El 12 de mayo, en el Día Internacional de la Enfermería, realizarán un paro con movilizaciones en toda la provincia. Pero también lanzaron una campaña nacional para que se pronuncien los sindicatos, centros de estudiantes, organismos de Derechos Humanos y personalidades contra estos ataques. 

"Los trabajadores y trabajadoras autoconvocadxs nos dirigimos a las organizaciones solidarias para solicitarles que se sumen, repliquen y multipliquen la campaña nacional que impulsamos desde la asamblea Interhospitalaria por la anulación de sumarios y causas penales y fondo de huelga", señalaron en un comunicado. 

Los descuentos aplicados desde el Gobierno, completamente ilegales por el carácter alimentario del salario, llegan hasta un 70% del sueldo de las y los trabajadores, y se calcula que alcanzarían más de 2 millones de pesos en total en toda la provincia. Por eso, mientras exigen la devolución de los descuentos, continúan impulsando el Fondo de Huelga y llaman a hacer aportes solidarios en todo el país. 

Trabajadores del transporte de distintas líneas del AMBA anunciaron que el próximo martes 11/5 a primeras horas de la mañana realizarán las siguientes jornadas de protesta: 

Zona Oeste – Liniers – 7hs (Av. Gral. paz y Av. Rivadavia) 

Zona Sur -Puente Pueyrredón- 8hs (Bingo Avellaneda) 

Zona Norte – Maschwitz- 8hs (Panamericana y puente Maschwitz) 

Las protestas se llevarán a cabo en el marco de la reunión de conciliación obligatoria por la paritaria luego de dos reuniones suspendidas por la cartera del ministerio de Transporte. 

Los trabajadores llevan acumulado un atraso salarial de 7 meses ya que la paritaria del año anterior se cerró con un bono en negro y en cuotas que aún no terminaron de cobrar y que no generó un aumento real del básico conformado que hoy es de 63.000 pesos en bruto. 

Los choferes, administrativos y técnica están por debajo de lo que necesita una familia tipo para no ser pobres. 

Los trabajadores están pidiendo un aumento salarial que recomponga su poder adquisitivo arrasado por el aumento de precios de la canasta básica. 

Exigen el blanqueo del 11,4% al primero de enero ($ 71.000) como cierre de la paritaria 2020 y comenzar la paritaria 2021 con $ 100.000 en mano con cláusula gatillo. 

La escalada de la segunda ola del covid 19 aumenta los casos positivos en los trabajadores, la falta de protocolos para proteger a los choferes y la falta de un plan de vacunación para el transporte pone en riesgo la vida de los trabajadores y sus familias, con una obra social colapsada los trabajadores esperan en ambulancia por una cama en terapia. 

Por esta alarmante situación y la falta de respuestas a sus reclamos, es que han decidido los trabajadores de distintas líneas de colectivos, realizar las distintas jornadas de protesta con las siguientes exigencias: 

– 100.000 pesos en mano ya

– Plan de vacunación para el transporte

– Equiparación de salario entre técnica, administrativos y choferes

– Protocolos sanitarios para prevenir los contagios

– Cumplimiento del cupo femenino en todas las empresas del transporte de pasajeros

– Basta de subsidiar a Monopolios amigos 

El Acceso Oeste, la ruta Panamericana a la altura de Ingeniero Maschwitz y el acceso al Puente Pueyrredón fueron los escenarios elegidos por los choferes de colectivos para realizar protestas durante la semana pasada. Desde las 9:00, cientos de colectiveros de distintas líneas cortaron los accesos de manera coordinada. 

Al mismo tiempo, un paro patronal para pedir aumento en las tarifas está llamado a partir de este viernes 7 de mayo. Así lo confirmaron las entidades empresarias en un comunicado que se emitió el jueves. La medida de fuerza tendrá lugar desde las 21:00 a las 6:00 de la mañana siguiente. 

En el comunicado, las patronales del sector señalan que la medida tiene por finalidad «posibilitar con los recursos disponibles dar adecuada cobertura en los horarios de mayor necesidad de los pasajeros". El argumento empresario sostiene que el objetivo del paro es «salvaguardar la continuidad de la operación en los horarios más necesarios, teniendo en cuenta el congelamiento tarifario desde hace más de dos años y el retraso en el reconocimiento del impacto de la inflación en los costos desde hace más de ocho meses". 

