Claudio Katz

Integración y unidad latinoamericana son conceptos diferentes. Mientras que el primer término alude a convenios comerciales, la segunda noción sintetiza un viejo anhelo de asociación política. Esta distinción nunca fue estricta y muchos promotores de ambos proyectos han utilizado una u otra denominación. Pero, en general, la integración es un estandarte de los empresarios que negocian aranceles y la unidad es una bandera antiimperialista de las organizaciones populares.
Esta diferencia se corrobora, en la actualidad, en los proyectos que impulsan los movimientos sociales o corrientes antiimperialistas y en los programas que propician las clases dominantes. En el primer caso se promueve la unidad para coordinar la resistencia popular e incentivar aumentos de salarios, auxilios a los pequeños campesinos y medidas favorables a la salud y la educación pública. El objetivo es proyectar a escala regional los logros sociales obtenidos en cada país.
La integración es en cambio alentada por las clases dominantes, como un medio para afrontar la mundialización con mayor competitividad e incremento de las ganancias. La internacionalización obliga a los grandes grupos capitalistas a asociarse en bloques o perecer en soledad.
Semejante disparidad de objetivos determina el perfil del ALCA, el MERCOSUR y el ALBA. Estas opciones se encuentran ligadas a gobiernos conservadores, centroizquierdistas y nacionalistas radicales. Uribe (Colombia), Lula (Brasil) o Kirchner (Argentina) y Chávez (Venezuela) son los presidentes más representativos de estos proyectos.
Los conservadores propician cursos neoliberales y políticas pro-norteamericanas, recurren a la represión y se oponen frontalmente a cualquier mejora social. Los centroizquierdistas mantienen relaciones ambiguas con el imperialismo y toleran las conquistas democráticas, pero obstaculizan el logro de reivindicaciones populares. Los nacionalistas radicales sobrellevan fuertes conflictos con Estados Unidos, chocan con las burguesías locales e intentan una redistribución progresiva del ingreso.
Pero estas tres orientaciones -que promueven metas de libre-comercio, regionalismo y cooperativismo- deben lidiar con la nueva coyuntura que ha creado el temblor financiero internacional.

UNA CRISIS EN EL CENTRO

Durante los años 90 las crisis económicas que sacudieron a Latinoamérica empujaron a un segundo plano los proyectos de asociación regional. Posteriormente estos programas resurgieron junto al crecimiento, pero actualmente afrontan un escenario signado por la crisis en los países centrales.
Esta turbulencia se originó en las fuertes quiebras del sector inmobiliario estadounidense y se ha expandido a todo el circuito financiero, afectando la solvencia de los bancos. Los distintos intentos oficiales de contener la epidemia han resultado infructuosos. La reducción de las tasas de interés, el fondo de rescate timoneado por las grandes entidades y el auxilio a los deudores más solventes no han frenado el tobogán recesivo. Tampoco la socialización de pérdidas con socorros oficiales neutraliza un desplome de gran impacto social, si conduce a la masiva ejecución de las viviendas hipotecadas.
El freno productivo es más grave que el registrado en las dos últimas recesiones (1991 y 2001) y declinaciones financieras (caída bursátil de 1987 y burbuja tecnológica en el 2001). Las contradicciones que corroen a la primera potencia han reducido drásticamente su margen para exportar desequilibrios a las economías rivales o a los países dependientes.
Estados Unidos soporta una escalada ascendente de los precios provocada por el déficit público y el encarecimiento de los insumos importados. Necesita repetir la reducción de tasas de interés que contuvo las desaceleraciones anteriores, sin cortar la atracción de capitales extranjeros que financia el desequilibrio presupuestario. También debe controlar la devaluación que genera ese desajuste, para que la atenuación del déficit comercial con mayores exportaciones no amenace la afluencia del crédito internacional.
El retroceso geopolítico de Estados Unidos torna muy difícil el manejo de estas variables. A principios de la década el imperialismo norteamericano contrarrestó las tendencias recesivas con una exhibición de hegemonía militar y autoridad política, pero el fracaso de Irak obstruye la repetición de ese modelo. El pantano bélico en Medio Oriente le ha quitado fuerza para imponer exigencias a los acreedores extranjeros, que ya controlan el 50 % de los bonos del Tesoro.
La recesión norteamericana tiende a expandirse hacia todas las economías avanzadas por la gravitación de un país que aporta el 20% del PBI global, centraliza las finanzas en Wall Street y acapara el 45% del gasto bélico internacional. El contagio tiende a acentuarse por los obstáculos que enfrenta una acción coordinada del Banco Central Europeo con la Reserva Federal. Este desencuentro expresa el novedoso papel que juega el euro como una moneda rival del dólar e ilustra los efectos de la política monetaria dura que prevalece en el Viejo Continente. Esta rigidez apunta a homogenizar la diversidad de situaciones nacionales, que periódicamente socavan la cohesión de la Unión Europea.
Habrá que ver si Estados Unidos puede disciplinar a su gran competidor, con las armas que utilizó en la década pasada para neutralizar el desafío de Japón. Esta potencia asiática tampoco aporta un contrapeso significativo al actual ciclo económico descendente. Su influencia ha decrecido desde que sucumbió ante las presiones monetarias y comerciales del protector militar norteamericano. Recayó en un prolongado estancamiento, cuya finalización coincide ahora con la recaída recesiva internacional.

