La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad cuenta 827 personas sentenciadas en la Argentina por crímenes de lesa humanidad, de las cuales 750 resultaron condenadas y 77 absueltas.

El último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que encabeza el fiscal Jorge Auat revela que hay mayor cantidad de imputados por delitos de lesa humanidad en libertad que detenidos.

Según los datos oficiales recopilados hasta el 2 de marzo pasado por las fiscalías especializadas, 1.149 personas acusadas de violaciones a los derechos humanos siguen en libertad, mientras que 1.044 están detenidas.

De los apresados, 518 cumplen penas en casas o departamentos, 455 están alojados en cárceles federales o provinciales y 65 fueron internados en hospitales o centros de salud no penitenciarios. La gran mayoría de los convalecientes, unos 53, están hospitalizados en la Unidad militar 34 de Campo de Mayo. Los fiscales no pudieron recabar información de seis detenidos, de los que en la Justicia se "carece de datos".

El polémico fallo de la Corte Suprema que habilitó el "2x1" para los delitos de lesa humanidad abrió un interrogante sobre cuántos de represores sin condena firme podrían recuperar la libertad en el corto plazo. En principio, solo beneficiaría a Luis Muiña, sentenciado en 2011 a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas durante un operativo militar en el Hospital Posadas en 1976.

Muiña, de 61 años, fue a prisión el 30 de septiembre de 2007. En 2013 el Tribunal Oral Criminal Federal 2 (TOCF2) le aplicó el principio de la "ley penal más benigna", por lo que se le contó doble la cantidad de días en prisión preventiva a partir de que cumplió dos años en esa situación. Esa cuenta dio que el 16 de diciembre cumplía la totalidad de la pena. Pero tras una apelación la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal negó el 2x1, cambió el cálculo de la pena y estableció que vencía en 2020.

Ahora, la Corte vuelve a pedir que se aplique la "ley penal más benigna" y se le cuente doble desde el segundo año de la preventiva, en septiembre de 2009. Como Muiña pasó cuatro años en preventiva, los últimos dos suman cuatro. Sumados a los otros seis años que estuvo preso hasta que a fines de 2016 salió en libertad condicional por cumplir dos tercios de la condena (8 años y medio), Muiña tendría la condena cumplida en septiembre de 2018.

• Estimación

Desde el impulso a los juicios por la memoria, verdad y justicia de 2006 la Procuración de Auat cuenta 827 personas sentenciadas en la Argentina por crímenes de lesa humanidad, de las cuales 750 resultaron condenadas y 77 absueltas. Solo el 25% de los condenados, unos 187, tienen al menos una sentencia firme y apenas 13 imputados tiene una absolución ratificada.

En la Procuración evitaron dar una cifra precisa sobre la cantidad de represores que podrían beneficiarse con el 2x1 y revelaron que rastrean todos los expedientes para dar una estimación, debido a la complejidad del fallo. Se sabe que hasta el 2 marzo eran 563 los condenados sin sentencia firme, aunque no todos cumplieron prisiones preventivas.

Los sentenciados son el 30% de los 2.780 imputados totales por estos delitos en más de una década en todo el país. Unos 542 de esos imputados murieron, 467 sin ser sentenciados y 75 luego de recibir su condena o absolución.

De los procesados sin sentencia, 330 se encuentran en la etapa de instrucción: 126 con elevación a juicio, 76 con procesamiento confirmado por las Cámaras de Apelaciones y 128 con resolución de primera instancia aún sin confirmar.

Para obtener la libertad condicional, los represores deben tener cumplidos los dos tercios de la pena, que en general son a reclusión perpetua y llegan a 25 años.

Fuentes judiciales aseguraron a este medio que los que aprovecharían próximamente la puerta que abrió la Corte para achicar penas serían los que poseen condenas menores a 25 años sin sentencia firme y que permanecen desde hace varios años en la cárcel con prisión preventiva o que ya cumplieron con los 2/3. Tampoco serían cobijados los imputados por homicidios durante la última dictadura cívico militar.

Informe de Sebastián D. Penelli.-