"Hemos tomado conocimiento en el marco de las causas judiciales que se instruyen a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, que se persigue e investiga ilegalmente a su familia y a quienes reclaman por la aparición con vida del joven, quienes son sometidos a inteligencia ilegal por esos mismos cuerpos de información que aquí se denunciaron y que obran sobradas muestras sobre que toda esa información recabada en múltiples lugares del país se reúne en el Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo, y que el sistema informático que centraliza ese material funciona en la sede central de Gendarmería Nacional, el Edificio Centinela de esta CABA", consta en la denuncia que originó la causa en octubre. Los abogados y abogadas del Ceprodh relataron que también detectaron seguimientos cuando estuvieron en Esquel, en bares y estaciones de servicio del centro, y que fueron fotografiados por personal de civil con teléfonos celulares. Cuando los cronistas, entre ellos Sebastián Premici para PáginaI12, relataron desde esa ciudad que la zona estaba "militarizada" y "plagada de agentes de inteligencia encubiertos" no era una metáfora. Uno de ellos apareció ante otro equipo de abogados en un hostel donde habían pernoctado, y se presentó al día siguiente como el "capitán Morgan". En esos días, cada vez que el abogado de Gendarmería salía del juzgado de Otranto aparecía Morgan detrás.

Entre las pruebas de la inteligencia ilegal están las actividades desarrolladas por el Centro de Reunión de Información Neuquén, de la Gendarmería, bajo el título de "cronología":

No pocos consideran que el caso Maldonado se cerró cuando fue anunciado el resultado de la autopsia, como si el hecho de que hubiera muerto por ahogamiento fuera una sentencia absolutoria de todos los gendarmes que lo rodeaban en ese momento, así como de quienes les dieron las órdenes. Pero entonces, ¿con qué objetivo el gobierno a través de su fuerza de choque predilecta desplegó estas tareas de inteligencia sobre la familia de Maldonado si fueron tan ajenos a su muerte? ¿Si el fallecimiento del tatuador fue un mero accidente, como claman los voceros de Cambiemos, por qué espiaron la vida privada de su familia, su entorno, la comunidad mapuche donde desapareció y hasta a las personas que integran las redes de apoyo?

El Estado gastó recursos humanos y materiales para vigilar a la familia del joven cuyo caso acaso sea el más emblemático de las desapariciones y muertes en democracia. Los agentes de "inteligencia" se metieron en sus teléfonos, mesas de café y casi hasta en sus habitaciones. Pero si a esta altura el escalofrío ya recorrió la espalda del lector, hay más: los investigadores sospechan que también pudo haber habido seguimiento a Santiago Maldonado previo a su desaparición. Esa información podría estar en los discos rígidos de las computadoras de Gendarmería que fueron secuestradas el 17 de agosto, a pesar de la resistencia que mostraron el comandante Diego Balari y los abogados de esa fuerza. Además, a fojas 1067 de la causa Maldonado consta la preocupación de Cané, que ostenta el cargo de secretario de Relación con los Poderes del Ministerio de Seguridad, por el carácter "secreto, reservado y confidencial" de la información de todos los dispositivos que usaron los gendarmes, para lo cual solicitó a la fiscalía limitar el peritaje de los mismos y mantener el resultado en "reserva". Este funcionario, ya imputado en la causa por el espionaje tras haber hecho una presentación "espontánea" con el único objetivo de tener acceso a la misma, pretendía que el peritaje fuera realizado sólo respecto del material referido al 1º de agosto. No lo consiguió con los celulares, aunque todo indica que sí tuvo éxito en frenar o limitar el análisis de las computadoras. El juez de la causa madre, Gustavo Lleral, ya tiene los listados de llamadas del celular de su superior, Pablo Noceti, y es de suponer que estaría realizando el entrecruzamiento con los de los gendarmes.

Los movimientos de los querellantes y primeros denunciantes de la desaparición de Santiago, Julio Saquero y Mabel Sánchez de la APDH, también figuran en los partes de inteligencia. Todos y cada uno de los miembros de las redes de apoyo a la Lof de Cushamen, que recuperó un territorio que está bajo la propiedad del empresario Luciano Benetton, vivió episodios intimidatorios: aparición de fotos con el rostro de Santiago perforadas por un balazo en sus ventanas, escuchas telefónicas, infiltrados en machas y radios, y amenazas de todo tipo. Al amigo de Santiago, Ariel Garzí, lo habían secuestrado policías de Río Negro y mientras lo golpeaban le decían que se dejara "de joder con esos indios de mierda". Cinco episodios intimidatorios más sufrió Garzí entre enero y agosto del año pasado. Sin duda, estaba en la mira de los espías. ¿También lo habrá estado Maldonado?