Pueblos Originarios |
La lucha política del movimiento social mapuche en la sociedad neoliberal
chilena
Tierra, territorio y autonomía
Juan Carlos Gomez Leyton
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feyti weñagkvn feyti wecheche
ñi petu zugu ñi kewvn
welu ñami ñi pvllv
La poesía es el hondo
susurro de los asesinados el rumor de hojas en el otoño la tristeza por el
muchacho que conserva la lengua pero ha perdido el alma
Elicura Chihuailaf
In Memorian de Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collí, mártires de la actual
rebelión mapuche.
Desde fines del siglo XX hasta la actualidad la cuestión indígena ha re-emergido
con fuerza en las diversas sociedades de Nuestra América. Los pueblos
originarios una vez más se han puesto en movimiento, constituyéndose en los
"nuevos actores políticos" que encabezan la rebelión social popular en contra de
las "viejas" como de las "nuevas" dominaciones (Bengoa, 2007; Escárzaga, 2007-8
y Gómez Leyton 2007-8). El pueblo mapuche no ha sido la excepción. Su activa
movilización social y política, desde los inicios de la década los años noventa,
ha tensionado fuertemente tanto al régimen político post-autoritario como al
Estado nacional con sus históricas demandas y reivindicaciones. (Toledo, 2007).
El pueblo mapuche ha debido confrontar desde la constitución del Estado Nacional
diversas modernizaciones capitalistas que han afectado profundamente su
identidad cultural y existencia histórica. Actualmente enfrenta y se relaciona
conflictivamente con la modernización capitalista neoliberal que ha penetrado
sus territorios y comunidades poniendo en peligro no sólo su identidad cultural
sino también su propia existencia como pueblo. La defensa de sus territorios, su
identidad cultural y su propia existencia explica la actual rebelión mapuche.
Por su parte, el Estado nacional en su forma neoliberal, tanto bajo la
administración dictatorial como la democrática ha desarrollado distintas
políticas hacia el pueblo mapuche con el objeto de su control e integración
subordinada a la nación chilena. Durante la fase dictatorial, el Estado
neoliberal introdujo profundos cambios al interior de las comunidades mapuche
que modificaron sustantivamente sus estructuras económicas, sociales y
culturales fundamentales. Destacándose, por ejemplo, la introducción de la
propiedad privada de la tierra por sobre la propiedad comunitaria colectiva.
Este cambio destrozó uno de los aspectos centrales de la identidad cultural del
pueblo mapuche. Tengamos presente que, mapuche, significa gente de la tierra.
Por consiguiente, con la introducción de la concepción jurídica, económica y
social de la propiedad privada de la tierra se dará inicio a un proceso de
descomposición cultural de la relación colectiva y comunitaria con ella.
La tierra, de propiedad comunitaria y colectiva, adquiere una nueva condición y
status: la de ser un factor económico. Se constituye en capital físico y en una
mercancía transable en el mercado. Así, la instalación de la propiedad privada
va a posibilitar que el mapuche, ahora propietarios individuales de la tierra,
puedan vender, arrendar o enajenar sus propiedades a las grandes empresas
capitalistas nacionales o transnacionales que buscan explotar los recursos
forestales u otros que se encuentran en la región de la Araucanía, o sea, en los
territorios ancestrales del pueblo mapuche. De esta manera, la re-ocupación
territorial de la Araucanía agudiza los procesos de descomposición cultural de
los mapuche; impulsándolos a emigrar hacia los centros urbanos del país
acentuando los procesos de pauperización que los afectan desde hace décadas.
Los gobiernos concertacionistas de origen democrático que, desde los años 90, se
hacen cargo de la administración del Estado neoliberal impulsan hacia los
pueblos originarios nuevas políticas. Las cuales inspiradas en las nuevas
tendencias y postulados en boga buscan construir una ciudadanía para los pueblos
originarios más inclusiva que la implementada a lo largo del siglo XX. Para tal
efecto, colocan en primer lugar el reconocimiento de las diferencias y de las
particularidades de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional. Se
desarrolla la "política del nuevo trato" que implica una nueva relación entre el
Estado Nacional y los pueblos originarios. Sin embargo, la ampliación y
profundización de las características esenciales de la sociedad capitalista
neoliberal, por parte de estos gobiernos, ha provocado la agudización del
histórico conflicto con determinados sectores del pueblo mapuche que hoy
resisten activamente la ampliación y profundización del capitalismo neoliberal
en sus territorios.