Los trabajadores consideran que se trata de un chantaje patronal en medio de sus reclamos. 

El martes 4 de mayo se conoció finalmente el resultado de la negociación paritaria del 2020. El acuerdo celebrado entre el sindicato petrolero y la Cámara empresarial del petróleo, a espaldas de todos los trabajadores, fijó un aumento del 30%, lo que sentencia que por un año más el salario petrolero sigue perdiendo frente a la inflación. 

Además, y a pesar de la voluntad de los trabajadores, el sindicato se negó a negociar el pago del retroactivo de este aumento, que ya lleva más de un año vencido. Dicho de otra forma: los trabajadores estuvieron regalando un 30% del salario a las empresas, en su mayoría multinacionales, que nunca dejaron de facturar millones de dólares, mientras el costo de vida aumenta sin parar. Fueron estas mismas empresas las que se vieron beneficiadas con más de un 100% por el costo de sus combustibles que recibieron subas por encima de los demás precios. 

Desde el sindicato petrolero habían anunciado un paro si no se conseguía más del 41%, y las bases mostraron una gran voluntad de llevar adelante la medida de fuerza. De forma inconsulta los dirigentes del sindicato decidieron levantar la medida arreglando por un monto significativamente menor sin contemplar el retroactivo, avisando que era el mejor acuerdo que se pudo conseguir. 

La realizó el gobierno nacional y será analizada por las asambleas de base de Conadu Histórica el miércoles y jueves llevando lo definido al Congreso Extraordinario convocado para el viernes 7 de mayo. Se mantuvo el paro de 48 horas el jueves 6 y viernes 7 de mayo. La jornada del jueves incluyó una caravana de autos y bicicletas desde Callao y Córdoba hasta el ministerio de Educación. 

El ministerio de Educación presentó una propuesta salarial consistente en seis cuotas distribuidas de la siguiente manera: 8% en abril 2021, 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero 2022. A diciembre de este año, el incremento sumaría un 30% (quedando por debajo de la inflación proyectada), llegando a 35% en febrero del próximo año. 

El incremento sería remunerativo y bonificable, no acumulativo (calculado sobre el básico del mes de marzo de 2021); con la incorporación de dos cláusulas de revisión: una en septiembre 2021 y otra en febrero 2022. Se ofreció además un Bono no remunerativo ni bonificable, por conectividad, de 1.000 pesos por docente desde el mes de abril al mes de diciembre 2021 inclusive. 

Por otra parte, la garantía salarial docente se incrementará de acuerdo a los porcentajes definidos en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil de la semana pasada. 

Desde la representación de CONADU HISTÓRICA manifestaron que la nueva oferta seguía siendo insuficiente en comparación, por ejemplo, con el Acuerdo al que arribó el propio ministerio de Educación de la Nación con los gremios del nivel obligatorio, alcanzando un 34-35% a terminar de cobrar en septiembre, y también con revisión en el mismo mes. No obstante, la opinión de las asambleas y del Congreso definirá la postura de esa Federación. 

El resto de las federaciones, CONADU, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN, que nuclean docentes y no docentes, aceptaron el acuerdo refrendado en una reunión de la que participaron el presidente Fernández, el ministro Trotta y representantes de los gremios mencionados. 

El miércoles la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) convocó a un paro en todo el país en reclamo a la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) de la apertura de paritarias del CCT 541/08. También se sumó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), con los reclamos de recomposición salarial, compensación por teletrabajo y cumplimiento de los protocolos. En este marco, representantes de la Federación y el sindicato de prensa porteño realizaron una conferencia de prensa conjunta frente a la sede del Diario Popular. «Si ADIRA mañana no viene con una oferta superior a la que nos planteó en la última audiencia, veremos cómo profundizamos este plan de lucha y cómo seguimos adelante todos unidos y organizándonos en todo el país», remarcó Carla Gaudensi, Secretaria General de la FATPREN, en referencia a la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina.  

Hace meses la comisión interna de Perfil denuncia la grave situación que atraviesan las y los trabajadores de prensa que todavía quedan en la redacción. 

Las malas condiciones laborales hacen que los periodistas abandonen un barco que parece hundirse sin remedio. Se van a otros medios, cambian de rubro o se van sin más, aunque no tengan otro empleo. 