EL ASCENSO DE LA SEMI-PERIFERIA

La crisis actual afecta principalmente a los centros de la economía mundial y no a los países dependientes, que protagonizaron las grandes turbulencias de los años 90. Este desplazamiento del ojo del huracán converge con la eventualidad de un contrapeso sustentado en el papel de ciertas economías semiperiféricas. La discusión sobre el rol de China en un posible desacople del ciclo mundial constituye una hecho sin precedentes.
Pero no es lo mismo escapar del temblor que contrarrestarlo. El gigante asiático podría independizarse del impacto recesivo, pero tiene poca capacidad para contrabalancear un freno en el 75% del PBI mundial, que concentran Estados Unidos, Europa y Japón. El cambio de modelo exportador hacia un esquema consumidor que se augura para China socavaría, además, la baratura de la fuerza de trabajo que ha solventado el crecimiento de las últimas dos décadas. Un giro hacia esa nueva estructura constituye una eventualidad de largo plazo, que no resuelve las urgencias de la recesión actual.
La centralidad asignada a China se extiende a otras economías semiperiféricas de envergadura (India, Rusia, Brasil), pero no al conjunto de las naciones dependientes. Sólo un reducido bloque de países denominados BRICs ha ganado peso global, como resultado de dos procesos: la industrialización exportadora sostenida en bajos salarios y el aumento de los precios de las materias primas.
El primer curso prosperó especialmente en China en un contexto de internacionalización productiva, consolidación de las corporaciones transnacionales y generalización de políticas neoliberales. Estas orientaciones alentaron la competencia internacional por fabricar una amplia gama de productos, con sueldos irrisorios y altos niveles de explotación.
El segundo proceso de encarecimiento de las materias primas ha favorecido a los grandes exportadores de petróleo, minerales o cereales y constituye el resultado de un ciclo ascendente iniciado hace seis años. Esta fluctuación combina alzas coyunturales con una reversión del fuerte descenso precedente (1997-2002). Pero también pesa la demanda estructural generada por la industrialización asiática y la depredación de recursos naturales que impone la hiper-competencia capitalista.
La expansión productiva y comercial de la semiperiferia aumentó la gravitación financiera de sus protagonistas. El papel de los fondos soberanos asiáticos en el socorro de los bancos estadounidenses y la novedosa presencia de empresas multinacionales de ese origen constituyen dos expresiones de ese ascenso. Por el momento no se sabe si este avance desembocará en la consolidación de nuevas clases dominantes o concluirá con una abrupta contraofensiva de las potencias centrales.
Este segundo escenario de reacción imperialista predominó entre 1975 y 1982, luego de la etapa de encarecimiento de las materias primas, auge de los petrodólares y retroceso militar norteamericano post-Vietnam. Durante ese período existió una gran expectativa de constituir un Nuevo Orden Económico Internacional, asentado en la influencia alcanzada por el centenar de países que componía el bloque de los No Alineados.
Pero Reagan y Thatcher sepultaron esta esperanza mediante atropellos neoliberales, despliegues militares y aumentos de las tasas de interés. Ese golpe monetario provocó el desplome de exportaciones y la explosión de endeudamiento del Tercer Mundo, que condujeron a dos décadas de regresión en América Latina, África, Europa del Este y el mundo árabe. ¿Se repetirá esta contra-ofensiva? Las fuerzas para implementarla comienzan a prepararse, aunque con cartuchos neoliberales más humedecidos.
Al igual que el resto de la periferia la economía latinoamericana es receptora y no generadora de la crisis actual. Se encuentra más protegida de este temblor que en los años 80 o 90, pero a diferencia de China o el sudeste asiático no sustenta ese resguardo en un perfil industrial internacional competitivo. La región sufrió el impacto devastador de la apertura, las privatizaciones y la desregulación, mantiene bajas tasas de inversión y niveles de crecimiento inferiores a otras zonas periféricas.
La desigual dependencia que mantiene cada economía latinoamericana con el motor estadounidense determina un efecto diferente de la recesión en curso. Mientras México y Centroamérica se encuentran muy atados a ese epicentro, el Cono Sur es más autónomo. Esta asimetría es muy visible en el comercio exterior con Estados Unidos (80% México, 20% Brasil y 10% Argentina) y en la incidencia de las remesas de los emigrantes (muy superior en el hemisferio norte). También el encarecimiento de las materias primas es contradictorio. Los beneficios que obtienen algunos exportadores latinoamericanos constituyen padecimientos para los importadores regionales de los mismos productos.
A pesar del aumento de las reservas que se verifica en todas las economías latinoamericanas, la transmisión financiera de la crisis tiende a ser despareja. La desvalorización del dólar y la "fuga hacia la calidad" de los títulos públicos constituyen dos graves amenazas para las naciones más vulnerables. Los países que deben refinanciar su deuda se encuentran además afectados por el encarecimiento del crédito, que acompaña a las turbulencias bursátiles.
Pero todo dependerá en última instancia de la magnitud de la crisis. América Latina puede digerir una desaceleración coyuntural de la economía estadounidense, pero no una depresión profunda del mercado mundial. El escenario que predomine influirá significativamente sobre todos los proyectos de asociación regional.

AGOTAMIENTO DEL LIBRECOMERCIO

La crisis en curso socava todas las distintas iniciativas de libre-comercio que no pudieron encarrilarse luego del fracaso del ALCA. Esta asociación fue concebida a principios de los años 90 para apuntalar a las corporaciones estadounidense y sus socios locales, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Se intentaba reforzar una dominación imperialista clásica, combinando los viejos argumentos de las ventajas naturales con los nuevos espejismos de las privatizaciones.
Este esquema excluía la nivelación de los mercados de trabajo, el establecimiento de monedas comunes y la introducción de fondos de compensación para regiones desfavorecidas. Ampliaba las ganancias de los exportadores y las firmas más internacionalizadas, en desmedro de los sectores más dependientes de cada mercado interno. El proyecto quedó enterrado por conflictos entre empresarios, divergencias entre gobiernos y resistencias populares.
El gobierno de Bush buscó contrarrestar este resultado con la sustitución del convenio único por acuerdos específicos. Ya se han suscripto tratados con ocho países (México, Chile, Centroamérica) que generaron desprotecciones muy semejantes en los países latinoamericanos. Las monumentales asimetrías con el gigante del norte han provocado dramáticas consecuencias en el terreno agrícola, laboral o ambiental. Actualmente se negocian varios TLCs (Colombia, Perú y Panamá), mientras que otros quedaron suspendidos (Ecuador) y algunos formalmente aprobados enfrentan una activa oposición popular (Costa Rica).
Los tratados sufren también un creciente rechazo dentro de Estados Unidos. Los sindicatos y las empresas orientadas al mercado interno objetan el aumento del desempleo y la emigración de firmas hacia países con menores salarios. La mayoría demócrata en el Congreso retacea la aprobación de estos convenios, cuándo han caducado los mecanismos de vía rápida que utilizó Bush para viabilizarlos. La crítica a los TLCs se ha generalizado y existe una fuerte presión para revisar específicamente el NAFTA con México.
Esta oposición expresa la pérdida de iniciativa imperialista que acompañó al ocaso de Bush. Sus últimas giras por Latinoamérica desataron la burla de la propia prensa metropolitana, que comparó los magros réditos de estos viajes con las impactantes visitas realizadas en los años 60 por Eisenhower o Kennedy. Incluso se han deteriorado las alianzas que estableció el Departamento de Estado con presidentes derechistas como Calderón, ante la creciente persecución que sufren los indocumentados mexicanos. Las migajas de asistencialismo que ofrece la primera potencia para atenuar la pobreza regional (becas, ayuda), solo despiertan risas e irritación. Por estas razones América Latina se ha convertido en un gran escenario de manifestaciones antiimperialistas.
Resulta difícil dilucidar si el debilitamiento estadounidense favorecerá la expansión de los tratados de libre-comercio con Europa. La imagen de benevolencia que rodea a estos convenios ha quedado categóricamente desmentida por la letra chica de los acuerdos firmados con Chile, México o el MERCOSUR. En estos pactos están presentes las mismas exigencias neoliberales de propiedad intelectual, reducción arancelaria y protección de inversiones que caracterizaban al ALCA. Otro ejemplo de esta similitud se verifica en los nefastos efectos que generaron las privatizaciones perpetradas por empresas del Viejo Continente. En materia de aranceles o subsidios discriminatorios hacia las exportaciones latinoamericanas, la política comercial europea es un calco de la acción estadounidense.
Pero las prioridades geopolíticas de las corporaciones europeas se ubican en otras zonas del planeta (Este Europeo o África). Estas compañías no aspiran a desafiar la hegemonía regional de la primera potencia, aunque buscan participar en muchos negocios rentables de Sudamérica. El retroceso estadounidense podría abrirles una ventana para esta intervención, siempre que el agravamiento de la recesión no incremente el proteccionismo comercial en el Viejo Continente.
En cualquier alternativa España continuará jugando un rol importante, puesto que concentra el 50% de las inversiones europeas en Latinoamérica. Los capitalistas ibéricos reorientaron hacia sus viejos dominios coloniales, gran parte de los fondos de compensación que recibieron durante la unificación del Viejo Continente. Lograron capturar importantes tajadas de las privatizaciones (bancos, telecomunicaciones, energía) y crearon pequeñas multinacionales de cierto peso global (Endesa, Repsol, Telefónica) y fuerte sostén financiero (BBVA, Caixa, BSCH). Esta presencia ha generado un influyente lobby de firmas, que presiona a todos los gobiernos para lograr privilegios en electricidad (Nicaragua), tarifas (Argentina) o explotación petrolera (Bolivia). Cuándo el Rey recurre a la altanería colonialista ("Chávez, por qué no te callas") alza la voz en nombre de este grupo capitalista.
Pero en el tablero del libre-comercio también despunta China. Sus primeras incursiones han sido tan inesperadas, como su incipiente gravitación en puntos estratégicos del comercio exterior (Panamá y Ecuador). Las empresas asiáticas están particularmente interesadas en ampliar la explotación intensiva de los recursos naturales, que ya practican en África. En las negociaciones de tratados con Brasil y Argentina pudo notarse la actitud de gran potencia que adopta China, cuándo demanda garantías para exportar y salvaguardas para importar.
Pero estos avatares no modifican el agotamiento de la euforia en el libre comercio que predominó durante la década pasada. Con el fracaso del ALCA perdieron fuerza las privatizaciones y desregulaciones más descontroladas. Esta crisis se proyecta a numerosos planos de la política económica.