Esta nueva fase de conflictividad entre el Estado nacional en forma neoliberal y
el pueblo mapuche a diferencia del periodo anterior -1973-1990- se desarrolla en
el marco de un régimen político que posee un conjunto de instituciones políticas
que combinan las formas democráticas con las autoritarias.
Rastrear las bases de sustentación del conflicto social y político es remontarse
al siglo XVI al momento de la invasión de los conquistadores españoles de los
espacios territoriales mapuche. Nuestra intención no es hacer ese recorrido sino
acercarnos a la problemática actual a través de un planteamiento concreto y
específico que señala que la reestructuración capitalista neoliberal en el
espacio territorial mapuche constituye una nueva ocupación y destrucción de su
principal fuente identidad y de existencia, la tierra. Sostenemos que la actual
rebelión mapuche que ya ha cobrado varias muertes de comuneros a manos de la
violencia política de la seguridad democrática neoliberal concertacionista se
explica, entre otros factores, por la introducción e instalación de la propiedad
privada entre las comunidades mapuche. De allí que la tradicional demanda por
tierra hoy los mapuche reclaman autonomía política territorial como una forma de
contener la destrucción de su identidad histórica.
DE LA PROPIEDAD COMUNAL MAPUCHE A LA PROPIEDAD PRIVADA NEOLIBERAL
La restauración de la dominación capitalista a través del patrón de acumulación
neoliberal cuyo pilar central fue el restablecimiento de la propiedad privada de
los medios de producción como eje central de la sociedad chilena, constituye la
respuesta del capital nacional e internacional a la osadía popular de querer
instalar democráticamente el socialismo en Chile. Dicha osadía tenía un carácter
revolucionario concreto y preciso que desde la teoría política revolucionaria
marxista, supone abolir la propiedad privada de los medios de producción, o sea,
la principal fuente y origen de la desigualdad social, del conflicto de clases y
del Estado. La mantención de la propiedad privada capitalista minera,
industrial, financiera, agraria, etcétera constituían un obstáculo para avanzar
en la construcción de la emancipación social y política de los "no propietarios"
Entre 1967 y 1973 la estructura de la propiedad privada capitalista experimento
drásticas transformaciones. Los sectores dominantes nacionales debieron recurrir
a la violencia política militar para defender su principal fuente poder, por
ello propiciaron y apoyaron el golpe de Estado de las fuerzas armadas en 1973 en
contra del Gobierno Popular de Salvador Allende (Gómez Leyton, 2004)
El principal objetivo de ese Golpe de Estado fue restaurar el orden político
capitalista y reestablecer la plena vigencia del derecho de propiedad privada.
Para tal efecto, la dictadura militar inicio el proceso de desarmar el área
social de producción constituida por el gobierno popular y restaurar las
propiedades industriales, mineras, agrarias, financieras a los sus antiguos
dueños o entregárselo al capital privado. La única propiedad estatal que se
mantuvo hasta ahora es la de gran minería del cobre. En menos de una década la
mayoría de la propiedad estatal fue entregada al capital nacional como
internacional. De esa forma, la dictadura militar restableció la estructura de
la propiedad privada capitalista, trasformándose ésta en la fuente principal de
poder social de los actuales sectores dominantes nacionales y extranjeros (Gómez
Leyton, 1998).
El proceso de democratización de la propiedad a través de la reforma agraria
tuvo importantes implicancias para el pueblo mapuche. La Ley Nº 16. 640 de 1967,
posibilitaba la expropiación de tierras que se encontraban mal explotadas,
abandonadas o que poseían más de 80 hectáreas de riego básico (Correa, Molina y
Yáñez, 2005). En el caso de los mapuche, dicha ley fue completada por la Ley
17.729 de 1972 aprobada durante el gobierno de Salvador Allende. Esta ley
intentaba frenar el proceso divisorio de las tierras mapuche; además establecía
la posibilidad de restituir tierras a los indígenas utilizando para el mecanismo
de la expropiación contemplado en la reforma agraria; y crea, para tales
efectos, Instituto de Desarrollo Indígena a fin de promover el desarrollo
económico, social, cultural integral de los indígenas.
