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Pueblos Ind�genas en Brasil: el desaf�o de la autonom�a
Ricardo Verdum*
Traducci�n por: Silvia Adriana S�nchez de la Rosa
Programa de las Am�ricas
*Antrop�logo, asesor de pol�ticas ind�genas y socioambientales del INESC,
verdum@inesc.org,br.
Los pueblos ind�genas tienen derecho a la libre determinaci�n. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condici�n pol�tica y persiguen libremente su desarrollo econ�mico, social y cultural (Declaraci�n de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Ind�genas, Art. 3).
Los pueblos ind�genas tienen el derecho a conservar y fortalecer sus propias instituciones pol�ticas, jur�dicas, econ�micas, sociales y culturales, manteniendo al mismo tiempo su derecho de participar plenamente, se as� lo desearan, en la vida pol�tica, econ�mica, social y cultural del Estado (Declaraci�n de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Ind�genas, Art. 5).
La poblaci�n ind�gena en Brasil es estimada, por la Fundaci�n Nacional de Salud (Funasa), en cerca de 470 mil personas, o equivalente a poco m�s del 0.2% de la poblaci�n total del pa�s. Cerca de 60% de esta poblaci�n vive hoy en la regi�n designada como Amazonia Legal. Ya el censo demogr�fico de 2000, realizado por el Instituto Brasile�o de Geograf�a y Estad�stica (IBGE) identific� 734.127 auto-identific�ndose como "ind�gena", elevando ese porcentaje para 0.4% de la poblaci�n del pa�s. Esa poblaci�n representa una diversidad ling��stica que excede el n�mero de 180 lenguas, clasificadas en 35 familias ling��sticas. Se estima existen en Brasil un total de 220 pueblos ind�genas, varios de ellos sometidos a jurisdicci�n de m�s de un Estado-naci�n, como es el caso de los Guaran�es (Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay), Yanomami (Brasil y Venezuela), Tukano (Brasil e Colombia) y Tikuna (Brasil, Colombia y Per�). Los ind�genas est�n presentes en todos los estados de la Federaci�n y sus territorios ("tierras ind�genas", en lenguaje jur�dico del estado brasile�o) suman aproximadamente 110,6 millones de hect�reas�el equivalente a aproximadamente 13% del territorio nacional y el 21% de la Amazonia brasile�a.
A pesar de haber pasado m�s de veinte a�os desde que fue aprobada la actual Constituci�n de la Rep�blica Federativa de Brasil (1988), que incluy� un cap�tulo espec�fico relativo a los derechos de los pueblos ind�genas (Cap�tulo VIII�De los Indios), lo que se percibe hoy es ninguno de los gobiernos que siguieron, a lo largo de esos a�os, implement� cambios significativos en las pr�cticas y estructuras pol�tico-administrativas del aparato de Estado, en particular en la direcci�n de transformaci�n del Estado brasile�o en un Estado Plurinacional. El respeto al derecho interno de autonom�a pol�tica de esos pueblos y a la restructuraci�n territorial del Estado no lo integra a�n ni la agenda de los partidos pol�ticos "progresistas"1.
Es cierto que hubo algunos esfuerzos en ese sentido, por ejemplo, cuando la concepci�n e implementaci�n de los distritos sanitarios ind�genas especiales (DSEIs). Algunos agentes sociales, ind�genas y no ind�genas, vieron ah� la posibilidad de los DSEIs de ser embriones de estructuras pol�ticas m�s amplias, para el ejercicio del derecho a la autonom�a o al autogobierno ind�genas en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, y para la gesti�n de sus territorios y recursos naturales. Pero a ese esfuerzo siguieron movimientos contrarios, que por diferentes perspectivas pol�ticas e intereses econ�micos, descalificaron o, hasta, criminalizaron iniciativas que pudiesen caminar en ese sentido. Cuando mucho, fue aceptado un multiculturalismo "bien comportado", que se ocupa de la diversidad en cuando a la diferencia cultural, dentro de un determinado espacio (local, regional, nacional o internacional), al mismo tiempo en que repudia o deja del lado diferencias econ�micas y sociopol�ticas. En la pr�ctica, eso se manifiesta en pol�ticas que se "abren" a La diversidad cultural, manifiestan un relativismo cultural, AL mismo tiempo en que se refuerzan los mecanismos de control y dominio de poder nacional y los intereses Del capitalismo global2.
