Documentos de Noam Chomsky

Cegados por la verdad
15 de noviembre de 2000

Después de tres semanas de virtual situación de guerra en los territorios ocupados por Israel, el primer ministro, Ehud Barak, anunció un nuevo plan destinado a definir el estatuto final de la región. Durante esas tres semanas, más de 100 palestinos, 30 de ellos niños, resultaron muertos, a menudo debido al "uso excesivo de la fuerza, con resultado de muerte, en circunstancias en que ni las vidas de las fuerzas de seguridad ni las de otras personas se hallaban en peligro inminente, lo que dio como resultado las criminales muertes", según afirma Amnistía Internacional en un detallado informe que apenas ha sido mencionado en los Estados Unidos. La proporción ha sido de 15 palestinos muertos por cada baja mortal israelí, lo cual refleja los recursos bélicos en juego.
El plan de Barak no se conoce en detalle, pero las líneas generales resultan familiares: se ajusta al "mapa de situación final" presentado conjuntamente por Estados Unidos e Israel como base de las negociaciones de Camp David que fracasaron en julio pasado. Este plan, que prolonga las propuestas que niegan los derechos del pueblo palestino presentadas por EE UU e Israel en anteriores años, exigía la cantonalización de los territorios que Israel conquistó en 1967, con mecanismos que han de permitir que la tierra cultivable y los recursos (en particular, el agua) sigan en gran parte en manos de Israel, mientras que la población queda bajo la administración de una corrupta y brutal Autoridad Palestina (AP) que desempeña el papel tradicionalmente asignado a los colaboradores indígenas dentro de las diferentes variantes del gobierno imperial, ejemplificado más concretamente por las autoridades negras de los bantustanes sudafricanos.
Cisjordania comprendería un cantón al norte que incluye Nablus y otras ciudades palestinas, un cantón central con base en Ramala, y un cantón al sur en torno a Belén. Jericó quedaría aislada y los palestinos sin acceso a Jerusalén, centro de la vida palestina. Acuerdos similares afectarían a Gaza, donde Israel mantendría la región costera meridional y un pequeño emplazamiento en Netzarim (escenario de muchas de las recientes atrocidades), apenas un pretexto para justificar una amplia presencia militar y la partición de la franja al sur de Ciudad de Gaza.
Estas propuestas formalizan los vastos programas de asentamientos y construcciones que Israel ha seguido llevando a cabo con creciente ímpetu, con la generosa ayuda de Estados Unidos, una vez que este país poner en práctica su versión del proceso de paz tras la Guerra del Golfo. El objeto de las negociaciones era el de asegurar la adhesión oficial de la AP a este proyecto. Dos meses después de que las negociaciones fracasasen comenzó la actual fase de violencia. La alta tensión existente se exacerbó cuando el gobierno de Barak autorizó la visita de Ariel Sharon, acompañado por 1.000 agentes de policía a la Explanada de las Mezquitas (Al-Aqsa) el jueves 28 de septiembre. Sharon constituye el símbolo mismo del terror estatal y la agresión israelíes, gracias a un cúmulo de atrocidades que se remonta a 1953. El propósito anunciado de Sharon era el de demostrar la "soberanía judía" sobre el complejo religioso de Al Aqsa, aunque, como bien señala el veterano corresponsal Graham Usher, la nueva Intifada no se inició con la visita de Sharon sino más bien con la masiva e intimidadora presencia policial y militar que Barak impuso al día siguiente, día de la oración. Como era de esperar, esta actitud condujo a enfrentamientos a medida que miles de personas salían de la mezquita, y produjo la muerte de siete palestinos y heridas a otros doscientos. Sea cual fuera el objetivo de Barak, es difícil imaginar una manera más eficaz de preparar las tremendas atrocidades de las semanas siguientes. Y otro tanto cabe decir de las fallidas negociaciones, centradas en Jerusalén, aspecto observado estrictamente en los comentarios estadounidenses. Probablemente exageraba el sociólogo israelí Baruch Kimmerling cuando escribió que la solución a este problema "se hubiera podido alcanzar en cinco minutos", aunque sí estaba en lo cierto cuando afirmó que "dentro de una estricta lógica diplomática, hubiera sido el asunto de más fácil resolución" (Ha'aretz, 4.10.2000).