Entre 1965 y 1972 se expropian en las provincias de Arauco, Malleco y Cautín, en
territorio mapuche, 584 predios con un total de 710.816 has. Aunque no todos
fueron expropiados a favor de comunidades mapuche, sino que también de
inquilinos y trabajadores forestales no indígenas. La presión ejercida por el
movimiento social mapuche - así como por sectores políticos que los apoyaban - a
través de la ocupación de predios colindantes a comunidades mapuche, resultó en
la expropiación, y posterior traspaso material a indígenas de gran cantidad de
predios sobre los cuales se tenían reivindicaciones históricas. En contraste con
las 1.443 hectáreas que a través de las leyes indígenas serían reconocidas a los
mapuche a lo largo de la década de los sesenta, durante 1971 y 1972 se habrían
sido traspasados a través de la reforma agraria un total de 70.000 has.
Las tierras expropiadas que fueron asignadas a los mapuche, y luego incorporadas
como unidades de producción del sector reformado, incluían asentamientos de
reforma agraria y cooperativas campesinas constituidas de acuerdo a la ley de
1967, así como Centros de Reforma Agraria promovidos por la administración de
Allende. El Estado, a través de Corporación de Reforma Agraria (CORA), apoyó la
tecnificación y el desarrollo productivo de las tierras restituidas. (Aylwin O.,
2002)
Pacificada militarmente la región de la Araucanía, reconstituida la propiedad
privada, despojados, marginados y violentamente castigados los mapuche, el poder
de los señores de la tierra libre de toda resistencia se dispusieron, por medio
de la contra reforma agraria (Correa, Molina y Yánez 2005:243-291), [1] a seguir
arrasando con el identidad y existencia del pueblo mapuche. A través de la
implantación del modelo económico neoliberal se liquidó la propiedad comunitaria
de la tierra indígena, particularmente a partir de los decretos leyes 2.568 y
2.750 de 1979 que, en la práctica, devino en la división de la tierra. De hecho,
dicha legislación "resultó en la división en hijuelas individuales de la casi
totalidad de las comunidades reduccionales…. El objetivo de esta legislación era
acabar con el status especial de los indígenas y de sus tierras, integrándolos
al régimen común del derecho nacional". Se estima que aproximadamente 2 mil
comunidades fueron divididas, "dando origen a alrededor de 72 mil hijuelas
individuales con un total de 463 mil hectáreas"
En tan solo una década se produjo la disolución de la propiedad colectiva de la
tierra y, si bien es cierto la ley prohibía la enajenación de las hijuelas
resultantes del mencionado proceso de división, lo concreto es que muchas de
esas tierras mapuche fueron traspasadas a no indígenas mediante transacciones
fraudulentas, como, por ejemplo, arriendos por un periodo de 99 años que, en los
hechos, equivalen a entregar la tierra de por vida. Pero, además de la
imposición de estos decretos-leyes que desintegraron la propiedad comunal de la
tierra - componente esencial de la cultura mapuche - la dictadura militar
impulsó un proceso de inversión forestal en territorio mapuche. El decreto-ley
701 de 1974 subsidió, y en la práctica financió casi totalmente, la inversión
forestal en la zona sur y fue crucial en el desarrollo acelerado de la industria
forestal. En la década del setenta las plantaciones forestales ascendían a tan
solo 320 mil hectáreas, sin embargo en la actualidad cubren una superficie de
2,1 millones de hectáreas de pino y eucalipto, fundamentalmente. Durante el año
2004 las exportaciones forestales chilenas totalizaron US$ 3.397 millones, cifra
récord en la historia de la exportación forestal lo que representa un incremento
de 34,6% respecto del valor registrado en el año 2003 y un 47,6% superior al año
2002. El crecimiento y desarrollo de la industria forestal se ha verificado en
directa relación con la ocupación y depredación del territorio mapuche, toda vez
que el proceso iniciado durante la dictadura militar ha continuado imparable
durante los gobiernos concertacionistas y no existe ningún indicio de que esto
vaya a cambiar. Por el contrario, la Corporación de la Madera proyecta crecer a
2,6 millones de hectáreas de plantaciones forestales para el año 2010. Además,
los empresarios forestales han manifestado, a través de su presidente José
Ignacio Letamendi, que "bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia
entregaremos la tierra a los mapuche, no tienen la capacidad para cultivarla"
(Buendía, 1999:6, citado por Tricot: 2007). En esta misma línea de
argumentación, y respondiendo a aquellos sectores mapuche que hablan de una
"deuda histórica" del Estado chileno para con el pueblo mapuche, Fernando Leniz,
ex ministro de la dictadura y ex presidente de la Corporación de la Madera,
dueño actual del fundo Chauquen de 170 hectáreas, señaló que con los mapuche "no
existe deuda histórica, lo que se perdió, se perdió" (Buendía, 2000: 11, citado
por Tricot: 2007). Sin embargo, parece claro que – como han señalado
organizaciones mapuche-lafkenche que elaboraron inicialmente el concepto de
"Deuda histórica" - "la acción de estas empresas forestales afectan el medio
natural en que nos desarrollamos como pueblo y cultura. Nuestras tierras son
erosionadas y contaminadas por los diferentes tipos de tratamiento que efectúan
las empresas en estas plantaciones. Podemos asegurar que incluso nuestra propia
salud se encuentra afectada y modificada por la acción que en nuestro entorno
natural efectúan estas empresas". (Tricot, 2007:45-46)
La destrucción de la propiedad comunal de la tierra, la instalación de la
industria forestal y la marginalidad y pobreza del pueblo mapuche, entre otros
muchos factores sociales, políticos y culturales los impulsa -desde los años
ochenta hasta hoy- a levantar un conjunto de demandas a objeto de proteger sus
derechos y existencia amenazados.
