La publicación "Mundo Indígena 2010", informe anual auspiciado por el Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas (conocido como IWGIA por sus siglas en inglés) da cuenta del progreso de las reivindicaciones de los pueblos indígenas a nivel mundial, en especial lo relativo al respeto de su identidad cultural y sus derechos sobre las tierras que han ocupado secularmente y que hoy son ambicionadas por las corporaciones transnacionales debido a las diversas riquezas naturales que contienen, contando para ello con la complicidad de algunos gobiernos que secundan el neoliberalismo económico.

Esto hace parte de lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aunque se observa todavía un abismo entre las Constituciones y las leyes aprobadas y su puesta en práctica, puesto que el derecho de los pueblos indígenas es echado a un lado en función de los intereses económicos de los no indígenas, sean estos criollos o extranjeros, sobre todo cuando se requiere la aprobación indígena para explotar los ricos yacimientos existentes en su territorio.

En la realidad actual latinoamericana resaltan las luchas y denuncias de los pueblos originarios de Chile y Venezuela, los mapuches y los yukpas, los cuales han tenido que enfrentar de forma asimétrica la institucionalidad y la legislación de sus respectivas naciones, a pesar de tener a su favor todos los derechos inherentes a un sistema democrático. A ello habría que agregarle la lucha emprendida en 1994 por los indígenas de Chiapas, en México, pertenecientes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), al igual que la de sus hermanos de Guatemala, Ecuador y Bolivia, quienes han tenido un papel de importancia en procesos políticos que delinean -de una u otra forma- situaciones nuevas en dichos países, gracias a los cuales han alcanzado el reconocimiento de algunos de sus derechos ancestrales.

En el caso de los mapuches, el Estado chileno les ha conculcado tales derechos desde hace mucho tiempo. De ahí que ellos exijan la restitución de sus tierras, el control de las deforestaciones por parte de algunas empresas hidroeléctricas y forestales, además, de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Todo lo cual le da características únicas a sus luchas, tomando en cuenta que el reino de España habría reconocido el 6 de enero de 1641 la independencia del territorio conocido como Wellmapu, perteneciente al pueblo mapuche, mediante el Tratado Killin (o Quillin), siendo el río Bio-Bio la frontera natural entre ambos; sin embargo, los gobiernos republicanos han desconocido su vigencia.

Como antes frente a España, los mapuches mantienen hoy frente a las autoridades chilenas el respeto a su identidad cultural y autodeterminación, siendo ésta una demanda histórica y permanente. Al mismo tiempo, demandan no se les aplique una ley antiterrorista legada por la dictadura pinochetista, la cual permite que se les someta simultáneamente a la justicia militar y a la civil.

Para los mapuches ("la gente de la tierra"), al igual que para otros de los pueblos originarios de nuestra América, la tierra es la base fundamental de su cultura. Aunque una mayoría de ellos vive hoy en ciudades, empujados por las diferentes medidas gubernamentales en su contra, mantienen una resistencia tenaz contra quienes promueven su desaparición a través de la transculturización, el hostigamiento estatal y el desalojo forzoso de sus tierras.

Siendo acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, los mapuches son víctimas también del uso de una violencia institucionalizada que incluye la tortura, en una abierta violación de los derechos humanos, todo lo cual constituye una absoluta injusticia contra quienes son considerados como ciudadanos de segunda clase en el seno de la sociedad chilena, tan preciada de ser democrática y moderna.