Matanza
de estudiantes universitarios en 1968, en Tlatelolco, México |
Raúl Jardón
Revissta Rebeldía
En los próximos días aparecerá, publicado
por la editorial Ítaca, el libro "El espionaje contra el movimiento
estudiantil". En él hago un análisis del conjunto de documentos
de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de las agencias de espionaje
estadounidenses sobre el movimiento de 1968 y se muestran las contradicciones
e inconsistencias de los documentos con los que el general Marcelino García
Barragán trató de auto exonerarse de su responsabilidad en la
masacre del 2 de octubre.
Presento aquí algunos extractos que ayudan a comprender cómo
actuaban y siguen actuando los organismos de espionaje político contra
los movimientos populares, su peligrosidad y maniobras, pero también
sus limitaciones, incapacidades y errores.
La conclusión principal que sobresale al revisar la información
que recogió la DFS sobre el movimiento estudiantil en su conjunto es
que la magnitud del movimiento rebasó ampliamente la capacidad de vigilancia,
infiltración y recolección de información de esa policía
política, e incluso le impidió en muchos casos transmitir oportunamente
a los altos funcionarios sus hallazgos reales o supuestos. Da la impresión
de que la DFS hubiera lanzado una red demasiado chica para abarcar al movimiento
y, además, con hoyos que permitían que se escapasen numerosas
informaciones grandes y pequeñas. (...)
La "conjura comunista internacional"
Un aspecto sobresaliente de la documentación de la DFS es que en ninguna
parte de ella aparece algún reporte, análisis o indicio siquiera
que se refiera al "Plan Subversivo de Proyección Internacional" del
que surgió el movimiento estudiantil, según las acusaciones
formuladas en 1969 por la Procuraduría General de la República
contra los líderes estudiantiles presos1.
En efecto, en ningún lado se dan elementos que sustentaran la idea
de que todo se fraguó siguiendo decisiones tomadas en la reunión
de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (celebrada en La
Habana en 1967); nunca se menciona nexo alguno de los estudiantes con la embajada
de Cuba en México. Las únicas referencias a una supuesta intervención
extranjera son un informe del 16 de agosto que habla del encuentro ¡el 4 de
junio! de dos diplomáticos soviéticos con dos estudiantes de
la UNAM no identificables con o en el movimiento y dos reportes, de apenas
un párrafo cada uno, que atribuyen a un periodista desconocido de una
revista, también desconocida, el haber visto a estudiantes recibir
dinero de diplomáticos "rusos" y endilgan a un grupo estudiantil opositor
al movimiento (para variar, también desconocido) la acusación
de que la huelga era apoyada por la "embajada de la Unión Soviética
y el comunismo internacional".
Con respecto al tema de las armas soviéticas, cubanas y ¡hasta chinas!,
supuestamente proporcionadas al movimiento (que fue objeto de especulaciones
recurrentes del gobierno mexicano y las agencias estadounidenses de espionaje),
no hay ni una sola alusión a ellas en los documentos de la DFS.
Cuando mucho existen en esos papeles 4 o 5 breves menciones de que "se supo"
que un grupo de estudiantes de provincia llegaría al Distrito Federal
con armas; de que "hay informes fidedignos" de que los estudiantes tienen
elementos y armas para enfrentarse al ejército porque en eso se ha
usado el dinero de las colectas o de que "se dijo" en una asamblea que hay
campesinos dispuestos a apoyar al movimiento a mano armada, sin dar algún
dato o fuente que sustentara tales asertos fantasiosos2.
Algunas conclusiones
Pese a que los informes de la DFS reflejan la carga ideológica del
clima anticomunista y del carácter autoritario del régimen,
lo cual tiende naturalmente a que la información que contienen sea
sesgada y poco veraz en múltiples casos, resulta notable que, en general,
se puede decir que los reportes que Fernando Gutiérrez Barrios entregaba
a los altos funcionarios del régimen sí reflejan en gran medida
lo que fue el movimiento estudiantil de 1968.
Cualquiera de esos funcionarios que haya tenido dos dedos de frente pudo ver
en ellos, si hubiera querido, que el movimiento no era ninguna conjura comunista,
no tenía nexos con el extranjero ni buscaba derrocar al gobierno. Los
reportes acerca de las asambleas generales estudiantiles le hubieran mostrado
no sólo la genuina participación masiva, sino el contenido de
lucha por las libertades democráticas para el pueblo (sin pretensión
alguna en materia electoral) de las intervenciones; los problemas sociales
y políticos que suscitaban el descontento y la protesta de los estudiantes
de base.