Entre los ejes centrales de esas demandas destacan el reconocimiento de la
diversidad étnica y cultural hasta entonces negada en el país, la participación
de sus representantes en la conducción de la política indígena del Estado, la
protección legal de sus tierras y aguas, el otorgamiento de tierras fiscales o
de tierras particulares adquiridas por el Estado a objeto de poner fin al
proceso histórico de jibarización de sus comunidades y permitir la ampliación de
sus tierras, y el apoyo al desarrollo económico y cultural de sus pueblos y
comunidades.
LA LUCHA POLITICA MAPUCHE: DE LA TIERRA A LA AUTONOMIA TERRITORIAL
Uno de los fenómenos políticos perceptibles en la última década en el sur del
país ha sido la evolución experimentada tanto en las características del
movimiento social y organización mapuche como en los contenidos de la lucha
política. En opinión del antropólogo Roberto Morales "cualquier análisis del
movimiento mapuche en la actualidad… [debe considerar] su variedad de formas de
organizativas que ha adquirido y su diversidad de énfasis y tácticas de accionar
político" (Morales, 2007-8:93). Esta variedad hay que atribuirla a las
características de la organización social mapuche: basada principalmente en la
estructura de parentesco, que determina una exogamia del grupo, lo que
políticamente ha significado el desarrollo de las alianzas entre los grupos de
parientes. Esta dimensión en fundamental para entender el cambio organizativo
social y político experimentado por el movimiento social mapuche: se ha pasado
de la organización mapuche de carácter nacional a la organización territorial.
En efecto, las organizaciones mapuche de carácter nacional que habían jugado un
rol central en la defensa de los intereses de su pueblo bajo la dictadura
militar, como Ad Mapu, los Centros Culturales Mapuche y otras nacidas en el
contexto de la recuperación democrática (Nehuen Mapu, Lautaro Ñi Ayllarewe,
Calfulican, etc.), van siendo gradualmente reemplazadas por organizaciones de
carácter territorial, tales como Identidad Lafkenche en Arauco, la Coordinadora
Arauco Malleco, la Asociación Ñankucheo de Lumaco, la Asociación Comunal
Pewenche de Lonquimay, la Asociación Poyenhue de Villarrica, entre otras, que
emergen en la última década. [2] A diferencia de las anteriores, cuyos vínculos
con partidos políticos o instituciones de la sociedad chilena eran fuertes,
estas últimas organizaciones se articulan sobre una base territorial y se
definen como independientes del Estado y las instituciones de la sociedad
chilena.
Otro cambio significativo se refiere a la demanda política. De una demanda
centrada fundamentalmente en la participación en el Estado y en la protección y
ampliación de la tierra mapuche, se ha avanzado a fines de los noventa hacia una
demanda orientada al reconocimiento de la territorialidad mapuche. Junto a ésta,
emerge otra demanda estrechamente relacionada, que dice relación con el derecho
a un desarrollo político, económico y cultural autónomo al interior de dichos
territorios. Ello no resulta casual, pues es consecuencia de la naturaleza de
las demandas territoriales de los pueblos indígenas, las que además de tener
componentes materiales como la tierra y los recursos naturales, tienen también
componentes inmateriales de carácter político y simbólico.