«El éxodo continuo y masivo tiene al menos dos agravantes: el primero es que resiente la calidad, las estructuras profesionales y la cotidianeidad laboral de cada sector; el segundo es que todo se agudiza porque la empresa decidió, hace ya un tiempo, no reemplazar a quienes se van. ¿La consecuencia? Las condiciones de trabajo en Perfil se deterioran hasta el límite de los tolerable.» 

El medio, propiedad de Jorge Fontevecchia, compite con Clarín, La Nación o Infobae que pagan el doble o el triple que Perfil, aseguran. La editorial se sostiene sobre los hombros de trabajadores insuficientes y mal pagos: «Hasta medios pequeños o locales ya pagan mejor.» 

En el comunicado que emitieron, los delegados del SiPreBA anunciaron un plan de acción por salarios dignos. «Si la dirección no advierte que la situación ya no da para más, será momento de que se dé cuenta.», cerraron. 

Recordemos el punto de partida: a) el salario real viene perdiendo feo desde 2016; b) el gobierno planteó una pauta de inflación del 29% para 2021 y sostuvo que este año los salarios debían estar por encima de dicho porcentaje. 

El primer acuerdo 2021 fue firmado en diciembre por los aceiteros. Allí incluyeron el cierre de la paritaria 2020, sumas adicionales, y para este año negociaron un 25% a partir de enero con revisión en agosto. 

En enero SMATA negoció con las concesionarias un 13,3% para el primer trimestre. En abril sumó un 13,57% para el segundo trimestre, acumulando un 28,7% en la primera mitad del año. En julio vuelven a negociar. 

Febrero fue el turno de bancarios, que pactaron un 29% en tres cuotas, incluyeron un porcentaje adicional para cerrar el 2020 y cláusulas de revisión para septiembre y noviembre. También se negoció la paritaria nacional docente, con un 34,5% en tres cuotas. 

En marzo UTEDyC negoció aumentos para sus distintas ramas (entidades civiles y deportivas, mutuales, gimnasios). Los aumentos fueron del 30% en tres cuotas, con revisión en septiembre. 

Como todos los años, a partir de abril arranca la temporada alta de paritarias. Muchos más acuerdos y, en este caso, una pauta que lentamente se fue alejando del 30% inicial para ubicarse más cerca del 35%. 

La UOM negoció un 35,2% en tres cuotas con cláusula de revisión. Por su parte, la UOCRA pactó un 35,8% en cuatro cuotas, también con revisión en diciembre. Para los gráficos el incremento fue del 32% en cinco cuotas con revisión en octubre. 

Un poco por encima estuvieron los plásticos, que pactaron un 36% en tres cuotas, y los del vestido, que negociaron un 36,6% también en tres cuotas. La estrella hasta ahora fueron los vitivinícolas con un 47% en cuatro cuotas (aunque las últimas dos quedan para 2022). 

En los servicios se destaca Comercio, que cerró un 32% en cuatro cuotas del 8%, las últimas dos a cobrar en 2022. Por su parte, estaciones de servicio negoció un 34% también en cuatro cuotas. 

En el sector público los judiciales de la provincia de Buenos Aires negociaron un 34% en tres cuotas con revisión en noviembre (o antes si el IPC supera ese porcentaje) y agregaron recategorizaciones que, para los salarios más bajos, implican casi 10 puntos adicionales. 

Finalmente, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se incrementará un 35% en siete cuotas, llegando a $ 29.160 en febrero de 2022. Esto impacta directamente en aquellos trabajadores que perciben el salario social complementario. 

En síntesis, la posibilidad de que el salario real detenga su caída de los últimos años dependerá del éxito que tenga el Gobierno Nacional en su estrategia de control de precios y de la capacidad de organización y conflicto de los trabajadores en sus disputas salariales. 

Durante el primer año de pandemia se perdieron 125.000 puestos de empleo registrados, según informó este miércoles el ministerio de Trabajo.Implicó una caída de 1% en los doce meses que van desde febrero de 2020, el último mes completo sin el impacto de la pandemia, hasta febrero de este año. 