Lo mismo pudo ser captado por Díaz Ordaz, Echeverría, y cualquier
otro jerarca gubernamental que haya recibido cotidianamente esos informes,
al leer las reseñas de los discursos en las manifestaciones y los textos
reproducidos de mantas, carteles y pintas, aunque se procurara resaltar los
insultos al presidente.
Y en el caso de los informes de la DFS sobre la actuación de las brigadas,
éstos revelaban la simpatía popular que estaba captando el movimiento
y la actitud pacífica de los brigadistas a menos que fueran agredidos
por la policía.
Además, las reseñas policíacas de las conferencias de
prensa del Consejo Nacional de Huelga (CNH) (que, por cierto, fueron mucho
más amplias y pormenorizadas que las que publicaron los periódicos)
también son bastante veraces, de modo que los gobernantes hubieran
podido hallar en ellas, si hubieran querido, una fuente para entender lo que
estaba pasando y actuar de otra manera a como lo hicieron.
Todo esto los hace doblemente culpables por haber decidido aplastar represivamente
al movimiento de 1968 y echa abajo la excusa esgrimida por los aduladores
del régimen en el sentido de que "el presidente fue engañado"
por tal o cual de sus colaboradores, de que "el ejército fue llevado
a una trampa", etcétera.
Cierto, la DFS fue incapaz de vigilar e informar sobre todo lo que ocurría
en un movimiento de grandes proporciones, pero la información que recabó
era suficiente para que sólo mentes muy obtusas pensaran que se trataba
de derrocar al gobierno. Cierto, los informes policíacos mostraban
la influencia de la izquierda, pero más por haber calado sus ideas
y actitudes en el largo trabajo previo que realizó entre los estudiantes,
que por la fuerza de sus organizaciones o la capacidad de los líderes
estudiantiles que militaban en esa izquierda, aunque esto último fue
importante.
La información más tergiversada que rindió la DFS fue
la referida a los enfrentamientos y actos represivos, pues esa información
pasó por el espejo deformante que trataba de justificar la violencia
policíaca y militar y no buscó relatar verazmente los hechos.
El gran fracaso, el talón de Aquiles de la DFS, fue el no haber dado
importancia o no haber conseguido penetrar en los Comités de Lucha
de las escuelas, ni haber logrado informar oportuna y verídicamente
sobre las discusiones y decisiones del CNH y la pluralidad de sus integrantes,
la mayoría de los cuales no había tenido ninguna militancia
política previa. A tal grado llegó ese fracaso que sólo
sobre la base de las declaraciones de algunos de los dirigentes estudiantiles
detenidos el 2 de octubre pudo por fin la DFS elaborar un informe más
o menos general y preciso sobre la estructura y funcionamiento del CNH.
Sin embargo, cabe matizar la anterior afirmación señalando que
es posible que, en el caso de que haya habido algún infiltrado en el
CNH, éste pudo estar al servicio de un funcionario gubernamental y
no de la DFS, pues en aquellos tiempos era frecuente que los funcionarios
tuvieran a su servicio líderes o grupos estudiantiles para impulsar
sus intereses particulares. Cabe también la posibilidad de que, en
efecto, se haya expurgado la documentación que está en el Archivo
General de la Nación, para ocultar éste u otros aspectos, aunque
el volumen de ella hace difícil que se realizara tal tarea de una manera
eficaz, como lo demuestran al menos dos de los documentos (el que se refiere
al disparo de bazuca el 29 de julio y el reporte sobre la trayectoria de las
balas en los cuerpos de los muertos reconocidos oficialmente el 2 de octubre),
que resultan altamente comprometedores para la versión oficial sobre
el movimiento. (...)
Todo lo anterior no significa que neguemos la capacidad represiva de la DFS,
sino únicamente que fue incapaz de enfrentar con su espionaje al movimiento
y falló como organismo de investigación política. El
aspecto directamente represivo de su trabajo en el movimiento lo realizó
en la ubicación y detención de algunos dirigentes estudiantiles
y magisteriales, aunque otros lograron eludir el arresto, aún estando
fuertemente perseguidos.
