La fragilidad democrática en américa latina:
Siete orientaciones analíticas conceptuales

* Robinson Salazar P.
robinsson@mzt.megared.net.mx
Investigador de la
Universidad Autónoma de Sinaloa/México
La Fogata

América Latina inicia el siglo XXI movilizada, conflictuada y atravesada por conatos de violencia interactoral, cívica-contestataria y política, ante los abusos de gobiernos y por reclamos y nuevas prácticas políticas de los sujetos sin derechos que buscan construir un espacio en la política para que sean tenidos en cuenta en las grandes decisiones públicas, provocando todo ello un escenario de riesgo para la endeble democracia que se asoma y un fuerte embate contra las famélicas instituciones que se reconstruyeron después de largas décadas de dictadura, golpes de estado y militarismo civil que se instauro en la segunda mitad del siglo XX.

El Siglo XXI abre sus puertas a varios procesos electorales, pero los eventos comiciales no son la totalidad del mundo democrático, también son parte del mundo entre iguales los sujetos excluidos que nos muestran nuevas formas asociativas para reclamar, exigir y ejercitar sus derechos, así lo observamos con los Piqueteros argentinos, los Cocaleros bolivianos, los Sin Techos de Paraguay y vasto sector de los bolivarianos venezolanos entre otros.

Por ello, la democracia no sólo la analizaremos en torno a los procesos y eventos electorales, eso es una parte de ella, sino que nos interesa indagar las otras aristas de este fenómenos como es la participación, las movilizaciones, los nuevos actores y los comportamientos de las multitudes. Todo ello envuelto en una circunstancia donde las virtudes cívicas, el ethos democráticos, la cultura política y el ejercicio crítico-propositivo de la oposición son bases que deben existir para que la democracia sea posible

Las explicaciones que debemos dar son muchas, por lo tanto dividiremos el trabajo en ocho partes o recursos explicativos para dar cuenta de todo lo que nos interesa sobre los riesgos de la democracia, las cuales denominaremos orientaciones analíticas.

Orientación Uno: Partidos Políticos Inmovilizados

A partir de de la década de los ochenta del siglo XX, los partidos políticos latinoamericanos entraron en el largo zaguán de la crisis orgánica y de representación, debido a que el comportamiento de su estructura organizativa no daba cabida a nuevos sujetos sociales que aparecían en la escena pública; la organización vertical de dirigencia, manos medios y base, ya no correspondían a los reclamos por la democratización que se vivía en la sociedad civil; las ataduras ideológicas no daban cabida a la disidencia interna ni al disenso por la inflexibilidad valórica de los principios ideológico; los enclaves actorales se hacía más notorio al momento que se tenían que escoger candidaturas para los eventos electorales, prevaleciendo siempre el criterio de los políticos ancestrales, despojando de sus derechos a las mujeres y jóvenes que reclaman, con sus acciones, postulaciones a cargos públicos, esto sin agregar los nuevos actores que pedían inclusión partidaria entre ellos los homosexuales, indígenas, discapacitados, minorías étnicas y sociales.

Todo lo anterior se dio en un lapso de diez años, demasiados cambios para una estructura orgánica que no había previsto cambiar internamente durante muchos años; además, tampoco había el interés por hacerlo ahora, más cuando el discurso político que prevalecía y aún vigente, es que los partidos son un mal necesario para la democracia, también que no se asoma otra estructura orgánica capaz de remplazarlos, aunque la realidad nos indicaba que en el escenario público ya existían otras unidades orgánicas que empujaban en el terreno político.
La crisis se hizo más notoria con el auge de los movimientos sociales, aunque se ha arrojado mucha crítica sobre el comportamiento de ellos en la década de los 80, porque no pudieron transitar de la lógica movimientista reivindicativa a una estructura mayor o más consolidada que perdurara, sin embargo no era el sentido de estos movimientos, más bien su lógica estaba encauzada en hacer muchas cosas que conectaran el campo social con el político, dado que los partidos habían provocado esa desconexión.

Los movimientos sociales, más que un relevo de los partidos políticos, eran una señal que les anunciaba la urgencia del cambio en su organicidad, pero la obcecación de las dirigencias partidarias no lo percibieron así, más bien se dedicaron a criticar, algunos de ellos, la actuación de los movimientos y otros a utilizarlos como correa de transmisión para atraer el voto ciudadano o para llevar a cabo un acto político que en su ron de partido no podían realizar.

Es esa elasticidad de comportamiento, los partidos permitiendo que los movimientos sociales ocuparan espacio de la vida política y los movimiento desempeñando acciones que llevaban agua al molido de los partidos, se fue diluyendo la efervescencia ciudadana y apareciendo otro tipo de organicidad más definida y con objetivo menos amplios que la de los movimientos de los ochentas.

Surgen en los años noventa movimientos políticos reivindicadores de derechos, demostrando que era una fase superior a la lógica mostrada en la década anterior. La preponderancia de los movimientos reclamadores de derechos se observa en que no abrigaban la esperanza ni la intención de representar a todos; la demanda estaba circunscrita en los derechos de un sujeto específico que había sido excluido o no reconocido por el Estado Liberal imperante. El espacio público se politiza con reclamos indígenas, de minorías sociales, los discapacitados exigiendo su inclusión, las mujeres y homosexuales resituándose en la arena política y los jóvenes organizando se en forma de bisagras, reclamando derechos para su momento cronológico pero a la vez inscribiéndose en la identidad adscriptiva.

Fue la segunda llamada para los partidos políticos, a fin que redireccionaran sus objetivos y abrieran las compuertas para que los reclamos ciudadanos fuesen compatibles con los asuntos prioritarios de los sujetos excluidos y sin derecho; no obstante la indiferencia persistió y el número de organizaciones reclamantes de derechos tuvo una tendencia incremental hasta desbordar los linderos que le habían marcado el Estado y los mismos partidos políticos ( los medios de comunicación y la denuncia restringida) y construir sus espacios políticos e innovar prácticas políticas que rebasó la capacidad dialoguista de todos los interlocutores.

Un sujeto por sí solo no iba ni podía provocar que le atendieran sus reclamos, se necesitaban nuevos hilos asociativos, mismos que dentro de los partidos políticos no era posible por el inmovilismo prevaleciente al interior de las estructuras políticas, entonces se buscaron formas novedosas como las redes o ligas entre conjunto de movimientos u organizaciones reivindicadoras de derechos. Un aspecto interesante en esta nueva modalidad asociativa fue que no se preconcibió ni buscó antes de una acción colectiva, sino que se fue presentando y desencadenándose de manera espontánea cuando un movimiento determinado tomaba las calles o bloqueaba un acceso de edificios públicos o de avenidas, sobrevenía la solidaridad de otro grupo o colectivo que se sumaba y agregaba para luchar, teniendo como punto de partida el saldo de la diferencias.
Esta modalidad asociativa incorpora elementos contingenciales que confieren al actor una libertad de acción que ninguna doctrina o partido puede asegurarle, sólo ellos y nada más ellos pueden construir una lógica a la par del proceso constructivo, por tanto la liga o red que fueron armando fue adquiriendo sentido sobre el proceso mismo, trenzados, amalgamados pero con una definición de los actores involucrados ( los que luchaban en el momento) frente al problema que enjuiciaban o circunstancia que impugnaban, frente a los actores otros involucrados y frente al mundo. Todo esto daba como resultado a un nuevo sujeto que no requiere ser cooptado, sino que es autoconvocado, dialoguista y dialogante, modificador de discurso y tejedor de nuevos espacios. Por estas singularidades, no tiene cabida en las estructuras de los partidos políticos de hoy.

Las redes o ligas son formas asociativas que buscan respuesta en los partidos políticos, pero a la vez son respuestas de la sociedad civil al Estado ante el retiro de las esferas económicas y sociales; son forjadoras de espacios civiles en donde sólo actúan los nuevos sujetos, por tanto no ocupan espacios ocupados, los crean al momento que entran a cada proceso de lucha y puede cambiar de lugar, más la red permanece como un trozo de sociedad construido.

Por estas razones expuestas, en forma de síntesis, podríamos deducir que las nuevas redes construidas por el sujeto reclamador de derechos, al momento que desemboquen en un arco convergente, pueden ser unidad orgánica para competir con los partidos políticos, más si estos últimos no incorporan en sus demandas lo que exigen los sujetos nacientes.
Quizá no son, hoy día, una estructura consolidada para competir electoralmente, pero hay que reconocerles que son parte de l cuerpo de la sociedad en constante reconfiguración; no son la forma orgánica que desplace a los partidos políticos, pero es la voz y la acción que anuncia el ocaso de los partidos, puesto que los datos arrojados en las últimas elecciones en América Latina nos indican que entre los últimos presidentes elegidos, varios de ellos se han erigido fuera de los partidos, Venezuela, Ecuador, Brasil, Colombia, entre otros.