Los pueblos ind�genas y la Constituci�n de 1988
Igual como lo ocurrido en otros pa�ses en Am�rica Latina, donde movimientos ind�genas se movilizaron y presionaron a las estructuras de poder de los estados, vislumbrando conquistar voz y poder de voto en la Asamblea Constituyente y en los parlamentos nacionales, como, por ejemplo, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela3, en Brasil, a mediados de los a�os 1980, por ocasi�n del proceso pol�tico que result� en el actual texto de la Constituci�n Federal de 1988, tambi�n hubo esfuerzos semejantes. En varios estados de la federaci�n, vimos ind�genas ingresando en partidos pol�ticos, donde enfrentaron disputas internas por espacio pol�tico y financiamiento de campa�a y, por lo menos, una decena particip� en 1986 en la disputo electoral para "diputado constituyente". La Uni�n de las Naciones Ind�genas (UNI), constituida al inicio de esa d�cada, fue un polo de articulaci�n de "liderazgos ind�genas" y de organizaciones de apoyo (Inesc, Cedi, CPI-SP, ABA, etc.) y la principal responsable por la campa�a Pueblos Ind�genas en la Constituyente. EL Consejo Indigenista Misionario (Cimi) tuvo, igualmente, papel de destaque en el proceso, apoyando acciones del movimiento ind�gena en el Congreso Nacional y en los estados4.
Aunque no haya sido posible elegir, al menos, un representante ind�gena para el Congreso Nacional, ni conquistado cuota espec�fica de representaci�n de las "naciones" o "pueblos" ind�genas en esa casa legislativa, esa movilizaci�n dio, sin embargo, visibilidad a las "cuestiones ind�genas", extrapolando las fronteras de los actores sociales que forman el llamado campo indigenista brasile�o. Tambi�n posibilit� el apoyo de parlamentarios de diferentes matices a la inclusi�n de un cap�tulo espec�fico en la actual Constituci�n Federal, titulado De los Indios, con dos art�culos clave para el futuro de las campa�as de defensa y promoci�n de los derechos ind�genas en el pa�s. Por otro lado, queda evidente que no se consigui� ir mucho m�s adem�s de la definici�n de derechos espec�ficos, que no implican en cambios pol�ticos sustantivos en el proyecto republicano de Estado monocultural.
En relaci�n a la Constituci�n de 1969, el texto constitucional de 1988 fue sin sombra de duda un avance, incorporando otras dimensiones de derecho a los pueblos ind�genas, entonces denominados "silv�colas" 5. Nunca est� de m�s recordar que, en uno de los art�culos, el n�mero 231, el texto constitucional reconoce a los pueblos ind�genas "su organizaci�n social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan". En el art�culo siguiente, el 232, tambi�n reconoce a los ind�genas (sus comunidades y organizaciones) el derecho de ingresar en juicio de defensa de sus derechos e intereses, pudiendo contar para eso con el apoyo del Ministerio P�blico en todos los actos del proceso.
Eso, en nuestro entendimiento, significa el reconocimiento de la condici�n multicultural y pluri�tnica de la sociedad brasile�a. Pero como eso se transforma en pr�cticas y reformula las estructuras pol�ticas del estado brasile�o es algo para lo cual el texto de la nueva Constituci�n no tiene respuestas para dar. La participaci�n y representaci�n pol�tica de los pueblos ind�genas en las instancias de poder legislativo del Estado, el reconocimiento de sus territorios como unidades regionales aut�nomas, donde el pueblo que ah� vive pueda ejercer sus formas propias de gobierno y justicia y no como meras tierras demarcadas como parcelas o unidades productivas, son dimensiones ausentes del texto constitucional. Entonces porque, pasados m�s de veinte a�os desde su aprobaci�n, no sonar� extra�o constatas que no fueron realizados cambios sustantivos en las estructuras y en las pr�cticas pol�tico-administrativas del Estado brasile�o.