En pocas palabras, tanto en el 68 como después, en la guerra sucia
de los años 70, la DFS mostró que su única manera de
investigar eran las detenciones más o menos masivas de "sospechosos",
las torturas para obtener información, etcétera. Podía
enfrentar e infiltrar con eficacia la actividad de pequeños grupos
opositores, pero no a un movimiento de masas cuya principal defensa resultó
ser no tanto las pocas medidas de seguridad que tomaron los estudiantes, sino
el carácter democrático y ampliamente participativo de su organización.
El espionaje estadounidense
Si comparamos la actuación de la DFS durante el movimiento estudiantil
del 68 con el lanzamiento de una red demasiado pequeña para abarcarlo,
y con agujeros por los que escapaba información, en el caso de los
reportes de diversas agencias estadounidenses de espionaje sobre el movimiento
habría que comparar su trabajo con el de un pescador que captura con
el anzuelo de su caña lo mismo truchas apetitosas y de buen peso, que
magros charales, numerosos zapatos viejos y basura similar sumergida en el
agua.
El gran problema de la embajada de Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia
(CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de
Defensa y otros organismos de "inteligencia" que recopilaron información
sobre el movimiento (mucha de la cual fue enviada a la Casa Blanca) es que
se basan fundamentalmente en lo que les dicen sus informantes mexicanos, que
resultan ser principalmente funcionarios del régimen diazordacista
o unos cuantos estudiantes pagados (en el último caso de dudosa procedencia
y conocimiento real de lo que estaba pasando).
Pero lo que desvirtúa la confiabilidad de tales fuentes es que, por
un lado, los funcionarios del régimen obviamente informan no sólo
por el interés de ganarse su sueldo o la estimación del gobierno
estadounidense, sino también buscando obtener, a través de la
información que suministran, el apoyo del país del norte a la
conducta gubernamental y, en el caso de los informantes estudiantiles, sencillamente
ellos ofrecen datos que, a su modo de ver, complazcan a los norteamericanos
para así acreditarse como merecedores de seguir siendo pagados.
Ello, y la obsesión anticomunista de las agencias de espionaje norteamericano,
distorsiona fuertemente toda la información de esas agencias, las lleva
a caer en numerosas contradicciones, a dar por buenos informes ridículos,
etcétera. Sin embargo, hay que reconocer que en el curso del movimiento
van afinando su capacidad de discernir lo cierto de lo falso, reportan cosas
que el gobierno mexicano niega, y sus análisis de la información
llegan a ser en varios casos diagnósticos certeros del significado
de la lucha estudiantil, de las motivaciones del gobierno y especialmente
de Díaz Ordaz, y de la situación político social imperante
en México. (...)
De tal modo, el espionaje estadounidense comenzó adhiriéndose,
aunque a veces con reservas, a la visión del gobierno mexicano sobre
el movimiento estudiantil y otorgando alguna credibilidad a la supuesta injerencia
soviética y cubana en el conflicto. Luego comenzó a tomar cada
vez más distancia de la paranoia gubernamental, llegando incluso a
poner en duda si Díaz Ordaz creía realmente sus acusaciones
anticomunistas, aunque este paulatino cambio de opinión de las agencias
de espionaje no impidió que en muchas ocasiones dieran como buenos
informes poco creíbles o, de plano, absurdos que les daban sus fuentes.
Al final, los análisis que esas agencias desprenden de la información
llegan a reconocer las raíces profundas del descontento que expresaba
el movimiento estudiantil y la coherencia de sus demandas, aunque no abandonan
sus señalamientos anticomunistas contra las organizaciones de izquierda
que participaron en la lucha. Llegan a señalar la incapacidad del régimen
diazordacista para dar una salida al conflicto, pero nunca reconocen abiertamente
la política represiva de ese régimen (pues la mentalidad anticomunista
las hermanaba con él) y hacen reportes contradictorios sobre la masacre
del 2 de octubre, conformándose con predecir que nunca se sabría
quién comenzó a disparar, vaticinio en el que, ya desde entonces,
se equivocaban y que ha sido palmariamente desmentido en los últimos
años, cuando ya prácticamente nadie se atreve a poner en duda
la culpabilidad del gobierno y, cuando mucho, se discute la parte que corresponde
a tal o cual alto funcionario o jefe militar. (...)
2 de octubre
No incluimos aquí el reporte de la DFS sobre la masacre del 2 de octubre,
porque se limita a repetir la versión oficial esgrimida por el gobierno
en 1968 sobre los hechos.
