Operación Masacre en Avellaneda

Guillermo Cieza
Retruco

Empezemos por el principio.
En los mismos puentes que alguna vez transitaron miles de descamisados apoyando un programa de Justicia Social, Soberanía Politica e Independencia Económica, un histórico 17 de Octubre de 1945, cuatro organizaciones de desocupados: la coordinadora Anibal Verón, el Bloque Piquetero, Barrios de Pie y el MJI, participaban de un plan de lucha reclamando:
- Aumento de salarios para los trabajadores ocupados y desocupados.
- Alimentos para los desocupados y comedores populares y escolares.
- Administración de los subsidios y planes por los desocupados.
- Salud y educación para todos - Basta de hambre y represión.
En los días previos el Gobierno hizo conocer su decisión de no permitir nuevos cortes de ruta. Incluso se especuló acerca de presiones sobre el Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Juan José Alvarez, por su supuesta renuencia a aplicar mano dura.
El canciller Ruckauf, volvió a insistir en la necesidad de que las fuerzas armadas se comprometan en la lucha contra los desbordes sociales. Posición compartida por el Ministro Jaunarena y el General Brinzoni.
Demás esta comentar sobre la legitimidad de los reclamos de las organizaciones de desocupados. Pero es importante hacer referencia al marco político previo, porque este les agrega un componente sustancial: las organizaciones de desocupados tambien estaban luchando por el derecho a reclamar y a expresarse a travez de los cortes de ruta, una modalidad de protesta que reemplazó a las huelgas en un país de fabricas cerradas, sumido en la recesión económica.
Los cortes de ruta y de calle han sido en la Argentina -desde su aparición en los hechos de Cutral Co- la principal forma de reclamo para causas tan dispares como son la exigencia de planes de empleo, el repudio a casos de gatillo facil, el pedido de aumentos salariales, reclamos ecológicos, demandas vecinales, etc.
No era una batalla menor la que estaban librando los movimientos de desocupados. La respuesta fue brutal: dos muertos, mas de cien heridos -cuatro de ellos muy graves-, mas de ciento cincuenta detenidos.
En la operatoria de prensa destinada a desviar la atención sobre cuál es la cuestión principal que está en juego, se especula sobre contradicciones de palacio y se pretende hacer jugar a los movimientos desocupados y a la represión en esa interna.
Nada más alejado de la realidad. La aniquilación del movimiento de desocupados como expresión más dinámica y masiva de la protesta social es una política de Estado. Están de acuerdo con ella todo el establishment económico y quienes vienen cogobernando desde hace veinte años: el justicialismo y el radicalismo.
Un detalle sobre los muertos que creo conveniente apuntar. No conocía a Maximiliano Gostegui, pero si a Darío Santillán y me comentaron algunas circustancias en que fue asesinado (estaba ayudando a incorporarse a un compañero que estaba en el suelo).
Estoy convencido que a Darío -que con sus frescos 21 años era uno de los principales dirigentes del MTD de Lanus (Ctd Anibal Verón)- no lo mató una bala perdida. Lo mataron porque era Darío, de la misma forma que mataron en Rosario a Pocho Lopresti, otro destacadísimo dirigente social de la CTA, en los hechos de diciembre pasado.
En la Argentina han vuelto a funcionar las tres A y sus blancos son dirigentes sociales.
El canciller Ruckauff, que se manifiesta orgulloso de haber firmado una orden de aniquilación, se hace cargo de su pasado, que incluye precisamente haber compartido un gabinete con Jose López Rega, el jefe de las 3 A. Sería bueno que el resto de los funcionarios justicialistas se dejen de hipocresías y se hagan cargo de este presente en que no tienen más respuesta a las demandas sociales que la represión abierta y el crimen político selectivo.