Latinoamérica

Pedro Cayuqueo
Azkintuwe Noticias

"En una sociedad, los ciudadanos renuncian a su derecho de la autodefensa, porque se la entregan al Estado... Sin embargo, cuando éste en el hecho no me la brinda y me deja en una situación de indefensión, indirectamente me está invitando a la justicia por mano propia". Las palabras anteriores no pertenecen al belicoso presidente del Consorcio Agrícola del Sur, Manuel Riesco. Tampoco a cualquier iletrado dueño de fundo. Pertenecen a Juan Agustín Figueroa, un ex ministro de Estado, miembro del Tribunal Constitucional, Presidente de la Fundación Pablo Neruda y, además, reconocido concertacionista.

Hace un par de años, en el marco de la reforma procesal penal que impera en la IX Región y en un juicio oral calificado como "histórico", dos líderes mapuches acusados de quemar la hacienda patronal de su fundo, habían sido declarados finalmente inocentes por un trio de jueces en la ciudad de Angol. Según el Ministerio Público, los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, eran responsables del atentado contra el fundo Nancahue de Traiguén. Tras semanas de juicio oral, los jueces decretaron sin embargo su inocencia, en base a la debilidad de las pruebas presentadas por los querellantes. Y Figueroa, abogado influyente y de prestigio entre sus pares, no estaba para diplomacias de ningún tipo.

Sus declaraciones formaban parte de una entrevista publicada por El Mercurio en su edición del 14 de abril del año 2003. En ella, Figueroa desahogaba sus penas respecto de una derrota en tribunales que no dudaba en calificar como un "error" de los jueces. Declaraba además su ferviente apoyo a la aplicación de la Ley Antiterrorista en el marco del conflicto mapuche –una ley a la cual se opuso tenazmente bajo el régimen militar de Pinochet por considerarla "autoritaria"-, calificaba la situación en la zona sur como un verdadero Far West y, además, reconocía abiertamente la legitimidad de los latifundistas sureños de hacer uso de la autodefensa cuando la justicia ordinaria simplemente no funcionaba.

Agustín Figueroa es un amante del derecho y la legalidad. Sin embargo y quizás sin proponérselo, sellaba con sus declaraciones un pacto de agresión que hoy vuelve a resurgir con fuerza en La Araucanía, tras el último atentado incendiario que redujo a escombros el pasado 9 de junio la casa patronal del Fundo Santa Margarita, propiedad del agricultor Jorge Luchsinger y que –según denuncian comunidades y organizaciones mapuche- tendría el sello característico de las acciones del Comando Hernán Trizano. El mismo que surgió el año 2001, conformado por propietarios agrícolas de Traiguén, Victoria y Collipulli, y que el pasado 11 de junio anunció su reaparición en los campos de La Araucanía, por medio de una llamada anónima a la Redacción del Diario Austral de Temuco.

I

A COMIENZOS DEL SIGLO XX y tras concluir las campañas militares de ocupación del territorio mapuche, el caos y la anarquía se tomaron por asalto las tierras de La Frontera. Bandoleros chilenos, por un lado, y parcialidades mapuches que se resistían a la invasión de su territorio, por el otro, transformaron los "fértiles" campos del sur recién colonizados en un verdadero y peligroso Far West. Para remediar esta situación, el gobierno encargó al oficial de ejército Hernán Trizano la creación de un cuerpo de policía rural, que años más tarde sólo sería recordado por el apellido de su tristemente célebre progenitor: "Los Trizanos".

Integrado por ex militares, colonos, agricultores y una entusiasta corte de mercenarios sin dios ni ley, el ejército paramilitar de Hernán Trizano azolaría por 15 años los campos de La Araucanía, dejando tras de si una estela de cruentos asesinatos que sólo terminaron cuando las autoridades comprendieron que el remedio había resultado mucho peor que la enfermedad. Actualmente, un monolito levantado en la céntrica Avenida Balmaceda de Angol recuerda para las nuevas generaciones de mallequinos su increíble historia. Sin embargo, también hay quienes gustan de recordarlo más allá de la frialdad de los monumentos oficiales.