Como otras Constituciones latinoamericanas, fueron incorporados la diversidad �tnica y los derechos espec�ficos en el nuevo texto constitucional, sin tocar las estructuras pol�ticas de poder y dominaci�n. Tambi�n qued� fuera, invisibilizada en las pol�ticas p�blicas especificas, la parcela de la poblaci�n ind�gena que vive hoy en centros urbanos.
Si partimos del presupuesto de que en efecto la ciudadan�a ind�gena en los t�rminos propuestos por la Convenci�n 169 de la Organizaci�n Internacional del Trabajo (OIT, 1989) y por la Declaraci�n de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Ind�genas (2007) significa el reconocimiento jur�dico y efectico de los derechos pol�ticos y sociales de los pueblos ind�genas, que incluy� (a) autonom�a de decisi�n; (b) autogobierno y control sobre los territorios y los recursos naturales en ellos existentes; (c) derecho a representaci�n pol�tica en las instancias de poder legislativo del estado; y (d) protagonismo en la formulaci�n y control sobre las llamadas pol�ticas p�blicas de los Estados en que est�n insertos por fuerza del proceso de colonizaci�n iniciado en la regi�n al final del siglo XV, en Brasil a�n no encontramos distantes de que ello sea efectuado. No obstante las tentativas de ablandar la naturaleza integracionista de la legislaci�n e de la relaci�n establecida con los pueblos ind�genas, a�n est� muy presente y activa el viejo vicio tutelar del Estado colonialista brasile�o6.
Pos-1988
Los cambios morfol�gicos y gerenciales desencadenados en Brasil en los primeros a�os de la d�cada de 1990�se implicaron en un mayor acceso de los individuos a los "servicios" prestados por el Estado en os distintos "sectores" o "pol�ticas" gubernamentales (salud, educaci�n escolar, asistencia social, apoyo t�cnico y financiero y producci�n, etc.)�muy poco contribuyeron para que super�semos la matriz colonialista en relaci�n con los pueblos ind�genas. Antes, crece la sospecha de que, lo que ven proces�ndose, son s�lo transformaciones en tecnolog�a en las t�cnicas de dominaci�n y de domesticaci�n de la insatisfacci�n ind�gena, que de manera alguna pretende atacar las asimetr�as y promover relaciones equitativas.
Por eso, varios autores advierten que atr�s de las nuevas pol�ticas latinoamericanas de reconocimiento e inclusi�n, juega una nueva l�gica cultural del capitalismo global, una l�gica que intenta controlar y armonizar la oposici�n con la pretensi�n de eventualmente integrar a los pueblos ind�genas y negros dentro del mercado (Catherine Walsh, 2002: 25).
En relaci�n a los territorios ind�genas, a�n cuando reconocidos formalmente por el Estado brasile�o, persiste la idea de que son reservas de recursos naturales y ser�n incorporados al circuito econ�mico de mercado cuando sea necesario7. En �ltima instancia, las demandas ind�genas por control territorial y participaci�n pol�tica son vistas sobra la �ptica de "seguridad nacional". Ejemplo de eso son las 19 "salvaguardas", establecidas por el Supremo Tribunal Federal (STF) al caso de Tierra Ind�gena Raposa/ Sierra del Sol (RSS), que implican en una serie de limitaciones a la autodeterminaci�n de los pueblos ind�genas que all� viven y a las futuras demarcaciones de los territorios ind�genas8.
En Brasil, lo que hoy llamamos indigenismo naci� de una pr�ctica de conocimiento y de acci�n pol�tico-administrativa llamada de "tradici�n sertanista". Ella se constituy� como tal al inicio del siglo XX, como parte de la pol�tica republicana de integraci�n nacional. En los a�os 1950, el indigenismo brasile�o pas� a interactuar con oras tradiciones indigenistas sin acci�n en el continente americano, cuando el indigenismo es adoptado como ideolog�a por agencias del Sistema de Naciones Unidas y de la Organizaci�n de Estados Americanos9.