DETERIORO DEL NEOLIBERALISMO

Las obstrucciones que enfrentan los TLCs convergen con la declinación del neoliberalismo extremo. Ya no está de moda la desregulación de los mercados y la apertura comercial de los años 90. Durante ese período se perpetró en América Latina –al igual que el resto del mundo- una ofensiva del capital sobre el trabajo tendiente a revertir la contracción de la tasa de ganancia. Pero el resultado de esa agresión en la región fue muy contradictorio.
Las clases dominantes lograron deteriorar las conquistas sociales de los trabajadores, redujeron los salarios, aumentaron el desempleo y ampliaron la desigualdad. Pero no pudieron transformar estos éxitos patronales en una base sólida de la acumulación, en comparación a otras zonas de la periferia. En este plano se observa una diferencia sustancial entre la región y el Sudeste Asiático. La agresión patronal precipitó, además, un malestar popular que incentivó las rebeliones sociales y cambios gubernamentales que han modificado el rostro político de la zona.
La crisis del neoliberalismo extremo obedece tanto a la reacción por abajo, como a la gran pérdida de cohesión por arriba. La apertura comercial y desregulación financiera afectaron la competitividad de muchos grupos capitalistas y provocaron pérdidas de posiciones en el mercado mundial. Bajo el efecto de sucesivas crisis, la expansión internacional de importantes sectores patronales quedó obstruida. Esta limitación se verificó en el estancamiento del PBI per capita, en la caída de la inversión extranjera y en el desbordante endeudamiento de la década pasada.
Estos efectos no han anulado el perdurable rol del neoliberalismo como instrumento de agresión a los trabajadores. Tampoco han disipado su preeminencia económica en distintos países. Varios gobiernos derechistas (como Uribe y Calderón) –acompañados por el creciente ingreso de grandes empresarios a la política (Fox en México, Saca en El Salvador, Piñera en Chile, Macri en Argentina, Noboa en Ecuador)- preservan cursos neoliberales. Estas orientaciones benefician a los bancos, a las empresas privatizadas y a los grupos exportadores de materias primas. Pero también en estos países comienza a despuntar la misma tendencia hacia la estatización y el aumento del gasto público que se verifica a escala global.
Este acomodamiento se extiende, además, a ciertas administraciones de centroizquierda que profesan el social-liberalismo. Especialmente Bachelet recompone en Chile un esquema económico heredado del pinochetismo y la Concertación. Con un gabinete de tecnócratas librecambistas implementa ajustes que perpetúan la inserción del país como exportador de minerales, fruta, pescado y maderas.
Pero lo ocurrido en Chile también demuestra que neoliberalismo no es sinónimo de estancamiento. Esta política económica puede generar la regresión absoluta que se observó en Argentina, o el crecimiento social polarizado que se verificó en la nación trasandina. Es importante reconocer esta variedad de resultados, para recordar que el problema de la región no es el crecimiento sino los beneficiarios de ese avance.
El producto bruto aumentó durante dos décadas en Chile junto a la desigualdad social. Por esta razón la quinta parte más rica de la población se apropia actualmente del 56% del ingreso nacional, mientras que el quinto más pobre sólo obtiene el 4% de ese total. La precarización laboral es pavorosa (sólo el 10% de trabajadores participa en las negociaciones colectivas) y la privatización de las jubilaciones le que quitado protección social al 50% de trabajadores. Si este cuadro está cambiando es por el importante resurgimiento de las huelgas y las sublevaciones estudiantiles.
El prolongado crecimiento chileno bajo el neoliberalismo obedeció a las peculiaridades de una economía complementaria de Estados Unidos, que presenta una talla inferior a los países más industrializados de la región. Las clases dominantes impusieron el debilitamiento de los sindicatos y aprovecharon tanto la derrota popular, como la apoyatura social que logró la dictadura entre sectores de la clase media. Sobre estas bases preservaron la estatización del cobre y las reformas en el agro, como paradójicos complementos del neoliberalismo.
El ejemplo chileno confirma que bajo el capitalismo el crecimiento no es patrimonio de un sólo modelo. Esa expansión es compatible con una gran diversidad de esquemas, cuyos frutos dependen en mayor medida de las condiciones objetivas que de las políticas económicas. La ventaja que presenta cada país para la acumulación, su lugar en mercado mundial y la funcionalidad de sus recursos son más determinantes de ese resultado, que el grado de liberalismo o antiliberalismo predominante.

