País Vasco
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El Gobierno y ETA celebraron varias reuniones oficiales desde marzo
Gara.
Ni una ni dos, sino alguna o algunas más, han sido las ocasiones en las que
se han reunido representantes del Gobierno español y ETA en los últimos meses,
después de la declaración de alto el fuego permanente de marzo. Gara ha podido
corroborar este dato tanto en fuentes de la izquierda abertzale como del PSE.
La posibilidad de que ambas partes hubiesen
celebrado determinadas reuniones ha aparecido en diferentes momentos durante
estos nueve meses, también en medios de comunicación de fuera del Estado
español. La información a este respecto que mayor repercusión ha tenido fue la
publicada el pasado 20 de diciembre por El Correo.
Sin embargo, la noticia del diario vizcaino
contenía notables inexactitudes, al afirmar que se trataba del primer encuentro
que se celebraba de forma oficial entre ambas partes. Además de este error
objetivo, también cabe dudar sobre la interpretación o la intencionalidad de la
información, que aseguraba que la reunión había permitido «afianzar la tregua y
superar el colapso que se vivía desde hace meses».
El rotativo añadía que «fuentes gubernamentales»
esperaban un «gesto significativo» por parte de la izquierda abertzale en las
siguientes semanas, con lo que se recreaba la impresión de que la crisis del
proceso estaba ya prácticamente superada. Lo único cierto es que la celebración
de la reunión se filtró muy pocos días después de realizarse, y que las únicas
fuentes que se citaban en la información eran las mencionadas «fuentes
gubernamentales».
La tesis de que hasta ese momento no se había
producido encuentro alguno ha sido alimentada en otras ocasiones, de forma
notoria por parte del portavoz del PSE en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz, José
Antonio Pastor, que llegó a afirmar, el día 9 de diciembre, que el pasado verano
la organización armada rehusó reunirse con el Gobierno. «No contestó a la
llamada, por las razones que fuera», manifestó el portavoz parlamentario.
Las palabras de Pastor adquirieron un notable
eco, hasta el punto de que el secretario de Organización del PSOE, José Blanco,
lo desautorizó de forma categórica: «Hay mucha gente que no sabe de lo que
habla, y los que sabemos, no hablamos».
En Europa
Según las fuentes consultadas por Gara y que, en todos los casos con grandes
dosis de reserva, han confirmado la existencia de varias reuniones entre ETA y
el Ejecutivo de Madrid, los encuentros se han celebrado en todos los casos bajo
el amparo de gobiernos de diferentes países europeos y con la presencia de un
conocido centro internacional realizando funciones de notaría.
Según las fuentes consultadas por y que, en todos
los casos con grandes dosis de reserva, han confirmado la existencia de varias
reuniones entre ETA y el Ejecutivo de Madrid, los encuentros se han celebrado en
todos los casos bajo el amparo de gobiernos de diferentes países europeos y con
la presencia de un conocido centro internacional realizando funciones de
notaría.
Estos encuentros oficiales se suman a las
numerosas negociaciones desarrolladas entre representantes de ETA y el Gobierno
español antes de que la primera decretara el alto el fuego en marzo pasado,
reuniones que dieron como resultado los acuerdos en los que se ha sustentado el
proceso y cuyo contenido fue dado a conocer por este periódico el pasado mes de
julio.
Las negociaciones previas propiciaron el alto el
fuego Los encuentros registrados desde marzo
dieron continuidad a los habidos ya antes del alto el fuego y que permitieron
alcanzar una serie de compromisos y garantías para desarrollar el proceso.
Así, lo pactado recogía, además del
reconocimiento de Euskal Herria, el compromiso del Gobierno español de respetar
las decisiones de los ciudadanos vascos. Los acuerdos concernían al futuro de
los ciudadanos de Álava, Vizcaya, Navarra y Guipúzcoa, y se establecía que los
acuerdos políticos debían alcanzarse entre los partidos y agentes vascos.
El Ejecutivo se comprometía también a aceptar sin
ninguna limitación el contenido del acuerdo político alcanzado entre las
formaciones vascas, y se establecía que la legislación vigente no sería una
limitación a la voluntad del pueblo vasco, sino garantía de su ejercicio. El
Gobierno adquiría también el compromiso de lograr un pacto de Estado basado en
esos principios.
Asimismo, se comprometía a cumplir una serie de
garantías: la disminución de la presencia policial, así como la desaparición de
presiones policiales; el respeto «de facto» de la actividad política de las
organizaciones de la izquierda abertzale, en igualdad de condiciones al resto de
formaciones y sin limitaciones de derechos; y que no hubiera detenciones por
parte de los diferentes cuerpos policiales.
ETA, por su parte, se comprometía a decretar un
alto el fuego permanente, y a no realizar acciones de abastecimiento de armas ni
explosivos.