Txotxe Andueza
Langraiz

Salhaketa denunció el pasado mes de setiembre que los proyectos de construcción de nuevos centros penitenciarios en Langraiz e Iruñea están muy avanzados. Tanto que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado español ya aparecen partidas económicas para financiar esas obras. Y la noticia, como no podía ser menos, ha despertado interés, suspicacias y más de una crítica.

Pero, y aunque parezca una verdad de Perogrullo, es evidente que las cosas no se ven de la misma manera si se miran con la perspectiva de puertas adentro de la prisión o desde el exterior. Quienes analizan la política penitenciaria, las prisiones y el modelo de ejecución penal imperante en el Estado español desde la experiencia que les otorga su labor de apoyo a las personas presas dentro de los muros creen innecesaria una nueva cárcel, y reivindican una revisión de las políticas que están llevando al aumento de la población reclusa.

Las posturas no aparecen tan nítidas cuando se analiza el nuevo proyecto desde la perspectiva de unos ciudadanos que llevan ya casi tres décadas conviviendo con la cárcel situada en la localidad de Langraiz.

«Ni cárcel nueva, ni vieja»

La Comisión anti-Sida de Araba es una de las asociaciones que desarrolla programas de ayuda con la población presa en la actual cárcel de Langraiz, además de hacerse cargo de la gestión de varios pisos de acogida en Gasteiz. Su presidente, Miguel Angel Ruiz, es rotundo: «Ni cárcel nueva ni vieja, lo que hay que hacer es repensar la situación peniteciaria».

En su opinión, no todos los delitos debieran conllevar el encierro en la cárcel: «En otros países sólo se va a la cárcel por delitos violentos, y no por delitos ligados al tráfico de drogas, por ejemplo, que suponen el 80% de la población penitenciaria en el Estado español». Así, y coincidiendo con el temor expresado por Salhaketa, Miguel Angel Ruiz considera que, a este paso, «de aquí a unos años no se podrá cerrar la vieja cárcel».

Como conclusión, subraya la necesidad de optar por medidas como las educativas «a través de comunidades terapéuticas en las que también se pueda garantizar el control».

Una opinión muy similar sostiene José Angel Martínez de Bujanda, capellán de la prisión de Langraiz y representante de Pastoral Penitenciaria. Alrededor de 120 voluntarios llevan a la práctica los proyectos de esta organización de carácter religioso: desde visitas a quienes no tienen apoyo familiar, video- fórum, clases de idiomas, manualidades, campos de trabajo...

Sus visitas al interior de la prisión de Langraiz son constantes, y ello le otorga una percepción muy cercana a las vivencias de las personas presas, así como de las condiciones de vida a que están sometidas. Y desde ese conocimiento es rotundo al afirmar que el centro penitenciario alavés tiene deficiencias demasiado importantes como para aplazar su solución al momento en que se cambie de prisión: «No se puede tener a los presos tres años sin calefacción, o con la enfermería o las duchas tal como están ahora. Necesita mejoras, y urgentemente además, independientemente de que en un plazo de tres años se vaya a tirar la cárcel». Sobre este último extremo, sin embargo, se muestra escéptico porque, según dice, «cada vez se mete a más gente y por más razones a la cárcel».

Martínez de Bujanda tampoco es partidario de una macrocárcel como alternativa al actual centro penitenciario. Por el contrario, es de la opinión de que la masificación acarreará más máquinas de control e impedirá el contacto personal, el conocimiento de los presos... Y aunque no cree que exista en estos momentos una alternativa global a las cárceles, sí cree que hay que dar pasos «justo en la dirección contraria a la que están tomando en estos momentos: habría que trabajar más en la prevención y en medidas como la despenalización de las drogas...».

Convivir con la prisión

La perspectiva de los vecinos de la principal localidad del municipio de Iruña Oka es diferente, en parte porque, como reconoce Iñaki Ruiz, de la Asociación de Vecinos Izena, «ya hay una larga trayectoria de convivencia con la cárcel, y sustituirla por otra no parece que a la gente le fastidie». Tampoco el alcalde, José Angel Martínez de Bujanda (PSE), detecta oposición vecinal a los planes de Instituciones Penitenciarias. Es más, considera que si la nueva prisión se aleja del centro urbano y se interpone entre ambos una barrera como la N-1 «evidentemente supondrá aún menos incidencia de la actividad que genera la prisión en el pueblo».

