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País Vasco
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Nueva ley represiva: las empresas identificarán a los dueños de tarjetas de móvil y guardarán un año los datos
La Haine
El Gobierno ha decidido avanzar en el combate al activismo mediante un mayor
control de las comunicaciones telefónicas. El anteproyecto de Ley de
conservación de datos establece un plazo de 12 meses en el que todas las
compañías telefónicas deberán conservar los datos de las comunicaciones de sus
clientes. También obligará a las tiendas que venden tarjetas telefónicas a
identificar a los compradores (ahora hay 16 millones de móviles anónimos)
creando un libro de registro. La investigación sobre las comunicaciones fue una
de las claves para la rápida detención de muchos militantes de la izquierda
vasca y los antiglobalización en Gotemburgo, entre otros.
El 21 de febrero pasado el Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea
aprobó la Directiva sobre Retención de Datos de Tráfico Telefónicos y de
Comunicaciones Electrónicas. La normativa obligaba a los operadores a retener
los datos durante un periodo de entre 6 y 24 meses para la lucha contra el
activismo y "otros delitos graves".
La directiva se aprobó tras más de un año de estudios y debates entre los
distintos países. Los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, que causaron
56 muertes, dieron el aval mediático al acuerdo comunitario.
En un consejo de ministros especial convocado una semana después de los
atentados por iniciativa del Reino Unido, los distintos países decidieron que ya
había condiciones para acelerar los trabajos, que concluyeron con la aprobación
de la directiva por parte del Parlamento Europeo en diciembre de ese mismo año y
por el Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea en febrero de este
año.
Aumenta el plazo de retención de datos
España fue uno de los países más activos para conseguir la aprobación de la
directiva comunitaria debido a la experiencia de represión al movimiento de
liberación nacional vasco, donde el seguimiento de las comunicaciones de los
teléfonos móviles usados por los activistas fue crucial para detener a parte de
los responsables.
El Gobierno español, que traspone ahora esa directiva, ha optado por fijar un
plazo mínimo de 12 meses (el doble de lo previsto en la normativa comunitaria)
para la conservación de los datos de las comunicaciones. El texto elaborado por
los ministerios de Justicia e Interior establece la posibilidad de llegar hasta
los 24 meses de almacenamiento de datos en casos excepcionales.
Los datos que las compañías telefónicas deben retener corresponden a
comunicaciones tanto de teléfonos móviles como de fijos. En "ningún caso" se
podrán conservar datos relativos al contenido de las conversaciones, sino
exclusivamente datos de tránsito: el número de teléfono que origina la llamada,
el que la recibe, la duración de la comunicación y el punto desde el que se ha
realizado.
Las policías europeas plantearon en sus informes sobre la investigación de las
manifestaciones antiglobalización en Gotemburgo y la kale borroka (lucha
callejera) en Heuskal Herria la necesidad de elaborar una ley que obligase a la
identificación de los propietarios de tarjetas prepago, lo que facilitaría las
pesquisas.
En España, según los datos de las propias compañías telefónicas, había el año
pasado 39 millones de usuarios de teléfonos móviles de los que 24 millones
utilizan tarjetas prepago. De esos 24 millones de usuarios, las compañías tienen
identificados a unos ocho millones por distintas promociones comerciales en las
que los clientes han dado sus nombres. Los 16 millones de usuarios restantes son
inidentificables.
Plazo para desconectar los teléfonos no identificados
El anteproyecto de Ley redactado por los ministerios de Justicia e Interior
establece una obligación de las compañías y de los comercios que suministran
esas tarjetas telefónicas de establecer libros de registro donde se identifique
a los titulares de esos teléfonos. Cuando se aprobó la directiva comunitaria en
el Parlamento Europeo sólo había un país en Europa, que era Suiza, con una
reforma legal para obligar a identificar a todos los compradores de teléfonos
móviles con tarjeta prepago que había fijado un plazo para desconectar todos los
teléfonos no identificados.
Las compañías telefónicas españolas consideran que no existe ninguna
complicación técnica para mantener almacenados los datos de las comunicaciones
telefónicas de sus clientes durante un plazo mínimo de un año aunque afirman que
se dispararán los gastos que dedican a esta tarea dado que ahora el plazo de
conservación es muy inferior. Actualmente, las compañías registran los datos de
conexión y tráfico (número de origen y destino de la llamada, duración, hora y
lugar) por motivos comerciales y de facturación. Lo hacen por un tiempo medio de
tres meses.
La localización de un móvil se lleva a cabo mediante el control de las señales
de una celda, espacio de cobertura asociado a cada antena, con un margen que
puede ir desde los 200 metros en zonas urbanas a kilómetros en zonas rurales.
Las operadoras, aprovechando la oportunidad para aumentar sus precios, adelantan
que sería muy costosa la identificación de los propietarios de tarjeta prepago,
pues les obligaría a hacer una campaña de publicidad, a crear nuevas bases
informáticas y a movilizar a más personal para ese control.
La nueva norma corregirá la vigente Ley de Servicios de Sociedad de la
Información, que establece que las compañías telefónicas deberán almacenar esos
datos de las comunicaciones de sus clientes por un tiempo máximo de 12 meses.
Ahora ese tiempo máximo será el mínimo obligatorio de almacenaje de los datos.
La investigación judicial en España mantenía el pasado año más de 40.000
teléfonos, fijos o móviles, controlados. En estos casos, la policía tiene
interceptadas las llamadas que se producen y puede grabar el contenido de las
conversaciones.
