MADRID-DONOSTIA     

Fernando Grande-Marlaska decretó la pasada noche el ingreso en prisión incondicional de Juan Mari Olano, al que responsabiliza en grado de «inductor» de «114 actos violentos» ocurridos en la jornada de huelga y movilización del pasado día 9 y que, según el auto, fueron «exigidos por el frente militar de la organización terrorista ETA».
La comparecencia del representante del movimiento pro amnistía comenzó a las 19.00 y acabó una hora más tarde. Olano y su letrada salieron de la sede judicial y tuvieron que esperar hasta las 00.30 para conocer la decisión. Para justificar su tardanza, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional alegó «problemas con el ordenador».
Juan Mari Olano entró a la Audiencia Nacional diez minutos antes de la hora fijada por el juez para su comparecencia, las 17.30. Lo hizo acompañado de su letrada, Jone Goirizelaia. A la vista asistieron los también abogados Kepa Landa e Iñaki Goioaga, que representaron a las cuatro personas que compareceran hoy .
También le acompañaron hasta las puertas de la sede judicial varios abogados, el mahaikide Joseba Alvarez, el ex preso y ex parlamentario en Gasteiz Mikel Zubimendi y otro de los portavoces del movimiento pro amnistía, Jon Enparantza. En el lugar se personaron asimismo para ofrecer su respaldo varios de los encausados en por el sumario 18/98.

Hora y media de retraso      

      La comparecencia no empezó hasta hora y media más tarde de lo previsto. El juez comenzó informándole de que que iba a ser interrogado «en base a una imputación de pertenencia a banda armada e inducción de acciones terroristas cometidas a consecuencia de la convocatoria de la huelga».
Olano indicó que no iba a responder ninguna pregunta y, a renglón seguido, su abogada planteó la «falta de competencia» del magistrado, al entender que «la imputación de pertenencia ya está siendo investigada en otro procedimiento, en el de Gestoras pro Amnistía, en el que ya hay una petición fiscal por ese delito».
En cuanto a la «inducción», Goirizelaia resaltó que «primero habrá que ver que efectivamente esos hechos se puedan calificar de terroristas, que sería la única forma de que tuviera competencia él, y luego habrá que ver si existe esa inducción o no. En este sentido, la investigación correspondería al juzgado que estuviese de guardia en el momento de producirse los hechos».
Grande-Marlaska replicó diciendo a la letrada que podía recurrir el auto, algo imposible según Goirizelaia porque dicho auto no fue remitido a Olano.
El magistrado planteó veintiún cuestiones al portavoz del movimiento pro amnistía. Las once primeras sobre temas relacionados con Gestoras y con los presos, hechos por los que ya ha sido procesado. El resto, sobre su antigua pertenencia a la Mesa Nacional de HB.
«Y al final un sólo apunte sobre la convocatoria de la huelga, sobre su participación en esa convocatoria, y sobre la relación de esa convocatoria con la kale borroka y con Jarrai-Haika-Segi. El argumenta que esto se monta para que luego Jarrai, Haika y Segi hagan kale borroka», explicó a este diario la abogada.

Imágenes videográficas            

Posteriormente, el juez sacó su ordenador portátil ése sí que al parecer funcionaba para mostrar a Olano fragmentos de espacios informativos de diferentes cadenas televisivas sobre la convocatoria de la jornada de huelga y movilizaciones. «Yo he impugnado eso, porque no está incorporado en la causa y porque para que se puedan utilizar las reproducciones videográficas hay un montón de requisitos legales que no cumplen», destacó Goirizelaia.
Por su parte, los fiscales Jesús Alonso y Juan del Moral, y el representante de la AVT no hicieron ninguna pregunta. El abogado de la Asociación Dignida y Justicia planteó una cuestión sobre la rueda de prensa del día 13, en la que representantes de diversos agentes políticos, sindicales y sociales vascos tildaron las citaciones de «agresión a todo un pueblo». Concretamente, le preguntó si su presencia en la misma era «en nombre de Batasuna».
Finalizada esta parte de la comparecencia, la Fiscalía no solicitó ninguna medida, la AVT pidió prisión incondicional y Dignidad y Justicia dos años de prisión como medida cautelar. Entre otros argumentos utilizaron el de «riesgo de fuga», pese a que, como reseñó su letrada, Olano acudió a Madrid sin haber sido directamente citado y sin que le enviaran el auto.
Al término de la vista, Goirizelaia consideró que «éste es el ejemplo más claro de instrumentalización política del proceso penal», y subrayó que «crear artificialmente un delito de inducción con las bases probatorias que tiene es, para cualquier jurista que entienda de leyes, de auténtica vergüenza». Luego llegaría la larga espera

A la llegada de Olano a la sede judicial, el mahaikide Joseba Alvarez realizó unas declaraciones para los medios allí presentes. El representante de Batasuna emplazó al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y a los magistrados de la Audiencia Nacional a «actuar con responsabilidad», ya que se está «en un momento importante del proceso» e iniciativas como ésta «no llevan a ningún lado».
En este sentido, Joseba Alvarez manifestó que «todas las fuerzas políticas vascas, sindicatos e incluso el lehendakari Ibarretxe han manifestado su posición en contra de esta iniciativa».

Concentraciones de LAB en Bilbo Donostia, Gasteiz e Iruñea