Aunque distinto del mexicano, el indigenismo brasile�o naci�n con la misma grave e insoluble contradicci�n interna: postula el relativismo cultural, al mismo tiempo en que ambiciona la meta de "incluir a los indios" en la sociedad nacional. Tenemos aqu�, como en el caso mexicano analizado por H�ctor D�az Polanco (1991), un discurso ideol�gico relativista encubriendo una pr�ctica integracionista. Se separan los "aspectos positivos" de las culturas ind�genas de aquellos que deben desaparecer, o porque son "contrarios" al buen andar del proceso de "integraci�n nacional" y del "progreso", o porque son "in�tiles" a la necesaria adaptaci�n individual y colectiva de los ind�genas en la econom�a de mercado.
Al proceso constituyente de 1986-1988 sigui� un periodo de efervescencia organizativa en el medio ind�gena, sea en la defensa de una indianidad gen�rica, sea de grupos ind�genas espec�ficos, como los Kayap� y los Turkano, por ejemplo. Contribuy� para eso el apoyo dado por la ayuda financiera y asesor�a de la Iglesia Cat�lica, de la cooperaci�n internacional oficial (gubernamental y multilateral) y de organizaciones civiles (ONG), nacionales e internacionales. Hay casos de organizaciones criadas con la finalidad de recibir recursos financieros para desarrollar acciones de intereses de la comunidad que supuestamente representar�an. Hay tambi�n organizaciones h�bridas, con actuaci�n en ambos de los frentes de acci�n.
El reconocimiento formal del derecho a la organizaci�n y a la representaci�n propia de los ind�genas, expreso en la Constituci�n de 1988, represent� el impulso definitivo para el proceso de auto-organizaci�n de esos pueblos, el surgimiento y la multiplicaci�n de organizaciones ind�genas por el pa�s afuera y su articulaci�n en redes regionales, nacionales e inclusive transfronterizas. Un a�o despu�s de promulgada la nueva Constituci�n brasile�a, fue creada la Coordinaci�n de las Organizaciones Ind�genas de la Amazonia Brasile�a (COIAB), que naci� con enfoque regional e identidad ind�gena transcomunitaria. Con sede en Manaus (AM), congrega hoy m�s de una centena de organizaciones locales y subregionales10.
En los a�os noventa tambi�n creci� en Brasil, como en otros pa�ses en Am�rica Latina, la actuaci�n de las llamadas agencias de cooperaci�n internacional para el desarrollo�de pa�ses como Gran Breta�a y Alemania, o agencias multilaterales como el Banco Mundial (BM), o Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las agencias del Sistema de Naciones Unidas (UNESCO, OIT, OMS, PNUD, etc.)�en la pol�tica indigenista oficial o directamente junto a las organizaciones ind�genas. Hace recordar los a�os 1940 y 1950, cuando varias agencias internacionales, como la OIT, actuaban en la diseminaci�n de ideas y en la organizaci�n de un sistema indigenista de cobertura continental. Como en aquel periodo, esas instituciones pasaron a actuar no solamente como agentes financieros y de asistencia t�cnica, sino tambi�n como agentes pol�ticos, influyendo en la definici�n de las pol�tica sectoriales y como un "aliado" del movimiento ind�gena en sentido de flexibilizaci�n de los mecanismos de tutel y control gubernamental11.
La hegemon�a pol�tica, ideol�gica y administrativa de FUNAI sobre la gesti�n oficial de la poblaci�n y de los territorios y recursos naturales ind�genas se extendi� hasta 1991, cuando algunas de sus funciones pasaron a ser gradualmente compartidas o tambi�n repasadas para otros �rganos de administraci�n p�blica federal. Por medio de los Decretos No. 23, 24, 25, 26, del 4 de febrero de 1991, durante la presidencia de Fernando Collor de Mello, fueron repasadas, respectivamente para los Ministerios de Salud, del Medio Ambiente, de Agricultura y de Educaci�n, las acciones de "pol�tica de asistencia al indio", que estaban, hasta entonces, en la responsabilidad de ejecuci�n del FUNAI, o conceder a terceros la corresponsabilidad por la implementaci�n12.