Ambos mencionan una charla-coloquio que tuvo lugar en abril y que ha sido el único acto informativo que se ha realizado en la localidad en torno al proyecto de construcción de una nueva prisión. «Con los datos que ahora conocemos», la asociación Izena no plantea un posicionamiento contrario a que se instale una cárcel nueva sustituyendo a la actual. «Otra cosa sería que se mantuviera también la cárcel vieja; entonces sí se generaría una respuesta y, muy posiblemente, la movilización», puntualizan. La percepción de Iñaki Ruiz se acerca a la de otros agentes, ya que considera que «si hacen falta más camas para los reclusos, se me hace difícil pensar que se vayan a deshacer de las que tienen».

El alcalde también subraya en este sentido el compromiso que, según asegura, han asumido Instituciones Penitenciarias y el Ministerio español de Interior de que, una vez hecha la nueva prisión, la antigua dejaría de usarse como cárcel. Una perspectiva ante la que el Ayuntamiento de Iruña Oka aún no ha valorado qué hacer con unos terrenos que califica de «interesantes» por el entorno natural en que se encuentran.

Médicos

La asociación de médicos de prisiones asegura que un centro con más de 400/500 personas no es manejable, porque la masificación impide toda intermediación con las personas presas. La macrocárcel denominada Norte I triplicará esa cifra.

EN CIFRAS

66.479 era el número de personas presas en el Estado español la última semana del pasado mes de setiembre.

1.800 son los ciudadanos con residencia en los cuatro territorios del sur de Euskal Herria encarcelados en el Estado español.

4.000 personas podría haber para el año 2010 en las prisiones situadas en Hego Euskal Herria.

30.000 euros cuesta una plaza carcelaria al año en el Estado español. Por cada persona presa vive una empresa o un particular.

1.600 presas y presos albergaría en la práctica la macrocárcel de Langraiz, ya que el proyecto prevé instalar 876 celdas.

108 millones de euros costará la construcción de la nueva cárcel de Langraiz. La de Iruñea, un poco menos: 93,5 millones.

3 Centros de Inserción Social pretendía construir Instituciones Penitenciarias en Hego Euskal Herria. Pero, a diferencia de las cárceles, no existen proyectos de ejecución de esas instalaciones a corto plazo.

MUERTES

Las autoridades penitenciarias habían dejado de comunicar las muertes no naturales producidas en prisión. «La presión social -asegura el capellán de Langraiz- hace que aquí, a diferencia de otras cárceles, las muertes se conozcan». Menores Izena rechazó hace unos meses la instalación de un centro de menores. «Dijeron que eran inmigrantes sin tutor, pero algunos habían cometido delitos. El chalet elegido no ofrecía las condiciones adecuadas», remarca Iñaki Ruiz.

La más reciente, pero tan caduca como las demás

La cárcel de Langraiz fue la última que el Estado español construyó en territorio vasco, y la única de cumplimiento, pero puede decirse que está al mismo nivel de deficiencias estructurales que las vetustas prisiones de Basauri, Martutene e Iruñea. Los efectos de la masificación, además, han sido demoledores para la población reclusa en los últimos años.

Esa circunstancia, puesta de manifiesto por la amplia red de movimientos sociales que apoyan a las personas presas en Langraiz, fue aprovechada por Instituciones Penitenciarias para justificar la necesidad de un nuevo centro. Aunque del anuncio de construcción de lo que denominan «prisión tipo», con 500 celdas, se ha pasado a un proyecto que, como adelantó Salhaketa, contempla un total de 876 celdas.

La página web de la Sociedad estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) recoge todos los proyectos que a corto y medio plazo tiene previsto llevar adelante el Ministerio español de Interior en materia penitenciaria. Se trata, en su mayoría, de cárceles de régimen cerrado, que obedecen a un prototipo común. En su descripción, y como si del folleto promocional de una urbanización se tratara, la SIEP destaca cosas como que «desde el punto de vista arquitectónico se han seguido el protocolo de Kyoto y las nuevas legislaciones y normativas técnicas que lo desarrollan, basándose en el concepto de Construcción Sostenible».

El nuevo centro penitenciario de Langraiz, que de construirse recibirá el nombre de Norte I, estará en el lugar que menos dificultades ha ocasionado a Instituciones Penitenciarias. Esto es, una localidad donde ya están habituados a convivir con la prisión, evitando así al máximo la posibilidad de rechazo social, y unos terrenos cuyo traspaso no genera ninguna dificultad, ya que pertenecen al Ministerio de Defensa.

Al menos en el corto plazo, no hay prevista ninguna infraestructura en Hego Euskal Herria que indique un posible cambio en la política de ejecución penal del Estado español, aunque en un horizonte indefinido se prevé un Centro de Inserción Social en cada uno de los tres herrialdes de la CAV. T.A.