Otro factor que ha dejado fuera de competencia a los partidos políticos de las preferencias ciudadanas es la credibilidad al interior de la sociedad civil. Tomemos algunos referentes empíricos que nos demuestran que su imagen como instancia representativa está deteriorada:

Argentina 13 ------------
Bolivia 6 66% Mala
Brasil 28 60 Mala
Chile 15 55 Mala
Colombia 12 57 Mala
Ecuador 5 79 Mala
Guatemala 8 83% Mala
México 17 5 8 Mala
Panamá 6 73% Mala
Perú 13 44% Mala
Uruguay 19 64% Mala
Venezuela 25 60% Mala

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Fuente: Barómetro de Gobernabilidad Diciembre 2002 Enero 2003/CIMA, Bogotá, Colombia.2003.
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Otro aspecto digno a destacar es que los ciudadanos ligan, en su percepción, a la política con los partidos políticos y consubstancialmente con gobierno, aunque hay distancias y acercamientos entre estos tres ámbitos, muchas veces se ven como un solo proceso, lo cual desalienta la entrega de confianza a estas tres dimensiones de lo público.

La corrupción es señalada como uno de los males más preponderante en la sociedad, la cual ha inducido a que tengamos políticas públicas distorsionadas, desempleo, inseguridad pública, malos pésimos servicios públicos y uso de los recursos de la nación en beneficio particular.

PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

País %

Argentina 18
Bolivia 38
Brasil 6
Chile 15
Colombia 20
Ecuador 29

Guatemala 26
México 14
Panamá 28
Perú 14
Uruguay 4
Venezuela 14

Fuente: Barómetro, Op. Cit.

Otra vertiente que confirma la tesis del inmovilismo de los partidos políticos es su ausencia de las grandes protestas que se han pronunciado en los últimos cuatro años en América Latina, cuyo comportamiento tiene varias vertientes analíticas, veámoslas.
Uno de los problemas que han tenido los partidos políticos para acercarse a la ciudadanía y a los movimientos sociales de nuevo tipo es la expansión de la ciudadanía, dado que no sólo se circunscribe solo a los actores que reclaman los derechos signados en la constitución, sino que aparecen actores reclamantes de ciudadanías específicas como son las mujeres, los discapacitados, los homosexuales y lesbianas, las minorías étnicas y sociales, cuyas demandas no se encontraban en el marco ideológico ni en los programas de los partidos políticos, provocando una indecisión prolongada en las organizaciones partidistas para digerir este nuevo fenómeno que tocaba a sus puertas y desafiaba el rol que venían asumiendo.
No había transcurrido mucho tiempo, quizá algunos dos años, cuando se deriva otro fenómeno de esta expansión de ciudadanía y es la configuración de grandes movimientos que fueron liberando tensiones acumuladas durante la década de los noventa, se potenciaron muchas expresiones sociales que se venían gestando en los barrios, las comunidades, en las empresas, en grupos de desempleados, en familia sin techos y hasta los jubilados, lo cual desbloqueó el dique que sujetaba la aparición de otras movimientos de protestas que en conjunto dieron forma a un sujeto social complejo y a veces contradictorio, que no obstante esas complejidades y contradicciones se ha desenvuelto al margen de los partidos y de otras estructuras orgánicas tradicionales, inaugurándose un proceso novedoso de autoorganización y autonomía frente al Estado y el rosario de instituciones que lo cubren.

Lo lamentables de este nuevo escenario y la aparición del sujeto descrito, es la pérdida de horizonte en sus acciones, por un lado los partidos políticos, sea del signo izquierda, centro o derecha, no pudieron comprender, acercarse o capitalizar este auge de presteza que la sociedad civil mostró en varios países, Piqueteros en Argentina, Sin techo en Paraguay, Sin Tierra en Brasil, Cocaleros en Bolivia, Indígenas en Ecuador, Desplazados de Guerra en Colombia, Campesinos en México, Bolivarianos en Venezuela, etc. , porque, por un lado, privilegiaron sus políticas de conservación como ente representativo de la sociedad sin importarles mucho lo que sentía y demandaba la sociedad civil insurrecta; por otro lado, el sujeto complejo y contradictorio no pudo ir más allá de lo que demandaba, al momento que se dieron las asociaciones en redes, cuando los procesos crecieron y las incipiente estructura orgánica no tenía el cuerpo maduro y suficiente para albergar a un nuevo sujeto más heterogéneo, amplio, plural, que innovaba prácticas políticas no institucionalizadas, que confrontaba en todos los espacios públicos y desafiaba al edifico institucional, se notó la ausencia de dirección , la aparición tardía de un segmento de ese sujeto multitudinario que diera sentido, orientación y direccionalidad a las masas resueltas a resolver de una vez por todas sus carencias, confrontando a quien se le opusiera.

Aquí se encuentra el dilema para descifrar si los partidos son necesarios porque perduran, muy a pesar de que cooptan pocos votos en los eventos electorales, no tienen competencia para representar a la sociedad civil ante el gobierno y el Estado, aunque su accionar tenga un déficit, ellos son los únicos que cuentan con la franquicia representativas y los interlocutores válidos ante el Estado; pero enfrente de esta situación estática, está la reconfiguración de una nueva sociedad red, que teje a diario hilos asociativos, va forjando actores en función de las nuevas demandas, resolviendo problemas y necesidades de acuerdo a su horario político, arma arcos convergentes contingentes o perentorios, algunos perduran otros se diluyen, pero está ahí como un fenómeno latente que ocasiona e irrita a los partidos cuando actúan a través de la acción directa, desconocen los liderazgos, boicotean las elecciones y compiten con los partidos en la toma de los espacios públicos, pero carece de organicidad para estructurarse como una organización capa de representar a un segmento amplio de la sociedad, lo cual es complejo por la diversidad de intereses, la amplia heterogeneidad del cuerpo de las demandas y los horarios políticos de cada sujeto que hace parte de este voluminoso cuerpo social.

Ni los partidos pueden acercarse a esa problemática compleja ni el nuevo sujeto multitudinario puede estructurar una organicidad, porque actúa de manera cortocircuitante, entra y sale de manera vertiginosa, tejes redes perentorias, pero después pasa a un estado de latencia donde no es perceptible, pero está ahí trabajando para su particularidad.
En conclusión, los partidos no son la instancia representativa de la nueva sociedad, pero la nueva sociedad no ha obtenido ni creado los recursos para imaginar una nueva estructura orgánica que le de sentido y orientación a sus acciones políticas.
Es el desafío para ambas partes, unos por permanecer, los partidos políticos, y otros por reinventar, la sociedad red; se posicionan en el escenario público para dirimir un reto mayúsculo en el Siglo XXI.

Orientación Dos: Carencias de Virtudes Cívicas

Las virtudes cívica son las cualidades que facilitan a un persona para que lleve a cabo dignas y comprometidas empresas para alcanzar la magnificencia, la notoriedad y el honor; por tanto allana el camino a un gobernante para gestionar y operativizar acciones que lo aproximen a lograr los más generosos fines y a solventar algunas de las peticiones más requeridas por la sociedad.

Vista así, las virtudes tienen que ver con los valores y éstos con las creencias, las normas, las reglas y las convicciones que funcionan como elemento adhesivo al interior del grupo o colectivo; asimismo es núcleo matricial de donde parten los principios que regulan las relaciones con el exterior, ya sea con otros grupos, con el gobierno, con los partidos políticos y todo aquello que integra el espacio público.

Los valores asumidos, son las idea fuerza que da cuerpo y conciencia a la actuación colectiva del grupo en el ámbito de la política, de ahí que su noción de democracia, de participación, de poder, de cooperación y de tolerancia esté fundamentada en sus vivencias, en su acervo de vida, de los acontecimientos cotidianos y de los acuerdos intra e intergrupales, lo que la hace que sea distinta y distante de la cultura política tradicional, practicada por los partidos políticos.

Las prácticas, son conductas, hábitos, costumbres que conforman la red de interacciones que se dan en el interior del colectivo y en sus relaciones con otras asociaciones; el conjunto de ellas suma la experiencia colectiva, misma que estructura la memoria histórica del grupo, que con su actuación, alimenta significativamente la cultura política del todo social.

El conjunto de actos cotidianos van definiendo en el transcurso de la vida del colectivo su identidad, el sentido de su acción, las formas de cooperación, el perfil organizacional, la autonomía frente a los demás, la toma de decisiones individuales y colectivas, la forma como se construye y controla el liderazgo, los linderos de la responsabilidad, las gestiones públicas, la delegación de facultades y la tolerancia, que una vez configurados como cultura política del grupo, van a penetrar con fuerza en el universo simbólico nacional, hasta provocar fisuras en la cultura política tradicional que practican los demás cuerpos políticos legendarios.

En síntesis, se puede decir que la nueva cultura política ( a la que aspiramos) revaloriza la cotidianidad, dado que de ahí surgen los proyectos y aspiraciones reivindicativa; resalta la consulta, el diálogo y los acuerdos para incidir en la toma de decisiones y en los asuntos públicos; construye cuerpo simbólico para reafirmar la identidad e intereses colectivos y renueva la utopía para que guarde un correlato con los símbolos, las demandas, las acciones y la vida de otros grupos en situación semejante.

Sin embargo, la matriz de la nueva cultura política no está alimentada ni asumida por los partidos políticos, sino que es nutrida por los actores emergentes, los insumisos, por los nuevos actores que actúan al margen de las estructuras partidarias pero cada día gana mayores espacios en la esfera macrosocial, en la medida que fisura el ambiente político y a la política misma, crece con rapidez pero en una dirección distinta a la que los partidos políticos aspiran; sin embargo, ofrecen una luz de esperanza para las fuerzas insumisas en latencia para que se acerquen al nuevo tragaluz que esta frente al horizonte democrático de América Latina.