En ese contexto, la promoci�n del llamado, etnodesarrollo fue concebida como capaz de "romper con el ciclo vicioso de dependencia de recursos para nuevos proyectos" y como estrategia de "desarrollo socio-econ�mico-cultural de estas poblaciones siguiendo las especificidades propias". Es importante tener la claridad de que estamos tratando de expresiones-artefactos culturales y pol�ticos que, en resultado de esa naturaleza, est�n sujetas a ser accionadas en la construcci�n de narrativas y proyectos de uso de los territorios ind�genas y de los recursos naturales ah� existentes (ver ver Ribeiro 1992, 2005). Ese es el caso, por ejemplo, de la noci�n pol�mica y polis�mica de etnodesarrollo, que a lo largo de los �ltimos veinte a�os veo adquiriendo una creciente importancia en la ret�rica indigenista latinoamericana (y en la brasile�a tambi�n), caracterizando lo que H�ctor D�az Polanco (1991) y V�ctor Bret�n (2001) denominaron indigenismo etnof�gico.
En ese mismo a�o, 1991, se dan el inicio en el �mbito del Poder Ejecutivo discusiones avistando promover una revisi�n del Estatuto del Indio (Ley 6001/73). Fue constituida entonces una comisi�n interministerial para ese fin, que paso a ser coordinada por la FUNAI en la gesti�n de Sydney Possuelo. Teniendo por referencia y motivaci�n jur�dica la Constituci�n Federal reci�n promulgada, y como est�mulo pol�tico la realizaci�n en Brasil de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (a RIO92), se lograron en ese a�o reuniones p�blicas, algunas abiertas a la participaci�n de organizaciones no gubernamentales y especialistas�Consejo Indigenista Misionario, Asociaci�n Brasile�a de Antropolog�a, N�cleo de Derechos Ind�genas (NDI) y otras. En junio de 1991, organizaciones y liderazgos ind�genas (entre ellas COIAB, UNI-AC y la Comisi�n Ind�gena Este-Noroeste), despu�s de analizar la propuesta del Estatuto elaborada por una Comisi�n Interministerial del Gobierno Federal, presentaron sus propuestas para el nuevo Estatuto.
Por lo menos tres proyectos de ley fueron encaminados al Congreso Nacional, que form� una Comisi�n Especial para analizar las propuestas encaminadas a emitir un parecer. Adem�s de la propuesta elaborada por la Comisi�n Interministerial (PL 2160), o NDO (PL 2057) e el CIMI (PL 2619) encaminaron sus respectivas propuestas de proyecto de ley. La coordinaci�n de las Organizaciones Ind�genas de la Amazonia Brasile�a (COIAB) y otras organizaciones y liderazgos ind�genas tambi�n presentados en abril de 1992, despu�s de analizar las tres propuestas encaminadas al Poder Legislativo, un conjunto de propuestas para ser analizadas por la Comisi�n Especial.
Demor� casi tres a�os para la Comisi�n Especial, en 1994 (despu�s de innumerables reuniones, versiones, enmiendas, negociaciones, etc.) votar el texto definitivo del Estatuto de las Sociedades Ind�genas, "conciliando" las diferentes visiones e intereses en juego13. Por iniciativa del Poder Ejecutivo, la tramitaci�n del proyecto de ley (PL 2.057/91) del nuevo Estatuto fue paralizada en la C�mara. Incluso antes de la posesi�n del presidente Fernando Henrique Cardoso, a finales de 1994, el entonces diputado federal Arthur da T�vola, l�der del PSDB en la C�mara, present� en nombre del nuevo gobierno un recurso suspendiendo la tramitaci�n del proyecto, justificando la necesidad de nuevo gobierno de formar un juicio sobre "tan pol�mico proyecto". Ese acto acab� criando un estado de desconfianza y de insatisfacci�n con el nuevo gobierno, habiendo generado protestas de organizaciones ind�genas y de apoyo, incluso antes de que el presidente Fernando Henrique Cardoso, tomara posesi�n del cargo el 1� de enero de 199514.
Casi catorce a�os despu�s, en el segundo mandato del presidente Lula da Silva, el gobierno federal retoma el proceso de elaboraci�n de un nuevo Estatuto, conteniendo los derechos y deberes de los pueblos ind�genas en el �mbito del Estado brasile�o. Esa reanudaci�n se va a dar en el �mbito de la Comisi�n Nacional de Pol�tica Indigenista (CNPI), instituida por medio del decreto presidencial firmado el 22 de marzo de 2006, vinculada administrativamente al Ministerio de Justicia. La CNPI est� compuesta por 12 integrantes del Gobierno Federal, 20 ind�genas de diferentes partes del pa�s y dos representantes de entidades no gubernamentales.