Resulta comprensible que la pareja Clinton-Barak deseen que no se sepa lo que están llevando a cabo en los territorios ocupados, asunto mucho más importante. ¿Por qué dio su acuerdo Arafat? Probablemente porque sabe que los gobiernos de los países árabes consideran a los palestinos como una molestia y no les preocupa una solución tipo bantustán. Sin embargo, no pueden hacer la vista gorda en lo que respecta a la administración de los lugares sagrados por temor a la reacción de sus respectivos pueblos. Nada resultaría más efectivo para provocar un enfrentamiento con contenido religioso, el más ominoso, como indica la experiencia secular. La primera innovación del nuevo Plan Barak consiste en que las exigencias de EE UU e Israel deben imponerse por medio de la fuerza, en lugar de utilizar la diplomacia coactiva, a la vez que, con carácter más drástico, castigue a las víctimas más reticentes. Las líneas generales se ajustan a la política establecida informalmente en 1968 (Plan Allon), y algunas variantes de las mismas han sido propuestas por los dos grupos políticos: el Plan Sharon, los planes del gobierno laborista, etc. Es importante recordar que dicha política no sólo fue propuesta, sino que fue también llevada a la práctica, con el apoyo de los EE UU. Dicho apoyo ha sido decisivo desde 1971, cuando Washington abandonó el marco diplomático básico que había iniciado (la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU) y optó por el rechazo unilateral de los derechos palestinos en los años siguientes, que culminó en el "proceso de Oslo".
Dado que todo esto ha sido vetado con éxito de la Historia en EE UU, resulta un tanto trabajoso descubrir los datos esenciales. No son datos controvertidos, son simplemente datos omitidos. Como indicamos, el Plan Barak constituye una versión particularmente dura de la tradicional negación que de los derechos del pueblo palestino hacen EE UU e Israel. En él se exige el corte del suministro de electricidad y agua y las telecomunicaciones y otros servicios que se ofrecen con cuentagotas a una población palestina que vive prácticamente en estado de sitio. Merece recordarse que todo tipo de desarrollo independiente ha sido drásticamente frenado por el gobierno militar desde 1967, dejando al pueblo palestino en una situación de postración y dependencia, y que esta situación ha empeorado considerablemente a lo largo del "proceso de Oslo", gestionado por los EE UU. Una razón son los "cercamientos", regularmente creados y con mayor brutalidad por los gobiernos laboristas, considerados menos beligerantes. Tal como escribe otro destacado periodista, Amira Hass, esta política la inició el gobierno Rabin "años antes de que Hamas planease sus ataques suicidas, y ha sido perfeccionada con los años, especialmente desde el establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina." Los "cercamientos" son eficaces mecanismos de estrangulamiento y control, que han ido acompañados por la importación de una mercancía esencial que reemplaza a la barata y explotada mano de obra palestina, sobre la que descansa gran parte de la economía: cientos de miles de inmigrantes ilegales de todo el mundo, víctimas muchos de ellos de las reformas neoliberales llevadas a cabo en los recientes años de globalización. Sobreviviendo en la miseria y privados de derechos, la prensa israelí describe con frecuencia a estas personas como una fuerza de trabajo en estado de virtual esclavitud. La actual propuesta de Barak consiste en ampliar este programa y reducir con ello aún más las perspectivas de simple supervivencia de los palestinos. Un obstáculo importante al programa es la oposición de la comunidad empresarial israelí, que cuenta con un mercado cautivo palestino al que exporta por valor anual de cerca de 2.500 millones de dólares. Dicha comunidad habría "establecido relaciones con oficiales de las fuerzas de seguridad palestinas" y con el "asesor económico de Arafat, lo que les ha permitido crear monopolios con el consentimiento oficial de la AP" (Financial Times, 22.10.2000; New York Times, ídem.) Asimismo, espera establecer zonas francas industriales en los territorios ocupados, trasladando allí la contaminación y explotando una mano de obra barata en instalaciones tipo maquila propiedad de empresarios israelíes y de la élite palestina, quien se está enriqueciendo con estos probados procedimientos. Las nuevas propuestas de Barak parecen ser más una advertencia que un plan, si bien se trata de una extensión natural de políticas anteriores. En la medida en que sean llevadas a la práctica, prolongarán el proyecto de "transferencia invisible" que ha estado funcionando desde hace muchos años, y que resulta mas efectivo que la limpieza étnica (que es como nuestros países denominan estos procesos cuando los realizan nuestros enemigos oficiales). Un pueblo obligado a abandonar toda esperanza y al que no se le ofrece ninguna posibilidad de una existencia digna emigrará a otro lugar, a poco que se les ofrezca la oportunidad.
