Somos personas que se relacionan, que se mueven. Necesitamos por tanto de sitios donde encontrarnos y de caminos que nos permitan llegar a esos sitios. Sitios que, especialmente con la aparición de Internet, no son solo reales sino también virtuales.
Para llegar a los sitios reales tenemos ya medios: caminos para caminar, carreteras para conducir, mares para navegar, etc. Medios que compartimos y que son de todos. Siempre existe un medio accesible para ir de un sitio a otro. Para llegar a los sitios virtuales, sin embargo, ni los medios son tan accesibles ni son de todos.
Coincidiremos en que el sitio virtual por excelencia es Internet, y en que no es de nadie y es de todos, pues nadie te puede prohibir entrar allí al no tener puertas y ser campo abierto, ni nadie puede apropiársela pues existe porque nosotros estamos conectados. Los medios para acceder a la red no son, sin embargo, muy accesibles. Así como para ir de una ciudad a otra hay carreteras que son de propiedad colectiva, que hemos pagado con nuestros impuestos, y en las que nadie te cobra por usarlas ni te restringe el acceso, no puede decirse lo mismo de Internet. Para conectarte a Internet requieres como mínimo de un ordenador y de una conexión de datos. Esa conexión, en España, la pagas, y muy cara.
De hecho, el coste anual de la conexión excede al coste total del ordenador. Algo que resulta, como mínimo, paradójico, pues representaría, siguiendo con el paralelismo anterior y asumiendo el ordenador como el vehículo (el coche) y la conexión como el medio (la carretera), que nos cuesta más ir por la carretera durante un año que el propio coche. Es triste y es así.
Las razones de que nos encontremos en esta situación son diversas, pero desde mi punto de vista la principal reside en el propio modelo de servicio. Un modelo en el que un único operador es el que hereda las infraestructuras públicas, es decir la red de carreteras, explotándolas para su exclusivo beneficio. Un modelo en el que a nosotros, las personas, nos cobran por el punto de acceso, la toma de teléfono, un mantenimiento mensual de 12€, algo no ya desproporcionado, sino totalmente abusivo, y que permite a ese operador disponer de una palanca financiera casi imposible de superar por sus competidores. Esa cuota representa algo así como los impuestos que ya pagamos por las carreteras con el añadido de que para poder utilizarlas tuviésemos que pagar de nuevo (y bastante más).
El modelo actual presenta además otra perversión, más obscena si cabe, que consiste en la capacidad de esa misma operadora, como propietaria y garante de la infraestructura, de privilegiar el tráfico de sus clientes frente a los de la competencia, capacidad que se sospecha ejecuta. Es decir, puede poner carriles exclusivos para los coches de sus clientes, que además pueden circular por donde lo hacen los coches de los clientes de la competencia. Ante esta circunstancia los operadores alternativos poco pueden hacer más que realizar campañas de marketing cada vez más agresivas, reducir márgenes de beneficio y acabar por desatender completamente a sus clientes. Lamentablemente la simple ventaja financiera de la cuota fija de que dispone el operador dominante le permite neutralizar fácilmente esas acciones, condenándoles y condenándonos.
No obstante, otros operadores han comprendido ya que esa no es la manera y han optado por dotarse de su propia infraestructura. Infraestructura que para ser efectiva debe llegar hasta donde están las personas, su casa, lo que representa el principal reto. En ese sentido, las tecnologías con más futuro, independientes de la red telefónica, son las de cable, PLC (datos por las líneas eléctricas) y WiFi (inalámbricas). El problema es que el coste de despliegue, que suele ser muy elevado, dificulta la implantación de infraestructuras alternativas, o bucles de abonado, en zonas que no sean de alta densidad de población y por tanto fáciles de rentabilizar.
Hay otro inconveniente a ese incipiente modelo de redes paralelas: la ineficiencia. Para entender qué quiero decir basta con imaginar una red de carreteras en que la que hubiese siete vías de tres carriles que conectasen en línea recta Madrid con Guadalajara, en las que permanentemente dos de los tres carriles estuviesen vacíos. Pero es que este modelo, además de imperfecto, es muy injusto, ya que es aplicable solo en aquellas zonas geográficas donde es rentable, marginando al resto de lugares ya de por sí olvidados (¡Teruel existe!). Es algo así como que por vivir en Albarracín no pudiese uno tener teléfono o que solo se pudiese ir a Cuenca en burro. A mí no me parece bien, y vivo en Barcelona (¿será que soy solidario?).
