Revista Pueblos

La situación de los derechos humanos en México es resultado, entre otros factores, de la pugna que existe entre la llamada seguridad nacional y el crimen organizado, en donde la población en determinadas zonas del país queda al margen o, en el peor de los casos, es utilizada como medio de justificación ante la militarización y presencia excesiva de cuerpos de seguridad federales, estatales, municipales y especiales. Esta presencia genera confusión y miedo entre las personas, así como la dificultad en la identificación de quiénes cometen violaciones de los derechos humanos, por la complejidad y la saturación de cuerpos de seguridad pública presentes.

El miedo es real en cada una de las calles de Ciudad Juárez. Es una mezcla entre el aroma a muerte, impunidad, impotencia, rabia, terror y dignidad que invade a las personas que luchan cada día por mantener la vida y la integridad ante la oferta y la demanda de seguridad que se impone desde el gobierno federal. El coste de esta política ha sido la vida de aproximadamente 23.000 personas en el país hasta junio de 2010, resultado de la violencia y su recrudecimiento durante el período de la Presidencia del Sr. Felipe Calderón Hinojosa.

Ciudad Juárez es la muestra de lo que se gesta en México. Por un lado es una ciudad que genera una riqueza que se puede comparar al producto interno bruto de algunos países de Centroamérica, pero con una población en su mayoría en condiciones de exclusión y un nivel de desarrollo social casi inexistente. Encontramos una infraestructura de la ciudad precaria, con pocos espacios públicos donde se genere participación ciudadana, sistemas de transporte público de los años cincuenta, colonias en la zona sur y poniente de la ciudad sin los servicios públicos básicos, como agua potable o pavimentación de calles.

También encontramos a las familias que tradicionalmente han ostentado el poder económico e influido en el político. Un pequeño grupo que concentra la riqueza, ante la miseria en la que se encuentran varias zonas de la ciudad. Basta ver los fraccionamientos que se levantan detrás de los muros, que no son únicamente físicos, y que dicen mucho de la indiferencia de determinados sectores y de la forma de relacionarse con el resto de la sociedad.

No es gratuito que la mayoría de las personas que son asesinadas en Ciudad Juárez provengan de extractos económicos bajos, ni que la justicia para determinadas personas sea una ausencia prolongada, o que incluso exigirla pueda costarles la vida.

Un ejemplo reciente de esta realidad es el caso del feminicidio de Marisela Escobedo, defensora de derechos humanos, el pasado 16 de diciembre de 2010, en plena puerta del Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua, donde se encontraba desde hace unos años, reclamando justicia por el feminicidio de su hija en 2008, Rubí Marisol Frayre, realizado por su pareja, Sergio Rafael Barraza.

A pesar de que Marisela había recibido amenazas, las autoridades no llevaron a cabo acciones que protegieran la integridad y vida de esta defensora. La lucha para que el asesinato de su hija no quedara en la impunidad le costó la vida, impunidad que esperamos no se extienda a su propio asesinato. El exilio de sus hijos tras el asesinato de su madre dice mucho de la falta de respuesta ante la demanda de justicia que tanto anhelaba Marisela.

En enero otra defensora de derechos humanos fue asesinada. Está vez se trató de Susana Chávez, poetisa y creadora de la frase "Ni una más", en relación a los feminicidios producidos en Ciudad Juárez desde 1993.

Todo esto es un ejemplo de la situación a la que se enfrentan las defensoras de derechos humanos de mujeres en Ciudad Juárez, sin mencionar los hostigamientos y amenazas que han recibido otras que, por miedo a las represalias y ante la respuesta de las autoridades, han optado por no denunciar.

Ante este panorama, ¿qué se puede esperar de los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez? No existen garantías para denunciar sin riesgos. Las posturas machistas están a la orden del día: se descalifica el trabajo de las activistas, se objetiviza a las mujeres, y las violaciones de sus derechos se justifican mediante sospechas sobre su comportamiento, con una postura moralista y conservadora.

A las mujeres que han sido asesinadas en Ciudad Juárez se las ha querido vincular con su participación en el crimen organizado. Es necesario recordar que, dentro del Estado de Derecho que se encargan de aparentar, las instituciones de procuración de justicia tienen la encomienda de llevar a cabo las investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad y aplicar la sanción correspondiente, y no justificar la muerte de las mujeres por su supuesta participación en actos delictivos.

El argumento de la sospecha es algo frecuente que emplean las autoridades, así como el de la seguridad nacional, que pretende pasar por encima de los derechos humanos con tal de garantizar una supuesta tranquilidad que, en todo caso, se encuentra alejada de la dimensión ciudadana y humana. Ya así lo ha señalado Human Rights Watch en su informe anual, al afirmar que el derecho mexicano no ofrece una protección adecuada a las mujeres y niñas en temas de violencia doméstica y abuso sexual.

Ciudad Juárez está conformada por una migración interna que ha gestado una sociedad diversa, resultado de la búsqueda de una vida mejor y que, entre otras cosas, es resultado de la expulsión y el desplazamiento de las personas dentro del país. Parece una suma de violaciones de los derechos humanos, por grupo, género, edad, condición social y en muchos casos por nacionalidad.

Aunado a ello tenemos los efectos de lo que ha sido la cooperación estadounidense, con la Iniciativa Mérida. Hasta el 2010 se habían destinado 1.300 millones de dólares a México, para la lucha contra la violencia que generan las drogas, para proporcionar habilidades técnicas y asistencia para la profesionalización de la policía, la reforma judicial y penitenciaria, el reforzamiento de las tecnologías de información, el desarrollo de infraestructura, la seguridad fronteriza y el fomento de una cultura de legalidad.

Esta cooperación es muy dudosa por los resultados que está generando, como se puede apreciar en el testimonio del informe de WOLA y el Centro ProDH, donde se relata el abuso de elementos del ejército mexicano y de policías hacia dos mujeres en Ciudad Juárez. La presencia de estos cuerpos de seguridad en la ciudad es constante, así como los procedimientos que emplean para realizar revisiones, los horarios y zonas por donde circulan, su ausencia cuando existen enfrentamientos, privaciones de la libertad y secuestros.

Las niñas y las adolescentes, ante un panorama de desempleo y un sistema de educación obsoleto, sufren una situación de riesgo y vulnerabilidad mayor. A ello se suman los efectos de la violencia en las escuelas, tal como demostró en diciembre de 2010 la evaluación de los puntos de la Estrategia Todos Somos Juárez (realizada por un grupo de organizaciones) sobre educación y seguridad. Las adolescentes hablaron sobre cómo la violencia se reproduce en el interior de las escuelas en sus diversas formas: física, psicológica y económica, por parte de sus compañeros de clase y profesores.

En medios del caos, del descontrol, de instituciones ineficaces, de la ausencia de un Estado de Derecho, la vulnerabilidad de las mujeres es más patente, pero también lo son los esfuerzos de las organizaciones que trabajan en la defensa de sus derechos por denunciar las diversas situaciones que se presentan en Ciudad Juárez y poder encontrar una alternativa en medio de tanta violencia, principalmente estatal.

Gabriela Morales Gracia es la coordinadora jurídica del Programa de Defensa de Derechos Humanos Binacional del Centro de Derechos Humanos del Migrante A.C. (Cd. Juárez, Chihuahua, México).

Este artículo se publicó en el Boletín Antorcha / Torxa de febrero de 2011, editado por Paz con Dignidad. Puede consultarse el documento completo en PDF, en castellano y catalán, aquí.