Juan Diego Garc�a

Desde la prisi�n y tras 60 d�as, 34 dirigentes mapuches est�n en huelga de hambre para protestar porque a sus reivindicaciones se ha respondido con una brutal represi�n, incluyendo la aplicaci�n de la ley antiterrorista que somete civiles a la justicia militar, anula garant�as procesales y triplica las condenas. Ante la dificultad para definir el terrorismo, todo queda a la arbitrariedad de un juez que bien puede conceptuar que se trata de un simple problema de orden p�blico o aplicar esta normativa de la dictadura militar chilena, intocada por los gobiernos de la democracia.

Los ind�genas est�n presos por incidentes ocurridos en la defensa de su Naci�n Mapuche, el �ltimo reducto que la "civilizaci�n" les ha dejado en el profundo sur de Chile. Pero hasta all� llegan los tent�culos del "progreso" en forma de centrales hidroel�ctricas y explotaciones mineras, forestales y similares que envenenan r�os, talan bosques milenarios, polucionan la atm�sfera, ahuyentan la caza y la pesca, esterilizan suelos y desplazan a la poblaci�n, convertida as� en paria en su propia tierra, asalariados de miseria de multinacionales y finqueros o residentes inc�gnitos en los cinturones de marginaci�n de las grandes urbes. Ante la incuria y la complicidad de las autoridades frente a la voracidad de las empresas, los mapuches se han lanzado a la lucha con bloqueos, manifestaciones y otras formas de protesta que, como siempre, terminan en duros enfrentamientos con la polic�a, encarcelamientos, muertes y persecuci�n. A sus reivindicaciones tradicionales por la tierra los huelguistas agregan ahora la exigencia de un juicio civil para sus l�deres y la derogaci�n de la ley antiterrorista. Ignorados por los monopolios medi�ticos intentan romper el cerco de silencio y conseguir la simpat�a de la poblaci�n para torcer la mano poderosa del estado. De momento han conseguido movilizar importantes sectores de la sociedad chilena y comienza a generarse un movimiento internacional de solidaridad.

La movilizaci�n social ha conseguido, por ahora, que hasta las autoridades y los parlamentarios reconozcan la necesidad imperiosa de eliminar la ley antiterrorista heredada de la dictadura. Pero el proceso jur�dico marcha con una lentitud incompatible con la urgencia de 35 personas cuya vida corre peligro (incluyendo a ni�os ind�genas, igualmente acusados de terrorismo). En un ejercicio de cinismo sin l�mites, desde algunos sectores se propone que se amnist�e a los mapuches al tiempo que se haga lo mismo con los torturadores de la dictadura que est�n condenados o en proceso de serlo. Por supuesto los ind�genas rechazan una propuesta de tales caracter�sticas que los igualar�a a quienes si son efectivamente peligrosos terroristas. Solo exigen un juicio civil, justo y p�blico de tal manera se conozcan las razones que les han llevado a oponerse a proyectos que las autoridades presentan como indispensables para el progreso, mientras descalifican a quien se oponen tild�ndolos de obst�culo al bienestar y enemigo de la civilizaci�n.

Aunque el objetivo de eliminar la ley antiterrorista ya es de por si loable, lo es mucho m�s poner de manifiesto las limitaciones del modelo econ�mico vigente y la forma como se entiende el progreso y el desarrollo. Oponi�ndose a la destrucci�n de su comunidad tradicional (en todos los sentidos) los ind�genas chilenos est�n poniendo en tela de juicio el proyecto de sociedad que se ofrece como f�rmula para alcanzar la democracia pol�tica, el bienestar material, la cohesi�n social y el acceso a la cultura de la modernidad. Aunque no resulte expl�cito en la reivindicaci�n, aunque no sea la intenci�n conciente de los afectados, el conflicto obliga a considerar factores globales y de largo plazo que superan con creces el estrecho marco de los c�lculos empresariales y de la miop�a e irresponsabilidad (cuando no de la corrupci�n) de las autoridades que permiten estos proyectos. M�s all� del c�lculo de beneficios inmediatos resulta pertinente preguntarse. �Cu�les son los costes reales de esos proyectos? Una central hidroel�ctrica inundando grandes territorios, la extracci�n de petr�leo y de gas, y en general de recursos minerales, as� como la tala masiva de bosques, la construcci�n de grandes obras de infraestructura o la explotaci�n comercial de la biodiversidad se justifican ante la ciudadan�a como empresas indispensables para el progreso, como iniciativas de alta racionalidad econ�mica que armonizan las ganancias de la empresa con los intereses del pa�s. Pero las cuentas reales no respaldan tan optimistas aseveraciones, pues si es cierto que las empresas obtienen ganancias considerables no se puede afirmar la mismo para el conjunto del pa�s, para comenzar, porque se descargan sobre la comunidad costes claves que la empresa no asume y se afectan recursos para �sta y futuras generaciones.