Resultan interesantes, sin embargo, dos listados de la DFS, uno fechado el
4 de octubre de 1968 y otro el 31 de enero de 1969, de los muertos en Tlatelolco
(no reproducimos el reporte inicial de la DFS del 3 de octubre que sólo
hablaba, sin dar nombres, de 26 muertos, entre ellos 4 mujeres, aparte de
un soldado).
El primer documento comienza narrando las protestas de los estudiantes de
medicina en los hospitales por la matanza, el funeral de una de las víctimas
y la afirmación del padre de haber visto 121 cadáveres cuando
buscaba el de su hijo.
En este listado resulta la suma de 22 muertos identificados, 8 sin identificar
y dos soldados, lo que da un total de 30 civiles y 2 soldados muertos, es
decir, 4 civiles más que los reconocidos oficialmente.
Pero luego, en la lista del 31 de enero de 1969, la DFS se ajusta a la versión
gubernamental y aparecen 26 civiles y 2 soldados muertos, aunque tiene la
contradicción de que el menor Cecilio de León Torres aparece
en el listado como muerto y luego en la relación de 51 heridos, a pesar
de que, en un reporte de los primeros días de octubre lo da por fallecido
en el hospital de Balbuena.
La diferencia en las cifras de las dos listas es significativa, aunque sólo
sea de 4 personas, pues nos indica que muy probablemente las autoridades gubernamentales
disminuyeron la cantidad de muertos con el sencillo expediente de eliminar
de los listados a los que no fueron buscados por no tener familiares o no
fueron reconocidos por los que sí los tenían y, en tal virtud,
quedaron catalogados como desconocidos. Ello explicaría parcialmente
por qué, pese a los múltiples indicios y señalamientos
de diversas fuentes de la época de que hubo mayor cantidad de muertos
el 2 de octubre (al margen de que hayan sido muchos o pocos más3),
no se han presentado hasta la fecha más denuncias de familiares de
las víctimas, no obstante que el clima de terror de los años
siguientes al movimiento ya se ha desvanecido.
La trayectoria de las balas
Un informe trascendental encontrado en el expediente de la DFS, es sobre la
trayectoria de las balas que causaron la muerte a los 26 civiles reconocidos
oficialmente como caídos en Tlatelolco el 2 de octubre.
Destaca que dicho informe fue rendido, el 17 de octubre, por el Director del
Servicio Médico Forense, Miguel Gilbon Mairet, respondiendo a la petición
que le formuló el Procurador del DF, Gilberto Suárez Torres,
con copia para el Procurador General de la República, Julio Sánchez
Vargas. Se trata de un documento interno que no fue dado a conocer públicamente
y que, por tener ese carácter; por los personajes que están
implicados y por ir en contra de las versiones oficiales, merece amplia credibilidad.
El director del forense informa que las balas que mataron a 22 de las víctimas
reconocidas oficialmente tuvieron una trayectoria horizontal y sólo
en el caso de los otros 4 muertos esa trayectoria fue descendente.
La conclusión es contundente y no deja lugar a dudas: la aplastante
mayoría de las víctimas reconocidas oficialmente murió
por disparos hechos desde la misma altura en la que esas víctimas se
encontraban, es decir desde la plancha de la Plaza de las Tres Culturas. Y
todos los testimonios, oficiales y opositores, sobre la matanza hablan de
que los únicos que dispararon desde ese nivel fueron los soldados que
llegaron a disolver el mitin y los del Batallón Olimpia (la única
excepción a esos testimonios es la de las declaraciones periodísticas
de Jorge Poo, que en 1998 dijo que él disparó contra la tropa,
pero resulta irrelevante, dado que se trata de sólo un arma y supuestamente
tirando al ejército).
Este documento echa abajo la pretendida exoneración del ejército
que la Secretaría de la Defensa esgrimió en diciembre de 1993,
al difundir un filme que mostraba a los soldados disparando sólo hacia
los edificios en torno a la plaza.
Pone también en fuerte tela de juicio las afirmaciones con-tenidas
en los papeles con los que el General Marcelino García Barragán
pretendió descargar toda la culpa de lo ocurrido el 2 de octubre sobre
el general Luis Gutiérrez Oropeza.