Estos planes, que se enraízan en los objetivos tradicionales del movimiento sionista desde sus orígenes y en todas sus variantes, se articuló en un debate interno de los arabistas del gobierno israelí en 1948, en un momento en que se estaba llevando a cabo la operación de limpieza étnica. Sus autores esperaban que los refugiados resultasen aplastados y muriesen, a la vez que "la mayor parte de ellos se convirtiesen en desechos humanos y se uniesen a las clases pobres de los países árabes." Los actuales planes, tanto en su vertiente de diplomacia coactiva como en la de empleo de la fuerza, tienen unos objetivos similares, y no están faltos de realismo, en la medida en que puedan contar con el apoyo de la superpotencia mundial y sus clases intelectuales. Amira Hass describe correctamente la actual situación en el más prestigioso diario israelí -Ha'aretz- en su edición del 18 de octubre pasado. Siete años después de la Declaración de Principios de septiembre de 1993, -que permitía prever la actual situación a poco que se quisiese abrir los ojos- Israel ejerce el control policial y administrativo de la mayor parte de Cisjordania y del 20% de la franja de Gaza; Israel ha podido "doblar el número de colonos en diez años, ampliar los asentamientos, continuar su política discriminatoria consistente en suprimir las cuotas de agua de tres millones de palestinos, impedir el desarrollo palestino en la mayor parte de Cisjordania, y encerrar a toda una nación en zonas restringidas, aprisionados por una red de vías de comunicación de uso exclusivamente judío. Durante estos días de estricta restricción interna de movimientos en Cisjordania, se puede observar el modo escrupuloso en que fue diseñada cada una de las carreteras: para que 200.000 judíos puedan tener libertad de movimientos, cerca de tres millones de palestinos están encerrados en sus bantustanes hasta que se sometan a las exigencias israelíes. El baño de sangre que se ha desarrollado durante tres semanas ha sido la continuación natural de siete años de engaños y mentiras, del mismo modo que la anterior Intifada fue el resultado natural de la ocupación directa israelí."
Los programas de asentamientos y urbanización continúan, con el apoyo de los EE UU y con independencia de quién forme gobierno. El 18 de agosto, Ha'aretz indicaba que dos gobiernos -Rabin y Barak- habían declarado que se había "congelado" el programa de asentamientos, a fin de presentar una favorable imagen de "palomas" en EE UU y ante la mayor parte de la izquierda israelí. Dichos gobiernos utilizaron la "congelación " para intensificar los asentamientos, incluyendo estímulos económicos para atraer población secular, créditos automáticos para los colonos ultrarreligiosos y otros mecanismos aplicables sin apenas protestas mientras el "menos malo" toma las decisiones, un esquema que no deja de ser familiar en otros lugares. "De un lado está la congelación y de otro la realidad", observa cáusticamente el informe. La realidad es que los asentamientos en los territorios ocupados han crecido cuatro veces más rápido que en los centros urbanos israelíes, y dicho crecimiento -incluso quizás acelerado- ha continuado con el gobierno Barak. Los asentamientos van acompañados de grandes proyectos de infraestructuras destinados a integrar gran parte de la región en Israel, a la vez que mantienen aislados a los palestinos, alejados de las "carreteras palestinas" por las que circulan a su propio riesgo. Otro distinguido periodista, Dan Rubinstein, destaca que "los lectores de la prensa palestina tienen la impresión (correcta, por otra parte) de que la actividad en los asentamientos no se detiene. Israel continúa construyendo, expandiéndose y reforzando sin reposo los asentamientos judíos en Cisjordania y Gaza. Israel ocupa constantemente casas y tierras en zonas más allá de las divisorias de 1967, por supuesto a expensas de los palestinos y con el fin de limitarlos, arrinconarlos y finalmente expulsarlos. En otras palabras, el objetivo último es desposeerlos de su propia tierra y de su capital, Jerusalén" (Ha'aretz, 23.10.2000).
A los lectores de la prensa israelí, continúa Rubinstein, se les protege de estos desagradables datos, aunque no completamente. En EE UU es mucho más importante que la población continúe en la ignorancia, por razones obvias: los programas económicos y militares dependen crucialmente del apoyo de EE UU, lo que resulta impopular para el pueblo norteamericano y lo sería aún más si conociese sus objetivos. Por ejemplo, el 3 de octubre, tras una semana de luchas encarnizadas y muertes, el corresponsal de defensa de Ha'aretz informaba sobre "la adquisición más importante de helicópteros militares por las fuerzas aéreas israelíes en una década", un acuerdo con los EE UU para suministrar a Israel 35 helicópteros militares Blackhawk y sus repuestos, con un coste de 525 millones de dólares. Todo ello acompañado de la compra de combustible para aviones a reacción y, poco después, de aviones de observación y helicópteros de ataque Apache. Se trata de "los helicópteros de ataque más modernos y avanzados de que disponen las fuerzas armadas estadounidenses", añade el Jerusalem Post.
Sería falso afirmar que los que hacen estos regalos desconocen los hechos. Mediante una búsqueda en Internet, David Peterson descubrió que se había informado de ello en la prensa de Raleigh (Carolina del Norte, EE UU). La venta de helicópteros militares fue además condenada por Amnistía Internacional (19.10.2000) porque "estos helicópteros que suministran los estadounidenses han sido utilizados para violar los derechos humanos de los palestinos y los árabes israelíes durante los recientes conflictos en la región." Lo que era de prever, a poco que seamos capaces de reflexionar.
