Zoraida Portillo
Especial de SEMlac

Las mujeres se han convertido en protagonistas de primera línea en el conflicto amazónico que mantiene enfrentado al estado peruano con las etnias de la selva de este país.
La única persona dentro del gabinete de Alan García que ha tenido el gesto de renunciar, por estar en desacuerdo con el tratamiento que el gobierno viene dando al conflicto, ha sido la Ministra de la Mujer, Carmen Vildoso.
En contraste, otra mujer, Mercedes Cabanillas, dirige el ministerio del Interior desde donde se ordenó el operativo de desalojo de los nativos en el nororiente peruano, el viernes 5 de junio, que dejó un saldo oficial de 34 personas hasta el momento. (ver: "Perú: Desconcierto impera entre nativos tras masacre").
La Defensoría del Pueblo, entidad que realiza denodados esfuerzos por atender los derechos humanos de ambos bandos y averiguar el número exacto de víctimas, también está dirigida por una mujer: Beatriz Merino y, la Fiscalía de la Nación, que debe investigar los sucesos ya mencionados, también tiene como jefe a una mujer, Gladys Echaíz.
Por el lado de los nativos, una diminuta mujer de la etnia yine, Daysi Zapata, ha asumido la representatividad de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), debido a que su presidente, Alberto Pizango, se ha asilado en la embajada de Nicaragua. Finalmente, quienes tocan puertas y buscan desesperadamente información sobre sus familiares desaparecidos durante estos enfrentamientos son desconsoladas mujeres nativas.
Una renuncia digna Inmediatamente después de su renuncia, Carmen Vildoso recibió una andanada de críticas de parte de voceros del partido gobernante, del cual ella no es miembro. Jorge del Castillo, ex primer ministro, llegó a calificarla de "cobarde" e "incapaz", poniendo en tela de juicio su gestión, lo que de inmediato fue refutado por diversos sectores.
En declaraciones a la prensa, Vildoso aclaró que renunció porque el ejecutivo trató los problemas de la amazonía con 'incomprensión', sin tomar en cuenta las advertencias que el interlocutor de las etnias amazónicas, Alberto Pizango, había advertido con anterioridad sobre la posibilidad de un enfrentamiento armado, porque los nativos estaban dispuestos a defender sus tierras con su vida.
Posteriormente a su renuncia, la periodista Rosa María Palacios, en su programa de TV Prensa Libre, reveló que el Instituto Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (INDEPA), adscrito al Ministerio de la Mujer y mediador natural en el conflicto, estaba dirigido por un alto militante del partido gobernante, Miguel de Loayza, quien utilizaba esas oficinas para sus asuntos partidarios.
Aunque la ministra dijo desconocer la filiación política de Loayza, sí señaló que el INDEPA nunca se pronunció ni sobre los decretos legislativos causantes del conflicto ni sobre éste. Una de las primeras acciones de la nueva ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, quien fue trasladada del Ministerio de Vivienda, ha sido declarar en reorganización a INDEPA.
Sin embargo, los observadores no creen que Vílchez vaya más allá, puesto que ella es también militante del partido de gobierno.
Ministra del Interior: no fue mi culpa Por su parte, la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ha dicho que no renunciará y ha tenido frases desafortunadas contra Pizango, del que dijo debería tener 'cadena perpetua' -lo que según fuentes de la AIDISEP habría precipitado su asilo en la embajada de Nicaragua-, y contra una congresista de la oposición a la que le preguntó "¿Qué hace una vendedora de gas en el Congreso?".
Sin embargo, ha intentado hacer un descargo de su responsabilidad sobre los sucesos del viernes 5 de junio. En declaraciones al diario La República señaló que el operativo policial de desalojo no fue ni de su conocimiento ni del Presidente de la República, sino una decisión del comando policial y que ni siquiera conocía al detalle el informe de Inteligencia sobre el lugar.
Pero, si con esa entrevista Cabanillas pretendía tomar distancias del cruento desalojo, inmediatamente un sector de la prensa y los analistas le han recordado que los ministros son los responsables políticos de los actos que competen a su sector.
En respuesta, Cabanillas ha dicho que quienes la critican pretenden desacreditar su probable candidatura presidencial en 2011. Es un secreto a voces que Cabanillas es una de las mejores opciones del partido gobernante para hacerse nuevamente con la presidencia de la república, dada no solamente su condición de mujer sino el ascendiente del que gozaba entre las mujeres antes de estos sucesos.
Pero, a decir de muchas feministas, con estos actos Cabanillas no ha hecho sino revelar lo que ocurre a muchas militantes políticas: que su accionar es típicamente masculino y dista bastante de una perspectiva de género.