Otro aspecto que se encuentra en entredicho son los valores de la política, dado que el vaciamiento de la política y el uso utilitarista/electoral que hacen los "líderes" de los partidos políticos, han coadyuvado notablemente para que la apatía ciudadana crezca desmesuradamente.
Los valores los asumimos como la actitud o disposición que se adquiere y se orienta hacia un objeto o situación determinada, para descargar en él (ella) una fuerza afectiva, tenemos que para conceder valor a una sociedad democrática, se debe creer en ciertas características de esa forma de gobierno y, al mismo tiempo, estimarlas. Creer en algo es tenerlo por un componente del mundo real y estar dispuesto a actuar en consecuencia, de ahí que tenga una dosis afectiva. (Villoro L.1997)

Los valores en un programa de gobierno es la columna orientadora de la acción para hacer y actuar en consecuencia a lo que ahí se plasma como plataforma de gobierno; por tanto, los valores éticos en la política no están ausentes, aunque algunos analistas políticos prefieren no referirse a ellos, porque dicen estar en descrédito, más si colocamos la ética como forma de observancia de la vida política latinoamericana, misma que está preñada de asesinatos, magnicidios, atentados, criminalización a los comportamiento populares y protestas ciudadanas y de actuaciones irracionales como las que practican los paramilitares en algunas naciones del subcontinente.

Así ha sido la vida política Latinoamericana; sin embargo, el descrédito no es de la ética, sino de los actores que actúan de espaldas a ella; además, ellos mismos han procurado, con tenacidad, de elaborar un lenguaje de la moral y de la política que desplaza y oculta a la política en sí. Esto se explica de la siguiente manera, la política, en manos de los agentes neoliberales, no está interesada en los aspectos analíticos, sino más bien en los requerimientos normativos, buscando con ello que la sociedad sea sometida un conjunto procedimental que todo lo reduce a normas, leyes, reglas y acciones en función a lo que está registrado como tal.

De esta manera, la sociedad queda abandonada y desprotegida, pues la justicia no se lee ni se entiende por su contenido, sino que su aplicación se sujeta a procedimientos normativos que dicen acercarse a un acto justo, caso la ley que el gobierno mexicano elaboró para pactar la paz en Chiapas, donde la justicia está en la normatividad jurídica, pero muy lejos de la realidad de los indios de México; de igual forma sucede con algunos vacíos que muestra la ley autonómica de la Costa Atlántica en Nicaragua y la administración pública, donde se reconoce a un sujeto de derecho, pero en la realidad no hay recursos, oportunidades, ni acciones que le permitan apropiarse de esos derechos.

Ante esos sucesos, la política debe recargarse de valores éticos que la lleven a situarse en lo que Aristóteles denominó la vida buena, no sólo para administrar con justicia y apegarse a los valores que la sustentan, sino que liberen a los individuos gobernados para que se reapropien de sus facultades orgánicas, participativas e inventivas y construyan lo posible y lo realizable en un mundo amplio para los inversionistas, pero restringido para los ciudadanos.

La oportunidad que se le brinde a los ciudadanos para que se resitúen en el nuevo escenario, va a provocar que el manejo de un programa de gobierno se dirija a mejorar todo lo anterior, a superar lo que se hizo anteriormente, con la perspectiva de que todos los problemas, quizá no se resuelvan, pero la opción de abrir mejores perspectivas para el futuro es inevitable y posible de construir en un mediano plazo.

Ahora, si a ese programa de gobierno lo apuntalamos con valores éticos, aflora la responsabilidad, que no es más que una actitud y un comportamiento que responde a lo que le compete a cada funcionario, a cada gobernante y en su totalidad al buen ejercicio de la democracia plena

¿Cuales son esos valores necesarios?

La tolerancia, la inclusión y la autonomía.

La tolerancia es un valor ético de la democracia, o una virtud cívica en cuanto nos remite a una convivencia y sociabilidad pacífica, donde intercambian opiniones distintos actores con ideologías, creencias y prácticas políticas disímiles.

Casi siempre que se aborda el estudio sobre la tolerancia, se remiten, la mayoría de los autores, al problema de la verdad, o a la inexistencia de una verdad absoluta, por ello hace referencia a la relatividad de la verdad. (Cisneros I. 1996, Fetscher I. 1994)

La tolerancia es parte de un discurso sobre la naturaleza de la verdad, pero una verdad confeccionada por distintos tejedores que en un espacio común, dialogan, confrontan y resumen distintas verdades relativas, hasta asistir a un evento de síntesis que les permite mostrar a la luz pública la prenda fabricada, bajo el principio de la tolerancia.

Entonces tolerancia es convivir bajo el paraguas del respeto recíproco en un mundo en que no existen valores comunes que determinen la acción en las distintas esferas de la vida, y en el que tampoco existe una realidad única idéntica para todos. (P.Berger y T.Luckmann, 1997)

Esta distinción nos permite reconocer que la tolerancia se recrea en la diversidad de actores y opiniones y por lo tanto se moja en las aguas de la pluralidad, que hace parte del océano de la democracia ampliada. Tolerancia es un reclamo de las comunidades étnicas, de las organizaciones comunitarias, de los grupos sociales y de los demás cuerpos políticos que pululan en América Latina.

La tolerancia como virtud cívica puede cambiar el imaginario de los actores en el conflicto ya sea en Colombia y Venezuela, donde la versión de amigo/enemigo no es más que verse hoy bajo la irreductible focalización del exterminio como condición básica para la existencia del yo; a cambio, de aceptarse la tolerancia como parte substancial de la vida política, la versión cambia y el otro no es enemigo, sino adversario que no es más que el otro con derechos, pero con la posibilidad de conflictuarse en un espacio común, sin que exista ni medie la intención de eliminación del contrincante.

Reconocer la existencia de la diversidad y del otro, es un avance significativo, como también abrir un espacio para que la tolerancia se asome y se quede orientando las acciones futuras, tanto de los dirigentes del partido modular, como de los agentes que asuman responsabilidades de gobierno. Algunos creen, en este primer inicio de la tolerancia, que aceptarla es un acto de soportar al adversario o al otro que no es igual a mí; pero no es así, porque justamente lo diverso es un dato irrenunciable de nuestra misma socialidad (Cisneros I. 1996) y una condición necesaria para sujetos que viven en pluralidad, aceptando a otros con diferentes creencias, otras opciones políticas y preferencias de credo diversos.

Entonces tolerancia guarda fronteras con libertad, la libertad mía y la del otro, por ello se debe asumir una actitud mental de que en un macro domo social, la tolerancia es aceptar que la libertad de un individuo no termina donde empieza la libertad del otro. Más bien, la libertad del otro constituye, hoy por hoy, la principal condición de la propia libertad. (op.cit)

Otro aspecto de la tolerancia, es que es un canal que conduce a la construcción de consensos, indispensables para ejercer un buen gobierno, o mantener la gobernabilidad; pese a ello, no apaga, ni destierra el disenso, puesto que éste sigue existiendo y ocupando un espacio en la vida política, actuando como voz crítica o censura con licencia que se opone a toda arbitrariedad o acción mayoritaria en detrimento de una minoría que disiente. Tolerar es el verbo que más pronombres tiene y deben conjugar todos los actores de la política de fin de siglo.

A la tolerancia individual se le suma en el camino democrático, la tolerancia pública que va más allá de la ciudadana, porque exige a los actores y cuerpos políticos a dialogar entre grupos sociales, entre asociaciones, entre unidades colectivas y comunidades; asimismo al gobierno le toca el turno de aceptar y practicar el diálogo con comunidades étnicas, grupos de desplazados, de género, entre otros, ampliando a otros campos de la esfera de la vida social, la búsqueda de acuerdos y la aceptación de las diferencias.

La inclusión es otra virtud cívica, es escaque fundamental en el tablero de ajedrez que está fabricando la ciudadanía moderna. Si es aceptado por casi todos los analistas políticos que la sociedad está ocupada y constituida por actores sociales con posibilidades de autodeterminación; con capacidad para intervenir mediante un intercambio racional en el mercado político y en los espacios públicos; con pleno derecho a tener derechos en el plano social y jurídico; y con acceso a información y conocimientos para insertarse con mayores oportunidades productivas en la dinámica del desarrollo; ( Calderón F, Hopenhayn M, Ottone E. 1996) entonces es inaudito que se cierren las puertas a la participación plural y a la inclusión del otro en las tareas que son propias del espacio público o de gobierno.

La inclusión es parte constitutiva de la participación plural, es el intercambio de experiencias que dan lugar a la formación de nuevas comunidades de sujetos, de nuevos lazos identitarios y por ende a una nueva fuente generadora de sentido, si tenemos en cuenta que el sentido no existe en forma independiente, sino que se forma a través de referencias y relaciones intercambiables de experiencias y de acumulación de conocimiento que sedimentan el acervo social de la inteligencia colectiva.

