Ciudad Juárez, México
Funcionarios públicos implicados en feminicidio

Rafael Maya
CIMAC

Ante el presidente mexicano Vicente Fox, la fiscal especial para los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, María López Urbina, informó que 167 servidores estatales intervinieron en 29 averiguaciones previas y 81 funcionarios tienen posibles responsabilidades administrativas o penales por una mala atención que habría impedido resolver asesinatos de mujeres.

(Mujereshoy) Al presentar la semana pasada sus informes de labores sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, la fiscal especial María López Urbina y la Comisionada Guadalupe Morfín, hicieron un enérgico llamado para acabar con la impunidad en el feminicidio y esclarecer los asesinatos en los que están implicados funcionarios judiciales en contubernio con el crimen organizado.

En la residencia oficial de Los Pinos, ante el presidente Vicente Fox , secretarios de estado y legisladoras federales, la fiscal especial para la atención de delitos relacionados con los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, María López Urbina informó que 167 servidores públicos estatales, quienes intervinieron en 29 averiguaciones previas, tendrían posible responsabilidad en la mala procuración de justicia.

Explicó que en los 50 primeros casos analizados de un total de 307, 81 servidores públicos resultaron con posibles responsabilidades administrativas o penales, respecto a una mala atención que habría impedido resolver asesinatos de mujeres.

La fiscal especial anunció que la Procuraduría General de la República (PGR), atrajo tres casos más sobre asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, con lo que suman 18 los expedientes en los que la justicia federal tiene investigación directa.

Por su parte, la comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la ciudad fronteriza, Guadalupe Morfín, expuso que Ciudad Juárez padece una situación de difícil "gobernabilidad" que se ha agravado con la presencia del narcotráfico y la implicación de funcionarios públicos.

Advirtió que el crimen organizado apenas comienza a ser tocado por la justicia, y remarcó que el feminicidio en la ciudad fronteriza con Estados Unidos, es una clara muestra de la impunidad prevaleciente.

Guadalupe Morfin sostuvo que en el estado de Chihuahua, la policía brinda protección a bandas criminales, y apuntó que los asesinatos de mujeres estarían implicados agresores sexuales de la ciudad de El Paso, Texas. Igualmente, señaló que funcionarios de la policía judicial del estado estarían involucrados en los asesinatos.

Ante ese panorama, la comisionada demandó que la fiscal atraiga la investigación de los crímenes contra mujeres en la capital del estado.

Morfin mencionó también el caso de un ex funcionario de la Procuraduría Estatal de Justicia que ha sido denunciado como integrante de una red de tráfico de mujeres. Aunque la comisionada no precisó del nombre del ex funcionario, pidió a la PGR que atraiga el caso.

La funcionaria dejó claro que ninguna línea de investigación debe ser descartada, y que debe reforzarse la indagación de los casos de asesinatos seriales.

Aclaró que su función para reconstruir el tejido social en Ciudad Juárez y Chihuahua requiere de más tiempo, por lo que demandó un esfuerzo de todos los actores del Estado para resolver los crímenes, ante el colapso del estado de derecho en la entidad.

La fiscal María López Urbina explicó más adelante que de los 50 casos analizados de homicidios de mujeres perpretados entre 1993 y 2001, en ninguno se encontró indicios de asesinatos seriales, sino que se trato de asuntos de violencia intrafamiliar.

Precisó que de esos casos, se han dictado 19 sentencias condenatorias, una sentencia absolutoria y otro sigue en proceso.

En 29 averiguaciones previas -continuó-, se encontraron graves deficiencias en su integración, lo que provocó pérdida de evidencias al no proteger adecuadamente la escena del crimen.

La fiscal especial informó que ha dado parte a la Procuraduría de Justicia de Chihuahua para que analice las posibles responsabilidades administrativas y penales en que pudieron haber incurrido 81 servidores públicos de esa institución, entre fiscales, agentes del Ministerio Público, agentes de la policía judicial y peritos, entre otros.

En este contexto, Guadalupe Morfin demandó acceso a los expedientes de los asesinatos, al tiempo que López Urbina mencionó entre otros logros, la instalación de un banco de datos en genética forense y un registro nacional de víctimas de delito.

Celebró que con la puesta en marcha de una base de datos de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, fue posible ubicar a cuatro mujeres que fueron reportadas en esa condición.