Durante el mes de octubre, el proceso de paz en Euskal Herria se ha visto
sometido a durísimas pruebas. Desde la huelga de hambre de 63 días de De Juana
Chaos y su posterior enjuiciamiento para evitar su excarcelación, hasta la
incautación legal de las herriko tabernas, el procesamiento de la dirección de
Batasuna y, finalmente, el robo de 350 armas cortas en Vauvert (Francia) y el
aviso de Zapatero de que "tendrá consecuencias para el proceso de paz".
A pesar de estos intentos de "judicializar" el proceso de paz, de volver a hacer
de la represión una solución para las contradicciones acumuladas y los avisos de
lo que puede implicar un nuevo ciclo de represión-violencia que representan los
actos de kale borroka y el robo de armas, el debate político sigue abriéndose
camino con enorme dificultad. La prueba de ello es la capacidad de movilización
de la sociedad civil vasca por las condiciones que hagan posible avanzar en el
proceso (la legalización de la izquierda abertzale, la reagrupación de los
presos vascos en Euskal Herria, el sobreseimiento de los macro-procesos…). Pero
también el apoyo internacional al proceso de paz que supone la declaración de
personalidades (ver recuadro) y la derrota del PP en el debate en el Parlamento
Europeo.
La izquierda abertzale sigue comprometida con el proceso de paz
A mediados de septiembre, la prensa española se hacia eco de un duro debate en
el interior de ETA que habría enfrentado al ex diputado vasco Josu Urrutikoetxea,
principal negociador con el Gobierno, con el responsable del aparato militar,
Garikoitz Aspiazu, en una asamblea de ETA del mes de agosto. Aspiazu exigía un
plazo de tiempo corto para la legalización de la izquierda abertzale y la
formación de la mesa de partidos como condiciones para entrar en una segunda
fase de la negociación y de contactos con el gobierno. El propio Gobierno
desmentía que esos contactos estuvieran teniendo lugar en Noruega y se
reafirmaba en la vigencia de la Ley de Partidos, exigiendo a Batasuna que
resolviese ella el problema de su ilegalización mediante un nuevo proceso
constituyente que acatase expresamente las exigencias de dicha Ley.
A pesar de las expectativas creadas tras la declaración de "alto el fuego
permanente" de ETA el 22 de marzo del 2006 y de los más de tres años sin
atentados mortales, la realidad es que, tras obtener el apoyo de los grupos
políticos –a excepción del PP- en sede parlamentaria y anunciar su voluntad de
iniciar el diálogo con ETA si se verificaba "el fin del uso de la violencia", el
Gobierno Zapatero no ha dado pasos sustanciales.
El Gobierno Zapatero parece ante todo priorizar la gestión del debate político
interno fuera de Euskal Herria, en especial con el PP, poniendo en primer plano
el minimizar la posible erosión de apoyo de su electorado de izquierdas y del
centro. Pero con ello pierde la iniciativa de los ritmos políticos del proceso
de paz. Por un lado, debe ser una Batasuna ilegalizada la que responda a la vez
a la presión de su propia base y a la necesidad de movilizar por las condiciones
que hagan posible socialmente el proceso de paz en Euskal Herria. Por otro,
acepta el condicionamiento continuo que implica la movilización
extraparlamentaria y a través del aparato judicial y administrativo de la
derecha y del PP, que solo puede salir perdiendo electoralmente si avanza el
proceso de paz.
En esta situación, el comunicado de la Mesa Nacional de Batasuna de 7 de
octubre, supuso una constatación de las contradicciones del proceso, de la
incapacidad del Gobierno Zapatero para avanzar con iniciativas en el mismo,
respondiendo a la declaración de "alto el fuego permanente" de ETA. Pero también
del compromiso adquirido por la izquierda abertzale con la estrategia "Orain
Herria, Orain Bakea", cuyo objetivo es situar la resolución del conflicto en el
marco democrático del derecho a decidir de los ciudadanos vascos. La
Preocupación de Batasuna es que el Gobierno Zapatero parece ser incapaz de
romper plenamente con la herencia del PP, situando el proceso político
multilateral –que implique a todas las fuerzas políticas vascas- en primer
plano, y sigue a remolque de las estrategias de bloqueo de la derecha política y
judicial, que creen que el proceso de paz debe ahogarse en una nueva ola de
represión contra la izquierda abertzale.
El aparato judicial y la aplicación del Pacto Antiterrorista
Una y otra vez, el principal obstáculo para el avance del proceso de paz ha sido
la voluntad del aparato judicial de seguir aplicando la estrategia y la
legislación antiterrorista pactada por el Gobierno Aznar con el PSOE. Una
estrategia que dio el control de la mayoría de los órganos juridiccionales a la
derecha judicial y que aplica la lógica represiva diseñada por Garzón para los
macroprocesos: incriminar con ETA en un solo continuo organizativo a toda la
izquierda abertzale y a parte del nacionalismo, sobre la base de compartir los
mismos objetivos estratégicos independentistas. El último eslabón de esta
estrategia es la Ley de Partidos que ilegalizó a Batasuna al exigirle la condena
expresa de la violencia protagonizada por ETA.
La nueva situación creada por la declaración de "alto el fuego permanente" de
ETA y de voluntad de dialogo del Gobierno, apoyado por todas las fuerzas
políticas menos el PP, no ha tenido ningún eco en el aparato judicial que, por
el contrario, alegando que "la justicia no esta en tregua", ha intentado impedir
que se den las condiciones del proceso de paz arreciando la represión legal
contra la izquierda abertzale.
