Economía
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La explosiva naturaleza del gas
La Jornada/The Economist
Obtener el derecho a la integración eléctrica podría ser una bendición, pero las pasiones políticas han puesto en riesgo esta posibilidad
Al echar un vistazo al mapa de la demanda y suministro de gas natural en
Sudamérica, a primera vista el gran gasoducto del sur que promueve el presidente
de Venezuela, Hugo Chávez, parece tener pleno sentido. Esta tubería, de 8 mil
kilómetros, que llegaría hasta Buenos Aires y se abriría paso a través de la
selva amazónica, conduciría 150 metros cúbicos diarios de las vastas pero poco
desarrolladas reservas de gas a consumidores faltos de una energía que se agota
en el Cono Sur. El mes pasado el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da
Silva, y su similar argentino, Néstor Kirchner, acordaron estudiar el proyecto.
Pero si se mira más de cerca, este proyecto de 20 mil millones de dólares resume
todo lo que falla en el acceso de Sudamérica al gas natural. En lo económico, no
tiene sentido: más allá de 3 mil km. es más barato licuar y embarcar el gas
natural que enviarlo por gasoductos. Los costos ambientales son preocupantes.
Para los consumidores, la reciente interrupción de las exportaciones de gas ruso
a Ucrania enfatizan los peligros de depender de tuberías. Las motivaciones de
Chávez son meramente políticas: le gustaría privar de gas a Estados Unidos en
nombre de la integración de Sudamérica.
Por fortuna, el gasoducto parece ser un castillo en el aire. Es sólo el ejemplo
más atroz de cómo el gas ha provocado más pasión que razonamientos en
Sudamérica. La región ha sido bendecida por la abundancia de gas. Pero las
reservas mayores están en los países cuyos gobiernos están menos dispuestos a
tratarlo como otro producto más. ''Escasez en medio de la abundancia es la
ironía que subyace en todo esto'', dice Jed Bailey, de Cambridge Energy Research
Associates, firma consultora de Massachusetts. Parear productores con
consumidores podría ser una bendición para ambos. Sería también una buena señal
de que el viraje hacia la izquierda de la región no es una fuga de la realidad
económica.
Los problemas comenzaron en Argentina y Bolivia, dos de los tres más grandes
productores. En 2002 Argentina convirtió sus tarifas de gas de dólares a
devaluados pesos y las congeló. El precio del gas, que representa la mitad del
consumo de energía del país, se redujo dos tercios. Mientras la economía se
recuperaba del colapso financiero, la demanda vivió un auge. Pero la oferta no
se mantuvo a la altura. Desalentadas por los bajos precios, las empresas
energéticas detuvieron los trabajos de exploración. Las reservas probadas de gas
argentino cayeron 35% entre 2000 y 2004. Para enfrentar la escasez invernal, el
gobierno redujo las exportaciones a Chile.
Kirchner autorizó que los precios para los grandes consumidores se eleven a los
niveles del mercado internacional. Pero los precios residenciales permanecen
congelados, y el clima de inversión es impredecible. Enarsa, nueva empresa
estatal, ha suscrito acuerdos con Petrobras de Brasil y Repsol de España para
trabajos de exploración en aguas costeras. Pero a los precios actuales hay poco
incentivo para la producción, dice Luciano Gremone, de la calificadora de
créditos Standard & Poor's.
Para mitigar su escasez auto infligida, Argentina vuelve los ojos a Bolivia. Ese
país, pobre y encerrado en el continente, es la esperanza energética de la
región, y su dolor de cabeza. Sus reservas de gas ocupan el segundo lugar,
después de las de Venezuela. Exporta casi 30 millones de metros cúbicos diarios,
en particular a Brasil, pero también a Argentina. Con más inversión podría
duplicar esas exportaciones con rapidez y aumentar el suministro para saciar el
hambre de gas de Chile. Argentina necesitará siete años para desarrollar nuevos
suministros, un segundo gasoducto desde Bolivia podría construirse en cuatro, de
acuerdo con Marco Aurelio Tavares, de la consultora Gas Energy. También para
Brasil el gas boliviano es "la solución ideal", dice el gerente de una empresa
energética.