Aceptar la inclusión en las tareas de gobierno y en la gestión pública, es darle sentido a las acciones hacia un fin preconcebido; concederle la oportunidad a los actores involucrados a que construyan su propia utopía, anticipen una condición futura y evalúen su deseabilidad y su urgencia, como también los pasos que habrán de dar para hacerla posible; el sentido de las acciones, en el acto, se configura por su relación con el propósito, y una vez concluido, sea un éxito o no, pueda ser evaluado y capitalizado como experiencia para el acervo de su conocimiento. (Berger P, Luckmann T. Op.cit)

Si reconocemos que muchos de los problemas que padece la sociedad no se pueden resolver con la sola iniciativa del gobierno, la inclusión de las asociaciones y grupos de interés colectivo que se desenvuelven en el ámbito local y comunitario, pueden prestar una valiosa ayuda y una coadyuvancia para encontrar soluciones consensuadas; además, si reconocemos que ellas han actuado y lo siguen haciendo, como mediadoras entre las instituciones de la sociedad y los individuos, cumpliendo un rol de gestoría y de defensa ciudadana, son claramente instituciones intermedias, que en palabras de Berger y Luckmann, contribuyen a la negociación y objetivación social del sentido.

¿Cómo poder evaluar si un actor colectivo funciona o se desempeña como institución intermedia?

Existen dos variables (Gamson, 1990) que nos sirven de parámetro evaluativo; una es la aceptación que tiene la organización en su entorno inmediato, la suma de adhesiones, la voluntad participativa de los individuos ante los llamados de la colectividad organizada, la autoridad y el respeto que se ha ganado en su espacio local, las consultas que realiza antes de llevar a cabo una acción colectiva, la negociación y la solvencia moral para guiar acciones futuras.

La segunda variable tiene que ver con los logros obtenidos o adquisiciones en materia de recursos o de avance orgánico-político que impacta como beneficio en la comunidad en que se asienta; aunque existe dificultad para medir cuantitativamente esos logros, la manifestación de la subjetividad colectiva y popular es un claro indicio para orientarnos en la evaluación que intentamos hacer de sí son o no instituciones intermedias, y cual sería su rol en una agenda de colaboración entre Estado-Gobierno y Sociedad.
En síntesis, la inclusión es un de la democracia ampliada que no se pude dejar de lado, menos en los partidos políticos que busca reposicionarse en un escenario de cargado de incertidumbre y de poca credibilidad, donde algunos de los actores se están estructurando o transformando para insertarse de nueva cuenta en la nueva realidad. Si se participa en el escenario recién construido con una vocación plural, tolerante y abierta a la inclusión, es muy probable que la democracia se rejuvenezca, pero si se actúa bajo la lógica de los partidos tradicionales, no vale la pena intentar una reflexión sobre el caso, porque los logros serán nulos.

La otra virtud es el respeto a las autonomías, que se desprende del mismo desenvolvimiento que ha tenido la ciudadanía moderna, al momento que se genera un proceso de redefinición de identidades y de pertenencia grupal en los ámbitos locales, de barrios, de grupos religiosos, étnicos, comunitarios y vecinales.

Cuando la política se descentró, los desajustes en el orden social estuvieron presentes en múltiples espacios de la vida social; las pertenencias con respecto a partidos políticos e instituciones se fue diluyendo de manera vertiginosa, la capacidad de convocatoria de los partidos políticos se redujo, hasta situarse en un estrecho margen que algunos llamaron el desencanto ciudadano con respecto a las organizaciones partidistas; el Estado fue desplazado por los agentes económicos, dejando de ser el núcleo donde se resolvías los aspectos conflictuales de la sociedad; la desagregación social apresuró su paso y se avizoraba un ambiente desolador, atomizado y sin ninguna posibilidad de reintegración; las utopías, bellos espejos de esperanza, también estallaron en mil pedazos, perdiéndose la égida que marcara la pauta para acciones colectivas futuras. El culpable era la globalización y el neoliberalismo, satanizando a los dos ejes del mundo de hoy, pero salvando de culpa a la izquierda y a los intelectuales que no otearon a tiempo el fenómeno de recomposición capitalista

La pregunta del día era ¿quién va a resolver los problemas de una sociedad que se desarticuló en quince años?

Ni el Estado, menos los partidos políticos estaban en condición para responder al ramillete de interrogantes que la ciudadanía se planteaba; sin embargo, de manera sorda, pero eficaz, los movimientos sectoriales, vecinales, comunitarios y ONG no se amilanaron, asumieron como un desafío el nuevo escenario y allí se insertaron, trabajando y renovando identidades, elaborando plan de acción, construyendo acciones colectivas y traslapes identitarios hasta ocupar el vacío dejado por los partidos políticos y el mismo Estado. En ese momento la política, como eje articulador y orientador de la sociedad, fue revalorizándose, lentamente avanzó hasta ubicarse estratégicamente en sitios poco vulnerables, de ahí el progreso significativo de los indios, las mujeres, los buhoneros, los precaristas y los demás sujetos insumisos de la sociedad del siglo XXI.

La eclosión de un nuevo elenco revelador de actores sociales, fue presionando a la sociedad para que se aceptara, no sin vencer obstáculos, una democracia cultural, que admite el pluralismo cultural y los derechos de las minorías; además, exhibió de manera contundente, que la sociedad contemporánea, situada en los cruces de la globalización y el neoliberalismo, está abierta a los cambios e intercambios, por tanto ha mutado en diversos órdenes, lo que ha implicado una transformación radical en sus sistemas simbólicos, de integración y de aspiraciones políticas.

Hoy día podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no existe una sociedad en el mundo que posea una unidad cultural total, y las culturas son construcciones que se transforman permanentemente con la reinterpretación de nuevas experiencia, lo que hace artificial la búsqueda de una esencia o un alma nacional, y también la reducción de una cultura a un código de conductas. (Touraine, A.1997)

¿A donde nos conduce todo esto?

Indudablemente a la democracia cultural, la cual tiene como signo el reconocimiento de la diversidad entre las culturas, la aceptación de la pluralidad de intereses, opiniones y valores, sin llegar a construir un mundo cuadriculado, sino con canales intercomunicativos que asuman la forma de diálogo y tolerancia, hasta que los desemboque en un respeto absoluto a las autonomías grupales y comunitarias.

Si nos apoyamos en Villoro, podríamos afirmar que las autonomías no equivalen a una autarquía grupal, pues no cabe en la concepción de la democracia cultural, que un grupo se cierre en su estrecho camino de la libertad, sin importarle las aspiraciones, ni necesidades de los otros. Los traslapes identitarios y la comunicación intergremial son puentes seguros para que transiten acuerdos, negociaciones, intercambio de experiencias e intereses hasta armar arcos convergentes que puedan contribuir a alcanzar muchas metas comunes. (Villoro.L.1997)

Las autonomías existen y deben respetarse, pero a su vez incluirse en planes de trabajo de beneficio común, sin que violente su régimen autonómico, simplemente, a través de la comunicación inter-comunitaria se abre esa posibilidad de colaboración. Esta participación recíproca se da en un ambiente de democratización dialogante, (Giddens. A. 1996) que no es más que formas de intercambio social que pueden contribuir de forma sustancial, quizá hasta decisiva, a la reconstrucción de la solidaridad social.

Algunos creen que la autonomía conduce a una proliferación de derechos y multiplicación de intereses; pese a ello, existen aclaraciones convincentes que aseguran que no es así, porque lo que esta sucediendo es algo que se aproxima a un cosmopolitismo cultural que sirve de cimiento a las relaciones entre autonomía y solidaridad, estimulando una democratización de la democracia. (Villoro L. 1997, y Giddens A. 1996 Op.cit.)

La democracia dialogante se practica es un espacio público, pues es el mejor marco para convivir y aceptar al otro en una relación de tolerancia mutua; el diálogo que prevalece como vínculo ínter autonómico, anota Giddens, debe interpretarse como la capacidad de crear confianza activa mediante la apreciación de la integridad del otro. La confianza es un medio de ordenar las relaciones sociales a través del tiempo y el espacio. Sostiene ese silencio necesario que permite a los individuos o los grupos seguir con sus vidas sin dejar de mantener una relación social con otro u otros.

En síntesis, tolerancia, inclusión y autonomía, son tres núcleos que posibilitan la convivencia, la articulación y el trabajo conjunto; situarse al margen de estos tres nichos que emanan la democracia del siglo XXl, es vivir de espaldas a la realidad y transitar en sentido contrario del desarrollo de la sociedad; aquí reside la voluntad de cambio que tendrían los nuevos sujetos insumisos, como también el número de aperturas y articulaciones que las nuevas unidades políticas tendría con los demás cuerpos políticos que son parte de la sociedad latinoamericana del Siglo XXI.

Orientación Tres: Estado Acotado que se resiste a reformarse

La era de la globalización económica trajo bajo el brazo procesos y movimientos que alteraron las estructuras consolidadas del capitalismo latinoamericano, debido a que alteró el ritmo y las formas de interrelacionarse los individuos, los agentes económicos, incorporó la digitalización en las relaciones económicas, la comunicación asumió un rol adicional, la de servir de vehículos para grandes transacciones financieras, el servicio a clientes de los bancos y empresas de servicio público fue orientado hacia las redes comunicativas y la interlocución fue basándose más entre las personas y las máquinas y no entre iguales.
Paralelamente a todo esto, la política se hundía en una de las crisis más profunda de la historia y perdía la vitalidad que había tenido durante mucho años como vector orientador de la sociedad y propulsora del dialogo permanente para propiciar el desarrollo de las sociedad en conflicto.
Estas dos vertientes, la globalización económica y la pérdida de centralidad de la política, afectó de manera impresionante al Estado, el cual vio reducida su capacidad de maniobra ante el amputamiento de dos recursos eficaces para mantener el control y la directriz sobre la sociedad.
La economía se convertía de esta manera en una esfera indeterminada, construía su propia lógica y mecanismos de funcionamiento al margen de la política del estado; la política era secuestrada por los medios de comunicación, haciendo de ella un espectáculo que incrementara el "raiting" y los políticos en animadores del los eventos políticos electorales, pesando más los actos de la vida privada de ellos que las acciones en los espacios públicos.