Teniendo por base el documento elaborado por el Diputado Federal Luciano Pizzato, llamado "Substitutivo al PL 2.05/91", y aprobado en la Comisi�n Especial de la C�mara de Diputados en 1994, fueron realizados a lo largo del segundo semestre de 2008 diez encuentros regionales. Esos encuentros fueron patrocinados y organizados por el Gobierno Federal, y cont� con el apoyo pol�tico de organizaciones ind�genas como COIAB, APOINME, ARPIN-SUL y asesoramiento t�cnico del CIMI, sobre el argumento de que existen posibilidades de avance en relaci�n con el Estado brasile�o. Participaron en los encuentros cerca de mil ind�genas, donde en tal "substituci�n" fueran hechas sugerencias de cambios, exclusiones y aumentos por los participantes. Durante el denominado Campamento Tierra Libre, asamblea ind�gena realizada anualmente desde 2004, en Brasilia, realizada en este a�o de 2009 entre los d�as 4 y 8 de mayo, una versi�n preliminar, aprobada en el �mbito de la CNPI pocos d�as antes, fue distribuida a los participantes y discutida en sus l�neas b�sicas. En la ocasi�n, fue lanzada oficialmente la creaci�n de una organizaci�n ind�gena de representaci�n nacional, la Articulaci�n de los Pueblos Ind�genas de Brasil (APIB).
Un an�lisis a profundidad de ese proceso a�n est� por ser realizado. Hay varias puntuaciones de los encuentros que convergen para un punto preocupante: que el plan de trabajo con cuestiones orientadoras de la din�mica de los encuentros habr�a inducido a sus participantes a considerar como un presupuesto, o pero, un "hecho consumado", una "necesidad" la exploraci�n de recursos minerales e h�dricos en los territorios ind�genas., El hecho es que hoy hay un documento, llamado Estatuto de los Pueblos Ind�genas, cuestionable en varios aspectos, que est� presente a ser encaminado al Congreso Nacional como "enmienda" al Sustitutivo al PL 2.957/91. Pero el riesgo de continuidad con el proyecto integracionista dise�ado e implementado a partir de la primera mitad del siglo pasado es fuerte. Pero a�n cuando constatamos que nociones operacionales del tipo inclusi�n productiva, como contrapunto la otra noci�n no menos problem�tica cuando aplicada para interpretar la condici�n de los pueblos ind�genas en Brasil, la noci�n de pobreza, viene informando y formateando pol�ticas y acciones "de justicia social" de diferentes "sectores" del indigenismo oficial. O peor, dado el perfil pol�tico predominante en el Congreso Nacional brasile�o en la actualidad, el debate y el juego de las fuerzas all� ocurrido resulta en un texto donde predomine una visi�n liberal m�s radical en el plano socioecon�mico, que induzca a los ind�genas a adoptar los principios de la libre competencia, del lucro y de la propiedad privada en el trato con sus territorios y recursos (naturales, culturales, etc.).
Consideraciones finales
A pesar de las limitaciones conceptuales, epistemol�gicas, demogr�ficas, organizativas y, principalmente, pol�ticas que hoy se evidencia para la formulaci�n e implementaci�n de una estrategia de refundaci�n del Estado brasile�o, que insiste en se monocultural, a partir de la idea de autodeterminaci�n y autonom�a territorial ind�gena, entendemos ser necesario, al menos, intentar retomar el filio de la madeja del remate sobre la participaci�n pol�tica de los pueblos ind�genas en las instancias de poder Legislativo brasile�o. Digo retomar porque, a lo largo de los a�os 1990, ese asunto qued� relativamente sumergido, cubierto por tantas otras "prioridades". Entre 2002 y 2004 el tema "cuotas" para representantes ind�genas en los Legislativos estatal y federal y la constituci�n de un "parlamento ind�gena" llego a ser debatido en reuniones y encuentros regionales del movimiento ind�gena, para gradualmente ser sobrepuesto por nuevas urgencias. La demarcaci�n y regularizaci�n de los territorios; la creaci�n de un subsistema de educaci�n escolar; la estructuraci�n de un subsistema de servicios de salud tambi�n espec�fico, la elaboraci�n de un nuevo "estatuto de los pueblos ind�genas"; la institucionalizaci�n del asociacionismo ind�gena y de organizaciones de representaci�n; es la creaci�n de mecanismos de apoyo financiero a los proyectos de "desarrollo local", ocupa desde los a�os 1990 el movimiento ind�gena y sectores de la sociedad civil organizada solidaria. Todo eso en comit� con una acci�n de resistencia frente a presiones contrarias en el Congreso Nacional, en la burocracias sectoriales del Poder Ejecutivo federal, en el nivel local, etc.