"Estamos dispuestos a empezar una represalia contra los señores indígenas, en defensa de los agricultores, las forestales y las empresas hidroeléctricas… En vista que el Gobierno no ha hecho absolutamente nada para detener a los comuneros violentistas ni ha garantizado la seguridad de los agricultores, el movimiento va ha intervenir en los próximos días para contrarrestar los acciones terroristas de ciertos grupos indígenas… Con este anuncio empieza a funcionar el Comando Hernán Trizano y todas las actividades que realice desde hoy en adelante, junto con adjudicárselas, se van a dar a conocer oportunamente a los medios de comunicación", precisaba un escueto comunicado hecho llegar con fecha 10 de junio de 2001 al reportero de la radio Los Colonos de Victoria, Manuel Burgos.

Para gusto de los empresarios sureños, la belicosa pluma de los paramilitares del Trizano no solo disparaba contra los rebeldes mapuche. "El Gobierno ha adoptado la política del avestruz, minimizando o ignorando hechos que todos conocen, pero con un Ministro del Interior con su cabeza escondida, que es sordo a los clamores del sector agrícola, que ve como día a día, aumentan las tropelías y los derechos establecidos en la Constitución son atropellados. Al parecer, 450 ó 500 actos de violencia donde han quemado casas, galpones, maquinaria, no son delito… En virtud de esto, ya comunicamos nuestra constitución, para ir en apoyo de los que son atropellados, tenemos los medios y la gente en la Octava y Novena Regiones y no trepidaremos en efectuar ajustes de cuentas contra los terroristas mapuche, chilenos y extranjeros, que apoyan esta subversión", señalaban los paras mallequinos.

La aparición de Los Trizano no dejó indiferente a las comunidades mapuche. Sin embargo y a pesar de existir denuncias previas sobre la existencia de guardias armados en algunas zonas de conflicto, la posición del gobierno fue bajarle el perfil al anuncio, desentendiéndose incluso de aquellas denuncias que numerosos parlamentarios –la mayoría miembros de la propia Concertación- comenzaron a realizar de manera pública en torno a estos hechos. "El gobierno no tiene hasta ahora evidencia de que existen grupos terroristas o armados. El tema indígena tiene varias facetas, cultura, tierras y desarrollo, entre otros. Yo, como ministro encargado de los temas de seguridad pública, les puedo asegurar que nosotros no tenemos la evidencia de la existencia de tales grupos".

La declaración, realizada por el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, en momentos en que arreciaban en el sur las amenazas reivindicadas por el Comando Hernán Trizano, caería como un verdadero balde de agua fría en la cabeza de distintos sectores vinculados al conflicto. Si bien desde la aparición del Comando Trizano diversas comunidades, organismos de derechos humanos e incluso parlamentarios habían exigido majaderamente al gobierno la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de este tipo de agrupaciones, la medida sería rechazada una y otra vez por las autoridades argumentando que no existían "hechos" ni "evidencias" concretas que confirmaran la existencia real de tal comando paramilitar.

Por cierto, el evidente doble estándar de las autoridades – que ante cualquier solicitud similar de los empresarios forestales o agrícolas en contra de los mapuche destacaban por su rapidez y diligencia- terminó creando divisiones incluso al interior de las propias filas de gobierno. Y una de las primeras bajas frente al discurso oficial de La Moneda serían aquellos parlamentarios cercanos al tema indígena o bien representantes de la zona donde el Comando Trizano comenzaba precisamente a hacer de las suyas con sus operaciones de amedrentamiento colectivo.

"La aparición del movimiento Hernán Trizano no es un rumor, es una realidad en la zona sur del país, tan real como cuando el año 1999 denunciamos junto al diputado Eugenio Tuma la existencia de otros grupos paramilitares aparentando ser guar-dias forestales y que cometían infinidad de atentados para inculpar luego a comunidades mapuche", señalaría tajante el diputado y presidente del PPD, Guido Girardi, ante las reiteradas negativas del gobierno a encarar de manera responsable el tema.

Roberto Muñoz Barra, senador del PPD, tampoco pudo guardar silencio respecto de una situación a todas luces evidente al menos al interior de su distrito Araucanía Norte. "Luego de 8 años resulta indiscutible que la política frente a los conflictos mapuche ha sido mirada como algo no trascendente. Según mi opinión, no resulta descabellado sino más bien a todas luces posible que en una zona donde han existido en el pasado movimientos radicalizados de derecha, como la Brigada Rolando Matus o importantes personajes de Patria y Libertad, puedan organizarse grupos armados que pretendan responder por la fuerza ante las demandas mapuche, más aun si ya existe un anuncio oficial de la creación de una brigada Hernán Trizano", señalaba el parlamentario a la prensa por aquellos días.

