Por Nicolás San Marco

El viernes pasado, 17 de febrero, se conocía la noticia de que, finalmente, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani iba a ser detenido en La Rioja con prisión preventiva y trasladado a las dependencias del Servicio Penitenciario de esa provincia. César Milani, había sido designado años atrás, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el 3 de julio de 2013, Jefe del Estado Mayor General del Ejército. En ese entonces, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que dirige Horacio Verbitsky, impugnó el ascenso de Milani a ese cargo. Recordemos, también, que aquella promoción contó con el aval del Frente Para la Victoria en el Senado de la Nación con el argumento de que la entonces Presidenta de la Nación así lo había decidido en su carácter de jefa de las Fuerzas Armadas.

Atrás quedaban las denuncias de organismos de derechos humanos como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y del CELS impugnando el nombramiento de Milani al frente de las FF.AA. De un plumazo y con 39 votos a favor frente a 30 en contra, en 2013 el kirchnerismo sellaba el ascenso de Milani a pesar de las denuncias que tenía en su haber por su participación en los delitos de lesa humanidad de los que fueron víctimas Pedro y Ramón Olivera y Verónica Ligia Matta, en La Rioja entre 1976 y 1977. Durante aquella sesión en el Senado, el argumento central fue el principio de inocencia. Sin embargo, como bien declaró el CELS en un comunicado hacia finales de aquel año, "ese concepto fundamental rige en un juicio penal, donde todo imputado tiene el derecho de defensa, pero no es admisible extrapolarlo a un debate institucional y político sobre las condiciones que deben reunir los jefes de las Fuerzas Armadas".

El caso es que Milani fue parte del Batallón de Ingenieros 141 del Ejército en La Rioja. Alfredo Olivera lo denunció por primera vez en 1984 –lo había nombrado, también, el 29 de junio de 1979 en una denuncia ante el juez federal de La Rioja– ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos, y ratificó sus dichos en 2013 ante la Justicia. Su denuncia se basó en la identificación de Milani como partícipe de unos allanamientos en el que fueron secuestrados y torturados él y su padre, Pedro Adán Olivera. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ha dicho en línea con esto que "en los días que corren, donde la derecha procesista busca levantar cabeza con los dichos de Lopérfido, Gómez Centurión y el propio Macri, defender cada juicio en marcha, cada investigación judicial abierta, sostener como un principio inalterable que el enocidio se prueba con el testimonio de los sobrevivientes y que ellos dicen verdad".

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organismo de DD.HH fundado por el Partido Comunista en 1937, fue el que redactó el proyecto de ley de derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, promulgado durante el kirchnerismo el 2 de septiembre de 2003 bajo la ley 25.779. Aquellas leyes establecían que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles y paralizaban los procesos judiciales a los responsables del genocidio durante la última Dictadura Cívico-Militar-Eclesiástica, respectivamente.

Dicho esto, es incomprensible el silencio del kircherismo al respecto. Es incomprensible el silencio porque fueron los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner los que se adjudicaron la victoria de las luchas por levantar y sostener bien en alto la bandera de la Memoria, la Verdad y la Justicia para que Nunca Más nuestra Patria vuelva a sufrir un genocidio. Por esto es que nunca se entendió el empecinamiento de querer situar en lo más alto de las FF.AA. a un militar que tenía denuncias por participación en crímenes de lesa humanidad. Pero lo que más llama la atención es el doble juego de, por un lado, desconocer por parte del Peronismo-Kirchnerismo no sólo el avance que esto significa en materia de Derechos Humanos para el país y el incansable trabajo que han desempeñado los organismos de derechos humanos y, por otro lado, el intento de lavado de manos del ex Director Ejecutivo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, quien ocupó ese cargo entre octubre de 2012 y diciembre de 2015, y quien ha dicho en los últimos días que "si Milani es responsable de crímenes de lesa humanidad debe terminar sus días en la cárcel". Sin embargo, recordemos solamente, y no precisamente como algo al pasar o como una cuestión anecdótica, que fue el mismo Sabbatella quien dio la orden para que la abogada del Partido Comunista que hoy encabeza la querella contra Milani fuera, en 2014, desafectada de su cargo en el AFSCA –delegada del organismo en La Rioja– precisamente por ser abogada querellante en las causas por delitos de lesa humanidad en esa provincia y denunciar al militar en cuestión.