En efecto, en el libro "Parte de Guerra", de Julio Scherer, García
Barragán pone en boca de Gutiérrez Oropeza las siguientes palabras:
"Mi General, yo establecí oficiales armados con metralletas para que
dispararan contra los estudiantes..."4, luego reitera, añadiendo palabras,
que Gutiérrez Oropeza le dijo telefónicamente: "Mi General,
de orden superior envié 10 oficiales del EMP (Estado Mayor Presidencial)
armados con metralletas para apoyar la acción del ejército contra
los estudiantes revoltosos..."5 y, finalmente, recalca la misma versión
con otras palabras: "Mi general, me dijo: tengo varios oficiales del Estado
Mayor apostados en algunos departamentos, armados con metralletas para ayudar
al Ejército con órdenes de disparar a los estudiantes armados..."6.
Pero, al margen de que en cada versión de las palabras de Gutiérrez
Oropeza los estudiantes pasan de serlo a secas, para luego ser "revoltosos"
y finalmente "armados", lo que resulta claro es que los famosos francotiradores
del Estado Mayor Presidencial tenían, según los papeles de García
Barragán, la orden de disparar contra los estudiantes. ¿Sería
realmente esa su misión?
Y entonces, ¿por qué sólo 4 de los muertos reconocidos oficialmente
recibieron disparos de bala con trayectoria descendente? (es decir, de arriba
hacia abajo, a partir de los departamentos de los edificios)
¿Tendrían tan mala puntería los francotiradores que nulificaron
el poder de segar las filas de una multitud que tiene la ráfaga de
balas de una metralleta?
La lógica indica que si, como es muy probable, hubo más muertos
el 2 de octubre, la proporción entre las víctimas que recibieron
balazos desde la plancha de la plaza, disparados por los soldados, y los que
murieron por disparos hechos de arriba hacia abajo debe haber sido similar
a la registrada en la lista de muertos reconocidos oficialmente. ¿O, acaso
los cadáveres que pudieron ser desaparecidos fueron precisamente los
que presentaban impactos descendentes? Es muy poco probable, si no es que
imposible, que se hubiera podido hacer una selección de los cuerpos,
así sin hacerles autopsias, pero, en tal caso, no podría haberse
realizado sin el conocimiento y aprobación de García Barragán,
pues tras la masacre, y en los días posteriores, sus tropas controlaban
todo Tlatelolco y ya no existían los problemas de posibles confusiones
y distorsiones en la cadena de mando que todavía arguyen algunos para
justificar la matanza.
Sea cual sea la respuesta a las anteriores preguntas, una cosa es clara: en
el caso de los muertos reconocidos oficialmente es irrelevante si hubo francotiradores
del Estado Mayor o no, o cuál fue su misión real, pues quienes
los mataron estaban en la plancha de la Plaza de las Tres Culturas7.
Notas:
1. Aún más, los informes de la DFS que, insistimos, era
la principal policía política del gobierno y la que tuvo un
panorama más completo sobre éste, no le fueron útiles
a la PGR ni siquiera para sostener las burdas acusaciones por hasta 10 delitos
contra los líderes estudiantiles porque no daban base para tales acusaciones.
Por ello, el Ministerio Público tuvo que recurrir a partes inventados,
destacadamente por el Grupo Especial de la Policía Judicial Federal
que encabezó Florentino Ventura (luego uno de los represores más
destacados durante la "guerra sucia" de los años 70) para "fundamentar"
tales delitos y la fantasía de la conjura comunista internacional.
2. La verdad sobre el supuesto armamento en el movimiento estudiantil es que
sólo algunos líderes, brigadistas o estudiantes de base que
tenían ya antes (o pudieron conseguir) alguna pistola llegaron a portarla
para defenderse cuando comenzaron a producirse los ametrallamientos de escuelas
a fines de agosto y, sobre todo, después del 2 de octubre. Ni el movimiento
en general, ni el CNH en particular, se propusieron ni fomentaron el uso de
armas. Una mención a que un grupo de estudiantes consiguió armamento
(ridículo, por cierto) la hizo el líder estudiantil de Filosofía
y Letras, Luis González de Alba, en la página 29 del número
189 de la revista Nexos (septiembre de 1993), donde escribió que: "...nos
fuimos a Paracho a comprar unas metralletas calibre .22 y de resorte". Otra
mención, menos creíble por su intención sensacionalista
y protagónica, la formuló Jorge Poo al declarar a la prensa
en 1998 que él y otros estudiantes politécnicos concurrieron
armados el 2 de octubre.
