Por Carlos Mendoza
Tesis 11

La democracia puede considerarse como un proceso de institucionalización de crecientes libertades individuales y colectivas y de igualdad social ante la economía, lo cual a su vez requiere del desarrollo de la fraternidad entre los seres humanos. Es una herramienta fundamental en la lucha de los sectores subalternos contra su explotación y por la construcción de una sociedad más justa y por lo tanto de un carácter social cualitativamente cada vez más elevado.

La democracia, como proceso de construcción social, ha pasado por varias etapas donde se han producido saltos cualitativos. Desde sus orígenes en la ciudad estado de Atenas en el siglo V a.C., donde se acuñó su nombre ("demos" – pueblo y "kratos" – gobierno, o "gobierno del pueblo") los hitos históricos más destacados, por la influencia que tuvieron en el desarrollo posterior, han tal vez sido la Revolución Inglesa de 1642-1689, la Revolución de la Independencia de los EE.UU. de 1775-1783, el Movimiento de la Ilustración desde mediados del siglo XVII y todo el XVIII (Siglo de la Luces) en Europa y, más significativamente, la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Rusa de 1917. No vamos a desarrollar aquí las bases socio-económicas ni la amplitud de objetivos de estos complejos sucesos, pero si señalar sintéticamente que si la Revolución Francesa significó la revolución política por la igualdad de las personas ante la ley, la Revolución Rusa significó la revolución social por la igualdad de las personas ante la economía.

En la época actual de profunda crisis económico-social del capitalismo, de carácter estructural y tendencia permanente, donde la economía está ampliamente globalizada y hegemonizada por los oligopolios y por su parte financiera especulativa, la expresión política institucional del sistema, es decir la democracia liberal representativa, a caído consecuentemente en deslegitimación y crisis, como consecuencia de estar sus instituciones (poderes ejecutivos, parlamentos, poderes judiciales, medios de difusión e incluso parte de los partidos políticos y sindicatos) penetrados, dominados y corrompidos por el capital oligopólico, financiero y especulativo. Particularmente, las instituciones del Estado ya no representan ni siquiera los intereses de la burguesía en su conjunto, sino esencialmente los de la oligarquía financiera internacional y sus expresiones locales.

Para superar la crisis, cuyas consecuencias las paga amargamente la clase trabajadora y el conjunto de los sectores populares, se requiere de una profundización de la herramienta democrática, superando la democracia liberal representativa y delegataria mediante el desarrollo de la democracia participativa, directa y autogestionaria, en las organizaciones del pueblo y en las instituciones del Estado. Este es el camino para elevar la conciencia mediante la práctica socio-política, desarrollar de esa manera la fraternidad y con ello cambiar la relación de fuerzas en pos de una sociedad de un carácter social cualitativamente más elevado. De lo que se trata, como necesidad para los sectores populares, es de unir y superar las conquistas históricas de la Revolución Francesa de 1789 y de la Revolución Rusa de 1917, construyendo una sociedad de nuevo tipo, donde haya democracia política y democracia social.

En la situación actual de nuestro país, podemos constatar las consecuencias penosamente graves para los sectores populares de la política neoliberal del gobierno de Cambiemos, con aumento de la desocupación, la pobreza e indigencia, caída de los ingresos fijos (salarios, jubilaciones, asignaciones familiares), mayor déficit fiscal e inflación, auge de la especulación financiera, acelerado endeudamiento externo que sirve para compensar por un lado el déficit fiscal y por otro la fuga de divisas que aumenta la exposición del país ante el capital financiero global y los organismos financieros internacionales. Esto produce una creciente resistencia y lucha de las organizaciones sindicales, sociales, político-culturales y partidos políticos del campo popular. Por lo que hemos visto en nuestra propia historia, de continuar el gobierno con sus políticas es posible que el agravamiento de sus consecuencias lo lleve a una situación de ingobernabilidad. La cuestión que se plantea es qué actitud debería adoptar ante esto el campo popular.

Por un lado la experiencia histórica muestra que cualquier salida que viole la institucionalidad democrática vigente, por imperfecta que sea para el interés popular, en general termina perjudicando trágicamente al pueblo. Pero por otro lado, limitar las luchas populares para ayudar a un gobierno reaccionario a no caer en la ingobernabilidad es garantía de un perjuicio creciente para los sectores populares.

Las organizaciones del campo popular tienen la necesidad y la obligación de acrecentar sus luchas contra un plan de gobierno que claramente favorece a los sectores más concentrados de la economía, particularmente el especulativo financiero, que le hace pagar duramente los costos a los trabajadores, jubilados y demás sectores populares, incluidos vastos sectores de capas medias y de pequeños y medianos empresarios. Si el gobierno cae en la ingobernabilidad, producto de su propia política, el campo popular debe luchar para impulsar una salida en favor del pueblo, por las vías que prevé la institucionalidad vigente y evitar una salida violatoria de la misma que pudieran intentar sectores contrarios al interés popular.

Podemos señalar dos ejemplos históricos sobre posicionamientos correctos de las organizaciones populares ante graves crisis institucionales en nuestro país:

- Ante los levantamientos militares del sector denominado "Cara Pintada", de 1987 y 1988 contra el gobierno de Alfonsín y de 1990 contra el de Menem, los sectores populares se movilizaron en defensa del orden constitucional, cualquiera fuera la opinión que tuvieran sobre las políticas de esos gobiernos o sobre las limitaciones de la democracia liberal representativa.

- Ante la crisis de gobernabilidad en que cayó el gobierno de de la Rua en el 2001, los sectores populares continuaron luchando por sus derechos e impulsando simultáneamente una solución dentro del marco constitucional, lo que terminó con la llegada al gobierno de Nestor Kirchner, cuya gestión favoreció a dichos sectores.

Las luchas populares en defensa de sus intereses, por mayor libertad y justicia social, no solo no son destituyentes sino que son el camino auténticamente democrático para no caer en situaciones de ingobernabilidad típicas de gobiernos que contradicen el interés mayoritario y solo defienden el interés elitista de los sectores concentrados del poder económico.

Por otro lado, las organizaciones del campo popular deben luchar por el desarrollo de la democracia participativa y su concreción en la correspondiente institucionalidad, incluidas consecuentes reformas constitucionales. En tal sentido, en los gobiernos Kirchner se produjeron avances significativos, como el creciente reconocimiento a las organizaciones sociales que encuadran a trabajadores desocupados, informales y cooperativizados y, particularmente, mediante la subcontratación a esas organizaciones de trabajos públicos que otrora los hacía el Estado, lo cual aumentó la posibilidad de la autogestión popular en dichas tareas. Son formas de desburocratizar y democratizar funciones estatales, es decir de desarrollar democracia participativa y autogestionaria. No es de extrañar que algunos políticos profesionales, que no viven para la política sino de la política, se indignen ante estos avances de democracia participativa, que objetivamente les limita sus posibilidades de vivir de la democracia liberal, representativa, meramente formal y así más fácilmente cooptable y corrompible por los grupos oligopólicos.

Las organizaciones del campo popular, y los movimientos sociopolíticos en los que eventualmente confluyen, tienen interés objetivo en combinar prácticas de democracia participativa y directa, con la utilización de formas de la democracia representativa y delegataria, en un proceso objetivamente dialéctico de unidad y lucha de contrarios no antagónicos, donde es posible la subsunción gradual de la democracia representativa por la democracia participativa, en la defensa de sus intereses ante gobiernos que, como el actual en Argentina, expresan los intereses oligárquicos. Proceso que debe insertarse en el largo camino de luchas hacia una sociedad de nuevo tipo, superadora de la actual sumida en profunda crisis.