RESURGIMIENTO REGIONALISTA

El repliegue del libre-comercio contrasta con el reflote del regionalismo que encarna el MERCOSUR. Este reforzamiento expresa un giro de las principales clases dominantes de Sudamérica, que tienden a tomar distancia de la ortodoxia neoliberal en favor de cursos económicos más estatistas y autónomos del capital financiero internacional. Este viraje constituye una reacción frente a la pérdida de competitividad, que durante la década pasada impuso la fuerte concurrencia extra-regional y la desnacionalización del aparato productivo.
Este giro transforma al MERCOSUR. La asociación fue propiciada en los años 80 por las empresas transnacionales del Cono Sur para abaratar costos y reducir los aranceles, que obstaculizaban los procesos de fabricación articulados entre varios países. Se buscó, además, contrarrestar la estrechez de los mercados nacionales mediante una producción a escala regional.
Pero el convenio ya dejó atrás este propósito inicial y se ha convertido en un proyecto estratégico del conjunto de las clases dominantes. En este punto existe una clara diferencia con el ALCA y los tratados bilaterales. Los principales grupos empresarios locales mantienen una relación de rivalidad y asociación con el capital externo y propician el MERCOSUR como punto de conciliación entre ambas tendencias. En la medida que estos sectores no se han disuelto en la transnacionalización del capital deben dotarse de organismos afines a sus intereses.
Pero las clases dominantes de Sudamérica son internacionalmente débiles y su MERCOSUR enfrenta varios obstáculos estructurales. El tratado no ha logrado gestar autoridades estatales supranacionales y está sometido a la presión disgregadora que imponen los negocios extra regionales. Al conformar una entidad localizada en la periferia, Brasil no cumple el rol económico de Alemania y Argentina no juega el papel político que tiene Francia en el Viejo Continente. El acuerdo opera como Unión Aduanera precaria y Zona de Libre Comercio incompleta y su Parlamento regional permanece inactivo.
El MERCOSUR afronta múltiples conflictos internos que socavan su cohesión. Persisten las rivalidades comerciales entre Argentina y Brasil, que derivan del retroceso competitivo del primer país frente al segundo. Desde el 2003 el saldo comercial ha sido negativo para Argentina, a pesar del superávit que mantiene ese país con el resto del mundo. Argentina crece más que su vecino, pero su inferior competitividad lo obliga a importar más productos elaborados.
El tratado ha quedado, además, muy afectado por la controversia que suscitó la instalación uruguaya de plantas contaminantes de celulosa (de la empresa finlandesa Botnia) en la frontera con Argentina. El conflicto no pudo resolverse dentro del bloque y ha quedado sometido a un arbitraje de la Corte de La Haya. La instalación de la fábrica se consumó a través de un acuerdo bilateral (Uruguay-Finlandia), que rompe los principios de complementación del MERCOSUR.
El trasfondo del problema son las disparidades regionales que empujaron a Uruguay a considerar un eventual acuerdo bilateral con Estados Unidos. Este convenio es improbable, ya que no incluiría la apertura del principal mercado mundial para los productos agrícolas o ganaderos de la República Oriental. Es difícil que Uruguay renuncie al comercio más próximo y seguro que mantiene con Brasil y Argentina y algo semejante ocurre con Paraguay.
Pero el MERCOSUR es un gran cerrojo para las economías reducidas y por esta razón Bolivia elude el ingreso a la asociación. La tendencia a tantear acuerdos por fuera del tratado incluye, además, una negociación de Argentina con México, que afecta la cohesión de la asociación, ya que involucra convenios unilaterales con un socio privilegiado de Estados Unidos.
Sin embargo ninguno de estos conflictos ha impedido el actual resurgimiento del MERCOSUR. Este fortalecimiento expresa a escala regional, el mayor espacio global conquistado por las clases dominantes de la semiperiferia. Al igual que sus pares de otras zonas, los gobiernos sudamericanos cuentan con significativos excedentes comerciales y acumulan grandes reservas en los bancos centrales.
El reflote del MERCOSUR expresa, además, la novedosa expansión de las empresas transnacionales de base local. Las llamadas "multilatinas" o "translatinas" son compañías pertenecientes a capitalistas sudamericanos con fuertes inversiones externas y negocios a escala regional. Se han internacionalizado a un ritmo muy acelerado, concretando inversiones fuera de sus países por 40.091 millones de dólares en el 2006, es decir un volumen 120% superior al año anterior.
Varias firmas brasileñas integran este pelotón (Ameristeel, Petrobrás, Odebrecht), con dos compañías (Petrobrás y Vale do Río Doce) que han logrado situarse entre las 25 empresas no financieras más grandes del mundo. Durante el año 2006 las inversiones realizadas en el exterior por las empresas brasileñas superaron el ingreso de capitales al país.
Pero también algunas empresas mexicanas (Telmex, Cemex) y localizadas en Argentina (Techint) desenvuelven una dinámica semejante. Esta última firma encontró un nicho específico en la industria siderúrgica y se ha expandido a México, Estados Unidos, Venezuela y Rumania. Al igual que las restantes multilatinas, su prioridad es el mercado global o regional y no la industrialización nacional.
El complemento de este florecimiento es el repentino surgimiento de nuevos ricos como Slim en México, que ya disputa un puesto entre los millonarios más poderosos del continente. Los potentados brasileños subieron varios escalones (de la posición 18 a la 14) en ese ranking entre el año 2003 y 2005.
Los dueños de la mutilatinas ya no pertenecen a la vieja burguesía nacional latinoamericana que priorizaba el mercado interno y el desarrollo endógeno. Pero tampoco conforman una prolongación del capital extranjero. No están totalmente transnacionalizadas. Son un sector del capital local asociado con banqueros e industriales del Primer Mundo
El rol hegemónico de Brasil en este enjambre no se limita solo a la preeminencia de compañías y millonarios de ese origen, ni a la creciente relevancia de ese país como exportador de bienes agrícolas e industriales básicas. El mismo liderazgo se observa en la conducción brasileña de todas las negociaciones geopolíticas (conformación de un bloque Sur-Sur, alianzas con India, China y Sudáfrica) y comerciales ("Grupo de 20" en la OMC).
El correlato de este protagonismo es la presencia militar creciente del país (construcción de submarinos, reactivación del plan nuclear, acuerdos militares con Francia, comando de las tropas latinoamericanas en Haití) y su pretensión diplomática de ocupar un lugar en Consejo de Seguridad de la ONU.
Brasil ha reformulado a su favor el faraónico proyecto de 507 obras de infraestructura por 70 mil millones de dólares, que intenta conectar el Atlántico con el Pacífico sin pasar por el canal de Panamá. Esta red de hidrovías y carreteras denominada IIRSA ha sido asumida por las grandes empresas brasileñas como un proyecto estratégico. El plan será solventado en un 62% por recursos públicos, provocaría devastadores efectos ecológicos y acrecentará la subordinación de los países vecinos.
Pero la perspectiva de un MERCOSUR bajo total hegemonía brasileña no es un proyecto cerrado. Las elites del principal país sudamericano continúan jugando a dos puntas y no definen un lineamiento categórico. Oscilan entre el liderazgo zonal y la búsqueda unilateral de socios privilegiados por todo el planeta. Esta vacilación se traduce en conductas de abstención frente a conflictos regionales o en la promoción de iniciativas (como la Comunidad Sudamericana de Naciones), que no son consensuadas con los restantes países. En síntesis: las indefiniciones actuales del MERCOSUR son las indefiniciones de Brasil.