Con eso contaban las empresas extranjeras -Petrobras, Repsol, France's Total, y
British Gas- cuando invirtieron 4 mil 900 millones de dólares en Bolivia, entre
1997 y 2004. No estaban preparadas para la reacción política. Movimientos
radicales denunciaron que los gobernantes de Bolivia entregaban el patrimonio
natural a depredadores extranjeros. Un proyecto de embarcar gas natural licuado
(GNL) a México y Estados Unidos, vía Chile, tuvo casi el mismo efecto que las
caricaturas del profeta Mahoma en Medio Oriente: ni una molécula de gas
boliviano atravesaría Chile mientras no entregara la línea costera que le robó
en una guerra del siglo XIX, gritaban los manifestantes que bloquearon
carreteras por semanas, derrocaron dos presidentes y demandaron la
nacionalización. En diciembre, los guerreros del gas ganaron el poder, al elegir
como presidente a uno de sus líderes, Evo Morales, con un claro mandato. De esta
manera, en los próximos meses podría definirse la situación energética de
Sudamérica para los años venideros.
En Bolivia, las empresas energéticas operan bajo condiciones que ellas mismas
consideran apenas tolerables. El año pasado, una legislación aprobada bajo
presión social aumentó el pago de derechos, lo que casi duplicó los ingresos
gubernamentales por concepto de gas. El aumento permitió comenzar a pagar a
tiempo los salarios de los funcionarios y reducir el déficit fiscal. Pero la ley
destruyó los términos conforme a los cuales invertían las empresas, que a cada
cheque adjuntan una carta de protesta.
Evo Morales tiene una oportunidad histórica de usar el gas boliviano para
superar el atraso del país. Pero eso depende de dos ambiciosos acuerdos. El
primero podría ser un convenio para suministrar gas a Chile a cambio de que le
regrese a Bolivia su acceso al mar. El presidente de Chile, Ricardo Lagos,
acudió a la toma de protesta de Morales, y éste estará cerca cuando Michelle
Bachelet preste juramento el mes próximo como sucesora de Lagos.
El segundo podría derivar de una negociación con las trasnacionales. Morales ha
mandado señales tranquilizadoras, prometiendo ''nacionalización'' sin
expropiación. Ha invitado a las empresas a convertirse en ''socias'' de YPFB, la
empresa estatal reactivada. Si eso significa entregar el gas y el derecho a
fijar precios de exportación, las empresas desearán una compensación y/o grandes
exenciones de impuestos en futuras inversiones. La esperanza de que alcancen un
compromiso se centra en que la ruptura podría ser peor para ambas partes. Las
compañías se verían forzadas a retirar sus inversiones. El gobierno podría
buscar acuerdos con las empresas estatales de Venezuela y de otros países, pero
enfrentaría demandas en tribunales internacionales.
Expandir los gaseoductos a Argentina y Brasil y procesar el gas para llenarlos
costaría 5 mil 300 millones de dólares. ''Con esos impuestos y los precios de la
región, no es viable invertir'', expresa Tavares. El nuevo dirigente de YPFB
dice que Bolivia elevará los precios de exportación a Argentina y Brasil.
En Brasil, la demanda de gas se eleva de manera importante. El país está en
riesgo de sufrir una escasez de electricidad en 2009 a menos que encuentre
nuevas fuentes de gas. El apremio puede ser temporal; nuevos hallazgos podrían
convertir a Brasil en exportador de gas después de 2012. El coqueteo de Brasil
con el gasoducto de Hugo Chávez podría ser una manera de presionar a Bolivia.
Chile ronda por gas también. Casi a punto de rendirse ante Bolivia, ha hablado
de importar gas de Perú. A diferencia de sus competidores, Perú ha cortejado a
los inversionistas. Repsol está entre los que han invertido en un proyecto de
GNL con un costo de 2 mil 200 millones de dólares. Pero la mayor parte de ese
gas se destina a México y Estados Unidos. Chile se muestra cauteloso de depender
de Perú, con el cual sus relaciones son, con frecuencia, tensas.
Obtener derecho al gas significa permitir que la razón económica prevalezca
sobre la pasión política. De manera inesperada, Hugo Chávez puede proporcionar
pronto un ejemplo. Está a punto de tender la primera parte de una tubería de 215
kilómetros que transportará gas colombiano. Se le unirá un vecino que es un
adversario político, el presidente conservador de Colombia, Alvaro Uribe