Razones estrictamente humanitarias Diametralmente opuesto ha sido el comportamiento de la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, quien desde el primer momento dispuso el traslado de defensores a la zona en conflicto, donde la Defensoría no tiene oficinas.
"Nunca hubiera querido tener que hablar con los nativos, con los policías y sus familiares... ha sido una situación muy dolorosa", reconoció durante una reunión con los corresponsales extranjeros en la que SEMlac estuvo presente.
Ella se trasladó a Bagua al día siguiente de los sangrientos enfrentamientos.
"Nuestra obligación es prestar apoyo para que se esclarezca la verdad de los hechos, la evaluación de lo ocurrido no nos corresponde", afirmó cuando se le preguntó por la cifra tan baja de nativos muertos, cinco, pese a haber más de cien nativos heridos de bala y denuncias de muchos desaparecidos. La relación de muertos, heridos y personas sin reubicar ha sido colgada en la página web de la Defensoría (www.defensoria.gob.pe) y se va actualizando conforme se reciben nuevos informes.
A quien sí corresponde la evaluación de lo ocurrido en Bagua y otras localidades de la selva peruana es a la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien sin embargo ha preferido guardar un perfil bajo frente a los enfrentamientos. Desde que se conocieron las primeras informaciones, Echaíz fue requerida por medios de prensa nacionales y extranjeros, SEMlac entre ellos, pero sin resultado.
Recién el sábado se reunió con representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), a los que garantizó una investigación "con total autonomía y de acuerdo a ley".
El llanto de las nativas "Estoy aquí como mujer, con la conciencia limpia para recuperar los cadáveres de mis familiares y de mis paisanos, y llevarlos a enterrar allá adentro, en su tierra, eso para nosotros es muy importante...". Con estas palabras, Nélida Calvo se dirigió a las autoridades de Bagua, a fin de que le brinden facilidades a ella y a otras mujeres wambisa para buscar a sus fallecidos.
Como ella, decenas de mujeres de diferentes etnias han iniciado un doloroso peregrinaje ante las defensorías, los hospitales, la morgue y las iglesias de las zonas nororientales del país en busca de sus compañeros. Muchos llevan ausentes de sus comunidades desde el inicio del conflicto, el 9 de abril, y no se conoce su paradero.
"Para las mujeres esta es una tarea doblemente difícil. En primer lugar porque muchas están llegando por primera vez a los centros poblados fuera de sus comunidades, no conocen el idioma, tienen sus propias costumbres, y en segundo lugar porque para cualquier ser humano la búsqueda de un familiar desaparecido es algo desgarrador", dijo a SEMlac Felipe Buendía, antropólogo que trabaja con comunidades awajuns.
El número exacto de víctimas es algo difícil de determinar para las autoridades, dirigentes indígenas y periodistas. Los rumores sobre fosas comunes han sido desvirtuados uno a uno, sin embargo, más difícil de probar -o de descartar- son las versiones sobre nativos arrojados al río por la policía.
"Si un cuerpo es arrojado a un río de la selva, las probabilidades de que su cuerpo aparezca son remotas porque existen muchos animales que darían fácil cuenta de él, como las pirañas, los caimanes, etc. a lo que se añade que el cuerpo puede ser varado en la inmensidad de la selva", dijo a SEMlac Lucero Schmidt, enfermera oriunda de San Martín, departamento de la selva peruana.
Por su parte, Cecilia Vignolo, defensora adjunta de Derechos Humanos de la Defensoría, confirmó que los rumores de nativos tirados al río o incluso quemados es una constante en el relato de los nativos, "pero lo cierto es que hasta ahora no hemos podido probar un solo caso", dijo a SEMlac. Y la Defensoría trabaja solo sobre hechos concretos.
Diez días después de la masacre de Bagua, los pronósticos no son buenos. La semana comienza con un paro de las etnias de la selva central (yaneshas y asháninkas, principalmente) que ya han bloqueado algunas carreteras y cortado el suministro de alimentos y combustibles a y desde los Andes centrales.
Nuevamente las protagonistas son mujeres: desde las propias nativas -que esta vez están decididas a acompañar a sus esposos y familiares-, hasta alcaldesas, como la de Yurimaguas, Juanita Tuesta, que ha llegado a un acuerdo con los nativos para abrir la carretera en horarios respetados por ambas partes; o la vice presidenta de AIDESEP, Daysi Zapata, de la etnia Yine, madre de 3 hijos y con la difícil misión de mantener la vigencia de la mayor organización de los nativos amazónicos frente a los intentos gubernamentales de desacreditarla.