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Argentina, la
lucha continua....
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Apostasía: No en mi nombre
Por German Romano
La apostasía es el renunciamiento a la pertenencia a una institución religiosa y en el caso del cristianismo es también un rechazo al bautismo. "No en mi nombre" es la forma que se denominó las apostasías colectivas realizadas en Argentina. Se puede visitar la página de la organización y descargar una propuesta de carta para presentar en la parroquia o obispado para iniciar el trámite de renunciamiento,
http://apostasiacolectiva.org/.La experiencia en la realización de este trámite burocrático, es primeramente tener mucha paciencia. Para obtener un papel que certifica la renuncia he tenido que ir 3 veces al obispado. La importancia de la renuncia reside en que el estado deje de utilizar dinero para sostener la institución católica y que la iglesia argentina deje de hablar en nuestro nombre. El portal de información de esta institución
http://www.catholic-hierarchy.org/country/sc4.html informa que en Argentina se bautizó el 89% de la población a partir de un cálculo que la población total es de 36 millones).El estado argentino no es laico y como tal, se encarga del sostenimiento económico de la iglesia católica. El artículo 2 de la constitución que establece "El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano", no se modificó en la reforma de 1994.
¿Cuánto recibe de financiamiento del estado el culto católico?
Marcos Peña, jefe de gabinete, en marzo realizó una visita al congreso para hacer informe de gestión. Peña respondió la consulta de un legislador sobre el monto asignado para el año fiscal de 2018, el mismo asciende a $130 millones. El jefe de gabinete lo que omitió informar es el decreto firmado por Mauricio Macri en diciembre de 2017 (decreto 1009/2017) por el cual el gobierno incrementa notablemente los montos asignados a cargos de la institución religiosa.
¿Porque hablamos de dictadura cívico-militar y eclesiástica?
El decreto de Macri modifica el decreto 1084/1998 firmado por el entonces presidente Carlos Menem que establecía valores fijos a los cargos dentro de la institución católica. La asignación de dinero a cargos de la iglesia católica tiene su correlato en dos decretos firmados durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica por los represores Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martinez de Hoz y otro por Reynaldo Bignone. La ley 21.950/1979 indica que el estado abonará el salario de arzobispos y obispos. La ley 22.162/1980 establece subsidios a sacerdotes en zonas de fronteras o desfavorecidas. La ley 22.950/1983 firmada un mes previo al retorno de la democracia estable el pago de sueldos a seminaristas. A la fecha los cargos sostenidos por el estado son: 132 obispos y arzobispos, 568 sacerdotes y 1.120 seminaristas.
Solo una vez dejó de financiarse algún cargo de la iglesia. En el año 2005, a partir de declaraciones de Antonio Baseotto -nombrado con el cargo de obispo castrense por Eduardo Duhalde- sobre la dictadura y un ministro de gobierno se eliminó su asignación salarial y cargo. Las declaraciones de Baseotto fueron "Pedimos hoy por los que fueron víctimas del terrorismo y de la subversión: militares y civiles, de uno u otro lado. Hubo idealistas y delincuentes. Se trató de una guerra. Y en una guerra es imposible evitar los excesos". Asimismo, hizo una carta pública a quien fuera el ministro de salud por su posición sobre anticoncepción, en la misma expresó "quienes escandalizan a los pequeños merecen que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar". El 18 de septiembre de 2013, la justicia declaró nulo este decreto y obligó al estado a pagar la jubilación de Baseotto.
El dinero que recibe la iglesia es profundamente complejo de determinar en función de las diversas fuentes de origen. En el año 2015, la legislatura porteña aprobó cederle a la iglesia terrenos por un total de 30.000 metros cuadrados en forma gratuita.
La institución católica también recibe fondos provinciales y nacionales para el sostenimiento de los colegios religiosos. Dos ejemplos de este subsidio; la provincia de Buenos Aires destina más de $11.000 millones anuales y la Ciudad de Buenos Aires más de $3.000 millones.
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