Noam Chomsky
Clarín

Según una clasificación ya canónica en los Estados Unidos para justificar el uso de la fuerza en el plano mundial, los estados fracasados no pueden lidiar con su seguridad, su economía y la democratización de sus instituciones. Chomsky refuta este concepto.

La selección de temas que deberían ocupar los primeros lugares en la agenda de preocupaciones por el bienestar humano y por sus derechos es, naturalmente, un asunto subjetivo. Pero hay unas pocas opciones que parecen inevitables, ya que se ligan con las expectativas de una supervivencia decente. Entre ellas se encuentran al menos estas tres: la guerra nuclear, un desastre ambiental y el hecho de que el gobierno del principal poder mundial actúa de tal modo que aumenta la probabilidad de estas catástrofes.

Es importante enfatizar el "gobierno", porque la población está en desacuerdo. Esto lleva a mencionar un cuarto tema que debería preocupar profundamente a los estadounidenses, y al mundo: la marcada división entre la opinión pública y la política pública, una de las razones del temor, que no puede dejarse de lado, de que "el ''sistema'' estadounidense en su totalidad sufre un problema real que augura "el fin de sus históricos valores de igualdad, libertad y democracia con sentido", como observa Gar Alperovitz en America Beyond Capitalism.

El "sistema" está comenzando a tener algunos de los rasgos de los estados malogrados, para adoptar una noción actualmente de moda, aplicada por lo general a los estados considerados una amenaza potencial a nuestra seguridad (como Irak) o necesitados de nuestra intervención para rescatar a la población de una amenaza interna grave (como Haití). La definicion de estados malogrados es mínimamente científica. Pero todos estos estados comparten ciertos atributos primarios. Son incapaces o no quieren proteger a sus ciudadanos de la violencia y tal vez aun de la destrucción. Se consideran a sí mismos más allá del alcance de la ley nacional o internacional, por lo tanto libres de concretar actos de agresión y de violencia. Y si tienen formas democráticas, sufren de un serio "déficit democrático" que priva a sus instituciones de sustancia real.

Una de las tareas más arduas que cualquiera puede emprender, y una de las más importantes, es mirarse honestamente al espejo. Si nosotros lo hiciéramos, tendríamos muy poca dificultad en encontrar los rasgos de los estados malogrados directamente en nuestro país. Ese reconocimiento de la realidad debería ser causa de gran preocupación para quienes se desvelan por sus países y por las generaciones futuras —"países" en plural—, primero a raíz del enorme alcance del poder de los Estados Unidos, pero también porque los problemas no están localizados en el espacio y el tiempo, aun cuando haya importantes variaciones, de particular relevancia para los ciudadanos de los Estados Unidos.

El "déficit democrático" estuvo claramente ilustrado en las elecciones del 2004. Los resultados llevaron a la exaltación en ciertos círculos, a la desesperación en otros y a una gran preocupación sobre una "nación dividida". Colin Powell informó a la prensa que el "presidente George W. Bush ha ganado un mandato del pueblo estadounidense para continuar su ''agresiva'' política exterior". Esto está muy alejado de la verdad. Está también muy alejado de lo que la población cree. Después de las elecciones, Gallup preguntó si Bush "debía enfatizar los programas que apoyan los dos partidos" o si "tiene un mandato para avanzar con la agenda del partido republicano", como Powell y otros sostuvieron. El 63 por ciento eligió la primera opción, el 29 por ciento la última. Las elecciones no confirieron un mandato para nada. De hecho, prácticamente no tuvieron lugar, en el verdadero sentido del termino "elección".

La historia ha dado muchas pruebas de la falta de atención de Washington a las leyes y normas internacionales, que alcanza hoy nuevas alturas. Concedámoslo: siempre hubo pretextos, pero eso vale para cualquier estado que recurre a la fuerza a voluntad.