POLITICAS NEO-DESARROLLISTAS

El regionalismo del MERCOSUR es actualmente complementado por políticas económicas neo-desarrollistas, que presentan un cariz más industrialista. Este giro es limitado y no modifica los condicionamientos ortodoxos impuestos por los banqueros en el plano fiscal o en el control de la emisión. Tampoco se revierte la prioridad de las exportaciones, ni mucho menos la contención de los salarios o la expansión de la desigualdad. Pero el distanciamiento del libre-comercio induce a las clases dominantes sudamericanas a ampliar las regulaciones estatales y a reforzar los intereses de las corporaciones que operan a escala regional.
Esta orientación es muy visible en Argentina luego de una devaluación que eliminó la convertibilidad monetaria impuesta por los acreedores. El modelo en curso combina la tradicional centralidad del agro-negocio con fuertes subsidios a los industriales, para proteger a las clases dominantes locales de los financistas externos. Con este objetivo se instrumentó el canje de la deuda y la cancelación de las pasivos adeudados al FMI. Hacia el mismo propósito apuntan el mayor resguardo fiscal frente a futuras crisis y el abaratamiento de los costos industriales, propiciado mediante la regulación de los servicios privatizados.
La política neo-desarrollista apuntala beneficios empresarios que no se difunden a los salarios. El esquema actual convalida la informalidad del empleo, estimula elevadas tasas de explotación y traslada a los precarizados, la pobreza que durante la crisis golpeó a los desocupados. Por esta razón el incremento de la recaudación no ha incentivado ninguna modificación del sistema tributario regresivo.
Pero la estabilidad lograda con este modelo puede deteriorarse si se esfuman las condiciones que permitieron su despegue. Por un lado persiste el contexto internacional favorable de altos precios de las materias primas, pero varios años de reactivación han reavivado la inflación, en un contexto de baja inversión, agotamiento de la baratura de fuerza de trabajo y neutralización del efecto expansivo que generó la devaluación. El cóctel de inflación creciente e inversión reducida corroe al esquema actual.
La vigencia de un giro neo-desarrollista es un tema más controvertido en Brasil. Lula ha preservado un esquema de altas tasas de interés y prioridad de pago de la deuda que frenó el crecimiento. La continuada gravitación del capital financiero se verifica además en la tendencia a mayores ajustes para afrontar las consecuencias de la recesión norteamericana.
Pero estos signos de persistencia neoliberal convergen con la primacía asignada al agro-negocio y a la exportación industrial de productos básicos. En la alianza de los financistas con la burguesía exportadora hay lugar para los industriales de San Pablo y para los fabricantes volcados al mercado regional. La política económica regresiva tiende a amoldarse a la nueva coyuntura industrialista.
Esta adaptación obedece, además, al creciente liderazgo regional de la economía brasileña. A pesar del modesto ritmo de incremento del PBI, las empresas de ese origen continúan su sostenida expansión en la zona. Aquí se verifica un contraste con Argentina, que padece la expatriación de grandes capitales en el circuito financiero internacional y el continuado traspaso de firmas nacionales a propietarios extranjeros, especialmente brasileños.
Esta bifurcación de senderos que se observa entre las dos principales economías sudamericanas es una tendencia de largo plazo y relativamente autónoma de los vaivenes de la última década. Reafirma una inflexión de la primacía que tuvo Argentina durante la primera mitad del siglo XX, que consolida la conversión de ese país en un abastecedor de insumos del vecino hegemónico (repitiendo el esquema de Canadá frente a Estados Unidos). Las causas históricas que han empujado a la Argentina a este lugar en la división regional del trabajo son económicas (gravitación del lobby agrario), sociales (inseguridad de los capitalistas frente a los trabajadores), políticas (inestabilidad de los regímenes militares y civiles) e institucionales (ineficiencia de burocracia estatal). Estas características tienden a recrearse en el contexto de la nueva década.
Pero cualquiera sea la evolución comparada de Argentina y Brasil dentro del MERCOSUR y la primacía que alcancen las orientaciones neo-desarrollistas, esta asociación no ha dado lugar a mejoras populares. Por esta razón su resurgimiento no se traduce en avances sociales, ni en una disminución de la desigualdad. Este resultado induce a evaluar el rumbo de otros proyectos.