Los nuevos agentes que remplazaron a los actores políticos del país son los grupos financieros, las casas de bolsa, las casas consultoras e evaluadoras para la inversión, las empresas transnacionales y el mercado en su conjunto. Ya nunca más, según ellos, la política ni el Estado podría intervenir en los asuntos del macado, él tenía sus propias leyes y sobre ella se rigen sus actuación.

Con la actuación autonómica del mercado y la crisis de la política, el Estado se encuentra acotado, súmesele a todo esto la desestructuración de los medios coercitivos legítimos con que contaba el Estado para controlar los brotes de violencia y concentrar el ejercicio monopólico de la misma en sus manos.
Achatado y sin recursos novedosos, nuevos fenómenos fueron apareciendo ante la vista impávida del ente estatal, el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de órganos y el secuestro fue constituyéndose en una industria competitiva pero al margen de las leyes, lo cual provocó el incremento de la corrupción, la componenda, la complicidad y el deterioro de las instituciones impartidoras de justicia.
No hay que soslayar la capacidad de organización internacional que ha asumido el crimen organizado en forma de redes, lo cual le ha permitido llegar a zonas donde el estado no puede por sí solo cubrir y se ha visto obligado a compartir el monopolio que ejercía sobre la violencia con otros cuerpos o unidades administrativas, la policía bancaria, la policía privada, los gurda espaldas privados, paramilitares, ejércitos de paranarcotraficantes, etc., ampliaron el mapa actoral de la violencia y las armas pulularon por doquier. La violencia de diseminó y los actores que la ejercitan se reprodujeron geométricamente.

En la economía sucede lo mismo, las políticas públicas que deben atender los rubros básicos de lo social (drenaje, energía y agua potable) no cuenta con apoyo financiero internacional, sólo le queda la alternativa de la privatización o lo autofinanciable; los tribunales laborales no se apegan a derecho y agraden con la flexibilidad laboral a las masa de trabajadores; el Estado es cada vez más chico para resolver problemas que demanda la sociedad y muy grande para contener la participación ciudadana.

Tenemos un estado maniatado y enredado por sus propias limitaciones, lo cual lo ha levado a un punto de inflexión, donde la violencia no es un ámbito de su exclusiva incumbencia, ahora es un fenómeno compartido y la puede ejercitar todo aquel que cuente con los recursos necesarios para sembrar el terror, el miedo y las muertes; la economía es una esfera diferenciada indeterminada que se rige bajos los principios del "libre mercado" y la política no resuelve los problemas, los orilla y deja que sean las decisiones y acciones de los actores implicados en el conflicto los que hagan justicia por sus propias manos o recurran a la acción directa para dirimir diferencias o para reposionarse ante una decreto o medida gubernamental que los lesiona.

Como podemos darnos cuenta, las nuevas formas de violencia y conflictos surgen en el contexto de la erosión de la autonomía del Estado y, en ciertos casos extremos, la desintegración del Estado. Aparecen en el contexto de la erosión del monopolio de la violencia legítima y éste núcleo sufre una erosión por arriba y por abajo; por arriba lo erosiona la transnacionalización de las fuerzas militares, que empezó durante las dos guerras mundiales y quedó institucionalizada por el sistema de bloques de la guerra fría y las innumerables relaciones transnacionales entre fuerzas armadas que se desarrollaron en el período de posguerra como son los ejercicio militares, intercambio de información escuelas de formación internacional y lucha contra el terrorismo.

Al mismo tiempo, por debajo, el monopolio de la violencia legítima sufre la erosión de la privatización, el recorte del gasto público, las reestructuraciones administrativas y fusiones de cuerpos policiales, todo ello provoca que los ingresos del Estado decrezcan en la medida que se da el declive de la economía y la expansión del delito, la corrupción y la ineficacia se multiplica. Ante ello, la respuesta ha sido la privatización de la violencia, como consecuencia del creciente crimen organizado y la aparición de grupos paramilitares, en tanto que la legitimidad política va desapareciendo.

Por lo anterior, el Estado expectante no puede dirigir a la sociedad multidiversa, tampoco representar a todos y muchos menos ha podido confeccionar una Constitución que integre y armonice a los múltiples actores que tienen derechos específicos y a la vez son parte de una nación plural y multiétnica.
De ahí que la no reforma del estado y es un riesgo para la democracia latinoamericana.

Orientación cuatro: Intervencionismo norteamericano en la política domestica

La presencia norteamericana, a partir de los años 90 del siglo XX, comienza a tomar otro rumbo, no distinto a la política de dominación anterior, pero si más inteligente y cobijada bajo e mando de la lucha antidrogas, aunque algunos oteaban una recaída del imperio en términos armamentistas, la verdad era otra, se avecinaban otras formas de dominación e intervencionismo, donde la presión de los fondos internacionales, ligadas a las políticas del gobierno norteamericano en el frente económico y de política exterior, acotaban las maniobras de los gobiernos de América Latina y los empujaba al círculo de los palafreneros que requerían ante la OEA y la ONU y otros foros internacionales, para que los apoyaran en sus decisiones de de criminalizar todo acto o movimiento que fuese crítico a la política norteamericana, hasta comprimirlo en el estrecho rincón del terrorismo internacional.

Así se inicia la era del siglo XXI, con la presencia militar en Bolivia bajo el signo del Plan Dignidad, en la Región Andina con el Plan Colombia y la continuación del mismo en el Plan Puebla Panamá, los tres planes son antecedentes que nos ponen la luz ámbar y anuncian la nueva militarización en la región. (Salazar .R. 2002 y 2003)

Pero no sólo la presencia física militar es el malestar que hace más frágil el andamiaje democrático de la región, sino todo los aspectos que se mueve alrededor de los tres planes, como son entrenamientos militares, asesoramiento e cuerpos policiales, reformas a la ley para criminalizar a los movimientos populares que reivindica o defienden una demanda añeja, intereses de grupos empresariales que lucran con la guerra y la impunidad que envuelve todos los actos de gobierno para defender la causa de los inversionistas extranjeros.

Intentemos desglosar dónde se encuentran esos riesgos y la magnitud de los mismos.

Las instituciones militares como la United States Southern Command (USSOUTHCOM)
en los últimos años han asumido la responsabilidad militar del Plan Dignidad y Plan Puebla Panamá, aunque no han abandonado toda la responsabilidad que va desde América Central, América de Sur y el Caribe, totalizando 15.6 millones de millas cuadras y más de 400 millones de habitantes.
Su estrategia, de acuerdo a los principios de la política exterior norteamericana, es la de custodiar la estabilidad democrática y la prosperidad en la región, para ello hacen uso de recursos militares, control de inmigrantes, detectar y combatir el crimen organizado ligado al narcotráfico y el terrorismo internacional.

Sin embargo, donde actúan, los riesgos crecen de manera inusitada, puesto que los intereses militares están ligados a grupos obscuros que desempeñan actividades de paramilitarismo, trafico de armas y de crimen organizado para combatir a movimientos sociales o comunidades rurales que se oponen a las iniciativas de la privatización de recursos públicos o naturales por parte de las empresas transnacionales. Todo ello se debe a que por años, el Comando Sur en su antigua sede de Panamá y hoy USOUTHCOM, con sede en Miami y Puerto Rico, ha demostrado que sus intereses son distintos a los que pregona en su página oficial (1), puesto que las ligas que lo relacionaron con el contrabando de armas e inmigrantes desde Panamá en la época del Gral. Noriega no han sido rebatidas; los vínculos con los paramilitares colombianos lo ha reconocido la Embajadora Anne Patterson al asegurar que su país está apoyando económicamente, a través de privados, los acercamientos con los 'paras' en Colombia (2); el incremento de armamento y personal especializado se ha acrecentado en la región andina a partir del Plan Colombia; el tráfico de armas ha violentado todos los controles nacionales en las fronteras colombiana de Cúcuta, Darién y de Iquitos con la complicidad de los asesores norteamericanos y la instalación de bases militares y sistemas de radares en Colombia, Ecuador, Perú, frontera con Brasil, El Salvador y Hondura, no son más que fotos de presión y atemorización para las fuerzas insumisas de cada país latinoamericano que intente insubordinarse a los gobiernos neoliberales que se han establecido en la región.

Pero custodiar la democracia procedimental y de papel que existe en América latina no es sólo su rol, también se complementa con los negocios que lucran con el conflicto y la guerra de los pueblos. Veamos un caso, el de Colombia, que por su complejidad involucra a Brasil, venezuela, Ecuador, Perú y Panamá

EMPRESAS INVOLUCRADAS

Las siguientes son las firmas a las que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha contratado para hacer trabajos logísticos y operativos en materia militar y de policía, en Colombia.

Lockheed-Martin

1. Apoyo logístico para las operaciones de cuatro aviones de transporte de tropa C-130B y C-130H. Cuatro técnicos entrenan y asisten a personal de la FAC. Valor: 4'216.748 dólares. Trabajan en Bogotá. No hay plan para transferir sus funciones a los colombianos por lo menos hasta el 2008.