La nueva orientación de las demandas mapuche se manifiesta ya en las
resoluciones del Congreso Nacional del Pueblo Mapuche celebrado en 1997 con
participación de las organizaciones territoriales emergentes. Dicho Congreso
incorporó el concepto de territorialidad indígena hasta entonces ausente,
exigiendo su reconocimiento y protección. [3] En materia de desarrollo, propone
que las comunidades indígenas se constituyan en espacios de autogestión y de
participación indígena, y de protección del territorio frente a proyectos que
perjudican el medio ambiente. [4] El mismo Congreso propuso la autonomía como
"eje de articulación del nuevo diálogo que impulsa el pueblo mapuche en su
relación con el Estado y la sociedad chilena..." [5] .
En una perspectiva similar, el Consejo de Todas las Tierras exige del Estado
"...el derecho a la restitución de tierras y territorios, uso y aprovechamiento
de los recursos naturales del suelo y subsuelo....", derecho que debe quedar
incluido en una reforma a la Constitución. Reconociendo los distintos
componentes de la demanda territorial, se fundamenta el derecho al territorio y
los recursos del suelo y subsuelo en dos principios: "uno de orden cultural y el
otro desde un principio que sustenta las actividades inherentes a los Pueblos
Indígenas en el marco del desarrollo e implementación de su estrategia, en un
proceso gradual de la autodeterminación." [6]
En la misma línea, la organización Identidad Mapuche Lafkenche de Arauco en su
propuesta de 1999 plantea, en base a los conceptos de "Pueblo, Nación
originaria, control territorial, desarrollo endógeno, autonomía y
libre-determinación", la creación de los "Espacios Territoriales de Patrimonio
Lafkenche", entendidos como áreas de "protección y conservación de los espacios
naturales y culturales" que las comunidades aún poseen en las distintas comunas
de la provincia, e incluyen tanto las tierras, como "sus recursos suelo y
subsuelo y espacios naturales, de la misma manera que los espacios ribereños y
costa que poseemos...". La misma entidad propone que estos espacios sean
administrados por una Asamblea Territorial, la que estaría integrada por un
conjunto de consejeros territoriales y presidida por un Coordinador Territorial
electo por sufragio universal por todas las comunidades de la provincia.
Finalmente, se indica la necesidad del reconocimiento de dicha
institucionalidad, y de su Coordinador, como autoridad política con derecho a
voz y voto en las instancias de participación en el poder comunal, provincial,
regional y nacional [7] . Se trata posiblemente de la propuesta más acabada
hasta ahora formulada por los mapuche para hacer operativo el derecho a la
territorialidad y a la autonomía que reclaman.
Por otra parte, en un comunicado público emitido en 1999 la Coordinadora Arauco-Malleco
explica el sentido de su estrategia de recuperación territorial al sostener:
Señalamos que el único logro político real y a largo plazo es el reconocimiento
de la existencia de la NACIÓN MAPUCHE y la devolución de espacios territoriales
necesarios para el desarrollo de nuestro pueblo...(Nuestra) estrategia tiene
como eje central la recuperación de predios que hoy día se encuentran en disputa
principalmente con empresas forestales y que son considerados por nuestras
comunidades como espacios sagrados para la sobrevivencia y la reproducción de
nuestra cultura (Comunicado Público, Coordinadora Mapuche de Comunidades en
Conflicto Arauco -Malleco, Junio de 1999).
La Asociación Ñankucheo de Lumaco, finalmente, ha desarrollado no tan sólo una
demanda, sino también una práctica de fortalecimiento territorial que incluye
dimensiones económicas, políticas y culturales. La importancia del territorio no
sólo como espacio físico sino también como espacio político es resaltada por
Alfonso Reiman, su presidente, al señalar: "Si decimos que somos un Pueblo o
Nación, pienso que todo pueblo debe conservar su territorio, y hoy lo que
tenemos son porciones de tierra, pero no control de un espacio territorial". La
dimensión económica del territorio, así como la necesidad de que los mapuche
logren una autonomía en este plano en sus respectivos territorios es uno de los
énfasis de Ñankucheo.