ALIANZA COOPERATIVA

La constitución de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) ha sido una importante iniciativa de los últimos años. Esta asociación surgió inicialmente con el intercambio que desarrollaron Venezuela y Cuba, pero estimuló posteriormente el surgimiento de nuevos criterios cooperativos para regular las relaciones económicas entre los países. Promueve sustituir los principios de competencia y libre-comercio por normas de complementación y solidaridad. Siguiendo estas reglas, Venezuela envía petróleo a Cuba a cambio de actividades educativas y sanitarias, que no se remuneran por los precios vigentes en el mercado internacional.
El ALBA pretende, además, perfilarse como un eje político antiimperialista. Los viajes de Chávez han apuntado hacia esa dirección al desafiar las visitas que realizó Bush. El mandatario venezolano promovió actos de rechazo al imperialismo en países lindantes (Argentina, en Nicaragua, Haití, Jamaica y Bolivia) con las naciones receptoras del presidente estadounidense (Brasil, Uruguay, México y Colombia). Esta acción incentivó grandes movilizaciones antiimperialistas.
Durante el bienio 2005-2006 el ALBA se expandió lentamente, a través de los convenios petroleros que Venezuela ofreció a los países más pequeños y pobres de la región. Estos acuerdos se extendieron a otras áreas con Bolivia, mediante la suscripción de un pacto más específico (TCP). Los acuerdos con Haití incluyeron varias formas de asistencia, con Nicaragua se acordó el ingreso al ALBA (a pesar del TLC que ese país mantiene con Estados Unidos) y con Ecuador se abrieron varias negociaciones. El grueso de los países involucrados soporta índices de miseria superiores al promedio regional y todos se caracterizan por una fuerte presencia de la movilización social.
Durante el año pasado el ALBA fue impulsado por la decisión de cuatro países de abandonar la comisión del arbitraje del Banco Mundial (CIADI) y formar conjuntamente un banco de la asociación. Se ha constituido un consejo de movimientos sociales que planea expandir el ALBA hacia las cooperativas, las empresas recuperadas y ciertos bloques políticos afines. Pero la iniciativa navega por aguas turbulentas, no sólo por la tensión política que sacude a Venezuela y Bolivia, sino también por las propias vacilaciones de sus impulsores.
Ciertos candidatos a integrarse al convenio como Ecuador buscan conciliar este ingreso con el reflote del CAN (Comunidad Andina de Naciones), un organismo que se ubica en las antípodas del proyecto antiimperialista. El CAN sucedió al Pacto Andino como puente hacia la suscripción de los TLCs e incluye al gobierno neoliberal de Uribe. La incompatibilidad del ALBA con este organismo salta a la vista.
Esta iniciativa constituye un esbozo de unidad regional muy alejado de los esquemas de integración que han propiciado las clases dominantes. Pero se ubica en un nivel de gestación inferior a los principales proyectos en curso y afronta el serio peligro de quedar sofocado por el MERCOSUR. Puede abortar antes de constituirse como un organismo de peso, si la asociación comercial de Venezuela con Argentina y Brasil se traduce en un congelamiento del ALBA.
Esta paralización se consumaría si las clases dominantes del Cono Sur logran neutralizar al proceso bolivariano, amoldándolo a las reglas económicas y exigencias políticas que gobiernan al MERCOSUR. Este objetivo promueven Kirchner y Lula, en oposición a los sectores más derechistas de ambos países, que impulsan el aislamiento de Venezuela. La primacía de uno u otro segmento no depende sólo del tablero político, sino de también de los intereses económicos en juego. Mientras que la burguesía brasileña tiene muchas opciones abiertas, sus pares de Argentina han encontrado en el socio del Caribe un inesperado nicho de negocios.
Pero ambos gobiernos trabajan para diluir el ALBA, acelerando por ejemplo la simbólica suscripción de un convenio de libre comercio entre Israel y el MERCOSUR. El significado político de este tratado es tan evidente como su irrelevancia económica. Apunta a limitar los vínculos que ha Chávez establecido con los palestinos y el mundo árabe. Esta política busca también diluir las propuestas reformistas que se debaten en la región.

ENERGÍA Y FINANZAS

La aparición del ALBA coincide con medidas de nacionalización de los recursos naturales en varios países de Sudamérica. En Venezuela el desplazamiento de la alta burocracia de PDVSA revirtió el manejo transnacional de esa empresa y la renegociación posterior de varios contratos permitió reforzar la presencia estatal en este sector. En Bolivia la intención de nacionalizar los hidrocarburos comenzó con un simbólico acto de fuerza (ocupación militar de los yacimientos) y fue seguida por una dura renegociación de convenios con diez compañías. Estas tratativas apuntan a recapturar la renta estatal luego de varias décadas de privatización neoliberal.
Las estatizaciones son favorecidas por un encarecimiento del petróleo que estimula el control nacional de este recurso (ya ejercido sobre el 77% de las reservas mundiales) y afianza a las empresas estatales (que abarcan a 14 de las 20 principales compañías globales).
Las nacionalizaciones contrastan con el curso privatista que prevalece entre los suscriptores de los TLCs y los líderes del MERCOSUR. En el primer grupo se verifica un nuevo intento de traspasar Petróleos Mexicanos (PEMEX) al sector privado. La compañía ocupa el sexto lugar en el ranking mundial del sector y aporta el 40% de los recursos al presupuesto estatal. Pero desde hace 20 años soporta un proceso de endeudamiento y vaciamiento programado, que tiende a imponer una liquidación semejante a la perpetrada con YPF de Argentina durante los años 90.
