El 23 de septiembre de 1913, por iniciativa del legislador socialista Alfredo Palacios, se aprueba la ley N° 9143, que implementa el delito de lenocinio (proxenetismo), primera ley tendiente a proteger a las víctimas de explotación sexual, penalizando a sus responsables y colocando a la Argentina en la vanguardia legislativa de la época. Años más tarde, por medio de un decreto-ley de 1957 y una ley de 1960, el país ratificó "El convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena"- aprobado por las Naciones Unidas el 2 de noviembre de 1949.

Noventa y un años después de este primer intento legislativo, cuando la prostitución junto con el tráfico de armas y drogas, se encuentra entre los tres primeros lugares en los ingresos económicos mundiales. Al mismo tiempo, las llamadas fuerzas de paz de la ONU, controlan las redes del negocio de traficar personas en los Balcanes. La situación en nuestro país no parece haber mejorado demasiado, para el ejército creciente de mujeres y travestis que día a día deben optar entre prostituirse o morir de hambre.

El Estado, lejos de toda tradición abolicionista, se asocia con proxenetas y persigue a las víctimas, sobre todo a aquellas que no se resignan a su situación y denuncian a los explotadores y a sus socios: los pulcros legisladores condenan en los papeles, dejándoles el trabajo sucio a la policía Federal y a las policias provinciales, que todas las noches -en todas las calles de las ciudades grandes y pequeñas- coimean, extorsionan, arreglan con los fiolos y proxenetas, amenazan, golpean, violan, detienen, torturan a las mujeres y travestis en prostitución. Incluso a niñas y niños, como fue denunciado en La Plata el año pasado.

Sería un error, una mirada incompleta, creer que la explotación se limita al Estado y los proxenetas. Existen, importantes sectores de la "respetable" sociedad burguesa, dueñxs del gran capital, que viven de la explotación de las mujeres y travestis en estado de prostitución. Como, por ejemplo, la distinguida y "noble" dueña de multimedios que promocionan el lucro a través de la prostitución ajena, en el conocido rubro 59. O de algún presidente de club de fútbol y de partido de la derecha con representación en la Legislatura porteña que reconoce en público que lo que quiere es eliminar la prostitución callejera, la que se ve.

Contrariando el espíritu del viejo Palacios, el Estado en Argentina, hoy persigue a las víctimas de la explotación sexual. Tal es el caso de Carmen Ifrain y Marcela Sanagua, mujeres en situación de prostitución, militantes de AMMAR Capital(antes Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas y ahora re-nombrada Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos detenidas desde los incidentes de la Legislatura el 16 de julio y acusadas de delitos graves, "no excarcelables", sin más pruebas que los testimonios de los policías de civil que las detuvieron, hecho vergonzosamente ratificado recientemente por la Cámara que consideró válidas esas "pruebas". Mujeres que, aunque no haya ninguna evidencia de su participación en hechos delictivos, sí es cierto que estuvieron en la manifestación, haciendo oír su voz de repudio al proyecto legislativo que, montado en la ola de falsa seguridad blumbergiana, pretende entregar a las víctimas de la prostitución a la voracidad de proxenetas y policías.

Mientras tanto el caso de Sandra Cabrera, secretaria de AMMAR-Rosario, asesinada en un episodio que donde estuvieron involucrados policías de la provincia de Santa Fe, aún no esta esclarecido. Como el caso de las prostitutas de Mar del Plata, asesinadas por un inexistente "loco de la ruta" que no resultó ser otra cosa que una pantalla para alejar la investigación de los verdaderos culpables: una red mafiosa de proxenetas, policías, funcionarios judiciales y políticos. Asimismo las hermanas Diana y Johana Sacayán, militantes travestis, continúan detenidas desde hace tres meses en una comisaría de La Matanza, por haber denunciado en reiteradas oportunidades la complicidad del personal de la comisaría 4ta. de Laferrere con los prostíbulos de la zona. Las Sacayán enfrentan una causa armada por los mismos policías sospechados. Y tantos otros casos que apenas constituyen una nota de color en cierta prensa amarilla y, a veces, ni siquiera eso.

La prostitución sigue siendo un negocio rentable y la lógica capitalista indica que no serán las trabajadoras del sexo quienes se lleven la mejor parte. A ellas les está reservada la sordidez, el maltrato, la coerción y el abuso policial, el desprecio de una clase media lobotomizada y siempre lista para pedir "mano dura".

La explotación sexual es un punto en el que la crueldad capitalista de explotar los cuerpos y las energías de las clases populares, para extraerles el máximo de ganancia en beneficio de las clases parásitas. Se cruza y se potencia con el desprecio patriarcal hacia las mujeres, hacia sus/nuestros cuerpos, dignidad y libertad. Los resultados nefastos se traducen en millones de personas tratadas como mercancías, como objetos de uso y de negocios. Si aspiramos a ser parte de un cambio social que termine con la sociedad de clases, con la explotación de lxs muchxs por lxs muy pocos, no podemos dejar de denunciar y luchar contra quienes lucran esclavizando y explotando. No podemos dejar fuera de nuestras luchas a las mujeres, travestis, niñas y niños en estado de prostitución, porque somos todxs parte de la misma lucha.