Foto: Andrés Macera.

La instancia judicial está fijada para el próximo miércoles a las 9, cuando según explicó el abogado Gabriel Ganón –uno de los defensores de la persona que se pretende imputar–, se realizará una audiencia de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario "solicitada por la querella de una causa cerrada hace años, referente a la muerte del militar".

Ganón, junto a Pablo Llonto, integran el equipo jurídico que representa a Juan Arnol Kremer, un sobreviviente de la dictadura al que pretenden imputar desde la querella de la familia Larrabure. La reapertura del caso, que ya fue varias veces rechazada por la Justicia, es la punta de lanza de los sectores pro genocidas para institucionalizar judicialmente la "teoría de los dos demonios".

El objetivo de la querella, y quienes están detrás de su mascarada, es que se vuelva a iniciar una causa por la muerte del coronel, ascendido a ese grado posmortem.

Pero entre otras "aberraciones jurídicas" que se podrían cometer, si se diera curso a ese pedido, se estaría desconociendo que por el caso ya hubo una "investigación, instrucción y también juicio y condenas entre 1975 y 1983", tal cual precisaron desde el equipo jurídico conducido por Ganón y Llonto.

"En el 2010, la fiscal Bettiolo solicitó que se reabra la causa y se investigue de qué manera murió el coronel Argentino del Valle Larrabure", historiza un informe elaborado por el citado  equipo jurídico al que tuvo acceso este medio.

"La Fiscalía, titular de la acción penal pública, no acompañó el pedido, y el juez federal a cargo del Juzgado Federal 4 de Rosario, Marcelo Martín Bailaque, no hizo lugar al pedido", añade el documento.

Tras aquella movida, continúa el racconto del informe: "La querella interpuso recurso de apelación ante la Cámara Federal de Rosario, y está dio a lugar  a través del fiscal general de la Cámara, doctor Claudio Palacín, quien ordenó la apertura del caso. Palacín ya había afirmado que este era un delito de lesa humanidad", subraya el texto.

La causa que se intenta reabrir es la que "pretende enjuiciar los hechos de la toma de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, Córdoba, acción emprendida por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo el 10 de Agosto de 1974, seguida de la toma como prisionero de Argentino del Valle Larraburu", detalla también documento.

De acuerdo al informe, la audiencia del miércoles 21 de marzo pretende imputar como responsable de los hechos por "autoría mediata a Luis Mattini (Juan Arnol Kremer)", sosteniendo que los "delitos cometidos en la toma de Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María y los días de cautiverio clandestino de Larrabure, son de lesa humanidad, no están prescriptos y por lo tanto tienen en Mattini y otros a los responsables de la autoría mediata".

"La Cámara Federal está integrada por los jueces (Fernando) Barbará, (Anibal) Pineda, (Guillermo) Toledo, Edgardo Bello, (Élida) Vidal y (Sebastián) Gallino", detalla el informe.

En un apartado del documento del equipo de Ganón y Llonto, subtitulado "Algunas aclaraciones", los abogados explican por qué sería una aberración jurídica enjuiciar nuevamente estos hechos de 1974/75.

"Por que durante las décadas de 1970 y 1980 –indica el informe–, sin que existiera ningún impedimento para ello, se sustanciaron dos procesos. Uno en el Juzgado Federal de Bell Ville, provincia de Córdoba y otro en el Juzgado Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, en los que se investigaron los sucesos y se condenó  a penas, desde 4 hasta 15 años, de prisión a quienes se dijo, eran responsables de los hechos".

Y luego agrega: "Es más, muchos de quienes fueron identificados por la dictadura cívico/militar como presuntos intervinientes en esos sucesos, fueron asesinados en supuestos enfrentamientos con fuerzas represivas o fueron secuestrados y están a la fecha, en condición de «detenidos/desaparecidos». Avanzar en una nueva investigación y juicio sobre estos hechos violaría la garantía constitucional contra la doble persecución o persecución múltiple", remarca el informe.

Otra razón que esgrimen desde el equipo Ganón-Llonto, sobre por qué sería contrario a derecho reabrir esa causa, es "porque no nos encontramos en el caso que se quiere llevar nuevamente a juicio ante  delitos de lesa humanidad, ni de grave violaciones a los derechos humanos equiparable a la categoría anterior, conforme la doctrina y antecedentes de la Corte Suprema Nacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional".