Luego de capturar esta empresa, REPSOL aprovechó las exploraciones ya realizadas para desenvolver extracciones sin inversión que agotaron los yacimientos conocidos. Consumada esa depredación la petrolera española ha decidido diversificarse hacia otros países, transfiriendo una porción minoritaria del paquete accionario a nuevos socios argentinos.
La nacionalización es el único medio para frenar esta variante de puro saqueo. Pero en su implementación hay que forjar compañías estatales genuinas y no fachadas formales, semejantes a PETROBRAS de Brasil. Esta empresa opera en el ámbito del estado, pero el 60% de su paquete accionario está controlado por fondos de inversión que cotizan en las Bolsas internacionales. Sus directivos son acérrimos enemigos de cualquier iniciativa soberna y reaccionaron con furia frente a la estatización resuelta por Bolivia. Han expresado públicamente la misma irritación que los industriales de San Pablo, ya que ambos socios han lucrado tradicionalmente con el gas barato del Altiplano. Los dos sectores presionan a Lula para que adopte una actitud dura en la renegociación actual de los contratos.
La nacionalización de la energía choca también con el aliento brasileño y estadounidense a los biocombustibles. Para mantener el patrón de consumo derrochador que ha impuesto la industria automotriz se incentiva una conversión de alimentos en combustibles, que encarece la nutrición básica de la población. La siembra para combustible afecta directamente a los hambrientos (53 millones solo en Latinoamérica) y exige la utilización de agro-químicos, que generan nefastos efectos sobre el medio ambiente. Especialmente el etanol producido en Brasil en base de la caña de azúcar acentúa el desmonte de la Amazonia, la expansión de un monocultivo y la concentración de la propiedad territorial.
Los choques entre proyectos energéticos estatales y privados amenazan también el intento de gestar una red interconectada de gasoductos sudamericanos, ya que Brasil ha bloqueado todas las iniciativas que afectan su hegemonía. Pero tampoco los procesos de nacionalización presentan hasta ahora un perfil nítido. Los problemas no radican sólo en el alcance de la estatización, sino también en el destino asignado a la nueva renta. Estos recursos pueden impulsar el desarrollo de una economía popular o favorecer los negocios de los grupos capitalistas. La nacionalización es una condición necesaria, pero no suficiente para gestar modelos productivos que beneficien a los oprimidos.
En la agenda de la unión latinoamericana el tema energético comparte la primacía con el problema financiero. Aquí la deuda ocupa un lugar preeminente, pero coyunturalmente menos explosivo. El prolongado crecimiento de los últimos años ha bajado la incidencia de los pasivos, aunque esta disminución es más limitada si toma en cuenta la tendencia a intercambiar deuda externa por interna.
Durante la década pasada se discutió en varias oportunidades la necesidad de suspender los pagos. Las erogaciones actuales desaprovechan la oportunidad de utilizar los recursos financieros acumulados para concretar mejoras populares. Algunos gobiernos simplemente mantienen el cumplimiento puntual de los compromisos sin revisar su contenido (Colombia, Perú). Otros han recurrido a canjes para despejar los negocios de las clases dominantes, colocando bonos en países de la región (Argentina con Venezuela). Estas operaciones han facilitado pingues ganancias para los intermediarios financieros.
Pero también se ha evaluado un modelo de auditoria para distinguir las deudas legítimas y considerar la suspensión de obligaciones de origen fraudulento. El objetivo sería fijar un límite a estas erogaciones en función de prioridades educativas y sanitarias (Ecuador). Estas medidas son indispensables en muchos países chicos agobiados por la carga de la deuda. Los argumentos para implementar estas medidas son abrumadores y existe jurisprudencia para exigir indemnizaciones por operaciones ilegítimas. Pero este curso requiere retomar las campañas generales por un frente de los deudores.
El mismo tipo de dilemas rodea a la iniciativa de un Banco del Sur. Esta entidad es necesaria para asegurar la autonomía financiera de la región, orientar préstamos hacia los sectores prioritarios y avanzar hacia la creación de una moneda común. Un organismo de ese tipo permitiría evitar los condicionamientos que imponen los acreedores externos asociados con el Banco Mundial y el BID.
El establishment de los banqueros se opone a esta iniciativa, argumentado que ningún organismo protege a la zona de los contagios que desata una gran crisis. Pero este criterio contradice sus alabanzas al FMI y los organismos multilaterales. Es evidente que los financistas simplemente se oponen a cualquier idea que afecte su parasitario negocio.
Tampoco Brasil se ha mostrado muy favorable al Banco del Sur, ya que teme perder la primacía de su BNDES. Acepta un banco para actuar en situaciones de crisis, pero no una entidad con propósitos de inversión consensuada. Frente a esta resistencia Argentina impulsó el proyecto con Venezuela, buscando alumbrar un organismo capitalizado con reservas y fondos de pensión. A estas negociaciones finalmente se sumó Brasil y la entidad en creación actuaría como apéndice del MERCOSUR. En este caso orientaría los créditos hacia las necesidades de las multilatinas.
También se ha discutido un modelo impulsado por Ecuador de carácter más cooperativo. Incluye la igualdad de voto en el directorio por países y no en proporción al capital aportado, con el objetivo de financiar proyectos sociales del sector público e infraestructuras de las regiones más rezagadas. Pero este esquema no parece prosperar a medida que el banco asume formas concretas. Por un lado gana terreno la idea de gestar un fondo mutuo de prevención, semejante al creado en Asia por China, Japón y Corea y por otra parte Brasil está forzando un diseño que no afecte su hegemonía regional.

