Toñi Villén
Gara

Desgraciadamente, muchas mujeres temen a los hombres. Como señala Germaine Greer en su libro "La mujer completa", las mujeres pueden soportar insultos y humillaciones cotidianos durante años, sufrir violaciones y abusos sexuales reiterados y a pesar de todo guardar silencio. Tolerar una vida de patadas y golpes propinados por un marido, porque tienen miedo. Soportan sufrimientos sin fin porque las han convencido de que si huyen, las seguirán y ellas y sus hijas e hijos sufrirán castigos aún peores. La mujer paralizada por el terror es una figura destinada a ser maltratada. No ve escapatoria ni salvación posible porque está cegada por el miedo.

Los hombres temen que las mujeres se burlen de ellos. Las mujeres temen que los hombres las maten. Y no en la calle cuando caminan solas, sino en su propia casa, por obra de sus seres más próximos y queridos. El temor de las mujeres está mal enfocado. Los estudios sobre criminalidad revelan que la mayor parte de los delitos cometidos contra las mujeres nunca se denuncian. Existen muchos motivos por los que las mujeres no denuncian las agresiones; el principal es el miedo. Sin embargo, en todos los lugares y circunstancias, los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de fallecer de muerte violenta. Es decir, nuestros hijos corren mayor peligro que nuestras hijas, tanto de cometer delitos violentos como de ser víctimas de los mismos. Pero por quien tememos es por nuestras hijas y a ellas les enseñamos a temer por su seguridad.

Diversas encuestas sobre el temor a ser víctima de un delito nos indican que entre las muje- res el temor es tres veces mayor que entre los hombres. Ese temor se lo han inculcado a las mujeres quienes desean protegerlas. Decimos a nuestras hijas que no hablen con desconocidos, que no se entretengan cuando las mandamos a hacer algún recado, que vuelvan directamente a casa al salir del colegio.

El riesgo real es mucho menor que el percibido. Sólo un 10% de las mujeres muertas lo son a manos de un desconocido. Sin embargo, es a los desconocidos a quienes se enseña a temer a las mujeres. Y este miedo no es racional. Si alguien debe temer a los desconocidos tendrían que ser los hombres. Sin embargo, no les decimos a ellos que eviten los lugares notoriamente peligrosos. Todo esto nos delata que la insistente presentación de las mujeres como objetos de las agresiones actúa como instrumento de control social. La finalidad no es protegerlas sino generar y mantener un sentimiento de temor. Hay colectivos que insisten en que las mujeres debemos acudir a cursos de defensa personal pero, ¿debemos imitar esta cultura de la violencia que nos es ajena?

El miedo de las mujeres es una construcción cultural, instituida y mantenida por hombres y mujeres en interés del grupo masculino dominante. El miedo mantiene a las mujeres bajo control, con objeto de que planifiquen sus actividades, permanezcan siempre al alcance de la vista, comuniquen adónde van, por qué medios, y a qué hora regresarán.

El padre que insiste en ir a buscar a su hija adolescente cuando ésta sale por la noche le está instalando inconscientemente miedo, a la vez que ejerce un control consciente sobre ella. Su hijo adolescente corre mayor peligro pero al padre jamás se le ocurriría ofrecerse para llevarle a casa cuando sale con sus amigos. El clima de amenaza en el que se sienten envueltas las mujeres es en su mayor parte un fraude. El mito de la condición de víctimas de las mujeres las mantiene «alejadas de la calle» y recluidas en casa, el lugar donde corren mayor peligro.

Teresa (nombre ficticio) de 59 años, entrevistada por Amnistía Internacional en Vitoria, se- parada de su marido tras 38 años de insultos, palizas y relaciones sexuales forzadas, está convencida de que denunciarlo empeoraría su situación y que si él la quisiera matar podría hacerlo, pues no confía en que será protegida por las instituciones. En el momento de ser entrevistada por AI llevaba nueve meses encerrada en su casa con las persianas bajadas para hacer creer a su marido que había abandonado la ciudad. Ni siquiera la abogada que tramita su caso de separación había logrado convencerla de denunciar la violencia y acudir a las autoridades ante su situación de grave riesgo. Sin expectativas de que las autoridades le brinden una pro- tección efectiva, permanece escondida y librada a su precaria estrategia, presa del miedo de que las amenazas de muerte de su marido se hagan realidad. El relato de Teresa dista mucho de ser una historia singular. La desconfianza en las autoridades aparece como una constante en los testimonios de mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito fami- liar en el Estado español.