Con independencia entonces de las formas folcl�ricas que acompa�an muchas veces tales movilizaciones populares contra una represa, una explotaci�n minera o los permisos de saqueo que se otorgan generosamente a las multinacionales, resulta esencial considerar los beneficios reales que se derivan de tales proyectos, en unos casos porque son da�inos en alto grado, en otros, por la manera como se realizan. La miner�a del oro, por ejemplo, cuando es realizada de manera artesanal perjudica r�os y suelos en una medida que se potencia enormemente cuando la explotaci�n es industrial. La extracci�n de petr�leo, por su parte, encierra peligros semejantes aunque es posible limitar estos efectos si se obliga a las empresas a extremar las medidas de seguridad. Las grandes represas hidroel�ctricas, s�mbolo del desarrollo econ�mico en otras �pocas, son hoy objeto de una consideraci�n m�s cuidadosa habida cuenta de los da�os que provocan en el medioambiente, la destrucci�n de otros recursos y lo limitado de su vida �til. La gran explotaci�n agr�cola, otro de los s�mbolos del modelo econ�mico actual, recibe objeciones no menos graves y por razones similares: aquello que es ganancia neta para las empresas supone p�rdidas �muchas veces irreparables- de recursos (agua, suelo, biodiversidad, bosques, dependencia de los grandes monopolios de la energ�a, la industria qu�mica y los productores de semillas, etc.) y algo no menos importante: la salud de la poblaci�n.

�Qui�n asume el coste efectivo de agotar un recurso? �Qui�n responde por los efectos perniciosos sobre la salud de �sta y las futuras generaciones? � A qui�n se piden responsabilidades por los da�os medioambientales? �En qu� quedar�a el balance optimista entre inversi�n y beneficios si se ampl�a el horizonte del c�lculo y se toman en consideraci�n todos los costes, en particular esos que se ocultan en la contabilidad de las empresas? Si resulta poco pr�ctico un debate sobre propuestas de muy escasa realidad (un regreso a la vida rural y el abandono del industrialismo, por ejemplo) y se asume que el consumismo actual resulta inconveniente e insostenible (adem�s de inalcanzable para la inmensa mayor�a de la poblaci�n mundial) se impone entonces la b�squeda de un modelo diferente de sociedad y de econom�a, resolviendo la disyuntiva que ofrece, de una parte, la estrategia que se fundamenta en el "desarrollo de las fuerzas productivas" como condici�n indispensable para progresar sobre bases ciertas y, por otra, el camino que proponen el "buen vivir" de los ind�genas como �nica manera de alcanzar la armon�a social y el equilibrio con el medio ambiente.

Y, algo central para estos pa�ses abocados a una desenfrenada exportaci�n de materias primas y alimentos a las econom�as centrales del capitalismo: agotar recursos claves que comprometen el futuro desarrollo constituye un suicidio como colectividad nacional. Al final, como en los peores tiempos del colonialismo aqu� quedar�n los socavones vac�os, los mineros con silicosis y un panorama de desolaci�n y tristeza. Los escasos beneficios para el pa�s estar�n generando intereses en bancos extranjeros en las cuentas numeradas de los funcionarios corruptos, tan sol�citos cuando se trata de vender el pa�s.

Los actuales mapuches son dignos sucesores de Lautaro, Colocolo,Tucapel, Rengo y en particular del gran Caupolic�n que para ganar la jefatura militar contra los espa�oles soport� sin desfallecer por dos d�as con sus noches un pesado tronco sobre sus hombros. Tal como lo canta Alonso de Ercilla en La Araucaria:

Con un desd�n y muestra confiada,
asiendo el tronco duro y nudoso,
como si fuera vara delicada,
se lo pone en el hombro poderoso:
la gente enmudec�a maravillada
de ver el cuerpo fuerte tan nudoso.