POLITICAS DISTRIBUCIONISTAS

Las orientaciones económicas de los gobiernos nacionalistas radicales contienen muchos componentes neo-desarrollistas, pero presentan un cariz más estatista y una impronta distribucionista ausente en las administraciones de centroizquierda.
El aumento del gasto social ha sido una prioridad en Venezuela, mediante erogaciones que insumen casi la mitad del presupuesto. Estas coberturas se han incrementado durante en la reciente coyuntura de alto crecimiento y políticas fiscales expansionistas. La ampliación de las estatizaciones apunta también a sostener este flujo de fondos hacia los sectores más empobrecidos.
Con el mismo propósito se extendieron las estatizaciones hacia otros sectores (telefonía, electricidad, agua), pero negociando en todos los casos indemnizaciones o consensuando nuevos contratos con los grupos empresarios. La política de alta inversión pública y regulación estatal no vulnera los cimientos de la economía capitalista y esta preservación abre serios interrogantes sobre la consistencia y profundidad de las reformas sociales.
Pero, además, persisten los problemas estructurales de una economía petrolero-rentista, históricamente afectada por el estancamiento agrario y la bajísima industrialización. Se puso en marcha una reforma agraria que incide sobre una porción menor de la tierra cultivable y no se ha logrado hasta ahora contrarrestar la insuficiencia alimenticia También se han encarado varios proyectos industriales, pero el ritmo y perfil de estas iniciativas no alcanzan para resolver el desempleo, ni para ampliar significativamente la creación de puestos de trabajo. Esta gestación es indispensable para superar la cultura de derroche e ineficiencia legada por el modelo rentista.
El reformismo distribucionista coexiste con proyectos capitalistas, asentados en alianzas internacionales con grandes multilatinas. Techint es por ejemplo propietaria de una gran acería, que ha sido excluida de las nacionalizaciones. Más relevante aún es la persistencia de los privilegios otorgados a los bancos, que acumulan enormes ganancias de intermediación mediante la compra-venta de títulos públicos. Estas operaciones enriquecen a la "boli-burguesía" que prospera a la sombra del gobierno, exhibiendo niveles de ostentación propio de la era neoliberal.
La política oficial de conflictos y concesiones hacia las clases dominantes se traduce en fuertes tensiones económicas de corto plazo (inflación elevada, escasa inversión privada, incertidumbre cambiaria, huida de capitales y dificultades para administrar los controles de precios). Pero el mayor problema de este clima son las manifestaciones de descontento popular, que pueden derivar en la apatía política que tanto anhela la derecha. El neo-desarrollismo reformista que se intenta en Venezuela es muy distinto de su equivalente regresivo de Argentina o Brasil, pero es totalmente insuficiente para desenvolver un proyecto de crecimiento con igualdad social.
También el gobierno de Bolivia busca transitar por un sendero que concilie la introducción de mejoras populares con la continuidad del capitalismo. En los últimos tres años la tasa de crecimiento repuntó junto a la expansión de las exportaciones, pero el distribucionismo efectivo es muy estrecho en un país tan pobre. En un contexto de generalizado predominio del trabajo informal, las mejoras en el empleo y el salario han sido muy pequeñas. Los violentos choques con la oligarquía –que intenta impedir el establecimiento de una renta estatal para los jubilados- ilustran cuán tenso es el clima político que rodea a las reformas.
Un área central de esta confrontación es la reforma agraria, que inicialmente se restringía a una magra distribución de tierras fiscales. Un giro hacia reformas radicales -afectando los latifundios en manos de corporaciones extranjeras- permitiría cambiar de plano la dramática desigualdad que corroe al agro (el 87% de tierra se encuentra en manos del 7% de población). También la deuda -que hasta hace dos años equivalía a la mitad del PBI- es un área sensible, ya que impone gravosos pagos de intereses.
Pero el futuro del proyecto reformista se juega en la nacionalización de los hidrocarburos. Esta iniciativa comenzó con mucha fuerza, pero se está diluyendo en un curso muy tenue. El gobierno ha logrando renegociar contratos con mayores regalías para el estado, pero abona indebidas indemnizaciones, cancela juicios contra las compañías y acepta en la letra chica de los nuevos convenios, muchas exigencias de esas empresas. Además, mientras extiende las nacionalización con indemnizaciones a sectores cuya prioridad y conveniencia son discutibles (telecomunicaciones, ferrocarriles), acepta contrataciones privadas en áreas estratégicas de la minería.
El intento de combinar neo-desarrollismo con redistribución del ingreso se inspira en la hipótesis de superar el atraso del país, con la reconversión industrial de la renta que generan los hidrocarburos. Pero la experiencia ha demostrado cuán reducido es el margen para avanzar hacia este objetivo, en los países periféricos que preservan el capitalismo.
En Bolivia se verifican todas las contradicciones del distribucionismo en regiones acosadas por la miseria. Este intento precipita furibundas tensiones con la oligarquía, sin garantizar la implementación de las medidas populares perentorias. Si se persiste en este camino intermedio, puede perderse la oportunidad para introducir las transformaciones sociales requeridas para revertir la historia de opresión y despojo que ha padecido el Altiplano.
En Ecuador todas las expectativas de cambio se concentran en las reformas que discutirá la Asamblea Constituyente (reducción de la autonomía del Banco Central, consagración de la propiedad pública del agua potable y las telecomunicaciones, etc). Pero esta instancia representa tan solo un campo de confrontación en la batalla por introducir mejoras sociales. Ecuador no tiene la espalda petrolera de Venezuela, pero cuenta con un margen de acción política superior al vigente en Bolivia. Es un país pequeño y pobre, tradicionalmente dominado por las oligarquías de la costa y la sierra, que ha sufrido una crisis económica de proporciones bíblicas (exilio económico de un millón y medio de personas, desempleo de dos tercios de la población económicamente activa).
El nuevo gobierno ha priorizado el gasto social (duplicando las erogaciones en el principal bono de asistencia) e introdujo ciertas mejoras en la educación, los salarios y el cobro de impuestos. Pero en el punto crítico de la deuda persisten las oscilaciones entre pagar, introducir un canje o implementar en forma consecuente una auditoría. Los desembolsos comprometen un elevado porcentaje del presupuesto y representan una dura sangría para el país.
Las mismas indefiniciones se observan en el terreno de los contratos petroleros. No se habla de nacionalizar y persiste un modelo de exportación de crudo e importación de derivados. Tampoco ha sido abandonado el proyecto geopolítico de conformar un eje Manta-Manaos, que convertiría a Ecuador en un país de tránsito entre Brasil y China. La expectativa de resolver los problemas estructurales con los ingresos del petróleo carga con la misma cuota de ilusiones que presenta este proyecto en el Altiplano.
Las disyuntivas que enfrentan Venezuela, Bolivia y Ecuador se dirimen en el terreno político y reproducen los dilemas afrontados en el pasado por todos los gobiernos nacionalistas radicales. Estas encrucijadas tuvieron desenlaces negativos de golpes derechistas (Chile con Pinochet), retornos electorales de los conservadores (Nicaragua luego del Sandinismo) o involuciones hacia formas de capitalismo de estado (revolución mexicana). La repetición de estos escenarios constituye el principal peligro de estos procesos, que también podrían avanzar por un camino anticapitalista.

RADICALIZACIÓN SOCIALISTA

Las políticas distribucionistas asociadas con programas de unidad regional cooperativa constituyen eslabones potenciales de la unidad socialista de América Latina. Pero este curso requiere adoptar drásticas medidas de redistribución del ingreso y reducción de la desigualdad a favor de los oprimidos. Esta orientación implica sustituir el barómetro de la ganancia empresaria por un criterio de satisfacción de las necesidades populares.
La prioridad de este programa es resolver los dramas sociales de una región corroída no solo por la pobreza, el desempleo y la explotación. América Latina soporta también un abismo de desigualdades sociales, superior a cualquier otra zona del planeta. La diferencia que separa al 10% más rico del 10% más pobre alcanza 157 veces en Bolivia, 57 veces en Brasil, 76 veces en Paraguay, 67 veces en Colombia, 46 veces en Ecuador y 39 veces en Chile. El caso brasileño es más significativo por la dimensión y poderío económico del país. Allí el 10 % más rico posee casi el 75% de la riqueza total, mientras que el 90% más pobre se queda solamente con el 25%.
La juventud de la región sufre estos tormentos sociales en forma redoblada, al soportar una a tasa de desempleo que duplica el promedio general. Hay más de 50 millones de jóvenes fuera del sistema educativo y 20 millones de menores de 14 años trabajando en condiciones infrahumanas. La unidad regional carece de sentido si no avanza hacia la resolución inmediata de estas desgracias. Ese proyecto únicamente conquistará legitimidad popular, mediante estrechos compromisos con la adopción de reformas sociales radicales.
Este rumbo exige adoptar políticas económicas de izquierda que apuntalen una transición anticapitalista, mediante contundentes batallas contra el neoliberalismo y el imperialismo. El secreto de este proyecto no radica en algún instrumento económico (como el fiscalismo progresivo), sino en la decisión de oponerse al capitalismo y avanzar hacia el socialismo. Esta dinámica de radicalización política siguió la revolución cubana y aunque los ritmos actuales difieren del pasado, una prolongación del status quo impedirá transitar ese camino de emancipación social.
La disyuntiva real no gira en torno al modelo económico, sino al sistema social. El socialismo es la única alternativa efectiva frente al neoliberalismo del ALCA y el neo-desarrollismo del MERCOSUR. Esta perspectiva ha reaparecido en América Latina y exige una acción conjunta, basada en propuestas de gestación de una sociedad igualitaria. Esta perspectiva se contrapone al imaginario neoliberal de mercado perfecto y al ideal keynesiano de regulación estatal.
Las rebeliones sociales permiten desenvolver este proyecto y avanzar hacia la reconversión de las resistencias populares en alternativas radicales. El socialismo constituye esa opción, frente a la crisis de la hegemonía neoliberal y la erosión del intervencionismo imperialista. América Latina transita por una nueva etapa histórica y volverá a dirimir su futuro entre dos perspectivas: recrear la opresión o liberar a la sociedad de la tiranía del capital.

Buenos Aires, 13-3-08

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Fuente: lafogata.org