Es responsabilidad de los gobiernos, administración, tribunales, líderes comunitarios y religiosos garantizar la segu- ridad de las mujeres. Los tratados internacionales que prohíben la violencia contra la mujer no son sólo palabras, deben respetarse. La violencia contra las mujeres tiene relación con el poder y los prejuicios. Tiene relación con la impunidad y la desigualdad que no son abordados y, sobre todo, tiene relación con la voluntad política.

En su informe "España: más allá del papel", Amnistía Internacional relata que en términos mayoritarios, las mujeres en el Estado español que sufren abusos por parte de sus parejas o ex parejas no acuden a las redes públicas de asistencia y protección ante la violencia de género, ni son detectadas por los servicios de salud y servicios sociales. Existen sectores de mujeres que se encuentran marcadamente excluidos o tropiezan con barreras específicas para acceder a tales recursos agravando su vulnerabilidad y desprotección. La disponibilidad de los servicios es desigual a lo largo del territorio español, y los enfoques, alcances y calidad de las prestaciones no se corresponden con las orientaciones indicadas internacionalmente para responder al derecho de las víctimas de este tipo de abusos a obtener protección y lograr su recuperación. Aquellas que toman la decisión de denunciar o buscan protección en las autoridades públicas, suelen encontrar un trato inapropiado que en ocasiones incluye la desinformación. AI ha constatado que las víctimas de abusos a manos de sus parejas y ex parejas no cuentan con información accesible sobre sus derechos ni sobre los recursos previstos. En su recorrido por la administración de justicia, las denunciantes no disponen de una asistencia letrada efectiva y de calidad. En numerosas ocasiones su paso por la justicia describe un entorno insensible que fácilmente puede derivar en un trato discriminatorio, en ausencia de garantías procesales para resguardarlas de victimización secundaria y asegurarles la debida protección. El riesgo para ellas y sus testigos no es adecuadamente valorado por los jueces quienes, en no pocas ocasiones han tomado decisiones basadas exclusivamente en apreciaciones sobre la peligrosidad pública del encausado. Todo ello mina severamente el derecho de las víctimas a un recurso efectivo y a un proceso justo e imparcial. AI destaca graves fallos en la debida diligencia en perseguir, investigar y castigar el delito, y observa con pre- ocupación que el derecho de las víctimas a obtener protección y una reparación lo más completa posible, continúa sin ser garantizada.

Una de las principales preocupaciones del informe "Más allá del papel" es la discriminación de las mujeres inmigrantes indocumentadas en el acceso a recursos de asistencia, protección y justicia. Más allá de la previ- sión del principio de no discriminación en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Gobierno no está realizando ningún tipo de acción para asegurarse de que este principio de no discriminación sea una realidad. Más bien al contrario, desde el Ministerio del Interior se han adoptado medidas que agravan la situación de vulnerabilidad de este colectivo ante la violencia de género.

Así, las mujeres inmigrantes indocumentadas sufren discriminación en el acceso a recursos de asistencia integral para víctimas de violencia de género, a las ayudas económicas específicas para victimas con dependencia económica del agresor y a las instancias de protección.

Pero ante todo este grave problema, no queremos dejar de señalar que la causa subyacente de toda violencia hacia la mujer en cualquier parte del mundo es la discriminación, que les niega la igualdad respecto de los hombres en todos los aspectos de la vida. La violencia tiene su origen en la discriminación y a la vez ésta sirve para reforzarla. Así lo ha declarado AI en su campaña mundial "No más violencia contra las mujeres" y así lo llevan denunciando durante años los movimientos feministas. La violencia contra las mujeres es un escándalo en materia de derechos humanos y es que es la violación de derechos humanos más universal, oculta e impune de cuantas suceden en la actualidad. Prevenir la violencia contra las mujeres nos exige hacer frente a las actitudes y estereotipos religiosos, sociales y culturales que menoscaban a la mujer como ser humano.

Equipo de Mujer-Amnistía Internacional Gasteiz