En mi opinión poderse comunicar es una necesidad, razón por la cual debe ser también un derecho. Aun así, en los tiempos que corren, no es suficiente con poder abrir la boca y hablar con los que tienes cerca. Ahora en cualquier momento del día o de la noche enciendes el ordenador, te conectas a Internet, y tienes al alcance un mundo cada vez más ancho, pero igualmente cercano. Estoy seguro de no equivocarme si imagino que cualquiera de vosotros se ha comunicado alguna vez a través de Internet con alguien que vive en algún sitio muy lejano, casi inalcanzable, y un rato después se ha bajado a la calle y se ha sentado a charlar con los amigos de siempre en el parque. Eso ya es posible y debería poder serlo para todos.
Pensando en ello, y según lo expuesto, se me ocurre la que me parece la solución más coherente, que no es otra que la de crear una red de datos pública, a sufragar con nuestros impuestos. Esta red haría las veces de la red de carreteras del Estado y viajar por ella sería gratuito. Complementariamente habría también redes paralelas más veloces, y de peaje para financiarlas, siguiendo una filosofía similar a las autopistas de pago con empresas concesionarias. Un modelo simple y conocido, fácil y económicamente sostenible.
Un modelo que puede llegar a funcionar bastante bien si se saben controlar los posibles abusos de los usuarios. Abusos producto de que, a diferencia del transporte por carretera, en Internet no se consume combustible ni hay desgaste alguno, por lo que no existe nada que desanime al usuario a enviar y recibir más información de la que necesita. La red es un medio compartido de capacidad limitada, capacidad que se mide en ancho de banda. Otorgar un ancho de banda gratuito máximo a cada usuario, y que cualquier exceso sobre esa cantidad tenga un coste específico a modo de peaje, podría ser una buena manera de salvaguardar ese ancho de banda. Lo recaudado a través de esos pagos se invertiría en aumentar la calidad de la red y, por tanto, del ancho de banda. En lo que hace referencia al coste del ancho de banda gratuito, existen varias formas de subvencionarlo, entre ellas utilizar un pequeño porcentaje de determinados impuestos indirectos, una tasa que grave las transacciones comerciales que se realicen en la red (utilicen o no la red pública), o incluso mediante la tradicional fórmula de un canon fijo por ordenador/conexión.
Ésta es, esbozada de un modo muy elemental, la propuesta que a mí me parece más lógica, pues sigue un modelo conocido, que funciona, y que garantiza una mayor equidad, al afrontar las necesidades desde una perspectiva común y solidaria. Un modelo también más eficiente pues utiliza solo las infraestructuras que necesita, más transparente pues es público, más accesible pues es de todos, y más sostenible ya que incorpora la corresponsabilidad del usuario.
Es, en mi opinión, evidente que un modelo de estas características beneficiaría a todos, tanto a usuarios de a pie como a empresas, exceptuando quizás a los operadores de telecomunicaciones. Aunque estos podrían tener también, si quisiesen, un lugar en este escenario como concesionarias (siguiendo el modelo de las autopistas): construyendo infraestructuras, gestionándolas, y obteniendo un beneficio económico de ese valor añadido.
No será fácil, sin embargo. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha prohibido ya varios proyectos de ayuntamientos orientados a dotar a sus localidades de redes inalámbricas propias. Es patente que se está frenando a conciencia cualquier iniciativa al respecto. Y aún así, hay que gente que resiste, como la que compone el colectivo Madrid Wireless y su propuesta de redes WiFi compartidas. De momento aguantan, aunque brazos fuertes y obedientes a los intereses establecidos les golpean.
Por la cuenta que nos trae, estoy seguro de que tarde o temprano el sentido común los doblegará. Y es que, en un mundo globalizado, serán aquellas sociedades que mejor y más rápido se adapten las que conseguirán las mejores condiciones de vida. Adelantémonos. Asumamos que los métodos han cambiado y que debemos preparar nuestro paisaje a nuevas estructuras y a nuevas maneras de relacionarnos. Defendamos nuestro derecho a comunicarnos; a defender nuestro porvenir, al fin y al cabo.