"Transferir los principios dispuestos para esta categoría de delitos llevaría a su banalización", propone el informe. Que después remarca: "Por no encuadrar el caso Larrabure en ese tipo de proceso, le son aplicables las reglas de extinción del derecho del Estado a persecución por el transcurso del tiempo, ó sea prescripción de la acción penal. También por no entrar dentro de esa categoría, de avanzarse en el intento de seguir adelante con la causa, se violaría el derecho constitucional que tiene todo imputado a que su situación frente a la ley penal y a la sociedad, sea definida en el menor tiempo posible", advierten desde el equipo de abogados.

En el minucioso documento, se indica que además resulta de "prueba imposible acreditar, como se pretende, la responsabilidad por autoría mediata de Arnol Kremer/Luis Mattini en un hecho que, de haber existido en las condiciones que se lo relata, no fue cometido por un aparato organizado de poder estatal".

Para los abogados, detrás del intento de reabrir el caso Larrabure se esconde el objetivo de "reinstalar la teoría de los dos demonios, equiparando al terrorismo de estado con las luchas de las organizaciones populares contra ese terrorismo de Estado y la dictadura cívico militar".

Los letrados señalan que estos sectores pro genocidas quieren llevar a juicio y a la cárcel, nuevamente como presos políticos, a muchos compañeros que formaron parte de esas organizaciones populares  "que hoy en día son uno de los motores fundamentales en la continuidad de los juicios a los genocidas y sus cómplices civiles", como también ir sobre "la resistencia popular contra un poder que gobierna en perjuicio de las mayorías" para "establecer una política de «compensaciones» que lleve nuevamente a la calle a los genocidas ya condenados y a la impunidad a aquellos que aún no lo han sido".

En la misma línea, los organismos de derechos humanos de Rosario, acompañados por un amplio espectro de organizaciones sociales, gremiales y políticas, anunciaron el pasado jueves que que estarán "presentes el miércoles 21 de marzo para repudiar el intento de dar cauce a esa aberración jurídica".

Desde los micrófonos de una radio abierta en la puerta de los tribunales federales de calle Oroño (ver nota aparte), realizada para repudiar la suspensión de los juicios contra represores de la dictadura, Klotzman (que debió iniciarse el 7 de marzo) y Feced III (que tendría que haber arrancado el 15), militantes de Hijos, APDH y Familiares de desaparecidos, integrantes del Espacio Juicio y Castigo, llamaron "a frenar la nueva avanzada pro dictadura que se esconde tras el intento de reapertura del caso Larrabure".

"Detrás de esta avanzada que pretende institucionalizar por la vía judicial la teoría de los dos demonios, montada sobre el discurso negacionista oficial, se esconde una nueva embestida de los grupos pro dictadura, que lo único que buscan es la impunidad para los genocidas", bramaron los organismos de derechos humanos desde las puertas del Tribunal Federal. Y convocaron "a copar en la sala de audiencias de la Cámara Federal y en la calle para enfrentar este intento de golpe institucional que pretenden dar los grupos pro impunidad de los genocidas".  

Uno de los elementos que puso en alerta a los organismos de derechos humanos surgió dos semanas atrás, cuando se filtró que la Cámara Federal de Rosario preparaba la audiencia para evaluar la reapertura del caso Larrabure, sin que lo supiera la parte que se pretendía imputar. Al enterarse "casi por casualidad", tal cual contó a este medio el abogado Gabriel Ganón, el propio Ganón interpuso un escrito ante la Cámara para reclamar el "legítimo derecho de defensa", y así se pospuso la audiencia que finalmente se realizará este miércoles 21 a las 9.

Otro de los elementos que disparó la alarma entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos, surgió de la información que comenzó a circular al principio de esta semana, acerca de la estrecha relación entre uno de los jueces de la Cámara con uno de los relatores designados en ese mismo tribunal, que tiene una alto grado de parentesco con el jefe de gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña.

El temor de que haya una parcialidad manifiesta de algunos de los actores clave de la audiencia del miércoles 21 de marzo, en la misma línea del discurso negacionista oficial, fue confirmado por algunas voces consultadas por El Eslabón.

Fuentes relevadas por este medio, indicaron que tomaron conocimiento de que el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda –quien por su parte asumió su cargo tras la asunción de Mauricio Macri–, designó como relator en la propia Cámara a Juan Cruz Peña Álvarez, primo hermano del Jefe de Gabinete de la Nación, que trabajó en esa dependencia antes de jurar en esta nueva función. Un dato para estar alertas.