El total de personas asalariadas se contrajo desde el inicio de la pandemia un 1,4%, lo que implica unos 133.700 asalariados. "Esta caída se compone de retrocesos del 2,6% en el sector privado (-154,9 mil) y del 3,6% en el trabajo en casas particulares (-18,2 mil), mientras que el sector público presentó una variación del +1,2% (+39,4 mil trabajadores)", publicó el ministerio de Trabajo. Entre los monotributistas hubo un incremento de aportantes al régimen simplificado de 1,6%, por lo que durante la pandemia hubo 26.500 monotributistas nuevos. 

Por otra parte, el trabajo independiente en conjunto presentó una variación positiva del 0,4%, lo que implica un incremento en 9.000.  

Hubo un retroceso relevante en la cantidad de autónomos, que cayeron en un 4,5%, lo que representó 18.000 personas menos en este régimen. Por último, la cantidad de personas adheridas al monotributo social se mantuvo relativamente estable. Hubo apenas 500 más que antes de la pandemia.  

La caída de los puestos de trabajo del sector privado y el incremento de los monotributistas muestra que la recuperación de la actividad de los últimos meses, que vino con un rebote en el mercado laboral, reemplazó empleos de calidad por otros más precarios. 

Analizado por sectores, la caída más relevante tuvo lugar en el rubro de Hoteles y restaurantes, 21,4%. Más atrás, quedaron la Construcción (-8,9%), Servicios comunitarios, sociales y personales (-5,7%), Explotación de minas y canteras (-5,5%), y Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-3,6%). 

También mostraron caídas de empleo, aunque más moderadas en comparación con el promedio, otros sectores de la actividad como Intermediación financiera (-2,3%), Enseñanza (-2,0%), Comercio y reparaciones (-2,0%), y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-1,1%). 

Por el contrario, algunos sectores terminaron el ciclo anual desde febrero 2020 a febrero 2021 con números positivos. Entre ellos se ubicaron Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+1,1%), Industrias manufactureras (+1,1%), Suministro de electricidad, gas y agua (+0,7%), y Servicios sociales y de salud (+0,4%). 

La caída del empleo en la primera parte de la cuarentenase vio compensada en la última parte del 2020 parcialmente por la recuperación paulatina de la actividad económica en los últimos meses del año. Hacia el segundo trimestre del 2020 la tasa de desempleo había llegado a un techo de 13,1% tras los primeros meses de medidas de aislamiento social. En el tercero había ya recortado hasta 11,7 %. 

A tan solo diez meses de comprar la cadena Garbarino y Compumundo, Carlos Rosales, ofrece la venta de su paquete accionario para competir en el mercado de la venta on line. Rosales ya cerró 30 locales en todo el país. De continuar en este camino 4.500 familias podrían quedar en la calle. 

Por esto, trabajadores autoconvocados de distintos puntos del país se están organizando en defensa de todos los puestos de trabajo y condiciones laborales. Denuncian además, 1.200 suspensiones, el incumplimiento de pago de salarios, aportes previsionales y de salud en medio de la pandemia. 

Recordemos que tras la audiencia en el ministerio de Trabajo, la empresa tenía la obligación de pagar la totalidad de los salarios adeudados. El gobierno nacional no solo dejó pasar el incumplimiento del convenio de pago sin siquiera aplicar sanciones, sino que también benefició con distintos tipos de subsidio a estas empresas como en su momento con el ATP. 

El empresario que se definió como "un especialista en recuperar empresas con problemas financieros", desde el primer día inició un proceso de reconversión. El plan, era sacar provecho de la venta on line a través de eCommerce, la plataforma comercial que solo es superada por Mercado Libre en su rubro. 

Son muchas las empresas del sector que están en un proceso de reconversión. A propósito de esta tendencia, Galperin, dueño de Mercado Libre, sostuvo en diálogo con Financial Times: «La transformación digital de las ventas minoristas aún está en una etapa temprana en Latinoamérica». Sin embargo, el costo de esa transición pretenden cargarlo en sus trabajadores, como pasó en Falabella, donde 500 familias quedaron en la calle. 

En Garbarino, implicaría la transformación de las 200 sucursales en tiendas online con punto de entrega (picking point). Si antes eran grandes puntos de venta ahora serían de menor tamaño, para que el cliente retire lo que compró por internet."La empresa más grande del país no cuenta con locales físicos y nadie se los reclama", dijeron los voceros de la empresa en referencia a Mercado Libre. Empezaron a cuenta gotas en el interior del país y ya suman unos 30 locales cerrados. 

