del estado de Derecho que se ha cometido desde que la embajadora del reino de España en México, Cristina Barrios Almanzor, solicitó peregrinamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República, la extradición de los seis ciudadanos vascos exiliados en nuestro país desde hace mas de doce años en promedio; las subsecuentes aprehensiones de los mismos mediante un operativo coordinado y eficaz en seis estados de la República ­que ya se quisiera para aprehender a conocidos delincuentes mexicanos­ y su ilegal privación de libertad por más de un año, sin que medie ninguna orden de aprehensión en su contra.
Anomalías que han sido exhibidas ante los funcionarios correspondientes y la opinión pública por la abogada Bárbara Zamora, sin que haya obtenido atención alguna.
De este actuar de la Procuraduría general de la República, del juez segundo de Distrito y de la burocracia mexicana encargada de las relaciones internacionales se puede ratificar lo expuesto por muchos eminentes juristas en el sentido de que, con dichas acciones sobre los seis ciudadanos vascos, el Gobierno de México no sólo ha desechado el actuar apegado a derecho: comprobación fehaciente de las imputaciones que se les hagan a los presuntos responsables de algún delito para poder privarlos de su libertad ­acciones de suyo graves y punibles­, sino que también ha olvidado que las historias no se resuelven ni continúan por mejores caminos si se impulsan con siniestras consignas.
Las historias de los pueblos y las naciones son complejos y contradictorios movimientos sociales. Si se quiere intervenir en ellas por petición de partes, debe hacerse no sólo apegados a derecho, sino también con conocimiento de las complicadas y contradictorias realidades que las anudan y las hacen ser tales. Actuar en contrario representa no nada más hacerlo oficiosamente, sino con parcialidad indiscutible que muy probablemente esconda intereses inconfesables.
Lo actuado en este año por la PGR, por el juez segundo de Distrito y la burocracia mexicana encargada de las relaciones internacionales, en el caso de los presos vascos, además de mostrar el quebranto del estado de Derecho, exhibe a todas luces su ciego acatamiento a la más burda, vulgar y siniestra consigna lanzada por el Gobierno español contra todo tipo de independentista vasco; porque los hay de lo que se puede llamar de derecha, centro e izquierda, radicales y moderados, siendo tan diversos que no se puede hablar de una unidad de acción, aunque sí del ideario común en todos ellos: el independentismo vasco. Ideario al cual verdaderamente se le persigue y criminaliza por parte de las autoridades centrales del reino de España a través del lanzamiento mundial de consignas como «todo independentista vasco es o forma parte de la organización clandestina político militar, conocida mundialmente por sus siglas como ETA.
Esa consigna no muestra, ni exhibe pruebas. Simplemente reproduce irracionalmente el rencor acumulado para defenestrar al adversario. Esas consignas sólo siembran la persecución y llevan a niveles insospechados el terror, la confusión, el odio y la venganza. No importando si a quienes se les imputa la consigna son o no miembros de dicha organización y hayan o no cometido acciones que se consideren por las autoridades centrales españolas como delictivas. La aplicación de esa consigna a cualquier individuo y aun a los exiliados sirve para crear sujetos expiatorios, que muestren a todos los vascos independentistas que el Estado español perseguirá aún en el extranjero y después de muchos años a todo aquel que haya o mantenga enarbolado el ideario independentista.
El odio, el rencor y la persecución del PP español hacia los independentistas vascos quedó expresamente de manifiesto en un acto tan hórrido y lamentable como los propios explosivos que hicieron volar vagones el 11 de marzo del presente año en la terminal del tren de Atocha, cuando ­sin razones, ni pruebas­ el Gobierno de Aznar inculpó a ETA y a todos los independentistas vascos de tan lamentable atentado, por cierto aún no aclarado por el Gobierno español.
El conflicto, histórico y actual, entre los independentistas vascos y los españolistas (aquellos que pugnan por la unidad de España a toda costa, sin importarles historias) es secular, diverso, complejo y, en muchos casos, ajeno a la posición y acciones de ETA.
Señalar a todo independentista vasco como parte de ETA es renunciar a la comprensión de las historias. Es actuar bajo la más burda de las consignas, en cuanto que todo independentista vasco es o forma parte de ETA. Con esta posición no sólo se criminaliza a ETA, sino a todo ciudadano independentista vasco.
Esa ha sido la forma de actuar de los gobiernos españoles en el conflicto con los independentistas vascos. Hasta hace unos años, los gobiernos mexicanos se habían mantenido al margen de aquel conflicto e inclusive, por razones histórico-humanitarias, otorgaron asilo político a ciudadanos vascos que eran perseguidos políticamente en España por las acciones que allá desarrollaban y que justamente les valieron para otorgarles el asilo político, que no sólo los librará de la persecución sino inclusive, de su encarcelamiento y torturas a los que serían sometidos.
Pero la administración «del cambio», la de Fox, también cambió los principios históricos mantenidos por el Estado mexicano con todas las naciones del mundo y los perseguidos políticamente en sus países. Ahora, la política de la administración foxista y la del juez segundo de Distrito consiste en sumarse al conflicto, colocándose del lado de una de las partes.
Con dicho posicionamiento, los funcionarios antes referidos asumen como propia la consigna terrorista y sin escrúpulos del Gobierno español y diligentemente se prestan, sin rubor, a la construcción de víctimas expiatorias que, en un supuesto tan burdo como la consigna misma, les hace suponer que con la aplicación de dicha consigna minarán de muerte no a los seis presos vascos, sino a todos los vascos que luchan por su independencia y soberanía.
La consigna actualiza el pasado y condena cualquier tipo de futuro. Son esos futuros de los ciudadanos vascos exilados en diversos países del mundo ­700 presos políticos entre España, Francia y México, así como más de 2.000 exilados­ a los que se persigue e intenta aniquilar para demostrar que no hay tregua, ni distancia que venza ese odio contra quienes han luchado por la independencia del pueblo vasco, aunque ya no estén inmersos en esa lucha.
El pasado de los seis presos vascos en México y su filiación al ideario independentista ­nunca vinculado a actividades criminales o punibles dentro del País Vasco o del reino de España porque no están exhibidos en la solicitud de extradición­ los condena hacia el futuro.
Ellos han de ser perseguidos, criminalizados y encarcelados en donde se encuentren. Para ello basta cual- quier imputación. como el «lavado de dinero para ETA». Este simple señalamiento sin prueba alguna es suficiente para ser aprehendidos y conculcadas sus garantías individuales.
Ese es el mensaje de la consigna española: ningún independentista vasco tendrá descanso. Será perseguido y hostigado a donde vaya. No importa que en algunos países, sean liberados por falta de pruebas. Por lo pronto, ya se la pasaron mal y se han empobrecido moral y materialmente. El rencor no perdona a los adversarios, ni a los idearios. Para quienes los portan, no hay descanso.
Para contrarrestar al ideario independentista vasco se construyó otro que está lleno de rencor e irracionalidad al que, por desgracia, se han sumado los que se han alzado con los poderes públicos de nuestra nación.
Sepan los vascos de aquí y de allá que muchos mexicanos condenamos y nos oponemos, por todos los medios que están a nuestro alcance, a este tipo de actitudes que le dan la espalda a una historia ­la doctrina estrada­ y a uno de los derechos más sagrados de los hombres: el respeto al asilo político. -
* Felipe I. Echenique es investigador de la Dirección de Estudios Históricos, del Instituto Nacional de Antropología de México