2. Personal para mantener y apoyar la flotilla de helicópteros Black Hawk entregados a la Policía. Valor: 2'128.663 dólares. Seis empleados. Primordialmente estacionados en la Base Aérea de Guaymaral. No hay planes de transferir el programa pues la Policía no tiene ni la capacidad técnica ni financiera para mantener los aparatos.

3. Personal para mantenimiento y logística de los aviones del Servicio Aéreo de la Policía. Valor: 3'133.431 dólares. 150 empleados. Se está entrenando a personal colombiano para que lo hagan pero no se espera transferir el programa pronto.

4. Conseguir instructores para entrenar a pilotos del Ejército en el manejo de helicópteros UH-60 Black Hawks. Valor: 813.000 dólares. Base en Tolemaida. Seis empleados. El trabajo ya concluyó pero no hay instructores colombianos que puedan realizar el entrenamiento en el futuro.

5. Instructores para entrenar a pilotos del Ejército en manejo de helicópteros UH-2H Huey en misiones de combate. Valor: 3'600.000 dólares. Base en Tolemaida. Seis contratistas.

6. Dos instructores para el entrenamiento de un Equipo de Asistencia Técnica que debe monitorear los programas de entrenamiento de pilotos de helicópteros Black Hawk y Hueys. Valor: 1'700.000. Base Tolemaida.

7. Instalar y mantener simuladores de vuelo tipo 2b24 UH-1H Sistema de Entrenamiento de Vuelo Sintético (SFTS) que sirve para entrenar pilotos de helicópteros Huey 1 y 2. Comenzó en marzo de este año. En el 2004 se instalará otro simulador para Hueys 2. Ambos en Melgar. Deben servir para minimizar los riesgos de volar en zonas montañosas. Valor: 7'500.000 dólares. Dos contratistas permanentes para el mantenimiento y 12 más para la instalación.

8. Instalación de sistemas para la protección de fuerzas -equipos para detectar intrusos, en Villa Garzón y Guaymaral-. Valor: 3'525.077 dólares. Empleados: 25. Debe culminar en julio pero requiere mantenimiento futuro.

DynCorp Aerospace Technologies, Inc.

1. Pilotos, personal técnico y de mantenimiento para apoyar a la Brigada Antinarcóticos del Ejército y el programa de erradicación de la Policía. Vuelan helicópteros Black Hawks y Huey II donados por E.U. Valor: 79'200.000 dólares. Se entrenan pilotos y técnicos colombianos, pero antes de "varios años" no se ve este programa transferido. Riesgo "significativo" pues operan en zonas de conflicto.

2. Entrenar a pilotos del Ejército en el uso de visores nocturnos para misiones en Black Hawk. El trabajo ya terminó y actualmente instructores colombianos entrenados en el fuerte Ruker, Alabama, realizan la labor. Valor: 1'292.000 dólares. Seis contratistas en Tolemaida. DynCorp Aerospace Operations, Ltda.

Asesores para el programa de entrenamiento de perros antinarcóticos, especialistas en combustible, contadores, secretarias, conductores y varios más que prestan servicios al Ejército, al programa de erradicación de la Policía, al Inpec y a la sección antinarcóticos de la embajada de E.U. Valor: 4'875.017 dólares. No hay recursos para transferir el programa.

Arinc, Inc.

1. Mantenimiento y apoyo logístico para el avión C-26 de la Policía y para equipos de inteligencia asociados con el avión. Valor: 1'146.826 dólares. Por el momento no se puede transferir.

2. Pilotos y personal en tierra. Entrenamiento y apoyo logístico para interceptación de vuelos del narcotráfico. Valor: 3'557.929 dólares. Pese a que están en la línea de fuego, se considera que el riesgo es bajo por que se les tiene prohibido volar en misiones de combate con el avión C-560.

Las misiones aéreas y en tierra, así como el mantenimiento de aeronaves y el entrenamiento de pilotos y de operadores de censores y son tareas que podrían ser transferidas a Colombia. Esta última puede tomar dos años. Los contratistas, sin embargo, deberán seguir en el país porque los aviones siguen siendo propiedad de E.U. En cuanto al entrenamiento básico de aeronaves, no hay forma de transferir el programa a la FAC pues se necesita que los pilotos participen en cursos de seguridad aérea que se dictan con simuladores de vuelo.

3. Construir sistemas para aprovisionamiento de gasolina en seis pistas de aterrizaje de la Policía. Valor: 1'549.309 dólares. Riesgo bajo, pero en zonas peligrosas. Finaliza este mes pero se necesitará mantenimiento futuro (del Depto. de Defensa).

TRW

Adquirir, instalar, integrar, ensayar, documentar y apoyar un sistema de radar para el procesamiento de información y un sistema de comunicaciones. Inteligencia antidrogas y contrainsurgencia. Valor: 4'300.000 dólares. Falta programa de transición para que la FAC asuma su mantenimiento y operación.

Matcom

Coordina actividades entre las Fuerzas Aéreas de E.U. y Colombia. En particular misiones de inteligencia con fines antidrogas. El contratista vive permanentemente en Colombia. Valor: 120.000 dólares.

Cambridge Communications

Mover radares y equipos desde Leticia hasta la base de Tres Esquinas. Valor 450.000 dólares.

Virginia Electronic Systems, Inc. (VES)

Instalar equipos en botes de la Armada que patrullan ríos. Valor: 150.000. Riesgo alto, pues se hace en la selva.

Air Park Sales and Service, Inc. (APSS)

Entregar e instalar equipos de comunicaciones para aviones de la Armada. Dar asistencia técnica al avión Schweizer SA 2-37B. Valor: 1'100.000 dólares. Cartagena, Bogotá, Apiay. Termina este mes.

Integrated AeroSystems, Inc.

1. Entrenar a la FAC en el uso del avión Schweizer SA 2-37B y avión con sistema de supresión de sonido al volar (LANAS). Apiay, Barranquilla, Cali. Valor: 560.000 dólares.

2. Proveer repuestos y componentes del LANAS. Valor: 50.000 dólares.

3. Entrenamiento a pilotos de las FAC en manejo de aviones AC-47. Valor: 35.000 dólares. Apiay. Debe terminar a mediados de año.

ARINC Engineering Services, LLC

Repotenciar seis aviones 0-47 de la FAC para convertirlos en aviones AC-47T. Instalación de visores nocturnos y censores ópticos. El mismo trabajo en aviones A-37. Valor: 11 millones de dólares. Operan en Barranquilla. Northrop Grumman California Microwave Systems

Operan un sistema aéreo para recolectar imágenes de Inteligencia (IMINT) y Comunicaciones de Inteligencia (COMINT). En otras palabras toman fotografías aéreas en zonas de conflicto y de narcotráfico e interceptan comunicaciones. La información es transferida al Sistema de Reconocimiento del Comando Sur que sirve como plataforma y que a su vez comparte la información con las autoridades colombianas. La empresa proporciona aviones, mantenimiento, equipos y pilotos. El riesgo -como quedó demostrado con la caída de la avioneta con cuatro estadounidenses y un colombiano en territorio controlado por las Farc- es considerado "alto". Desde entonces, los pilotos que participan en el programa reciben cursos de supervivencia en la selva y antiterrorismo. Valor: 8'600.000. No hay plan de transferir estas actividades.

Alion, LLC

Consultores que se encargan de mejorar la capacidad del Estado colombiano para recolectar y procesar información de inteligencia. Valor: 20.000 dólares. Están en Bogotá.

El Grupo Rendon
Asesora al Ministerio de Defensa en manejo y desarrollo de su estrategia de comunicación. Producen documentos que luego le sirve de base al Ejército y Policía para entender y explicar el Plan Colombia. Valor: 2'400.000 dólares. Bogotá.

ACS Defense

1. Proporciona apoyo logístico y asesoría al personal estadounidense de la Embajada que participa en el Plan Colombia. Valor: 517.035 dólares. Bogotá.

2. Apoyo logístico a un funcionario de alto nivel en el gobierno de E.U. dedicado al Plan Colombia. Valor: 237.810 dólares. Bogotá.

INS

Apoyo logístico y asesoría personal de la embajada. Valor: 196.000 dólares.

Science Applications International Corp. (SAIC)

Análisis de imágenes de inteligencia, pero relacionado con la seguridad de la Embajada y su personal. Valor: 255.335 dólares.

ManTech

Maneja bases de información de diferentes agencias involucradas en el Plan Colombia y las hace circular para otorgar información en "tiempo real" a las autoridades. Proporciona (entrena y usa) equipos para interceptar comunicaciones y recolectar imágenes. Se enfoca en el trabajo de la DEA. Valor: 2'146.692. Han estado en el país desde 1990. (3)

La custodia democrática no queda en los grandes negocios, sino en Los enclaves militares en Colombia, donde se ha visto una tendencia incremental a partir de los años 90 del siglo XX a la fecha.