3. Acerca de la cantidad de víctimas el 2 de octubre hay múltiples
cálculos.
El general Javier Vázquez Félix reconoció (en una carta
enviada a Alfonso Corona del Rosal el 11 de noviembre de 1992 y transcrita
en la página 258 del libro "Mis Memorias Políticas" ) que: "1.
Yo vi los muertos tendidos en el piso, e incluso tomé parte activa
cuando fueron levantados. 2. Exactamente hubo treinta y ocho muertos de ambos
sexos en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas, y se halló
el cadáver de un niño de 12 años en un departamento del
segundo piso del edificio Chihuahua. Además perecieron cuatro soldados
del 44 Batallón de infantería". Es decir, aceptó que
hubo 13 civiles y 2 soldados muertos por encima de las cifras oficiales.
El 5 de octubre de 1968, el CNH señaló que en Tlatelolco hubo
al menos 150 civiles muertos. En noviembre de ese año, el entonces
prestigiado periodista estadounidense Drew Pearson escribió que el
2 de octubre hubo 130 estudiantes muertos, mientras que el diario inglés
The Guardian señaló que, según sus investigaciones, habían
sido 325.
La embajada estadounidense afirmó que "la mejor estimación"
de las víctimas era de entre 150 y 200, mientras que una fuente del
FBI dijo que en la primer balacera hubo entre 40 y 50 muertos y que el total
pudo llegar a los 200 y el Departamento de la Defensa de Estados Unidos habló
de "cifras oficiales" mexicanas (que nunca fueron hechas públicas)
que reconocían 33 civiles y soldados muertos, o sea 5 más que
la información oficial pública. De tal modo, ni las fuentes
ajenas o enemigas del movimiento aceptan las cifras gubernamentales sobre
las víctimas del 2 de octubre.
4. Scherer Julio. Parte de Guerra. México, Nuevo Siglo-Aguilar, 1999,
p. 38.
5. Ibid. p. 43.
6. Ibidem. pp. 50,51.
7. Quiero dejar claro que a mí me parece verosímil la revelación
de García Barragán sobre la existencia de los francotiradores
del Estado Mayor Presidencial, lo que no le creo es que él no haya
sabido de su existencia y ubicación en departamentos de Tlatelolco
por órdenes de Luis Gutiérrez Oropeza, pues me parece que es
demasiada casualidad que, en la página 49 del libro de Scherer, él
mismo reconoce que dio instrucciones, ¡precisamente a Gutiérrez Oropeza!,
para que: "me consiguiera para antes de las dos de la tarde los departamentos
que pudiera para meter una Compañía" en el edificio Chihuahua
(y es desde un departamento de ese edificio de donde sale una ráfaga
de tiros, como se ve en el video "Tlatelolco, las claves de la masacre").
Además, considero que, hábilmente, García Barragán
omite el hecho, reconocido por todos, de que los primeros disparos el 2 de
octubre (que desencadenaron la balacera y coincidieron con el avance de las
tropas) los hicieron desde el tercer piso del edificio Chihuahua los elementos
del Batallón Olimpia, que estaban bajo su cadena de mando y sobre los
que Gutiérrez Oropeza no tenía capacidad de dar órdenes.
También me parece que García Barragán omite deliberadamente
en sus papeles incluidos en el libro de Scherer la razón por la que
abrieron fuego sus tropas, cuando en el facsímil de la Orden de Operaciones
al Batallón de Fusileros Paracaidistas (en la página 83 del
libro citado) y en las respuestas a un cuestionario que él mismo se
formuló (en la página 41 sobre las órdenes que dio a
todas las tropas que intervinieron el 2 de octubre) se dice, en el primer
caso, que el batallón de paracaidistas: "...NO HARÁ FUEGO hasta
no tener CINCO MUERTOS por arma de fuego." y, en el segundo, que: "3.- Aunque
haya disparos de parte de los estudiantes, no se hará fuego hasta no
tener 5 bajas causadas por bala". Lo inexplicable es, entonces, la razón
para que dispararan las tropas, pues según la versión oficial
nunca hubo las 5 bajas que se ponían en las órdenes como condición
para abrir fuego, sino sólo 2. Esto aparte de otras numerosas inconsistencias
y contradicciones que hay en el libro