Por cierto, sus palabras no eran antojadizas. Conocedor como pocos de La Araucanía y de la idiosincrasia de sus colonizadores, en su retina estaban aún las imágenes de aquel masivo grupo de agricultores llegando armados y a bordo de potentes camionetas 4x4 a un fundo de Malleco, en solidaridad con uno de sus pares víctima reciente de un atentado incendiario. La polémica e improvisada reunión, desarrollada en el mismo predio siniestrado y que contó con la participación de más de 50 productores agrícolas de la región, había tenido lugar el 8 de junio del 2001 –tan sólo cuatro meses antes de la aparición del Comando Trizano en la misma zona- y tenía como supuesto objetivo solidarizar con Daniel Lichtenberg Rilling, propietario del Fundo "El Temo" de Victoria y cuyas tierras estaban siendo reclamadas por miembros de la comunidad mapuche Domingo Trangol.

"Todo parece indicar que a los agricultores de la Provincia de Malleco se les acabó la paciencia, están decididos a armarse para evitar ser atacados por comunidades mapuche aledañas a sus predios" señalaba el Diario Austral de Temuco en una nota publicada el 13 de junio. Razones para pensar aquello no le faltaban al vocero del empresariado agrícola sureño. Gran parte de los asistentes llegaron a la reunión en veloces todo terreno, vestidos con ropas de camuflaje y exhibiendo amenazantes ante la prensa sus escopetas y revólveres con las cuales aseguraban estar dispuestos a defender sus tierras ante cualquier otro ataque similar. "Se acabó la fiesta de los señores indígenas", declararía incluso uno de los asistentes ante un asombrado y joven periodista en práctica que difícilmente podía creer lo que estaba observando aquel día.

No faltaría por cierto en la cita la presencia del Presidente del Consorcio Agrícola del Sur y de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO) Manuel Riesco, quien aprovechando la tribuna facilitada por el Diario Austral, enviaría un claro mensaje de advertencia al gobierno. "Por suerte Lichtenberg no disparó, porque andaba armado cuando ocurrió el ataque. Tuvo el tino de no disparar, pero esa cuestión no sé cuántas veces se va a poder contar, se están exacerbando los ánimos y a la larga esto va a complicar más las cosas y va a terminar mal", señalaría Riesco en una polémica declaración que -para muchos entendidos desnudaba como ninguna otra el verdadero objetivo de la reunión convocada en Victoria. Esto es, la realización de una clara demostración de fuerza frente a las autoridades del gobierno. Un verdadero "Ejercicio de Enlace" pero en versión latifundista y patronal.

Sin embargo y a pesa de existir este tipo de hechos, las denuncias realizadas por el diputado Girardi y el senador Muñoz Barra no tuvieron mayor eco en los pasillos de La Moneda. Para el círculo de hierro del presidente Lagos, encabezado por el ministro Insulza, hablar de grupos paramilitares, sean estos de extrema izquierda o de derecha, sólo significaba retrotraer al presente un escenario de confrontación política preferible de olvidar en un país que avanzaba hacia su definitiva "reconciliación" nacional. El surgimiento de grupos paramilitares en La Araucanía debía ser por tanto sólo una fantasía de sujetos "alarmistas" o a lo más informaciones falsas e imprecisas publicadas por pasquines sureños de "dudosa" reputación.

Bajo esta lógica, cualquiera que argumentase lo contrario sólo estaría cayendo en el juego sucio de la derecha y los "poderes fácticos", es decir, en el juego de aquellos sectores políticos interesados en crear un clima ficticio de inestabilidad para perjudicar la gestión del presidente Lagos. Huelga destacar lo rápido que asumieron esta posición oficial tanto Girardi como Muñoz Barra, quienes una vez llamados a terreno por La Moneda desistieron de continuar investigando el tema y optaron por guardar religiosamente sus denuncias para mejores (o peores) tiempos.

Tras el silencio de los parlamentarios, tanto las denuncias por parte de las comunidades mapuche, como las declaraciones de los agricultores de armarse para defender sus predios, continuaron. Pero la percepción de las autoridades sobre la existencia del Comando Trizano no variaría un ápice. Mas tarde y a pesar de ser conocidas públicamente ya no las primeras amenazas sino más bien los primeros atentados en contra de connotados dirigentes mapuche, la posición gubernamental continuó siendo el bajar el perfil de los hechos.

