El sustituto de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha establecido ya la premisa de que EHAK es ETA, lo que en lo personal deriva en graves consecuencias para los tres ciudadanos que comparecieron ayer ante él y probablemente también para las cuatro que lo hagan hoy, y que en lo político siembra de negros nubarrones el horizonte. Siguiendo la fabulación histórica que su antecesor convirtió en doctrina jurídica de que el desdoblamiento de ETA en los años setenta conlleva que hoy dirige todas las distintas organizaciones que actualmente se encuadran en la izquierda abertzale, Grande Marlaska, guiado por la mano de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ha abierto el camino a la próxima adopción de medidas contra EHAK que bien pudieran derivar en su suspensión de actividades. Volveríamos a encontrarnos así con que un juez de instrucción, sin necesidad de probar todavía ninguna de sus graves acusaciones, se impondría a la voluntad popular, en este caso a las más de 150.000 personas que votaron a EHAK y a esa mayoría social que encuesta tras encuesta viene pronunciándose abiertamente en contra de medidas de este tipo contra formaciones políticas.
            Es preciso, además, llamar la atención sobre el desmedido afán que el juez Grande Marlaska pone en castigar con extrema dureza a los independentistas vascos que lleva ante sí. Al margen de otras consideraciones políticas y jurídicas, resulta del todo improcedente procesar por integración en una organización armada a aquellos a quienes se les imputa dirigir el área comunicativa de EHAK e imponerles fianzas de 100.000 euros (16,6 millones de pesetas). Más aún si se tiene en cuenta que la Fiscalía había solicitado que se les retuviera el pasaporte y comparecieran semanalmente ante la Ertzaintza, lo que ya es mucho castigo por el simple hecho de defender unas ideas políticas.
            Grande Marlaska parece haberse convertido en el ariete judicial de la estrategia del PP y sus tentáculos y va a poner en una difícil disyuntiva al Gobierno español, que insistía hasta la fecha en que no había motivos para ilegalizar a EHAK. En la mano de José Luis Rodríguez Zapatero está el aclarar si quien marca el rumbo en el problema de Estado más grave que tiene España es el presidente de su Ejecutivo o un juez de instrucción.
O, tal vez, acabar demostrando que juez y presidente son dos caras de la misma moneda, lo que enconaría el conflicto durante décadas. Rodríguez Zapatero tiene la palabra y los hechos. -