Estos cambios en el movimiento y en la demanda mapuche en el último decenio
explica el distanciamiento que hoy existe entre las organizaciones mapuche
emergentes y el Estado, especialmente con la CONADI. El carácter mixto o
bipartito de esta entidad - con representación del gobierno y de indígenas - que
parecía tener cierta lógica al momento del debate de la ley indígena, no se
compatibiliza con las demandas autonómicas hoy dominantes al interior del
movimiento mapuche. Explica también el por qué de la resistencia mapuche a la
expansión de la inversión hacia sus espacios ancestrales, expansión que además
de provocar los impactos sociales y ambientales antes señalados, es visualizada
como una amenaza a la reconstrucción territorial en la que están empeñadas
muchas de sus organizaciones.
Según el especialista en asuntos indígenas José Aylwin hay dos factores que
explican estos cambios. El primero de ellos dice relación con la incapacidad de
la normativa vigente (Ley No 19.253 de 1993) y de la política pública impulsada
a la fecha para dar protección a los derechos que los mapuche reivindican, en el
contexto económico actual. En efecto, la tierra por si sola, sino va acompañada
de derechos sobre los recursos naturales, así como de derechos que aseguren
grados mayores de participación y/o control indígena de los procesos económicos
sociales y culturales que en ellas se verifican, no asegura hoy las
posibilidades del desarrollo material y cultural que los mapuche legítimamente
reclaman para sí.
El segundo factor es el conocimiento, que gracias a los procesos de conexión
global han adquirido los mapuches y otros pueblos indígenas de Chile, de los
procesos que hoy ocurren a nivel internacional y comparado, donde crecientemente
se reconocen y protegen los derechos territoriales de los indígenas, así como
los derechos de participación, autonomía o cogestión inherentes a ellos.
Sin desmerecer la legitimidad de la demanda mapuche por tierra, la que encuentra
su fundamento último en la propia acción del Estado que, con la ocupación
militar de la Araucanía, arrebató gran parte de sus tierras ancestrales, y que
más tarde con su legislación, legitimó la usurpación de las mismas por parte de
no indígenas, cabe reflexionar en torno a la estrategia hasta hoy desarrollada
por el movimiento mapuche a la luz de las demandas territoriales y autonómicas
que hoy prevalecen en él.
En primer lugar, no existe un planteamiento claro en el movimiento mapuche sobre
cuáles son las tierras que reclaman para su pueblo. Los planteamientos
existentes sobre la materia son diversos; para algunos la demanda se centra en
las llamadas tierras en conflicto (Congreso Nacional Mapuche, 1997) o en disputa
(Coordinadora Arauco Malleco, 1999), sin especificar claramente cuales son
ellas; para otros se centra en la restitución de "...las tierras que nos han
usurpado a causa de leyes y políticas del Estado, tanto aquellas declaradas
fiscales, como las que han sido tomadas por particulares y más recientemente por
empresas forestales trasnacionales y nacionales..." (Aukiñ Wallmapu Ngulam,
1997). Para el abogado mapuche José Lincoqueo ha esgrimido ante los tribunales
los parlamentos celebrados por los mapuches como fundamento para la restitución
de cualquier tierra ubicada al sur del Bío Bío.
La falta de precisión, en opinión de Aylwin, en la definición de las tierras
reivindicadas por los mapuche contrasta con los avances logrados en esta materia
en otros contextos, tanto en América Latina (Bolivia, Brasil, Colombia, México,
entre otros) como en Norteamérica (Canadá) donde los pueblos indígenas han
desarrollado importantes trabajos histórico-culturales y cartográficos, basados
en conocimientos tradicionales y/o en antecedentes jurídicos, destinados a
identificar las tierras y territorios que reclaman para sí, sean estos basados
en ocupación ancestral, títulos coloniales o estatales, o en su importancia
cultural o económica.
Más allá de la indudable justicia de las reivindicaciones de tierra mapuche, la
definición de las tierras a restituir por parte del movimiento resulta crucial.
Ello por razones políticas, por cuanto si tales tierras no están hoy en poder de
los mapuche, se requiere negociar su restitución con otros actores (Estado,
particulares, empresas), para lo cual la certeza de lo reivindicado parece un
paso esencial. Adicionalmente se debe considerar el carácter del poblamiento
actual del espacio territorial en que hoy viven los mapuche, como un espacio
compartido, en que los mapuche son una minoría demográfica en comparación con
otros sectores de la población, a diferencia de otros espacios territoriales hoy
reivindicados por los pueblos indígenas, tales como la Amazonía en América del
Sur o el Ártico en América del Norte, donde los pueblos indígenas constituyen el
porcentaje mayoritario de la población. De esta manera, en un espacio con estas
características, sería iluso suponer que los mapuche podrían recuperar la
propiedad total de su territorio ancestral. Este proceso resultaría complejo, no
sólo desde el punto de vista político y económico, sino incluso podría ser
cuestionable desde el punto de vista de los derechos de la población campesina
no indígena, también pobre, que se ha asentado en áreas rurales en virtud de las
políticas desarrolladas por el Estado a lo largo de los últimos ciento cincuenta
años.