RADARES Y BRIGADAS DE ACCIÓN RPAÍDA EN COLOMBIA

1/ Radar de asiento en la Isla San Andrés
2/ Radar de asiento en la península de Riohacha
3/ Radar y base terrestre en Marandúa, Vichada
4/ Brigada 24 del ejercito en el Putumayo
5/ Brigada Oriental del ejercito en Puerto Carreño y el Depto de Vichada
6/ Radar y base terrestre en san José del Guaviare y Escuela de entrenamiento en Barrancón
7/ Brigada del ejercito en Caquetá
8/ Base militar Tres esquinas, Putumayo
9/ Brigada de patrullaje fluvial en Puerto Leguízamo, Putumayo
10/ Radar con base terrestre en Leticia
11/ Base militar de Tolemaida, en Tolima con 18 helicópteros HV-1N
Fuente. Cuadros elaborados por Robinson Salazar. Los avatares del Plan Colombia, Dignidad y Plan Puebla Panamá. (4) y recursos de investigación.(**)

A todo lo anterior, hay que agregarle los ejercicios militares conjunto entre EE.UU. y las fuerzas militares nacionales que desde el año 2000 se han intensificado en Argentina con el denominado Cabanas, simulacros de desembarques en Vieques, Puerto Rico, Nuevos Horizontes en Guatemala y Nicaragua y los acompañamientos en Perú en la zona de Iquitos, Ecuador en la Base Manta, en Colombia en la selva amazónica y en la presión fronteriza contra venezuela en Arauca y Arauquita.
En conclusión, el riesgo de las democracias latinoamericanas no está en el camino que han escogido, sino por donde las han inducido y la diversa gama de intereses que los EE.UU. han sembrado en la región, desde planes contrainsurgentes que empañan el horizonte político, hasta creación se actores sin imaginarios como los paramilitares; con la instrumentación de forma novedosas de custodia de intereses empresariales hasta intervencionismo descarado que defienden al gran capital y criminalizan a los movimientos insumisos. Todo ello nos llama la atención y nos envían un mensaje, las nuevas luchas populares en América latina se tendrán que cargar de una dosis antiimperialista.
Lo que está claro es que la esencia de todo este intervencionismo es asegurar las inversiones y la estabilidad de los mercados para que las empresas multinacionales sigan lucrando con la miseria de los pueblos latinoamericanos (Petras, 2003) pero la respuesta a este abuso no tarda en aparecer en América latina.

Orientación cinco: Las Nuevas prácticas políticas.

El achatamiento del Estado, la pérdida de representatividad de los partidos políticos, el sesgo comportamental de la gran mayorías de las ONG, la inmovilidad de los sindicatos y ligas campesinas, la actuación desobligada del Estado con respecto a las demandas sociales, la reducción de las políticas públicas y los arreglos institucionales que se han construido que en nada favorecen a los grandes segmentos sociales populares, han dejado sin instancia de representación e intercambio a la sociedad civil latinoamericana.

Hoy día impera la carencia de una instancia jurídica, legal o política u orgánica que ofrezca a la sociedad civil un resquicio de posibilidad para ser representada ante el gobierno, para gestionar su defensa o exigir o reclamar una demanda que es necesaria para su desarrollo como comunidad.

En el campo de la política, el desencanto es mayor y deviene de la actuación de los representantes de los partidos políticos, quienes se han alejado de la interlocución ciudadana y se han arrimado más al mercado. Pareciera que situarse en la política es desoír a los electores y escuchar las recomendaciones de los responsables de conducir la economía; la famosa frase "ni los veo ni los escucho" es fiel reflejo de lo que hacen los políticos "profesionales", dado que sólo les interesa su popularidad medida a través de los medios y no con la presencia de ellos en el ámbito público, puesto que ahí son vapuleados.

Esto lo hacen todos, tanto los partidos que se autoreconocen de derecha como los de izquierda, lo que indica que en el horizonte inmediato del ciudadano no hay diferencia entre gobierno y oposición, tampoco entre izquierda y derecha, todos son centro, pero centro de una crítica acérrima que nutre el abstencionismo en cada proceso electoral que se lleva a cabo en Latinoamérica.

Aquí está un afluente de la desconfianza ciudadana hacia los líderes e instituciones políticas. No es que exista un electorado desorientado ni indefinido sino un electorado desencantado y refractario ante las mentiras y los engaños, por un lado, y por otro, un puño de políticos que les interesa más vivir, por un periodo determinado, de las arcas públicas sin importarle las esperanzas ni los anhelos de los ciudadanos.
Ante ello, la sociedad civil ha tomado y se ha apropiado de iniciativas propias al margen de todas las actuaciones de los sujetos políticos y sociales estructurados en el Siglo XX con el objeto de reclamar, exigir y lograr una recuperación de los espacios públicos, convertirse en interlocutor válido y defender sus derechos.

El interés primordial de las actuaciones ciudadana es la de recuperar la vida cívica y pública, ensanchar la constricción del espacio público, que los asuntos de todos sean más importantes que los personales, reapropiarse de los espacios de las calles, esquinas, plazas y parques se han sido secuestrado, por la delincuencia o por la apatía gubernamental.

Hay nuevas prácticas políticas que se vienen instrumentalizando por los nuevos sujetos insumisos y que son registradas o marcadas como actuaciones espontáneas, pero no es así. Ellas tienen como punto de partida o recursos de actuación a la memoria histórica, a la experiencia y saberes que los nuevos sujetos y los que se encuentran en estructuración van creando y recuperando de su pasado, de las experiencias de otras acciones colectivas observadas o vividas o de lo trasmitido oralmente, todo ello va acrecentando un acervo de conocimiento y de práctica que se condensa en capital de la memoria social de una comunidad o grupo social.

Ante la ausencia de mediaciones, la acción directa, la toma de calles, corte de rutas, de casetas de peaje, aeropuertos, los piquetes, cierre de oficinas y avenidas, marchas, manifestaciones y movilizaciones multitudinarias y pintas son parte del arsenal de experiencias políticas renovadas que tienen doble objetivo. Por un lado, confrontar a la autoridad o al otro para que los reconozca como interlocutores y acepte dialogar sobre la demanda que llevan en manos, por otro, hacer notorio, en una sociedad mediática como la de hoy, que sean visto en los medios a fin de que los espectadores se den cuenta que otros hacen lo que ellos, los observadores, no se han atrevido hacer aún, eso le permite hacerse de una identidad pública pero a su vez abre una ventana para que otros movimientos se sumen a la protesta.
Son prácticas políticas autoconvocada, de carácter convergente, amplias y vinculante, pues cada día son más las actuaciones públicas que suman más y más adeptos; además, son recuperadoras del espacio público, el cual han convertido en un foro permanente, abierto y estructurante donde se resuelven las identidades colectivas de los nuevos movimientos que nacen, pero aún más, son cemento de la nueva integración política que se moviliza alrededor de la protesta pública.

La protesta no es sólo de los movimientos ya reconocidos, sino que alrededor y sumándose al Movimientos Sin Tierra de Brasil, Movimiento Sin techo de Paraguay, Movimientos al Socialismo de Bolivia, Cocaleros del Chapare, Los desplazados de Colombia, las actuaciones de los Bolivarianos en Venezuela, Los campesinos de San Salvador Atenco, los Motoqueros y Piqueteros, de Argentina hay muchos excluidos y expoliados que son sujetos desciudadanizados pero ven en la protesta la coyuntura favorable para recuperar su estatus de ciudadano y exigir sus derechos negados.

Ante esta nueva realidad y reveladoras prácticas políticas, los partidos políticos, a la par de los gobiernos, se han sumado a una campaña de desprestigio para criminalizar las actuaciones colectivas de los nuevos sujetos que no tienen representación o se niegan a aceptar las existentes. Criminales que atentan contra la gobernabilidad, las instituciones o el estado de derecho son los argumentos de los partidos y gobiernos inmovilizados; terroristas y aliados externos de las FARC o de grupos internacionales cubanos son las piezas discursivas que alimentan el odio hacia los nuevos practicantes de la política directa.

El fondo de esta problemática no está en que si son terroristas o actos atentatorios contra la gobernabilidad existente, sino en detectar por qué han surgido las nuevas prácticas políticas al margen de la intermediación, que responsabilidad han tenido las instancias de representación y mediación de la sociedad que han dejado a representar a los intereses de los ciudadanos y se han dedicado a lucrar de la política y el erario público; por qué las instituciones y leyes han permitido que las estructuras orgánicas de representación perduren sin cambiar a la par de los cambios que se dan en la sociedad, provocando con esta desidia que la sociedad invente y recree sus formas propias de autorepresentación.
Si esta tendencia perdura y sólo se intenta atajar el fenómeno judicializando las nuevas prácticas políticas, los riesgos para la débil democracia latinoamericana son enormes y las confrontaciones, los conflicto y la violencia serán los productos de esta insensatez que los gobiernos y los que legislas portan en su accionar.

Sexta orientación: La desciudadanización creciente

Otro fenómeno que toca a las puertas de la democracia para atemorizarla es la tendencia incremental de la desciudadanización en América latina, cuyo proceso se inicia con la acelerada pauperización y reducción de derechos que el neoliberalismo viene dejando a lo largo de su camino desde la década de los ochenta a la fecha, aunque cada día que pasa, en piases como Colombia, Venezuela, Bolivia y Paraguay y toda el área centroamericana es más drástico y dramático que lo acontecido en otros naciones, debido a que las privatizaciones, cierre de empresas públicas, el desempleo y flexibilidad laboral está desalojando del terreno de la sobrevivencia a millones de trabajadores que pasan a ser sujetos sin derechos.