Un parlamentario ind�gena en la C�mara Federal en 2001 puede hacer la diferencia, puede abrir nuevas perspectivas de interlocuci�n con el Estado brasile�o. Desde 2005, un conjunto de organizaciones, movimientos, articulaciones, redes y foros de la sociedad civil debate e formula propuestas para una reforma pol�tica del Estado brasile�o. Una propuesta que no restrinja al sistema electoral, pero, si, al conjunto de los procesos decisivos del sistema de poder instituido en el pa�s. Entre las innumerables propuestas contenidas en el documento titulado Plataforma de los Movimientos Sociales para la Reforma del Sistema Pol�tico en Brasil, resultado de casi cuatro a�os de debates, aparece una que apunta para la necesidad de creaci�n de mecanismos legales que garanticen la representaci�n directa de los pueblos ind�genas en las elecciones proporcionales en el pa�s, como el ejemplo de pa�ses como Venezuela y Colombia. La creaci�n de un sistema propio de elecci�n, que no pasar�a por el sistema partidario hoy existente.
Eso me hace recordar a Gersem Luciano, del pueblo ind�gena Baniwa, pueblo que habita en la regi�n fronteriza entre Brasil y Colombia. En una publicaci�n organizada por nosotros en 2004 �l present� una propuesta de "parlamento ind�gena". En su visi�n, ese "parlamento" ser�a un espacio de articulaci�n de los movimientos etnopol�ticos ind�genas a nivel nacional, una instancia de referencia propia de los pueblos ind�genas, en la cual estar�an representadas sus aspiraciones leg�timas. En su visi�n, ella podr�a muy bien ser parte de un nuevo modelo de relaci�n institucional de los pueblos ind�genas con el Estado y la sociedad no ind�gena en Brasil: un Estado Plurinacional.
Hace recordar tambi�n del proceso de discusi�n sobre "alternativas de fortalecimiento de la participaci�n ind�gena en instancias legislativas del Estado nacional", desencadenado por el Inesc en 2001, en asociaci�n con la Coordinaci�n de las Organizaciones Ind�genas de la Amazonia Brasile�a (COIAB), la Articulaci�n de los Pueblos y Organizaciones Ind�genas del Noreste, Minas Gerais y Esp�ritu Santo (APONME) y otros l�deres y organizaciones ind�genas y de apoyo. A partir de esas discusiones, fue realizado en Brasilia, el 18 y 19 de noviembre de 2002, el Seminario Internacional Indios y Parlamentos, que fue seguido por reuniones y encuentros regionales en el Sur, Noreste y Norte del pa�s entre los a�os de 2003 y 2005.
Llego al final de este texto con la sensaci�n de que estamos frente a un gran desaf�o. Ser� necesaria mucha creatividad, mucha voluntad de innovaci�n y disposici�n para enfrentar las barreras administrativas, pol�ticas y culturales que frecuentemente se interponen al avance de la democracia participativa en Brasil, principalmente cuando se refiere a los pueblos ind�genas. En este momento, en el que se retoma en el �mbito del Congreso Nacional la discusi�n sobre la necesidad de una legislaci�n espec�fica, en substituci�n al ya, hace mucho, obsoleto Estatuto del Indio de 1973: en que se intenta concebir f�rmulas alternativas al instituto de tutela; cuando el movimiento ind�gena brasile�o busca fortalecerse y articular alianzas con otros movimientos sociales, viendo a la transici�n para una sociedad donde la plurietnicidad y la interculturalidad est�n en la ra�z de sus instituciones, creemos que el contenido de esta publicaci�n aportar� contribuciones positivas.