Durante los años de la Guerra Fría estuvo disponible el marco de referencia de la "defensa contra la agresión comunista" para movilizar el apoyo nacional e incontables intervenciones en el exterior. Al final, el recurso a la amenaza comunista se empezó a desgastar. Alrededor de 1979 "los soviéticos estaban influyendo" más allá de sus fronteras, "solamente al 6% de la población mundial y al 5% del GNP mundial", según el Center for Defense Information. La imagen central se estaba haciendo más difícil de evadir. El gobierno también enfrentaba problemas a nivel nacional: especialmente el efecto civilizador del activismo de la década del 60, que tuvo muchas consecuencias, entre ellas menor voluntad para tolerar el recurso a la violencia. Bajo la presidencia de Ronald Reagan, la administración buscó manejar los problemas con fervientes pronunciamientos sobre el "imperio del mal" y sus tentáculos, a punto de estrangularnos.

Pero se necesitaban nuevos recursos. Los partidarios de Reagan declararon su campaña mundial para destruir el terrorismo internacional apoyado por un estado que el secretario de Estado de Reagan, George Shultz, denominó una "plaga diseminada por los depravados opositores a la civilización misma" que intentan "un retorno de la barbarie en la epoca moderna". La lista oficial de los estados que patrocinaban el terrorismo, iniciada en el Congreso en 1977, fue elevada a un lugar prominente en la politica y en la propaganda.

En 1994, el presidente Clinton amplió la categoría de "estados terroristas" para incluir los "estados delincuentes". Unos pocos años más tarde se agregó al repertorio otro concepto: los estados malogrados, frente a los cuales nosotros debemos protegernos, y a los que debemos proteger, a veces destruyéndolos.

Más tarde llego el "eje del mal" del presidente George W. Bush, al que, para defendernos, debemos destruir, siguiendo la voluntad del Señor tal como es transmitida a este humilde servidor, escalando mientras tanto la amenaza del terror y de la proliferación nuclear.

Pero la retórica siempre genera dificultades. El problema básico es que bajo razonables interpretaciones del término, aun bajo definiciones oficiales las categorías son demasiado amplias.

Hace falta disciplina para no reconocer los elementos de verdad en la observación del historiador Arno Mayer, inmediatamente después de los ataques terroristas del 11 de setiembre, de que, desde 1947, "Estados Unidos ha sido el principal autor del estado terrorista que ataca primero", y de innumerables otras acciones ''delictivas'' que han causado un inmenso daño "siempre en nombre de la democracia, la libertad y la justicia".

Después de que Bush asumió la presidencia, la corriente dominante entre los expertos comenzó a afirmar como un hecho que Estados Unidos "ha asumido muchos de los propios rasgos de las ''naciones delincuentes'' contra las cuales ha batallado" (David C. Hendrickson y Robert W. Tucker, Foreign Affairs, 2004).

La categoría estado malogrado fue invocada de manera reiterada por los autodenominados "estados iluministas" en la década del 90. Eso los autorizaba a recurrir a la fuerza con el supuesto objetivo de proteger a las poblaciones de los estados malogrados, delincuentes y terroristas de un modo que podía ser "ilegal pero legítimo", frase usada por la Comisión Independiente sobre Kosovo.

Cuando los temas principales del discurso político cambiaron de la "intervención humanitaria" a la "guerra al terrorismo", tras el 11 de setiembre, se le dio al concepto estado malogrado un alcance más amplio a fin de incluir a países como Irak, que amenazaban supuestamente a los Estados Unidos con armas de destrucción masiva y con el terrorismo internacional.

Con este uso más amplio, los estados malogrados no necesitaban ser débiles, cosa que tiene mucho sentido. La Alemania nazi y la Rusia estalinista eran escasamente débiles, pero con estándares razonables merecían la designación de estados malogrados como ninguno en la historia. El concepto gana muchas dimensiones, incluyendo el fracaso en proveer seguridad para la población, para garantizar los derechos en el país y en el exterior, o para mantener en funcionamiento (no simplemente de manera formal) las instituciones democráticas. El concepto debe con seguridad incluir "estados proscriptos", que desechan con desprecio las reglas del orden internacional y de sus instituciones, cuidadosamente construidas a lo largo de los años, inicialmente por iniciativa de los Estados Unidos.