Los sujetos sin derechos no es una nueva categoría "snob", sino que es el producto de las políticas discriminatorias que los gobiernos de nuestra región vienen impulsando para negar las conquistas laborales, negar los requerimientos básicos para la sobrevivencia y nulificar todo aquello que sea público y estatal, para convertirlo en privado, exclusivo y alejado de la intervención del Estado y, la "desciudadanización, es el proceso por el cual los ciudadanos, en especial los excluidos, pierden la confianza en las instituciones democráticas, económicas e impartidoras de justicia.

A través de la desciudadanización podemos analizar los procesos reciente y creciente de exclusión de una gran parte de la población de sus antiguos derechos sociales. Pérdida de empleo y escasa o nula expectativa de llegar a obtener un trabajo estable con cobertura social, pérdida de la vivienda, dificultades para el acceso a la salud y deterioro de la calidad de la enseñanza; pobreza extrema que afecta sobre todo a los niños y sus madres, disminución de las condiciones mínimas de igualdad, de igualdad no en un sentido radical marxista, sino, en el sentido del acceso a bienes sociales esenciales en una sociedad moderna y democrática como es la educación, salud, trabajo, vivienda y protección a la vejez. La vulnerabilización de todos esos derechos civiles, políticos y sociales nos arrima a la plataforma de la desciudadanización.

La desciudadanización, vista sí, es un fenómeno político se ve acrecentada, tanto en los países que aun no concluyen su transición, Venezuela y Perú, como en los países que lograron reingresar en el proceso democrático. Esta situación nos conduce a plantear la existencia de una democracia formal, procedimental, en tanto la democracia sólo se afirma en su dimensión institucional -por lo menos en el plano nominal- pero no avanza en su faz funcional y de contenido, tampoco trasciende a los ámbitos de la participación ni en la rendición de cuentas, pudiendo todo ello originar un retroceso ciudadano en el sentido de apatía y escepticismo. Lo cual se demuestra con las cifras de la abstención en cada proceso electoral.
Ahora bien, la democracia se carga de contenido mediante la participación ciudadana, la cual constituye y muestra el grado de cultura política que posee una sociedad. Si la acción ciudadana no se ejerce la cultura política no crece ni se consolida, por lo que la democracia no tendría posibilidad de superar el estadio primario de formalidad, abriendo cada vez más la brecha entre representación y participación. (María Pastore, 1998)

La experiencia latinoamericana, en los últimos 25 años, nos arroja resultados devastadores, si bien se consolidó una transición política, ésta no ha sido suficiente, puesto que las restricciones que el neoliberalismo le impuso hizo que la ciudadanización política resultante de esa etapa transicional fuese se acompañada por una implacable "desciudadanización económica y social", comprometiendo gravemente la legitimidad de las incipientes democracias de la región. (OSAL, 2000)

Si la ciudadanía y la participación activa de la misma en los asuntos públicos es la columna vertebral y condición indispensable para que exista democracia; la desciudadanización es el factor determinante para que ella no exista o deje de existir, por tanto, urge reactivar todos los dispositivos necesarios para que no siga deteriorándose la incipiente democracia que tenemos.

En síntesis, la ciudadanía de la mayoría de los países latinoamericanos requiere de condiciones políticas: libertad de expresión y de asociación, garantías individuales frente al ejercicio del poder del Estado y condiciones sociales de igualdad social, si a la democracia se le restan estos ingredientes, las condiciones sociales básicas para la constitución de una ciudadanía política autónoma son precarias, pero son el ambiente ventajoso para producir relaciones clientelares y enclaves culturales que dañan a la política y consubstancialmente a la democracia.

Séptima orientación: La multitud como actor social

A finales del Siglo XX, en nuestros países se desató un comportamiento insumiso que en década anteriores también había aparecido, pero en los años 60 y 70 no se les conceptualizaba como multitud, sino como pueblos, cuya vanguardia era asumida por fuerzas armadas revolucionarias del momento, tal fue el comportamiento del pueblo nicaragüense, el salvadoreño y en algunos momentos en Colombia y Perú.
El hecho de que una fuerza beligerante se colocara al frente de esos movimientos multitudinarios, le asignaba una entidad, pueblos insurgentes o se le adjetivizaba como Sandinista, comunista, Farabundista, etc., pero no hubo la preocupación de conceptuar con mayor rigor la lógica de acción colectiva que comportaban, eran muchas, multidiversas y convergentes, en algunos casos, distantes en otros.

Esa multitud se diluía, en los análisis de la época en la categoría pueblo, articulada a nación y Estado, las tres denotaban al pueblo, mismo que planteaba una lucha por la liberación nacional. A fin de siglo nuevamente aparecieron los actos y las acciones multitudinarias en Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Uruguay, sólo que esta vez la categoría pueblo se encontraba en desuso, la sociedad no era vista como un todo homogéneo, sino que al interior convivían diversas franjas sociales que daban cuerpo a la heterogeneidad.

La multitud de hoy es un cuerpo semiorgánico, la gelatinosidad de sus estructuras se debe a que su naturaleza es convergente, a ella llegan y se asocian de manera perentoria múltiples actores, casi siempre autoconvocados ante una situación que pide o exige el concurso de todos. Todos los que a ella llegan son sujetos que no creen en las mediaciones ni se sienten representados por los partidos políticos ni ligas o asociación alguna, ven la acción directa como el recurso más eficaz para obtener su demanda o hacerse sentir en el espacio público.

Son sujetos desgajados (Salazar R.2003-B) que conviven y sobreviven an los barrios, Chabolas, cantones, comunas y comunidades marginales propias de la fragmentación urbana que en medio de su estado de subsistencia, se asocian, arman redes, intercambian experiencias y se aglutinan en forma de multitudes, lo cual le da un carácter deliberativo y actuante, en la medida que asume la responsabilidad de llevar a cabo una acción directa para protestar, marchar, movilizarse, bloquear calles, montar un piquete o confrontar una medida gubernamental.
No todas las multitudes son iguales, las acciones desarrollada por la Coordinadora del Agua en Bolivia son más contundente y con mayores recursos orgánicos que las movilizaciones de los Piqueteros de Argentina, y esa diferencia está marcada en que en Argentina como en otra partes de América Latina, se le apuesta al asambleismos prolongado y a la horizontalidad deliberativa y decisional, como una muestra de que no son copia de los partidos políticos tradicionales de estructuras piramidales y que el liderazgo se agotó para este tipo de organizaciones de masas.

El horizontalidad, si bien es un recurso democratizador al interior de las organizaciones populares, esta no puede perpetuarse y ejercitarse en todo momento y ante cualquier circunstancia, porque hay coyunturas, puntos de inflexión en que hay que decidir, asumir el riesgo y la responsabilidad de dar una orden o tomar la iniciativa, y en el instante que hay que hacerlo, no puede convocarse a la horizontalidad deliberativa y consensual.

Esta ha sido la debilidad de los comportamientos multitudinarios, por apostarle a la democracia interna, han renunciado a un programa y han perdido la visión de poder; por renunciar a un liderazgo han caído en la amorfosidad y con ello la pérdida de sentido de sus luchas.
Si las multitudes mantienen esa actitud y se niegan a recuperar atributos de los movimientos sociales y de los grupos armados insurgentes (programa, liderazgos y búsqueda del poder), su vocación excesivamente democratizadora los van a destruir, pero aún más, sus actuaciones pueden colapsar un andamiaje institucional y reventar las estructuras de la democracia que se está edificando en la medida que la represión estatal radicalice los actos y criminalice los desempeños de las multitudes.

Las multitudes aisladas no van a subsistir, pero tienen la opción de armar ligas, redes asociativas y trabajar en varios frentes o aristas, algunas veces organizadas en asociaciones barriales, otras en defensa de los servicios públicos, no desdeñar la posibilidad de estar en el poder participando en las elecciones, colocando parlamentarios, alcaldes, gobernadores, construyendo liderazgos comunales, universitarios, etc., a fin de dotarla de lo que hoy carecen, de un programa, una vocación de poder y liderazgos que marquen la pauta de la nueva democracia a construir, desde abajo. Si se quedan como están, el mayor riesgo que corre la democracia es que renuncia a un sujeto que potencialmente puede transformase a si mismo pero a la vez empujar a la democracia del lugar en que se encuentra estancada.


Notas.
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(1)United States Southern Command (USSOUTHCOM./ http://www.southcom.mil/home/


(**) Anne Patterson, (2003). Estados Unidos financiaría diálogos con autodefensas, reconoce embajadora de ese país en Bogotá, en El Tiempo
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(**)Con dineros del Plan Colombia se pagaron US$ 150 millones a contratistas de EU, en El Tiempo. http://eltiempo.terra.com.co/coar/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-1136329.html

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OSAL (2000) La refundación conservadora del capitalismo latinoamericano. Observatorio Social de América Latina. http://www.clacso.edu.ar/~libros/osal/osal1/editorial.pdf

Salazar R. (2003-B) AMÉRICA LATINA: CONFLICTO, VIOLENCIA Y PAZ EN EL SIGLO XXI, Libros en RED, Argentina, PP. 101/144


* Robinson Salazar Pérez
Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa/México
Autor de libros: Diálogos por la paz, 1999); Convergencia democráticas en América Latina (1996). Coordinador de libro: Comportamiento de la sociedad civil latinoamericana (2002),
Con Eduardo Sandoval: Lectura crítica del Plan Puebla Panamá, América Latina, conflicto, violencia y paz en el siglo XXI, y autor de 40 artículos en revistas latinoamericanas.
robinsson@mzt.megared.net.mx