Revista Pueblos

En el curso de la historia colombiana la violencia se ha desenvuelto en múltiples direcciones: ha penetrado en todos los niveles de la sociedad, en todos los rincones de su geografía, y ha conocido una gran variedad de actores, motivaciones, intereses y modalidades. El conflicto social, armado y de creciente complejidad que vive Colombia se presenta generalmente como un fenómeno relativamente marginal y localizado, sin repercusiones reales para el total de la población y de la región. Se resaltan sus efectos en la seguridad de las y los ciudadanos, pero en los análisis habituales se obvia la acumulación de causas estructurales que lo alimentan, así como los sectores sociales históricamente excluidos, las víctimas de la violencia sociopolítica y los altos niveles de inseguridad jurídica, social, económica, alimentaria, laboral y ambiental.

En Colombia persisten, y van en aumento, la crisis humanitaria y de derechos humanos, la pobreza e inequidad y las violencias contra las mujeres. Todo ello evidencia que la política de Seguridad Democrática y las políticas sociales del anterior y actual Gobierno no han tenido efectos positivos para el conjunto de la población. Por el contrario, se constata una fuerte militarización de la sociedad y de la vida cotidiana con efectos graves para la garantía y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en lo público y en lo privado. El énfasis en lo militar ha tenido como resultado el fortalecimiento de imaginarios tradicionales en los cuales el uso de la violencia contra las mujeres es consustancial a ellas y, por tanto, natural.

Pese a todo ello, numerosas mujeres colombianas y sus organizaciones (en su mayoría campesinas, afrocolombianas e indígenas), libran una batalla continua por la restitución de sus derechos, por la vida y por la paz, por el derecho al trabajo y a un empleo digno, por la revalorización de la economía del cuidado, por su denuncia sobre las discriminaciones y las múltiples dominaciones a las que están sometidas. Luchan a favor de todo ello y en contra del patriarcado, la violencia social y doméstica, el capitalismo, las guerras, la militarización, la emigración, el desplazamiento, la trata de personas y el control para decidir sobre sus cuerpos.

En su defensa de la tierra, el agua, las semillas y los conocimientos ancestrales de los pueblos, están expuestas a riesgos que van desde amenazas a ellas y a sus familiares a asesinatos, abusos sexuales y violencia física y psicológica. También el desplazamiento, el secuestro, la detención arbitraria y el encarcelamiento [1].

Es en la movilización y en el debate donde han encontrado numerosas mujeres espacios para la socialización y para la profundización crítica en el fenómeno de la militarización, en sus referentes históricos y en cómo influye en la vida, el trabajo y las relaciones individuales y sociales. De este modo, mujeres feministas y organizaciones sociales debaten en Latinoamérica acerca del papel que cumple la militarización en el refuerzo de patrones discriminatorios y excluyentes que han marcado diferenciadamente la vida de las mujeres, la niñez y las comunidades [2].

En estos espacios, inmersos en un contexto de violencias, impunidad, inequidad y exclusión, las mujeres han ido juntando voluntad y sueños, tejiendo ideas y propuestas. Han desarrollado acciones de resistencia social, cultural y política, aportando en la construcción de las ciudades, regiones y territorios. Y lo han hecho desde visiones e intereses propios, pero también uniendo su lucha a la de los sectores populares igualmente excluidos de los escenarios de vida digna.

Frente a la realidad que se vive y las nuevas expresiones de articulación del movimiento social en la región en contra de ese modelo excluyente, injusto, desigual y violento que genera el sistema capitalista, la lucha de las mujeres supone un aporte fundamental. No hay duda de que el jalonar una agenda propia de derechos e igualdad de género se ha convertido en el pilar principal para la construcción de un mundo incluyente y democrático con justicia e igualdad para todas y todos.

Estos movimientos parten de la idea de que la superación de la violencia y el logro de los derechos humanos son inseparables de la transformación de las relaciones sociales de dominación y subordinación. También de que, en un Estado democrático, la seguridad debe estar orientada no sólo a garantizar la ausencia de acciones armadas, sino también a promover cambios en las relaciones sociales injustas, en las cuales la violencia ha sido un mecanismo de control social, político y cultural con efectos desproporcionados en la vida diaria de las mujeres [3].

En tal sentido la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública en Colombia, unida a las luchas de las mujeres en toda América Latina, se propone como un espacio de articulación, participación y unidad desde el cual aportar para la construcción de una propuesta de país.

Una propuesta de nuevo país que reivindique la igualdad y el reconocimiento pleno de más de la mitad de la población colombiana, las mujeres; que esté en contra de cualquier forma de opresión y de dominación de unas personas hacia otras por cuestiones de raza, etnia, clase, género, sexo u orientación sexual, y que se comprometa con la eliminación de las mismas. Una propuesta basada, siempre, en la participación incluyente. Creemos que esto se debe dar en la cotidianidad, en el lenguaje, los gestos, las actitudes... En todos los espacios de participación política, debate y toma de decisiones, y desde una lucha frontal contra las construcciones sistémicas, culturales y sociales que sostienen la opresión en el mundo.

Carmen Elvira Carvajal Rodríguez es licenciada en Lingüística y Literatura. Participa en la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública (Colombia).

Fuente: Nº 45 de la Revista Pueblos, enero de 2011.

Notas

[1] Declaración de la IV Asamblea de mujeres de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). Vía campesina, CLOC. Octubre de 2010.

[2] Declaración del II Encuentro Hemisférico frente a la Militarización. Octubre de 2006. La Esperanza, Intibucá, Honduras.

[3] Intervención de mujeres en la reunión con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 28 de octubre de 2008.