Notas
1. La reflexi�n desarrollada por H�ctor D�az-Polanco (2006a, 2006b), El respeto de La "dificultad" te�rica y pol�tica de La izquierda cl�sica latinoamericana para tratar la demanda de autonom�a de los pueblos ind�genas, es un bien punto de partida para pensar el contexto brasile�o. El va mostrar, por ejemplo, que la desconsideraci�n de la dimensi�n del reconocimiento (de la diversidad) acaba fortaleciendo tesis liberales (o neoliberales), contrarias a la demarcaci�n de las "tierras ind�genas" y al derecho de esos pueblos sobre los recursos naturales en la existentes.
2. Slajov Zizek (2005) va a llamar ese proceso como una nueva l�gica multicultural del capitalismo multinacional. Esa "apertura" a la diversidad cultural e incorporaci�n de demandas de los movimientos ind�genas por los Estados se manifest� en varios pa�ses latino-americanos desde los primeros a�os de la d�cada de 1990, cf. Bret�n (2001, 2005), Guerrero & Ospina (2003), Verdum (2006), Hale (2007).
3. Ver Mar�s 1996; Bengoa 2000; Van Cott 2004; Montejo 2004; Bello 2004; D�az-Polanco 2005; D�valos 2005; Clavero 2008; Walsh 2009.
4. Para mayores detalles ver: CEDI 1987, 1991; Lacerda 2008.
5. La Enmienda Constitucional No. 1, de 17 de octubre de 1969, que modifica el texto constitucional de 1967, estabelece en el Artigo 198 que "Las tierras habitadas por los silv�colas son inalienables em los t�rminos que la ley federal los determine, cabiendo su posesi�n permanente y quedando reconocido su derecho al usufructo exclusivo de las riquezas naturales y de todas las utilidades en ellas existentes". Como en las dem�s Constituciones del periodo republicano (1934, 1937 y 1946), la "tierra" fue el �nico art�culo que mereci� atenci�n de los legisladores.
6. Ver Gaiger 1991; Verdum 2006b.
7. Despu�s de pasar por varios ciclos productivos (monocultivo agr�cola, extracci�n maderera etc.), con el consentimiento o implementado directamente por el Servicio de Protecci�n al Indio (SPI) y por su sustituta, la Federaci�n Nacional del Indio (Funai), a los pueblos ind�genas viene siendo ofertada una nueva "oportunidad" para desarrollarse: el mercado de los "servicios ambientales".
8. Mayores detalles del caso RSS ver: www.socioambiental.org/inst/esp/raposa/?q=noticias
9. Ver Gagliari 1989; Favre 1998; Verdum 2006.
10. Ver Ricardo 1996; Albert 1997, 1998, 2001; Athias 2002.
11. Sobre el papel de las estrat�gias de la cooperaci�n internacional en relaci�n a los pueblos ind�genas en Am�rica Latina, en particular en Brasil y en Ecuador, ver Breton 2001; Verdum 2006.
12. Ver Barroso-Hoffman et al. 2004; Ricardo 1996, 2000; Souza Lima & Barroso-Hoffman 2002; Verdum 2003, 2005a, 2005b, 2008.
13. Ver Santilli 1996; Ara�jo e Leit�o 2002.
14. En marzo de 2000 el Gobierno Federal presenta nueva propuesta de Estatuto por medio del diputado federal Luciano Pizzatto (PFL-PR), que fue duramente criticado por el movimiento ind�gena y entidades de apoyo y por la bancada de oposici�n al gobierno en el Congreso Nacional. Ver Oliveira Pankararu 2006.
Ricardo Verdum (verdum(a)inesc.org.br) Es Doctor en Antropolog�a de Am�rica Latina y El Caribe por El Centro de Investigaci�n y Pos-Graduaci�n sobre las Am�ricas (CEPPAC) de la Universidad de Brasilia (UnB), asesor s�nior de pol�ticas ind�gena y socioambiental del Instituto de Estudios Socioecon�micos (Inesc), es analista para el Programa de las Am�ricas en www.ircamericas.org.
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