Frente a ello, el Gobierno Zapatero se ha declarado impotente. Ni desde el
Ministerio de Justicia, ni desde la Fiscalia General ha sido capaz de una
movilización de los sectores progresistas de la judicatura y la fiscalía a favor
del proceso de paz. La prueba más dura en esta situación ha sido la huelga de
hambre de De Juana Chaos, a quién se le mantiene en prisión por una nueva
acusación de escribir artículos en Gara, con una petición inicial de 96 años. La
huelga de hambre, que amenazaba con un fin doblemente trágico de la muerte de De
Juana Chaos y del fin del proceso de paz, fue detenida en el último momento, con
una nueva concesión de la izquierda abertzale de aceptar una solicitud de pena
de cuatro años. El fiscal que llevaba el caso renunció en protesta, pero el
juicio contra De Juana Chaos –y su actitud en el mismo- ha puesto de manifiesto
una vez más el compromiso de la izquierda abertzale con el proceso de paz.
Sin embargo, al mismo tiempo, la fiscalía iniciaba un proceso de incautación de
las herriko tabernas sobre la base de su pertenencia al aparato financiero de
Batasuna como fuerza ilegalizada. Y la tensión aumentaba exponencialmente ante
la entrada, registro e incautación por parte de la policía en los locales
sociales de la izquierda abertzale en todos los puntos de la geografía de
Euskadi. Una tensión a la que la izquierda abertzale ha ido dando salida a
través de una movilización "controlada", pero que también ha acabado alimentando
actos "descontrolados" de kale borroka, incluidos ataques a alguna sede del PSE.
La política y la movilización como únicas salidas
Los peligros de esta escalada de "represión-violencia", más allá de la
palabrería provocadora del PP, fueron puestos de manifiesto con el robo de 350
armas cortas en Vauvert (Francia), en una acción que la policía francesa cree
que lleva el sello de ETA, pero que no ha sido reivindicada por esta. El proceso
de paz no puede ser unilateral, sino que tiene que partir de unas medidas de
confianza mínimas que permitan abrir un campo político y multilateral de
diálogo, que finalmente tendrá que concretarse en una mesa de diálogo político
de todas las fuerzas de Euskadi y en otra paralela en Nafarroa. El objetivo de
este proceso no puede ser la derrota represiva de la izquierda independentista
vasca, como quería la estrategia antiterrorista del PP, sino un acuerdo político
y social que permita que sean los ciudadanos y ciudadanas vascas los que decidan
democráticamente su futuro político.
En este sentido, repolitizar el proceso de paz, implicar a todas las fuerzas
políticas en el mismo avanzando en la concreción de la mesa de diálogo, crear
las condiciones de paz con el reagrupamiento de presos, la legalización de la
izquierda abertzale, el fin de la "ofensiva" de la derecha judicial, son la
única salida realista y deseable. La otra alternativa, la que defiende todos los
días Rajoy y el PP, la ruptura del proceso de paz y la persecución y represión
de la izquierda independentista solo pueden conducir a un aumento de la tensión
y de la violencia, impuestas a una sociedad vasca que ha optado decididamente
por dar una salida política y democrática al conflicto.
Pruebas de que esta es la única salida sensata lo pone de manifiesto la
declaración de apoyo internacional de personalidades, pero también el debate en
el Parlamento Europeo. La derrota del PP, que quería alinear detrás de sus tesis
a toda la derecha europea, ha sido profunda. La derecha tiene la mayoría del
Parlamento Europeo. A pesar de ello, la resolución del PP contra el proceso de
paz fue rechazada por 44 votos. Y la propuesta del PSOE, apoyada por toda la
izquierda europea, tuvo una mayoría de 10 votos. Con esta decisión, todas las
instituciones comunitarias han mostrado su apoyo al proceso de paz, aislando en
Europa al PP, y reconociendo que el conflicto vasco es "un problema político",
que solo puede ser resuelto por medios políticos, como declaro el portavoz de
los socialistas europeos Schultz.
La comparecencia de Otegui y de toda la dirección encausada en el sumario 35/02
de la ilegalizada Batasuna el pasado 28 de octubre sirvió para reiterar que su
formación "mantiene intacta su apuesta por dar una respuesta democrática al
conflicto que vive Euskal Herria". Pero insistió en que esto "sólo se puede
hacer si se desactivan los instrumentos del pasado que el PSOE pactó con el PP y
que hoy son utilizados para golpear a la izquierda abertzale". Y exigió que el
Gobierno Zapatero "garantice unas condiciones de igualdad, que ahora no se dan,
para poner en marcha un proceso de diálogo multilateral".
Por su parte, Zapatero recogía el pulso dos días después para reiterar que sería
bueno para España que Batasuna aceptara las reglas del juego, animó a ello a la
izquierda abertzale, y dijo que el Gobierno y el PSOE tienen "la máxima
voluntad" de que representen al espacio que tienen, "sin duda alguna", en la
sociedad vasca y puedan contribuir a la paz. Desde esta perspectiva,
la legalización de la formula política de representación de la izquierda
abertzale, en el marco de la Ley de Partidos era problema de la izquierda
abertzale, a la que se le estaba acabando el plazo de tiempo para poder
concurrir a las elecciones municipales.
Pero plantear el inicio del diálogo político como un juego suma cero no parece
la formula más prudente para avanzar en el proceso de paz. Sobre todo cuando el
PP se encuentra al acecho para rentabilizar y explotar las contradicciones
inevitables del mismo.
* Gustavo Búster es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso y de la revista
Viento Sur.
