Tras la detención
de la cúpula de Batasuna
De 23 en 23 hasta llegar a 187.000
Manuel F. Trillo
Insurgente
¿Cuántas reuniones se pueden suspender si tomamos a 187.000 de 23 en 23? Hechas
las cuentas me salen 8.130 reuniones, 8.130 días y se acabaría de detener a
todos dentro de 22 años, o si se prefiere, 8.130 direcciones de la organización
política Batasuna –que por más ilegal que se la declare no deja de ser una
organización política, al igual que lo eran el PCE y el PSOE durante el
franquismo. El hecho de que en España tengan que reunirse de forma clandestina
un grupo de personas no es un agravante para los reunidos, es una losa para el
Estado de Derecho. Reunidos pacíficamente y sin armas, reunidos sin alharacas,
con toda la discreción de la que fueron capaces, reunidos para hablar de su
país, de la autodeterminación, de la independencia, o si prefieren ustedes para
hablar de las inundaciones en Alcalá de Guadaira.
Una reunión de personas que tienen afinidades y simpatías ideológicas comunes.
Yo mismo hubiera ido a la reunión para hablar, debatir, interpretar, y en la
medida de mi inteligencia y conocimientos, aportar cuanto pudiera para avanzar
en la solución de un "conflicto vasco" que dura demasiado tiempo. Y en este
punto pregunto a Garzón, a Zapatero, a Rubalcaba, y a esa María Teresa –cuyo
discurso el mismo día de las detenciones era calcado del que pronunció Fraga
Iribarne para justificar el asesinato de Julián Grimau-, si mi amistad personal
con independentistas vascos me convierte en sujeto criminal. Todos estamos
amenazados por la venalidad de los poderes político-judiciales, y del "todo es
ETA" se va por intereses coyunturales a que "los individuos no están
ilegalizados". Y ahora se vuelve al "todo es ETA", y todo porque se acercan las
elecciones y no quieren soltar la poltrona de la Moncloa. Eso lo ve un tonto, yo
también.
No es la primera vez que escribo la frase genial de Quevedo sobre la judicatura:
"prefiero cien ladrones a un mal juez ". Y en este caso el juez es un malandrín
que se pasa el "res sic stantibus" por donde le parece oportuno. Encarcelar a
quienes han negociado con Zapatero, a los que se han reunido con Patxi López y
Rodolfo Ares –con quienes me solidaricé en su día por las amenazas judiciales
que pesaban sobre ellos- , a los que se reunieron con el lehendakari, y no
encarcelar ahora que parece que las cosas han cambiado a estos interlocutores es
una desfachatez jurídica. Pues todos sabían que representaban lo mismo por lo
que ahora se les encarcela. Hay poca consistencia en las acusaciones, y más aún
cuando en ningún momento se presentaron como miembros de Batasuna, pues no
existe, dado que está ilegalizado. Al fin y al cabo el Estado de Derecho al que
apela ahora María Teresa F. de la Vega -40 años antes Manuel Fraga- tiene dos
varas de medir, un rasero para los amigos –Ares y López, y Zapatero y sus
enviados- y otro para los interlocutores vascos. No es extraño que el Consejero
de Justicia vasco diga que esto es un dislate y un error político jurídico de
inmensas dimensiones.
Recuerdo a un hombre bueno, en el sentido machadiano, Simón Sánchez Montero. Fue
detenido y encarcelado por los lacayos del franquismo, es más, mientras Fraga
Iribarne era Ministro de Franco, y cada vez que lo detenían hacía una
declaración, siempre la misma, de tal modo que la BPS (Brigada Político Social,
hoy Comisaría General de Información) ya tenía redactados de antemano los
términos en que se expresaría. Sánchez Montero reconocía sin ambages y a las
claras y no decía nada más que era "miembro del Comité Central del Partido
Comunista". A partir de ahí el silencio y las torturas. En la actualidad, con el
Estado de Derecho del que se sienten tan ufanos los socialprogresistas, se
ilegaliza también las ideas y los proyectos políticos, simplemente porque se
supone que los miembros de tal o cual partido "están integrados y forman parte
del todo es ETA". No entro a valorar la conducta de uno, dos o trescientos, sino
en que una organización por sí misma no puede delinquir, sólo los individuos que
la conforman, pero en este caso –como en el franquismo- lo que se pretende
eliminar es la idea misma y el proyecto de independencia del territorio vasco.