Lo anterior deja en evidencia la necesidad de avanzar en la definición del
espacio territorial reclamado, ya sea que este incluya las tierras y recursos
considerados por los mapuches como usurpados, o aquellos que resulten claves
para reforzar una territorialidad desarticulada, o los que resulten necesarios
para la sustentación material y cultural de los mapuches como pueblo. También
parece fundamental la elaboración de propuestas en relación a la futura forma de
utilización de dichas tierras y recursos, a modo de asegurar en ellas un
desarrollo cultural y ambientalmente sostenible, y que su traspaso no genere,
como ha sucedido en los últimos años en un contexto de depresión de la
agricultura tradicional, nuevas formas de dependencia con el Estado.
Por otra parte, no obstante la importancia que han adquirido en el movimiento
mapuche las demandas por el ejercicio de derechos colectivos de carácter
político en los espacios territoriales en que viven sus comunidades, son muy
pocos los avances que se han logrado en este contenido inmaterial de la
territorialidad indígena. Es evidente que un sistema político y administrativo,
así como una discriminación cultural, en nada favorece el ejercicio de estos
derechos por parte de los mapuches y otros pueblos indígenas.
En el régimen político actual, no hay cabida para una representación política
mapuche, ni siquiera en su espacio territorial ancestral o en los sectores en
que su población es mayoritaria. Esta situación también contrasta con aquella
existente en otras latitudes, incluida América Latina, donde los esfuerzos de
los pueblos indígenas, además de estar dirigidos hacia alcanzar la protección y
ampliación territorial, han estado orientados de un modo central en los últimos
años en la conquista de derechos políticos en los territorios en que viven.
La permanente vulneración de los derechos como de su identidad
histórica-cultural del pueblo mapuche y el desarrollo de sus procesos reflexivos
y de organización social y política le han permitido conformarse en el
principal, tal vez, el único movimiento social que hoy se despliega al interior
de la sociedad neoliberal avanzada chilena. La actual rebelión mapuche cuestiona
todo el orden social construido en Chile en estos últimos treinta y cinco años.
En efecto, sus demandas trascienden lo meramente económico, pues desde la década
del ochenta, el movimiento social mapuche plantea un cambio en la discusión de
sus derechos, en cuanto a presentar estrategias que privilegian la autonomía
política territorial. De la reivindicación por tierras se pasa a una demanda por
territorios; de una participación en el Estado, hacia una que se centra en la
autonomía. Esta transformación en la demanda implica una novedosa forma de
relación con el Estado nacional quien, por cierto, niega de manera rotunda y
categórica dicha posibilidad de autonomía.
Frente a este cambio y ante las acciones de los comuneros mapuche, los gobiernos
concertacionistas han respondido con la violencia directa, aplicando la Ley de
Seguridad Interior del Estado o recurriendo a legislación de la época de la
dictadura militar, como la Ley anti-terrorista, para enfrentar las
movilizaciones, las ocupaciones de predios, las manifestaciones callejeras y
cualquier otra expresión concreta de las reivindicaciones del pueblo mapuche. En
este sentido, ha existido una clara estrategia de criminalización y
judicialización del problema mapuche. En otras palabras, el Estado, por una
parte, trata de reducir "la cuestión mapuche" al tema económico y de
subsistencia obviando el tema de los derechos colectivos como pueblo, es decir,
ignora la dimensión política. Y, por otro, criminaliza y judicializa el problema
al sobredimensionar las acciones de reivindicación del movimiento social
mapuche, recurriendo a la policía y al uso desproporcionado de la fuerza, usando
a los medios de comunicación para estigmatizar y descalificar a los mapuche como
terroristas y delincuentes y, finalmente, radicar el tema en los tribunales.