El último fue en Merlo, sumando aún más incertidumbre a los trabajadores que en esa sucursal vienen reclamando con quite de colaboración y manifestaciones por los salarios adeudados. El sábado realizaron una protesta sobre Av. del Libertador. 

Pero la verdadera clave del éxito para el "Nuevo Garbarino" se asienta en mayores ataques a las condiciones laborales para quienes permanezcan trabajando en la empresa. En CABA la gerencia ya informó que el Departamento de Cobranzas fue cerrado para tercerizar las tareas que realizaban 50 trabajadores. Siendo el 95% mujeres y más de la mitad sostén de hogar. 

Para avanzar con este plan, la empresa se ha propuesto reducir el personal, tal es así que pasó de tener 4.500 a 4.000 empleados en el último periodo. Pero para no pagar la doble indemnización que impone el decreto de "suspensión de despidos" llevó adelante un plan de desgaste. En las sucursales que cerraron, sobre todo en el interior del país, se suspendió el personal. Y como los trabajadores no tienen adónde reincorporarse, los fuerzan a agarrar un "retiro voluntario". 

La empresa endureció esta línea extorsiva cuando a principios de abril suspendió a una nueva tanda de trabajadores en locales que permanecen abiertos, pagando solo el 50% de los sueldos en cuotas y a algunos ni siquiera eso. Salarios que corresponden al mes de marzo y que muchos habían trabajado. Hoy son 1.200 los trabajadores en esta situación, un 30% del total. 

El ataque además es masivo, porque el recorte salarial también afectó al sector de trabajadores activos, que cobraron solo el 75% en abril del salario que corresponde al mes de marzo y con una incertidumbre total sobre este nuevo mes que no les han depositado aún. 

Por otro lado, mientras Rosales se jactaba de "no hacer negocios con el Estado", obtuvo mucho provecho de la acción de este gobierno, ya que recibió hasta diciembre la ayuda oficial en el pago de la mitad de los sueldos mediante los llamados ATP. Los trabajadores sufrieron durante el aislamiento social (ASPO) un recorte del 25% pactado con Cavalieri a pocas semanas de asumir el nuevo dueño. Con lo cual los primeros 6 meses Rosales solo pagó un cuarto de los salarios. Recorte de salarios, aportes patronales y bonos que no se vienen pagando, vienen incluidos. 

Rosales adquirió las seis firmas del grupo Garbarino, con una deuda que acumulaba $12.000 millones con acreedores bancarios y proveedores. Además, en los últimos días la agencia Bloomberg dio a conocer que durante los últimos 15 meses, Garbarino no pagó un total de 2.138 cheques. 

Sin embargo, fue el propio "Charly", como le dicen en su círculo íntimo, quien declaraba a principios de este año que «desde que compramos, la facturación creció 900%", casi en simultáneo que se hacía de la sociedad dueña de Radio Continental.

"Queremos saber dónde está esa plata, qué fue lo que hicieron", manifestó uno de sus empleados.  

Mientras crece la incertidumbre, los trabajadores empezaron a dar los primeros pasos para organizarse. "Queremos laburar y poder cobrar, la estamos pasando mal y hoy no tenemos para comer, necesitamos que se regularice esta situación", comentaba uno de los trabajadores suspendidos que de forma autoconvocada ya realizaron diferentes acciones para dar visibilidad a su reclamo. 

Sabiendo que no es suficiente, agregaba: "Necesitamos unirnos y si es necesario poder parar las sucursales, es la única forma que nos escuchen, sino va a seguir pasando y ya no se va a poder hacer más nada". 

Por su parte, los trabajadores de la fábrica electrónica Digital Fueguina en Río Grande, del mismo grupo empresarial, desde el 6 de mayo se vienen encontrando con la planta vacía y sin autoridades y decidieron permanecer desde el jueves de forma pacífica dentro de la fábrica. Son 250 trabajadores que se suman al reclamo por el pago de los salarios del mes de abril y una suma de $15.000 que se había acordado. 