De cuanto digo aquí hay una buena muestra en la persecución que se hace
mediáticamente y por otro medios más adelante ante la propuesta de "consulta"
del lehendakari Ibarretxe.
No hay ninguna salida política desde España. Eso lo vemos en España y se ve en
el País Vasco. Unos porque son miembros de Batasuna, porque son "cómplices" de
la organización armada ETA. Y si es el lehendakari, hombre de derechas, un
hombre de orden, defensor del capitalismo y de la moral católica, también es
rechazado. Los gobernantes del Estado central, de España en Madrid, no están
dispuestos a que se discuta políticamente el derecho a la autodeterminación de
los pueblos, importando poco quién presente la cuestión, Batasuna por ser
Batasuna, el lehendakari vasco por ser vasco. La idea españolista de "una,
grande, y libre" (del PSOE, y basta ver las declaraciones de Guerra mentando el
art.155 de la CE), o la del PP "un dios, una patria, un caudillo", es lo que
conducirá a un enfrentamiento cuyas consecuencias me temo que serán
irreparables.
Hay quien ha dicho que la izquierda española está ya harta. Pues si es
izquierda, supongo que defenderá el derecho a realizar una consulta entre los
vascos para determinar en qué grado está asentada esa aspiración a la
independencia. Los españoles dicen que quieren votar en un hipotético
referéndum, ¿dónde se ha visto mayor dislate?. Ni en Canadá se hizo una chapuza
semejante. Ni los escoceses lo permitirían. Ni ha ocurrido en Irlanda. España,
por decirlo de este modo refiriendo con el nombre al Gobierno y a los aparatos
del Estado, no permite ni por las malas –ETA- ni por las buenas –la propuesta
del Gobierno vasco- que se realice un referéndum. Esta es la desgracia y la
paradoja en la que nos encontramos metidos, dada la cerrazón de los unitaristas.
Los mismos que no se cansan de decir que por las vías políticas todo es posible.
Sencillamente mienten, y así lo ven y lo perciben los ciudadanos de los
territorios vascos, catalanes, gallegos...
El apresamiento de ciudadanos vascos cuyo único crimen es la defensa de la
independencia de su territorio, pues el resto de las imputaciones son pura
entelequia y elucubración de mentes sometidas al principio unitarista de los
territorios de España, significa una vuelta a un pasado que nadie deseaba, pues
ha sido interpretado –lógicamente- como una declaración de guerra. Ahí esta el
problema encima de la mesa de nuevo con toda su crudeza. Cuando Zapatero dijo
aquello, "seré implacable", estaba diciendo que usaría los poderes del Estado
–el judicial también- para vengar un fracaso que estaba cantado desde el momento
en que sus enviados se desdecían un día de lo que habían firmado y afirmado en
el anterior.
Que los políticos jueguen sucio es algo que tengo asumido, que los jueces se
comporten como señalaba Quevedo es algo que no se puede soportar, por cuanto se
acaba decididamente con el pilar que supone la seguridad jurídica. Y perdida
esta, que dios nos coja confesados. Abran las cárceles y campos de concentración
porque tendrán que encarcelar a cientos de miles de ciudadanos vascos. Pueden
habilitar los que se utilizaron en el franquismo, empezando por el Valle de los
Caídos, y seguir por Albatera, Miranda de Ebro, Castuela, San Marcos de León, o
los Merinales en Sevilla, etc. Para empezar debieran de continuar con los otros
23 que se presentaron en rueda prensa y cuyas identidades no son desconocidas
para el juez, y así hasta 187.000, como mínimo, pues yendo por el camino del
absurdo jurídico –en el que nos encontramos- hasta Ibarretxe y su Gobierno se
verán entre rejas. Menudo panorama.