II

"SABEMOS QUE ERES un socialista recalcitrante y amargado, cuídate y acuérdate que tu tienes familia. Lo que estas publicando en tu pasquín son puras mentiras y dañan la imagen de una zona de trabajo y empuje. Te estamos vigilando. Cuídate, no toques lo forestal por que te costará muy caro". Cuando Daniel Salinas, periodista y director del diario Renacer de Angol, leyó este correo electrónico no le asignó mayor importancia. La amenazante nota la firmaba una supuesta agrupación paramilitar y Salinas sólo atinó a pensar que se trataba de una broma de mal gusto. Hacia poco había publicado en su diario de circulación local un extenso reportaje sobre el negativo impacto de las forestales en territorio mapuche, pero nada que ameritara este tipo de sobre reacciones.

Semanas más tarde, cuando notó que automóviles desconocidos le seguían y varias llamadas anónimas eran recibidas en su propia casa, Salinas comprendió que no se trataba de simples bromistas. Con fecha 13 de marzo -y ante la concurrencia de nuevos actos de hostigamiento en su contra-, el periodista decidió hacer finalmente público lo que hasta entonces se ventilaba sólo al nivel de sus más cercanos, los tribunales de justicia y la Policía de Investigaciones. Es decir, las amenazas de muerte contra él y su familia a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas, los seguimientos vehiculares y las filmaciones por parte de civiles miembros del recién formado grupo paramilitar mallequino, "Los Cuchillos del Sur".

Aquel año, un fiscal del Ministerio Público de Angol en conjunto con una unidad especial de la Policía civil tuvieron a su cargo la investigación de los hechos, según reconoció entonces el propio Gobernador de Malleco, Mario Venegas. Sin embargo, jamás se logró dar con la identidad de los miembros de dicha agrupación paramilitar y la causa fue finalmente cerrada sin dar con los responsables de las llamadas intimidatorias. Nada raro, en todo caso. Un año antes, durante el transcurso del mes de abril del año 2002, una investigación judicial tendiente a identificar a los autores de sendas amenazas de muerte en contra de varios dirigentes mapuche de la misma zona de Malleco también había finalizado sin ningún tipo de resultados.

Mucho tiempo antes, una petición ante la justicia tendiente a lograr se investigase el surgimiento de grupos paramilitares por parte del abogado y diputado por la VIII Región, Alejandro Navarro, había desembocado en la designación del fiscal de Victoria, Héctor Leiva como primer encargado de dicha tarea. Para la presentación judicial -realizada el 14 de febrero de 2001 ante la Fiscal Regional, Esmirna Vidal-, el parlamentario se había basado en el artículo "La Intifada Mapuche" aparecido con fecha 4 de febrero en El Mercurio y que consignaba polémicas declaraciones de dueños de fundos en las que aseguraban estarse armando para hacer frente a los "hostigamientos" de comunidades mapuche.

"Creemos que las declaraciones hechas por agricultores de la IX, en las que se menciona que están creando grupos de autodefensa y que sólo por un milago no han muerto indígenas a consecuencia de disparos con armas de fuego, constituyen suficientes argumentos para presentar una denuncia de este tipo", explicaría Navarro. Para más adelante agregar, "acá hay asociación ilícita, amenazas y porte y tenencia ilegal de armas. Incluso, se han organizado grupos al margen de la ley, y la ley de Seguridad del Estado es clara y penaliza a quienes se asociaren para sustituir las facultades de las fuerzas de orden público. La propiedad privada la resguarda Carabineros e Investigaciones de Chile, no hay otra institución o grupo que pueda hacerlo. Los que lo hacen actúan al margen de la ley".

Pero no solo eso. En el documento judicial también se mencionaba a personas, autoridades políticas y del sector agrícola en la IX Región con nombre y apellido como los verdaderos responsables del clima de beligerancia existente al interior de las filas del agro sureño. "Manuel Riesco, Andrés Santa Cruz, Francisco Prat y Federico Rioseco, todos ellos dirigentes de asociaciones agrícolas, han coincidido en la necesidad de que los agricultores se organicen. Este llamado a la autodefensa, consideramos, ha pasado a hechos concretos y no se queda sólo en el plano del discurso", añadía el diputado del PS.

Sin embargo y a pesar de la contundencia de los antecedentes presentados por el parlamentario junto al dirigente Aucán Huilcamán y el abogado Rodrigo Lillo, el fiscal Héctor Leiva no logró finalmente mayores avances en su investigación. Esto a pesar de contar con un equipo especial de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) asignados al caso y de haber citado a declarar a su despacho a decenas de agricultores de las comunas de Victoria y Traiguén.

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