Israel ha sido condenado internacionalmente (con la abstención de EE UU) por el "uso excesivo de la fuerza", en una "reacción desproporcionada" a la violencia palestina. Esa condena incluye también una de las raras denuncias del Comité Internacional de la Cruz Roja, concretamente, por los ataques a al menos 18 ambulancias de la Cruz Roja (New York Times, 4.10.2000). La respuesta de Israel es que está siendo objeto injustamente de críticas unilaterales, respuesta totalmente acertada, por otra parte. Israel emplea la doctrina oficial estadounidense, conocida en EE UU como "Doctrina Powell" aunque su origen se remonta a siglos atrás y que consiste en el uso masivo de la fuerza ante cualquier amenaza. La doctrina militar israelí permite "el uso ilimitado de las armas contra todo aquél que ponga en peligro las vidas de nuestras fuerzas, y en particular que abra fuego contra ellas o contra israelíes" (asesor militar israelí Daniel Reisner, Financial Times, 6. 10.2000). El uso ilimitado de las armas por parte de un ejército moderno incluye tanques, helicópteros artillados, francotiradores que disparan sobre civiles (a menudo niños), etc. Las ventas de armamento de EE UU "no incluyen la estipulación de que no podrán ser usadas contra civiles", afirma un oficial del Pentágono. Dicho oficial, no obstante, "admitió que los misiles antitanque y los helicópteros de ataque no se consideran tradicionalmente medios de control de multitudes" -excepto por aquellos que pueden utilizarlo de este modo sin trabas, bajo la tutela de la única superpotencia actual. "No podemos adivinar las intenciones de un oficial israelí que solicite la intervención de un helicóptero Cobra cuando sus hombres están siendo atacados", afirmó otro oficial estadounidense (Deutsche Presse-Agentur, 3.10.2000) Por consiguiente, este tipo de armamento debe seguir suministrándose sin limitación alguna.
No resulta sorprendente que un Estado cliente de los EE UU adopte patrones pertenecientes a la doctrina militar estadounidense, doctrina de un alto coste humano, incluso en años recientes. Los EE UU e Israel no son, por supuesto, los únicos en haber adoptado dicha doctrina, que por otra parte a veces se condena, en particular cuando la utilizan enemigos etiquetados como tales y a los que se quiere destruir. Un ejemplo reciente es la respuesta de Serbia cuando su territorio (tal como EE UU insiste que es) fue atacado por fuerzas guerrilleras con base en Albania, matando a policías y civiles serbios y secuestrando a civiles (incluidos civiles albaneses) con la intención, anunciada abiertamente, de provocar una "respuesta desproporcionada" que provocase la indignación de los países occidentales y, en una etapa posterior, el ataque militar de la OTAN. En la actualidad se dispone de documentación muy interesante proveniente de los EE UU, la OTAN y otras fuentes occidentales, producida en su mayor parte para intentar justificar los bombardeos. Dando por creíbles dichas fuentes, tenemos que la respuesta serbia -si bien "desproporcionada" y criminal, como se pretende- no admite comparación con el uso corriente que hacen de la misma doctrina los EE UU y sus clientes, incluido Israel.
En la prensa general británica, puede, por fin, leerse que "si los palestinos fueran negros, Israel sería considerado un Estado paria y estaría sujeto a sanciones económicas, empezando por Estados Unidos (lo que afortunadamente no es el caso). Los asentamientos de Cisjordania serían considerados una forma de apartheid, en el que se permite la instalación de la población en una ínfima fracción de su propio territorio, en bantustanes autónomos, y con el monopolio del agua y la electricidad por parte de los blancos. Y del mismo modo que se permitía el acceso de la población negra a las zonas blancas de África del Sur dentro de unos townships infradotados, asimismo el trato que Israel proporciona a los árabes israelíes -flagrantemente discriminados en materia de vivienda y educación- sería considerado también escandaloso" (The Observer, The Guardian, 15.10.2000).
Estas conclusiones no resultarán sorprendentes a aquéllos cuya visión no haya perdido agudeza por el uso de las anteojeras ideológicas impuestas durante muchos años. Sigue siendo una tarea de gran importancia arrancar dichas anteojeras en el país más importante del mundo. Es éste un requisito previo a cualquier tipo de reacción constructiva al creciente caos y destrucción, a los terribles hechos que suceden ante nuestros ojos y cuyas implicaciones a largo plazo no resultan agradables de contemplar.
Autor: Noam Chomsky
Fuente: Al-Ahram Weekly On-line
Traducción para Rebelión: J.A. Julián