La criminalización del problema mapuche ha significado que en último tiempo
"solo en la región de la Araucanía cerca de 300 mapuche que han sido acusados
ante la justicia, a contar del año 2000, por acciones vinculadas a los
conflictos por tierra que involucran a sus comunidades. De estos al menos un 10%
han sido acusados de cometer delitos terroristas según a la legislación que data
de los tiempos de la dictadura, que ha sido cuestionada desde la perspectiva de
los derechos humanos por cuanto permite el uso de testigos sin rostro que
debilitan el derecho a la defensa, posibilita largos períodos de prisión
preventiva, y establece condenas que duplican las del Código Penal.
La existencia de un régimen político democrático autoritario, del Estado, en su
forma nacional-neoliberal, son la mejor garantía para las clases propietarias
que la mantención el orden capitalista no corre peligro. Por esa razón, el
conflicto mapuche o la cuestión mapuche seguirá siendo uno de los temas
políticos, históricos y culturales no resueltos en la sociedad chilena. Y, tal
vez, en la medida que vaya estableciendo alianzas con otros grupos de la
sociedad que resisten y se oponen al orden neoliberal, podrán ser fuentes de
origen de una crisis política que afecte tanto al régimen político como al
Estado. Por el momento, tan sólo el pueblo mapuche se levanta en contra del
orden neoliberal.
BIBLIOGRAFIA
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Estudios Indígenas. Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.
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Escárzaga, Fabiola (2007-8), "La emergencia india contra el neoliberalismo en
América Latina" en Revista AMERICA LATINA 7, Universidad ARCIS, págs. 13-42.
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El autor es Doctor en Ciencia Política e Historiador. Director Académico del
Programa de Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina,
Universidad ARCIS, Santiago de Chile.
NOTAS
[1] Los investigadores citados sostienen que de los 163 predios expropiados a
favor de comunidades o con participación mayoritaria de mapuche, sólo se
parcelaron un total de 63 predios, por una superficie de 53.240,88 hectáreas.
Del total asignado, se estima que menos de un 50% de estas tierras le fueron
entregadas a algún asentado mapuche, por tanto, la superficie aproximada de
tierra de todo el proceso de Reforma Agraria que finalmente llegó a poder de
mapuches no supera las 25 mil hectáreas, esto es el 16% de la tierras
recuperadas entre 1962 y 1973. El resto de las tierras, es decir, el 84% fue
devuelto a sus antiguos propietarios o se entregó en parcelas a ex inquilinos o
medieros. Finalmente,…el proceso de Reforma Agraria concluye legalmente con la
promulgación de dos Decretos que ponen un final irreversible a la Reforma
Agraria y declaran fuera de la ley a las organizaciones protagonistas del
proceso: el 20 de octubre de 1978, a través del D. L. Nº 2.346 se declararon
disueltas siete organizaciones sindicales, entre ellas las Confederaciones
Campesinas Unidad Obrero Campesina y Ranquil; y, en diciembre de 1978, se
disuelve la Corporación de la Reforma Agraria, CORA, por el D.L. Nº 2.405,
siendo sucedida transitoriamente por la Ofician de Normalización Agraria, ODENA,
de existencia efímera, entre 1 de enero 1979 y 31 de diciembre de 1979.
[2] Una excepción en este sentido es el Consejo de Todas las Tierras (Aukiñ
Wallmapu Ngulam), que con un carácter nacional, mantiene su vigencia como
organización mapuche hasta la fecha. No obstante, desarrolla un trabajo a nivel
de los distintos espacios territoriales mapuche y sus planteamientos son
similares a los de las organizaciones territoriales mapuche emergidas en los
últimos años.
[3] Al respecto el Congreso afirma: La tenencia de las tierras es la base del
pueblo mapuche, como asimismo el uso de las aguas de los ríos, de los lagos y
del mar. Aún cuando la mitad de la población está en zonas urbanas la referencia
ideológica cultural es la tierra y el territorio mapuche ancestral. (Aylwin,
2002)
[4] Ibíd.
[5] Como propuesta concreta para lograr dicha autonomía plantea la creación de
una serie de un Parlamento Mapuche, con representación de autoridades
tradicionales mapuche de distintas regiones (desde Bío Bío a Los lagos), de un
Tribunal Mapuche, y de una Unión Comunal de Organizaciones Mapuche. El Congreso
sugirió además la constitución de un padrón electoral mapuche con este fin. (Ibídem).
[6] Consejo de Todas las Tierras (Aukiñ Wallmapu Ngulam), "Los Derechos de los
Pueblos Indígenas, Un Desafío para la Democracia" en Cámara de Diputados, 1999.
[7] Identidad Mapuche Lafkenche de Arauco, 1999.