Nada más conocer la noticia de los arrestos, Maite Goienetxe afirmó ante los micrófonos de Info7 que la actuación del Estado francés responde a una estrategia de ilegalización; «esto es una ilegalización encubierta» senteció la integrante de Batasuna. La bajo navarra alertó al Estado francés de que mediante la represión no se dará salida al contencioso vasco y lo invitó a «desalinearse» de la actuación del Ejecutivo de Madrid y a abogar por el diálogo y la negociación.

A juicio del sindicato LAB, se está intentando «criminalizar y cuestionar propuestas políticas y sociales concretas que están en la agenda política de Ipar Euskal Herria». Así lo valoró en la rueda de prensa ofrecida ayer en Baiona y como botón de muestra señaló la reciente imputación contra el presidente de Euskal Herriko Laborantza Ganbera. La central vasca tildó tanto la operación de ayer como la del lunes de «ataque contra la democracia» y llamó a la movilización y a la denuncia.

El movimiento pro-amnistía también denunció con contudencia este «ataque situado en una lógica ilegalizadora». Criticó la «avenencia por la represión» entre el Gobierno de Sarkozy y el de Zapatero y apuntó que este pacto tiene como objetivo «frenar la lucha por la independencia». «El Estado francés se ha percatado de que aquí hay un pueblo y quiere criminalizar el trabajo político», sentenció.

Aseguró que la fortaleza del movimiento va en consonancia con la dureza de la represión, apuntando que «cuanto más se trabaja en Ipar Euskal Herria. más se reprime». Alertó, sin embargo, de que la represión «no vencerá en esta ecuación».

A juicio de Segi, la actuación policial de los últimos días «evidencia el cambio de actitud de París asumiendo a Euskal Herria como un problema propio». Coincide con el movimiento antirrepresivo a la hora de vincular el trabajo de la izquierda abertzale con la represión y aseguró que el Estado francés está «nervioso». Asimimo, llamó a la juventud vasca a responder a este tipo de ataques.

El consejero regional del PS en Aquitania Frantxua Maitia se mostró «muy extrañado» ante las detenciones y sostuvo ante la prensa que Batasuna es un partido legal que actua de manera pública y conocida. El hecho de que haya pasado cerca de un año desde la operación contra Kalaka también sorprendió al consejero y se preguntó «¿si este tipo de actuaciones pretenden ilegalizar la formación?». Manifestó convencido que esta decisión sería «inaceptable» en el Estado francés.

Los verdes también censuraron la actuación policial y evidenciaron la «escasez de fundamento» de la causa contra Batasuna. A su juicio, es «un ataque a la libetad de militar» y alertó al Ejecutivo parisino de que «la violencia sólo acarrea más violencia».

Battitta Amestoy, concejal abertzale de Uztaritze, afirmó que este tipo de actuaciones ponen de manifiesto el «camino equivocado que ha tomado el Gobierno galo». «Aquí no hay más que vía policial y la salida es el diálogo», apostilló. El alcalde de la capital labortana, Jean Grenet, eludió valorar el operativo incidiendo en que la Policía «sabe lo que hace».

Mientras que en Ipar Euskal Herria decenas de agentes policiales registraban las viviendas de los detenidos, la ministra francesa de Interior, Michele Alliot-Marie se reunía con su homólogo español, Alfredo Pérez Rubalcaba. MAM eludió ante la prensa dar detalles sobre la operación policial y declinó responder si con estas detenciones el Estado francés se dispone a ilegalizar a Batasuna, escudándose en que esa decisión «no depende únicamente del Ministerio de Interior».

Alrededor de 200 personas se concentraron en Baiona ante la Policía francesa cuando registraban la sede de Batasuna. Los vecinos lanzaron gritos en denuncia por los arrestos y en apoyo a la formación independentista. Asimismo, 150 se concentraron en Larzabal y en Donibane Garazi en solidaridad con los arrestados; 110 se juntaron en Senpere; un centenar en Urruña; 80 en Lekuine y 25 en Maule. En Mutriku 40 personas se concentraron contra las ilegalizaciones y en protesta por los arrestos de ayer; 32 en Atarrabia, con presencia de la Policía española, y 75 en Irun, ante el Pleno del Ayuntamiento. En Lazkao llevaron a cabo una caravana de coches. GARA

En el punto de mira de los estados, a un lado y al otro del Bidasoa

Al igual que lo hiciera el PP en 1997, una década más tarde y una vez concluido sin resultado el proceso de negociación, el PSOE puso en su particular punto de mira a la dirección de la izquierda abertzale.

El 4 de octubre del pasado año y con el juez Baltasar Garzón como mismo brazo ejecutor, el Gobierno español del PSOE repitió la maniobra impulsada por el Ejecutivo del PP en febrero de 1997 y arrestó en Segura y Olaberria a una veintena de dirigentes de la izquierda abertzale, en su mayoría mahaikides de la Mesa Nacional de Batasuna. Un gran operativo policial tomó por completo Segura, donde al parecer los miembros de Batasuna llevaban a cabo una reunión. La Audiencia Nacional española encarceló a 17 de los 23 detenidos en Segura y Olaberria.

Días más tarde, la Policía española volvió a actuar contra los dirigentes de la izquierda abertzale y arrestó en Beasain al mahaikide Asier Imaz en virtud de la orden de detención dictada por el magistrado Baltasar Garzón el 4 de octubre.

En diciembre policías armados y con una orden del tribunal especial español detuvieron en Gernika a Marije Fullaondo. La acusación que pesó sobre ella era ejercer públicamente la actividad política en Euskal Herria.

Tres meses después de las detenciones de Segura, la izquierda abertzale dio un pasó más en su actividad política y se marcó como objetivo exponer a la sociedad el contenido del proceso negociador que delegaciones de PNV, PSE y la izquierda abertzale protagonizaron en el santuario de Loiola en otoño de 2006. La iniciativa arrancó en Iruñea, donde ante unas 300 personas, Pernando Barrena, Patxi Urrutia y Unai Fano explicaron los pormenores del proceso resolutivo. Unas conversaciones ante las que el PSOE ha dado reiteradas y públicas muestras de incomodidad y que no tardó en responder.

Pocos días después del coloquio a los tres oradores se les acusaba de «integración en organización terrorista» por «reiteración delictiva» por seguir actuando en nombre de la formación pese a su ilegalización y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó su detención. Barrena y Urrutia se encuentran en prisión desde entonces. Por contra, Fano logró evitar aquel arresto.

El 11 de febrero de este año, y horas después de que la izquierda abertzale compareciera en rueda de prensa para convocar una huelga general en respuesta a la situación de excepción que padece Euskal Herria, catorce militantes de la izquierda abertzale fueron arrestados por la Policía española. Garzón trató de conseguir el mayor impacto mediático y se desplazó a Donostia para seguir en directo la operación policial en la que participaron cerca de 400 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El 14 de febrero, día en el que en Euskal Herria se llevaba a cabo una exitosa huelga general eran encarcelados en Madrid 11 de los 14 arrestados.

Al otro lado del río Bidasoa, pese a que la legislación que rige el Estado francés considera a Batasuna como una formación política legal, la actuación represiva del Estado también ha situado a la formación vasca en su punto mira. El bloqueo de cuentas de decenas de militantes de Batasuna así como la labor realizada por algunos medios de comunicación franceses contra el movimiento independentista alertaron de una posible operación policial. Así el pasado mayo y en el marco de las jornadas «Askatasun Oihuak» celebradas en Baiona indicaban que estos hechos, «buscan preparar el terreno» y ya entonces, no descartaron una operación policial contra Batasuna en el norte del país. O. L.