Trabajadores tercerizados de EMA Servicios, empresa tercerizada de Edesur, comenzaron un paro total de actividades frente a los despidos. Asimismo, se sumaron al corte del Puente Pueyrredón junto a choferes de diferentes líneas que reclamaban salarios y vacunas. «La empresa está echando en forma encubierta en plena pandemia, nos deja sin trabajo, haciendo caso omiso a todas las decisiones políticas que impedían los despidos. Vamos a seguir en lucha hasta las últimas consecuencias», afirmaron.  

Cristian, trabajador de EMA, explicó «nosotros somos trabajadores de la empresa EMA servicios que hace tareas pura y exclusivamente eléctricas, que nos entrega Edesur. Nuestro reclamo es desde hace cuatro meses. Exigimos el pase a planta permanente de todos los trabajadores. Luchamos contra el fraude que esta empresa realiza, porque nos colocan bajo el convenio de trabajadores de la construcción que pertenece a la UOCRA y no es el que nos corresponde. A nosotros nos corresponde Luz y Fuerza, que reconoce que somos empleados, por lo tanto, deberíamos ser encuadrados dentro de sus filas, pero hay un negociado turbio entre Edesur y EMA, que no nos permite pasar al encuadramiento gremial que nos corresponde». 

Y agregó: «un empleado de Edesur gana 150.000 pesos mensuales, mientras que un empleado de EMA servicios gana 40.000 pesos. Es terrible la diferencia de sueldos y según la Constitución Nacional en su artículo 14 bis dice: igual remuneración por igual tarea. A partir de esto nos encontramos realizando los reclamos y hoy decidimos cortar el Puente Pueyrredón porque algunos de nuestros compañeros recibieron cartas documento en donde dice el cese de la actividad laboral por encontrarse el obrador cerrado. Quizás mañana nos vamos a dirigir al obrador donde se encuentra la base principal de EMA servicios que es en Vicente López y haremos el reclamo correspondiente a la empresa. Seguiremos reclamando hasta reincorporar a todos los compañeros. Hoy iniciamos un paro por este motivo». 

Cientos de trabajadores rurales marcharon el 30 de abril en Libertador (Jujuy) exigiendo apertura de las paritarias y contra los salarios de hambre, entre otras medidas. 

La convocatoria fue realizada por la seccional Ledesma de sindicato UATRE a partir de una asamblea, a la que se plegaron trabajadoras y trabajadores de empaque, cosecha y cultivo de la empresa Ledesma. Apoyan la marcha también vecinas y vecinos del asentamiento de Libertador, delegados y dirigentes del SOEAIL, el Movimiento de Agrupaciones Clasistas y legisladores del Frente de Izquierda. 

Los principales reclamos tienen que ver con la exigencia al sindicato de la apertura de las paritarias, y por acabar con los salarios de hambre, ya que mientras las empresas como Ledesma continuaron facturando millones desde iniciada la pandemia, para los obreros la realidad fue totalmente distinta ya que pasaron a encabezar el ranking entre las muertes obreras en el país, y en el caso específico del trabajo rural las condiciones son aún peores, por el trabajo a destajo y en algunos casos con la patronal negándose a pagar los sueldos en caso de que el clima no sea bueno para la cosecha, como si esto fuese responsabilidad de los trabajadores. También exigen el alta ya de los trabajadores y denuncian la persecución de la patronal, que despidió recientemente a un par de trabajadores por usar una bolsa para cubrirse de la lluvia. 

Días atrás en asamblea, trabajadores tercerizados ferroviarios de las líneas Roca, Mitre y San Martín, decidieron realizar una acción el miércoles 12 frente a las oficinas del SOFSE (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado), como continuidad en la lucha que vienen dando por el pase a planta permanente. «Basta de tercerizados, basta de amenazas, basta de descuentos, basta de persecución laboral», son parte de las consignas con las que llevan adelante el reclamo. También se destaca la exigencia de un plan de vacunación en el ferrocarril, en el marco de que no hay ninguna condición de seguridad e higiene garantizada para estos trabajadores del transporte que están en primera línea y denuncian que han perdido a varios compañeros a causa del covid-19. 

Concentrarán a las 8:00 am hasta las 11.30 am. Si no hay respuestas continuarán a las 15:30 hasta las 18:30. 

Fuentes: La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, APU, Anred, argentina.indymedia, Clarín, Red Eco Alternativo, ACTA.