El Tribunal Constitucional deniega el recurso de amparo a la formación política ilegalizada y confirma que las ideas no son libres en el estado español

Gara

Los seis magistrados de la Sala Primera del Tribunal Constitucional español acordaron por unanimidad denegar el recurso de amparo presentado por la defensa de Herritarren Zerrenda contra la sentencia de ilegalización dictada días antes por el Tribunal Supremo. De este modo, el Alto Tribunal ha vuelto a excluir del proceso electoral en el Estado español a una opción ideológica respaldada por decenas de miles de ciudadanos vascos, tal y como sucediera hace algo más de un año con AuB y más de doscientas plataformas municipales.
En su sentencia, a la que tuvo acceso GARA, la Sala presidida por Manuel Jiménez de Parga defiende que «las ideologías son en el ordenamiento constitucional español absolutamente libres», pero apunta que existe una excepción para «los que se sirven para su promoción y defensa de medios ilícitos o violentos y de la intimidación terrorista para la consecución de sus fines», aunque no se recoge cuáles son concretamente los medios «ilícitos y violentos» empleados por HZ.
Una de las claves de la sentencia se halla entre sus últimos párrafos, cuando se indica que «tan pronto se cierna sobre una agrupación electoral la sospecha fundada de connivencia con el terror o con formaciones que han sido proscritas en razón de esa connivencia», el TC considera «aceptable» que «pueda esperarse de ella una declaración inequívoca de distanciamiento, rechazo y condena de cuanto representa una organización criminal y sus instrumentos políticos».
El TC recoge y hace suyos buena parte de los argumentos empleados en la sentencia del Tribunal Supremo. Así, considera prueba de delito que personas relacionadas con partidos ilegalizados se situaron, durante la presentación de HZ en el Palacio Miramar de Donostia, en «un lugar preferente detrás de la persona que realizaba la presentación y junto al cartel de la candidatura, generando la sensación de respaldo de la misma». Añade que el TS señalaba que dicha presencia tenía como objetivo «establecer una identificación directa de la candidatura presentada como sucesora y continuadora de la ilegalizada Batasuna, para tratar así de patrimonializar el apoyo electoral con el que contaba la citada formación ilegalizada».
Alude asimismo a una carta «dirigida al entorno abertzale y suscrita por algunos de los principales líderes del ámbito de Batasuna, en la que se pide el apoyo para la candidatura impugnada y se indica al final de la misma una cuenta bancaria de la entidad Crédit Agricole en la que poder ingresar las cantidades que sirvan de apoyo financiero», cuenta de la que resulta titular «un miembro de la Mesa Nacional de Batasuna».
Ante las denuncias de que existen personas que, por su trayectoria política, están proscritas de por vida, el TC replica que «no puede hablarse de una inhabilitación electoral ni de una suerte de condición política de 'apestado' que sufrirían determinadas personas por su actividad política pasada».
En este sentido, afirma que «quienes con esos mismos antecedentes decidan ejercer su derecho de sufragio pasivo sin instrumentalizarlo al servicio de aquella maniobra defraudatoria no habrán de tener, como no lo han tenido otras personas, dificultad alguna para articular candidaturas en otros partidos o para constituir las pertinentes agrupaciones de electores».
Cabe recordar que la maquinaria estatal contra la candidatura popular se puso en marcha nada más conocerse que la Junta Electoral Central había dado el visto bueno a la lista presentada por HZ en Hego Euskal Herria. Un día antes de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las candidaturas validadas el martes 18, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ya sugería que, a su juicio, identificarse con las ideas de la izquierda abertzale era motivo de ilegalización.
Por su parte, la Fiscalía iba un paso más lejos. «Izquierda Abertzale, con mayúsculas o no, se identifica con ETA», aseguraba Cándido Conde-Pumpido. El sucesor de Jesús Cardenal calificaba a las personas que suscriben esta ideología de «clientela política y electoral» de la organización armada.
El viernes pasado, tras una deliberación que no superó las cuatro horas, el Tribunal Supremo anunció su decisión de anular la lista encabezada por Marije Fullaondo «por su vínculo con Batasuna».
Cita con agentes políticos, sindicales y sociales Antes incluso de conocer la decisión definitiva del Tribunal Constitucional, Herritarren Zerrenda convocó a todos los partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales a una reunión hoy a las 10.00 en Donostia. En la misma, se analizará la situación y HZ presentará una «propuesta de mínimos» abierta a aportaciones para «anular el efecto de la posible ilegalización en Euskal Herria». La interlocución de HZ se extenderá, además, a los dos presidentes vascos, Juan José Ibarretxe y Miguel Sanz, a los que también se hará llegar «una tabla de mínimos institucional» para «hacer frente a esta situación de urgencia absoluta».
Los candidatos Marije Fullaondo y Txanba Payés comparecieron en Donostia por la mañana para reiterar que, al margen de la decisión del Alto Tribunal español, HZ tomará parte en la campaña electoral. «Hemos notificado nuestra candidatura en París, y tomaremos parte en esa campaña con una papeleta legal en Europa», resaltaron.
Voto concurrente de una de las magistradas La sentencia hecha pública ayer por el Tribunal Constitucional español cuenta con el voto concurrente de la magistrada María Emilia Casas, que comparte la argumentación y el fallo pero disiente de la constitucionalidad del proceso regulado en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, dada la perentoriedad de los plazos para la tramitación y resolución en el supuesto de exclusión de candidaturas. En este sentido, otorga la razón al abogado defensor de HZ, quien señala que en diez días es imposible afrontar con garantías un proceso como éste.