El gobierno está eligiendo políticas que tipifican a los estados bandoleros, que ponen seriamente en peligro a la población dentro del país y en el exterior y socavan una democracia sustantiva. En aspectos cruciales, la adopción de Washington de los atributos de los estados malogrados y bandoleros se proclama con orgullo. No hay esfuerzo alguno por ocultar "la tensión entre un mundo que todavía quiere un sistema legal internacional justo y sostenible, y una superpotencia única que apenas parece preocuparse de que se halla al nivel de Birmania, China, Irak y Corea del Norte en términos de su adhesion a una concepción absolutista de la soberanía" por sí misma, mientras desecha como anticuada la soberanía de otros, señala Michael Byers en War Law: Understanding International Law and Armed Conflict.

Estados Unidos es muy parecido a otros países poderosos. Persigue los intereses económicos y estratégicos de los sectores dominantes de la población local, con una impresionante retórica sobre su excepcional dedicación a los más altos valores. Esto es casi un universal histórico, y es la razón por la cual la gente sensata presta poca atención a las declaraciones de las nobles intenciones de los líderes, o a los elogios de sus seguidores.

Uno escucha comúnmente decir que los criticones se quejan por lo que está mal, pero no presentan soluciones. Hay una traducción certera para esta acusación: "Ellos presentan soluciones, pero a mí no me gustan". Aquí hay unas pocas simples sugerencias para los Estados Unidos:

1) aceptar la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia y de la Corte Internacional;

2) firmar y cumplir los protocolos de Kyoto;

3) dejar que las Naciones Unidas lideren las crisis internacionales;

4) apelar a medidas diplomáticas y económicas antes que a las militares cuando se confronten amenazas graves de terror;
5) mantenerse dentro de la interpretación tradicional de la Carta de las Naciones Unidas: el uso de la fuerza es legítimo solamente cuando es ordenado por el Consejo de Seguridad o cuando el país está bajo la amenaza de un ataque inminente, de acuerdo con el Artículo 51;

6) renunciar al poder de veto en el Consejo de Seguridad, y tener "un respeto decente por la opinión de la humanidad", tal como aconseja la Declaración de la Independencia, incluso cuando los centros del poder no están de acuerdo;

7) reducir drásticamente los gastos militares y aumentar los gastos en salud, educación, energía renovable y cosas similares.

Para la gente que cree en la democracia, éstas son sugerencias muy conservadoras: parecen ser la opinión de la mayoría de la población de los Estados Unidos, en muchos casos de la abrumadora mayoría, que se opone radicalmente a la política pública; en la mayoría de los casos, en ambos partidos.

Otra sugerencia cautelosa y útil es que los hechos, la lógica y los principios elementales de la moral deben ser importantes. Los que se tomen el trabajo de adherir a esta sugerencia se verán rapidamente conducidos a abandonar una buena parte de la doctrina oficial, aunque seguramente es mas fácil repetir invocaciones que sirven a nuestros exclusivos intereses.

Y hay otras simples verdades. De ningún modo dan respuesta a todos los problemas. Pero nos hacen tomar cierta distancia para desarrollar respuestas mas específicas y detalladas. Aun más importante, ellas abren la puerta para implementarlas, pues son oportunidades que están a nuestro alcance si podemos liberarnos de las ataduras de la doctrina y las ilusiones impuestas.

Aunque es natural que los sistemas doctrinarios intenten inducir el pesimismo y la desesperación, la realidad es diferente. Ha habido un progreso sustancial en los últimos años en la interminable cuestión de justicia y libertad, dejando un legado que fácilmente puede ser llevado a un plano más alto que antes.

Las oportunidades para educación y organización abundan. Como en el pasado, no es probable que autoridades benevolentes garanticen los derechos, o que éstos provengan de acciones intermitentes, por participar de alguna manifestación o por el hecho de apretar una palanca a la hora de las elecciones, como si en eso consistiera exclusivamente la "política democrática".

Como siempre en el pasado, las tareas requieren un compromiso diario para crear y recrear las bases destinadas al funcionamiento de una cultura democrática. Hay muchos medios para promover la democracia en el país, llevándola a nuevas dimensiones. Las oportunidades son muchas, y es probable que el fracaso en captarlas tenga repercusiones ominosas: para el país, para el mundo y para las generaciones futuras.  

Fuente: lafogata.org